economía argentina

Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

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En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

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Paro de prácticos: el conflicto con el Gobierno ya frena más de 150 buques y amenaza las exportaciones argentinas

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La pulseada entre el Gobierno nacional y los prácticos de navegación escaló este lunes a un nivel inédito: mientras los profesionales mantienen un paro en rechazo al Decreto 690/2026, que desregula el régimen de practicaje y pilotaje, la Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a más de 500 habilitados para que retomen sus funciones bajo apercibimiento de sanciones administrativas e incluso eventuales denuncias penales. El resultado inmediato ya tiene impacto económico: más de 150 buques permanecen demorados en distintos puertos del país, afectando la salida de exportaciones y la llegada de cargas.

El conflicto trasciende una discusión laboral. En juego está el funcionamiento del principal sistema logístico argentino, por donde se canaliza la mayor parte de las exportaciones agroindustriales, energéticas y de economías regionales. Cada día de paralización implica mayores costos para exportadores, demoras en la cadena comercial y un deterioro de la competitividad en un contexto donde el Gobierno apuesta a incrementar el ingreso de divisas.

La medida de fuerza comenzó luego de la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que modifica profundamente el régimen de practicaje y pilotaje. Entre los principales cambios, habilita una mayor competencia entre profesionales y elimina regulaciones sobre tarifas, que pasarán a definirse por el mercado.

Para los prácticos, la discusión excede lo económico. Sostienen que la flexibilización reduce estándares de seguridad en una actividad altamente especializada. Argumentan que la navegación en ríos, canales y accesos portuarios argentinos requiere conocimientos locales específicos sobre corrientes, profundidades y riesgos operativos, factores que consideran imposibles de reemplazar únicamente con la experiencia general de un capitán.

El Gobierno, por el contrario, sostiene que el nuevo régimen elimina privilegios corporativos, aumenta la competencia y reducirá costos logísticos para el comercio exterior, uno de los objetivos centrales de la agenda de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei.

La respuesta oficial: intimaciones y advertencias penales

Frente a la continuidad del paro, la Prefectura Naval publicó un edicto mediante el cual notificó e intimó a los profesionales habilitados a poner inmediatamente a disposición sus servicios de practicaje y pilotaje.

La autoridad marítima advirtió que quienes mantengan la negativa podrían enfrentar sanciones disciplinarias previstas en el nuevo reglamento aprobado por el Decreto 690/2026 y recordó que determinadas conductas también podrían encuadrarse en los artículos 190 y 194 del Código Penal, vinculados con la seguridad de la navegación y la interrupción del transporte. La intimación alcanza a cientos de prácticos habilitados incluidos en el listado oficial difundido por la fuerza.

Desde el sector afectado rechazan la legitimidad de esa medida. Consideran que, al desempeñarse como profesionales independientes, ninguna norma los obliga a aceptar nuevas contrataciones ni habilita a la Prefectura a exigir la prestación inmediata de sus servicios bajo amenaza de sanciones.

El costo económico de una hidrovía paralizada

La preocupación crece especialmente entre exportadores, terminales portuarias y operadores logísticos. El Centro de Navegación (CNAV), entidad que representa a agencias marítimas responsables de más del 80% del comercio exterior argentino, advirtió que la paralización genera pérdidas millonarias por demoras, sobreestadías de los buques y alteraciones en la programación internacional.

La situación afecta particularmente al complejo agroexportador del Gran Rosario, principal nodo exportador de soja, maíz y derivados del país. Cada barco inmovilizado implica mayores costos de flete, posibles penalidades contractuales y retrasos en la liquidación de divisas.

El conflicto también comienza a impactar sobre proyectos estratégicos de infraestructura energética. Uno de los casos mencionados por operadores del sector corresponde a Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), donde el buque de transporte pesado White Merlin decidió permanecer fondeado fuera del puerto de Punta Colorada hasta contar con un práctico habilitado para realizar la maniobra de ingreso, generando costos adicionales y alteraciones en el cronograma de obras.

Seguridad versus desregulación

El debate de fondo enfrenta dos modelos regulatorios.

Para el Gobierno, la apertura del mercado permitirá reducir costos logísticos que históricamente fueron señalados como uno de los factores que restan competitividad al comercio exterior argentino.

Para los prácticos, en cambio, la discusión no puede reducirse a una cuestión de tarifas. Alertan que una flexibilización excesiva podría incrementar riesgos operativos en una red fluvial considerada una de las más complejas de Sudamérica y sostienen que aún faltan normas operativas complementarias para implementar el nuevo esquema con seguridad.

Un conflicto que trasciende a los puertos

La disputa se produce en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Con el Gobierno apostando a aumentar exportaciones para fortalecer el ingreso de dólares, cualquier interrupción en la logística portuaria tiene efectos que van mucho más allá del sector marítimo.

Las economías regionales, el complejo agroindustrial, la industria energética y toda la cadena exportadora dependen de un sistema portuario operativo y previsible. Si el conflicto se prolonga, las pérdidas podrían multiplicarse no sólo por el incremento de costos logísticos, sino también por la pérdida de confianza de operadores internacionales y compradores externos.

La resolución del enfrentamiento aparece como un desafío urgente. La desregulación busca mejorar la competitividad, pero su implementación enfrenta la resistencia de un sector cuya actividad resulta indispensable para mantener en movimiento el comercio exterior argentino. Entre la apertura del mercado y la seguridad de la navegación, el país enfrenta un equilibrio delicado cuyo desenlace impactará directamente sobre las exportaciones y el ingreso de divisas.

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La recaudación tributaria llegó a $22,97 billones en julio y Ganancias explicó el salto

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La recaudación tributaria nacional alcanzó en julio los $22,965 billones, con un incremento nominal del 35,1% respecto del mismo mes de 2025. El resultado marca una mejora en los ingresos fiscales, aunque su composición revela que una parte sustancial del crecimiento responde a factores de calendario y no exclusivamente a una expansión homogénea de la base tributaria. El informe mensual de ARCA señala que el mes estuvo incidido positivamente por el vencimiento especial del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2025, que un año atrás había operado en junio.

El principal motor del salto fue el Impuesto a las Ganancias. El tributo recaudó $5,111 billones y registró un crecimiento interanual del 64,7%. ARCA atribuyó el resultado a la prórroga excepcional del vencimiento para personas humanas y a mayores anticipos de sociedades, asociados al incremento del impuesto determinado correspondiente al período fiscal 2025. La comparación, por lo tanto, debe leerse con cautela: parte del crecimiento de julio refleja que recursos que habían ingresado en junio del año pasado fueron contabilizados este año en el séptimo mes.

El segundo gran componente fue el IVA Neto, que aportó $6,826 billones y avanzó 32,8% interanual. Dentro del tributo, el IVA Impositivo aumentó 41,4%, mientras que el IVA Aduanero creció 13,1%. En el primer caso, ARCA registró efectos positivos vinculados con reafectaciones netas de saldos y negativos asociados al mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y a mayores devoluciones del régimen de comercialización de granos. En el componente aduanero incidió negativamente un día hábil menos, aunque el incremento del tipo de cambio tuvo un efecto favorable.

La Seguridad Social también sostuvo el flujo de recursos. Los ingresos alcanzaron $6,301 billones, con una suba interanual del 29,4%. El organismo explicó que en julio ingresó la recaudación vinculada al pago del Sueldo Anual Complementario correspondiente a la primera mitad del año y que el aumento de la remuneración bruta promedio incidió favorablemente. El dato se produce además en un contexto en el que continúan vigentes mecanismos de incentivo a la formalización y regularización del empleo registrado.

La foto cambia cuando se observa el frente externo. Los Derechos de Exportación aportaron $1,192 billones y crecieron apenas 3,1% interanual, mientras que los Derechos de Importación y otros recursos registraron $575.667 millones, con una caída nominal del 2,3%. En las retenciones, ARCA señaló como factores negativos la elevada base de comparación y las menores alícuotas vigentes en 2026 para productos como soja, trigo y maíz. En particular, la alícuota para porotos de soja pasó de 33% en julio de 2025 a 24% en julio de 2026; para trigo y cebada, de 12% y 9,5% a 5,5%; y para maíz y sorgo, de 12% a 8,5%.

En las importaciones, además de un día hábil menos, incidió la cancelación de derechos mediante créditos por devolución del Impuesto PAIS. Durante julio también rigió una alícuota de 0% del Derecho de Importación Extrazona para teléfonos inteligentes y celulares portátiles. El resultado fue una contracción nominal de 2,3% en el mes, aunque el acumulado enero-julio que informa ARCA para este concepto muestra una variación positiva del 8,5%.

Otros tributos exhibieron incrementos relevantes, aunque con factores específicos detrás. Bienes Personales recaudó $171.056 millones, 69,2% más que un año atrás, nuevamente favorecido por el desplazamiento del vencimiento de las declaraciones juradas de personas humanas. El Impuesto a los Combustibles aportó $638.389 millones, con una expansión del 67,8%, explicada principalmente por las actualizaciones del tributo. En tanto, Créditos y Débitos sumó $1,545 billones, 18,7% más interanual.

El dato de julio, entonces, ofrece una señal de recuperación de los ingresos fiscales, pero también expone la importancia de separar crecimiento efectivo de recaudación y efectos de calendario. La fortaleza de Ganancias y Bienes Personales está directamente vinculada con vencimientos que cambiaron de mes, mientras que IVA y Seguridad Social aportan una lectura más vinculada con la actividad económica y el mercado laboral. A su vez, el menor dinamismo de los derechos de exportación refleja el nuevo esquema de alícuotas aplicado al complejo agroexportador.

Para las provincias, la composición de la recaudación también resulta relevante. El propio informe de ARCA detalla que una parte de los recursos tributarios integra los mecanismos de distribución federal, por lo que la evolución de impuestos como IVA, Ganancias, Bienes Personales y Combustibles tiene incidencia sobre los fondos que llegan a las jurisdicciones subnacionales. En consecuencia, la recuperación mensual no es solamente una variable fiscal nacional: también condiciona el margen financiero con el que provincias y municipios afrontan gasto, inversión y servicios públicos.

El desafío hacia los próximos meses será determinar cuánto de esta mejora puede sostenerse una vez normalizado el calendario de vencimientos. La recaudación de julio alcanzó un máximo nominal de $22,97 billones, pero la calidad de esa recuperación dependerá de que el crecimiento deje de descansar principalmente en movimientos administrativos y encuentre respaldo persistente en el consumo, el empleo formal, la actividad productiva y una base tributaria más amplia. Ese es el indicador que permitirá saber si el repunte fiscal constituye un cambio de tendencia o apenas una mejora puntual del calendario tributario.

Informe Recaudación Julio ARCA by CristianMilciades

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Pese a la cosecha récord, el campo liquidó menos dólares, ingresaron US$ 16.297 millones en siete meses

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La liquidación de divisas del sector agroexportador volvió a mostrar en julio una dinámica negativa en la comparación interanual, pese al fuerte desempeño productivo de la campaña agrícola. Según los datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del complejo agroindustrial ingresaron US$ 2.918 millones durante el mes, un 3% menos de dólares que en julio de 2025.

El dato adquiere mayor dimensión al observar el acumulado. Durante los primeros siete meses de 2026, el ingreso de dólares generado por el sector agropecuario alcanzó los US$ 16.297 millones, cifra que representa una disminución del 16% respecto del mismo período del año anterior.

La fotografía, sin embargo, necesita ser leída con cuidado. La menor liquidación no necesariamente refleja una contracción equivalente en la capacidad productiva o exportadora del campo. La comparación interanual está condicionada por un factor extraordinario que alteró fuertemente el calendario comercial de 2025: la vigencia del Decreto 38/2025, que estableció una reducción temporal de los derechos de exportación.

Desde CIARA explicaron que julio del año pasado estuvo caracterizado por la finalización de ese esquema transitorio y, como consecuencia, por un flujo de ventas destinadas a la exportación y de registro de contratos de ventas externas superior al promedio histórico para ese mes.

Ese efecto de calendario es determinante para interpretar los números de 2026. En lugar de replicar el comportamiento excepcional de julio de 2025, el actual ciclo se desarrolla sin un esquema temporal de reducción de retenciones que haya concentrado decisiones comerciales en un período determinado.

“2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”, señalaron desde CIARA.

La diferencia entre ambos escenarios permite observar una cuestión central para el ingreso de divisas: la producción récord no se traduce automáticamente, ni de manera lineal, en liquidación inmediata. Entre la cosecha y el ingreso efectivo de dólares intervienen las decisiones de comercialización, los contratos de exportación, los precios internacionales, las condiciones tributarias y el momento elegido por las empresas para concretar sus operaciones.

El resultado de los primeros siete meses, por lo tanto, combina una base productiva favorable con un patrón de comercialización diferente al de 2025. El sector agroexportador continúa siendo una de las principales fuentes de generación de divisas de la economía argentina, pero el ritmo de ingreso mensual debe analizarse considerando el momento en que se registran las ventas y las condiciones que las incentivan.

El desafío para la política económica consiste en que esa capacidad exportadora se traduzca en un flujo de divisas más estable y previsible. La experiencia de los últimos dos años muestra que los cambios temporales en los derechos de exportación pueden acelerar el registro de operaciones y concentrar liquidaciones, pero también generan comparaciones interanuales difíciles de interpretar cuando las condiciones vuelven a normalizarse.

Así, el dato de julio y el acumulado hasta julio no alcanzan por sí solos para describir la fortaleza del complejo agroindustrial. El punto relevante es observar cómo evoluciona la comercialización durante los próximos meses y cuánto de la producción récord se transforma efectivamente en exportaciones y en ingreso de dólares.

En ese sentido, la normalización del calendario comercial planteada por CIARA abre una ventana para evaluar el desempeño del agro sin el efecto extraordinario de un régimen transitorio. La evolución de las liquidaciones durante el segundo semestre permitirá determinar si la menor comparación interanual de los primeros siete meses responde principalmente al efecto estadístico de 2025 o si comienza a configurar una tendencia más persistente en el ingreso de divisas.

Comunicado Divisas Julio 2026 a4 Ciara Cec by CristianMilciades

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Nación profundiza el ajuste a las provincias: las transferencias discrecionales se desplomaron 62,8%

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La política de ajuste fiscal del Gobierno nacional sigue modificando la relación financiera con las provincias. Entre enero y julio de 2026, las transferencias no automáticas enviadas por la Nación a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron los $738.201 millones, lo que representa una caída real interanual del 62,8%, el peor desempeño para ese período desde que existen registros comparables, al menos desde 2005. Incluso frente a 2023, antes del cambio de administración, la contracción supera el 80% en términos reales, consolidando un cambio estructural en el esquema de financiamiento federal.

El dato refleja la consolidación de una estrategia fiscal que redujo al mínimo las partidas de distribución discrecional, privilegiando el equilibrio de las cuentas públicas. A diferencia de la coparticipación federal, las transferencias no automáticas dependen de decisiones del Poder Ejecutivo y suelen financiar obras públicas, programas sociales, infraestructura, educación, salud, asistencia financiera o Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En ese contexto, julio tampoco mostró un cambio de tendencia. Durante ese mes las provincias recibieron $98.611 millones, cifra que implicó una caída real del 68,6% respecto del mismo mes de 2025, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones debido al otorgamiento puntual de programas específicos y ATN.

La heterogeneidad entre provincias continúa siendo una característica del esquema vigente. Mientras algunos distritos registraron fuertes incrementos interanuales producto de transferencias extraordinarias, otros prácticamente desaparecieron del mapa de la asistencia nacional. En el acumulado anual, por ejemplo, Misiones recibió $42.789 millones, con un crecimiento real del 305,4%, impulsado principalmente por $20.000 millones en ATN, $12.000 millones correspondientes al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) y $4.167 millones destinados a su caja previsional.

Sin embargo, ese desempeño responde a partidas extraordinarias y no modifica el escenario general de retracción del gasto nacional hacia las provincias. Buenos Aires concentró el mayor volumen absoluto con $148.600 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con $93.895 millones, aunque esta última continúa recibiendo recursos derivados del cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema sobre la coparticipación.

El informe elaborado por Politikon Chaco muestra además que las provincias con mayores retrocesos reales fueron CABA (-91,4%), La Rioja (-86,6%), Santa Cruz (-81%), Río Negro (-74,4%) y Santiago del Estero (-69,9%), mientras que otras jurisdicciones exhibieron incrementos asociados a programas específicos o asistencia financiera puntual.

La nueva configuración del federalismo fiscal obliga a los gobiernos provinciales a depender mucho más de la evolución de la recaudación propia y de la coparticipación automática, dejando cada vez menos margen para compensar desequilibrios mediante transferencias discrecionales de la Nación. Para las administraciones locales, especialmente aquellas con menor capacidad tributaria, el desafío pasa por sostener inversiones en infraestructura, educación, salud y programas sociales con un flujo de recursos nacionales significativamente inferior al de años anteriores.

En términos económicos, la decisión también representa un cambio de paradigma. Durante décadas, las transferencias no automáticas funcionaron como una herramienta de negociación política entre la Casa Rosada y los gobernadores. Hoy, bajo la premisa del déficit cero, ese mecanismo perdió protagonismo y fue reemplazado por un esquema donde los envíos excepcionales aparecen cada vez más focalizados y vinculados a situaciones específicas, mientras el volumen total de recursos alcanza mínimos históricos.

Transferencias No Automáticas – Julio 2026 by CristianMilciades

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