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Analytica detecta una menor inflación en alimentos, frutas y dulces lideran los aumentos

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La inflación en alimentos y bebidas se desacelera: subieron 0,6% en la segunda semana de octubre, según Analytica. El relevamiento de la consultora muestra un ritmo de aumentos más moderado en el Gran Buenos Aires y proyecta una inflación mensual del 2,1% para octubre.

El seguimiento semanal de precios elaborado por la consultora Analytica registró un incremento de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas durante la segunda semana de octubre en el Gran Buenos Aires, mostrando señales de desaceleración en relación con el mes anterior.

De acuerdo con el informe, el promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,3%, mientras que para el nivel general de precios la consultora proyecta una suba mensual del 2,1%. El relevamiento, que forma parte del monitoreo continuo de precios minoristas en comercios del área metropolitana, sugiere una tendencia de moderación en la dinámica inflacionaria, en línea con la menor volatilidad observada en los alimentos frescos.

Las frutas lideran los aumentos y las verduras muestran estabilidad

En el desglose por rubros, las frutas encabezaron los incrementos con una suba promedio de 5,9%, impulsadas por aumentos estacionales y ajustes en los precios mayoristas. Le siguieron azúcar, dulces, chocolates y golosinas, que registraron un alza del 3,1% en el promedio de las últimas cuatro semanas.

En contraste, los precios de las verduras mostraron un avance mucho más acotado, de apenas 0,5%, mientras que el grupo de otros alimentos —que incluye productos secos y envasados— subió 1,2%.

La variación semanal, del 0,6%, representa una moderación respecto de los picos registrados durante el segundo trimestre del año, cuando la inflación alimentaria semanal llegó a superar el 1,5% en algunos relevamientos.

Según Analytica, el comportamiento de los precios responde a factores combinados: la estabilidad cambiaria, la mayor disponibilidad de productos estacionales y una menor presión en los costos logísticos explican la desaceleración parcial, aunque la consultora advierte que el proceso de desinflación aún es incipiente.

Inflación mensual proyectada: 2,1% en octubre

El informe estima que, de mantenerse el actual ritmo de variación, la inflación de octubre podría ubicarse en torno al 2,1% mensual, lo que representaría uno de los registros más bajos del año. Este pronóstico refuerza la expectativa de un cierre de trimestre con menor tensión en los precios minoristas, en línea con la tendencia de estabilización observada desde agosto.

El análisis de Analytica se publica semanalmente como parte de su Índice de Precios de Alimentos y Bebidas (IPAB), un indicador adelantado que busca anticipar el comportamiento de la inflación general.

El desempeño de los alimentos es clave para la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dado que este rubro tiene una alta incidencia en la canasta de consumo de los hogares y un impacto directo sobre los niveles de pobreza e ingresos reales.

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El FMI recorta su proyección de crecimiento para Argentina y advierte una desinflación más lenta

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El FMI recortó su proyección de crecimiento para Argentina en 2025 y 2026: anticipa menor expansión y desinflación más lenta

El organismo ajustó a la baja las previsiones de crecimiento, inflación y empleo. El nuevo escenario refleja un contexto global más restrictivo y desafíos internos en la consolidación fiscal y la estabilidad macroeconómica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó nuevamente sus previsiones para la economía argentina y redujo las proyecciones de crecimiento para los próximos dos años. Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO) de octubre de 2025, el organismo espera ahora que el Producto Bruto Interno (PBI) del país crezca 4,5% en 2025 y 4,0% en 2026, un punto porcentual menos que las estimaciones publicadas en abril y ratificadas en julio.

La corrección a la baja se produce en un contexto de desaceleración global y condiciones financieras internacionales más restrictivas, que impactan especialmente en las economías emergentes. Para Argentina, el FMI atribuye la revisión a la moderación del consumo privado, al menor impulso fiscal y a la persistencia de tensiones inflacionarias, factores que reducen el ritmo esperado de recuperación tras la contracción de 2024 (–1,3%).

El organismo señala que, si bien la economía argentina podría experimentar un rebote asociado a la mejora de la cosecha y a la inversión en sectores estratégicos como la energía y la minería, la expansión será más gradual y dependiente de la credibilidad de las políticas de estabilización.

Inflación más persistente y deterioro en las cuentas externas

El informe de octubre también revisó al alza las previsiones de inflación promedio anual, anticipando una desinflación más lenta de lo previsto. El FMI estima ahora que los precios al consumidor aumentarán 41,3% en 2025 y 16,4% en 2026, frente a las proyecciones de 35,9% y 14,5% publicadas en abril.

Según el organismo, la corrección refleja presiones inflacionarias persistentes, derivadas de la inercia de los precios, la indexación de contratos y la sensibilidad del mercado cambiario. El documento advierte que la trayectoria de los precios dependerá de la coherencia entre la política monetaria y fiscal, y de la capacidad del Gobierno para anclar expectativas en un entorno de alta volatilidad.

En materia externa, el FMI también ajustó sus previsiones: proyecta un déficit en cuenta corriente de 1,2% del PBI en 2025 y de 0,4% en 2026, frente a los valores previos de –0,4% y –0,3%.
El organismo sostiene que este deterioro responde al aumento de las importaciones de bienes de capital y servicios en el marco de la recuperación, junto con una apreciación real del tipo de cambio. Si bien las exportaciones agrícolas y mineras seguirán siendo una fuente clave de divisas, su ritmo de crecimiento sería menor al estimado en informes anteriores.

Empleo, inflación y contexto regional

El mercado laboral es otro de los puntos revisados por el Fondo. El organismo espera que la tasa de desempleo alcance 7,5% en 2025 y 6,6% en 2026, por encima de las proyecciones de abril (6,3% y 6,0%). Este ajuste refleja una recuperación más lenta del empleo formal y rezago en los ingresos reales, condicionados por la inflación y el limitado acceso al crédito.

En el plano regional, el WEO de octubre sitúa a Argentina entre los países con mayor crecimiento proyectado en Sudamérica, pero también con una de las inflaciones más elevadas.
El informe estima que América del Sur crecerá en promedio un 2% en 2025, destacando el impacto de la volatilidad de los precios internacionales, la incertidumbre política y la necesidad de consolidar marcos fiscales sostenibles.

El FMI remarca que el desafío de los países latinoamericanos será mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto de costos financieros altos y presiones sociales derivadas del bajo poder adquisitivo. Para el caso argentino, advierte que la recuperación “dependerá de la consistencia de las políticas y de la continuidad del proceso de desinflación”.

Perspectivas de mediano plazo y señales del Banco Mundial

Pese al ajuste a la baja, el FMI mantiene una proyección de crecimiento acumulado del 8,7% para 2025–2026, impulsada por la inversión en infraestructura, energía y minería, y una recuperación gradual del consumo privado. No obstante, advierte que el escenario está sujeto a “altos niveles de incertidumbre”, especialmente en torno al tipo de cambio, la inflación y el acceso a los mercados internacionales.

En la misma línea, el Banco Mundial también redujo sus estimaciones para Argentina en su informe de octubre, aludiendo a una recuperación “más débil y desigual” en la región. Ambas instituciones multilaterales coinciden en que el país enfrenta un escenario de consolidación lenta, condicionado por la política económica doméstica y las condiciones externas.

El tono más prudente del informe de octubre refleja una visión de cautela respecto de la velocidad del proceso de estabilización. El FMI señala que las perspectivas positivas a mediano plazo “requerirán anclar la credibilidad del programa macroeconómico y acelerar la convergencia fiscal” para sostener la expansión.

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Competencia entre bancos y fintech: el plazo fijo ya rinde hasta 53% en Argentina

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El mercado de depósitos en pesos atraviesa una nueva etapa de subas. La competencia entre bancos tradicionales, entidades digitales y financieras regionales llevó a que las tasas nominales anuales (TNA) alcancen hasta el 53%. En el ranking actualizado, Banco VOII S.A. encabeza la lista, mientras que los bancos provinciales y públicos mantienen niveles más moderados.

El sistema financiero argentino volvió a ajustar su tablero de tasas de interés. De acuerdo con los datos relevados en las últimas 24 horas, las principales entidades del país aplicaron nuevas subas en los rendimientos de los plazos fijos en pesos a 30 días, buscando captar fondos en un contexto de fuerte competencia y escaso margen de rentabilidad.

Las tasas ofrecidas oscilan entre el 30% y el 53% nominal anual, con una diferencia que llega a $18.900 por cada millón de pesos invertido, según el banco elegido. El comportamiento refleja la velocidad de reacción del sector ante los movimientos de la competencia, sobre todo en los canales digitales y fintech, que ajustan sus valores en tiempo real.

Entre las entidades tradicionales, Banco de la Nación Argentina elevó su TNA a 41%, generando un rendimiento de $1.033.698,63 por cada $1 millón invertido. Banco Galicia mantiene su tasa en 43%, mientras que Banco Macro subió a 44%, ofreciendo un retorno de $1.036.164,38. En tanto, Banco BBVA y Banco Credicoop fijaron su tasa en 39%, mientras que Banco Provincia la sostuvo en 37%.

En el sector público, el Banco Ciudad conserva su TNA en 35%, mientras que en el ámbito regional Banco de Corrientes alcanza 44,5% y Banco de Córdoba se ubica en 46,5%, generando un rendimiento de $1.038.232,88 por millón invertido.

Avance digital y nuevas plataformas de inversión

El fenómeno más destacado se da en el segmento digital. Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia, actualizó su tasa al 48% anual desde el 13 de octubre. Con más de 318 mil operaciones y $641 mil millones invertidos desde su lanzamiento, el canal digital ya concentra 1 de cada 4 plazos fijos constituidos en el banco.

El dato más relevante: el 70% de los usuarios realizó su primer plazo fijo a través de la app, y más de la mitad (53,6%) no percibe haberes en la entidad. La función, disponible de lunes a viernes de 6 a 21, permite constituir depósitos desde $1.000 y a plazos de 30, 60 o 90 días, sin renovación automática.

En el ámbito fintech y bancario digital, Banco Bica subió su tasa al 52%, mientras Banco CMF ofrece 52,5%. Banco Meridian se ubica en 49%, Banco Mariva en 48%, y Banco VOII encabeza el ranking con 53% nominal anual, equivalente a $1.043.561,64 por cada $1 millón invertido.

Otras entidades relevantes incluyen a Banco Hipotecario (46%), Banco del Sol (44%) y Banco Dino (38%). En el segmento de financieras, Crédito Regional y Reba mantienen sus tasas en 48%, con rendimientos similares al de los bancos medianos.

Brechas y proyección del mercado

El panorama actual deja en evidencia la amplia dispersión de rendimientos entre bancos públicos, privados y digitales. El margen entre el mayor y el menor retorno supera los 18.900 pesos en apenas 30 días, reflejando el impacto que la competencia tiene sobre los costos de captación de fondos.

Las entidades más pequeñas y regionales, junto con las fintech, lideran las subas, mientras los grandes bancos optan por estrategias más conservadoras. Según analistas del sistema, esta dinámica responde tanto a la necesidad de mantener liquidez como al intento de retener depósitos minoristas ante un contexto de reacomodamiento de tasas del Banco Central.

El comportamiento del sector muestra una tendencia clara: la digitalización amplía la base de inversores minoristas y fortalece la competencia entre actores no tradicionales. Las billeteras y bancos digitales ya no solo compiten por conveniencia tecnológica, sino también por rentabilidad financiera, logrando tasas superiores a las de entidades con presencia física consolidada.

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Caputo oficializó la adhesión del Proyecto Los Azules al RIGI: inversión récord en cobre y proveedores locales

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Economía aprobó la adhesión del “Proyecto Los Azules” al RIGI, una inversión minera de USD 2.672 millones en San Juan.

La resolución 1553/2025 autoriza a Andes Corporación Minera SA a incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), consolidando el primer megaproyecto minero en acceder al esquema.

Una inversión estratégica bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1553/2025, aprobó la incorporación del Proyecto Los Azules, desarrollado por Andes Corporación Minera SA (ACM SA), al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742.
La medida, firmada por el ministro Luis Caputo, fue publicada el 13 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial y representa un paso decisivo en la implementación del nuevo esquema diseñado para atraer inversiones de gran escala.

El proyecto, localizado en el departamento Calingasta, provincia de San Juan, contempla la construcción y operación de una mina de cobre, planta e infraestructura asociada en la Cordillera de los Andes, a seis kilómetros de la frontera con Chile.
La inversión total comprometida asciende a USD 2.672.171.207, de los cuales USD 2.353.624.141,07 se destinarán a activos computables, cumpliendo y superando el monto mínimo exigido por el artículo 172 de la Ley 27.742.

Con esta aprobación, el Ministerio de Economía formaliza la primera gran adhesión minera al RIGI, otorgando a ACM SA los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en los capítulos IV y V del Título VII de la ley, junto con un marco de estabilidad jurídica y regulatoria para los próximos años.

Detalles del proyecto y compromiso de inversión

El “Proyecto Los Azules” se enmarca en el sector Minería, específicamente en el subsector de minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación, con exclusión del potasio y el litio.
Según la resolución, el Vehículo de Proyecto Único (VPU), constituido bajo la figura de Sociedad Anónima, modificó su objeto social para concentrarse exclusivamente en la ejecución del proyecto y cumplir con las exigencias del RIGI.

El cronograma de inversión prevé un aporte de USD 33,5 millones durante el primer año y USD 382,2 millones en el segundo, totalizando USD 415,7 millones en los primeros dos años, cifra que supera el 40% del monto mínimo exigido por la ley.
La fecha de adhesión al régimen se fijó en el 25 de septiembre de 2025, mientras que el plazo límite para alcanzar la inversión mínima fue establecido en el 31 de diciembre de 2027.

Asimismo, ACM SA se comprometió a destinar 61,1% del monto total de inversión en bienes y servicios a proveedores locales, muy por encima del 20% requerido por la normativa vigente.
En materia de importaciones, el Ministerio aprobó un listado de bienes esenciales que podrán ingresar bajo la franquicia del artículo 190 de la Ley 27.742, tras la evaluación técnica de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, que verificó su carácter indispensable para la ejecución del proyecto.

Aprobación institucional y control estatal

El proceso de análisis del proyecto contó con la participación de la Secretaría de Minería, la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, la Unidad de Coordinación RIGI y el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, creado por la Resolución 814/2024.
El Comité, reunido el 26 de septiembre de 2025, emitió su Acta N° 11, recomendando la aprobación del proyecto tras considerar los informes técnicos y financieros pertinentes.

En el plano macroeconómico, la resolución señala que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no observó riesgos cambiarios asociados al proyecto, al no presentar elementos que pudieran generar distorsiones en el mercado de divisas local.

El Ministerio de Economía encomendó a la Secretaría de Minería la fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones del régimen, incluyendo los cronogramas de inversión, los compromisos de contenido local y los procedimientos de importación bajo régimen especial.
Asimismo, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el VPU y aplicar los incentivos fiscales y aduaneros correspondientes, mientras que el BCRA deberá otorgar los beneficios cambiarios previstos en la Ley 27.742.

La resolución también establece que eventuales controversias se resolverán mediante los mecanismos previstos en el artículo 221 de la ley, incluyendo el Panel RIGI, un órgano de arbitraje específico diseñado para garantizar seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores.

El RIGI como herramienta de atracción de inversiones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/2024, constituye uno de los pilares de la estrategia oficial para impulsar proyectos de gran envergadura en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura.
El esquema ofrece estabilidad tributaria, acceso preferencial al mercado cambiario y beneficios aduaneros a proyectos que superen un umbral mínimo de inversión, bajo un marco jurídico unificado y de largo plazo.

En el caso del “Proyecto Los Azules”, la adhesión implica una etapa clave de expansión de la minería del cobre en Argentina, en un contexto global de alta demanda de este mineral, central para la transición energética.
La inversión aprobada se inscribe, además, en la política del Gobierno Nacional de promover el ingreso de capitales productivos que fortalezcan las exportaciones y generen empleo directo e indirecto en regiones cordilleranas.

Con esta decisión, el Ministerio de Economía sienta un precedente institucional para futuros proyectos mineros y energéticos que busquen acogerse al RIGI, consolidando un marco de promoción de inversiones de largo plazo con enfoque federal y competitivo.

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Modernización vial: Nación posterga un año la adopción total del sistema de peaje electrónico

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El Gobierno prorrogó hasta diciembre de 2026 la implementación obligatoria del sistema de peajes automáticos “free flow” en todas las rutas nacionales.

La medida, establecida por el Decreto 733/2025, busca dar mayor flexibilidad a Vialidad Nacional para adecuar los plazos de acuerdo con las condiciones técnicas y contractuales de cada tramo concesionado.

Nuevo cronograma para modernizar el cobro de peajes

El Gobierno nacional modificó este lunes el cronograma de implementación del sistema de peajes automáticos “free flow” en la red vial nacional, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, según el Decreto 733/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia interino Mariano Cúneo Libarona.

La disposición sustituye el artículo 20 del Decreto 196/2025, que establecía una adopción más acelerada del sistema sin barreras, otorgando ahora a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la facultad de modificar los plazos cuando las condiciones técnicas, operativas o contractuales de cada tramo así lo requieran.

De este modo, la DNV —dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— deberá fijar un nuevo cronograma de implementación que contemple la coexistencia de vías automáticas canalizadas con barreras y vías “free flow”, hasta completar la transición hacia el sistema plenamente automatizado.

De los peajes manuales al sistema inteligente

El “free flow” constituye la etapa final del proceso de modernización iniciado con el Decreto 196/2025, que había dispuesto la instalación progresiva de peajes automáticos sin barreras en todas las rutas nacionales concesionadas.

El sistema utiliza identificación electrónica de vehículos mediante el dispositivo TelePASE, cámaras y sensores que registran automáticamente el paso del vehículo, eliminando la necesidad de detenerse en cabinas. Con ello se busca reducir tiempos de tránsito, evitar congestiones y mejorar la seguridad vial.

La norma define cuatro tipos de vías:

  • Manuales: con barreras y cobro presencial;
  • Automáticas canalizadas: con identificación por TelePASE y barreras que se levantan automáticamente;
  • Mixtas: que operan de forma manual o automática;
  • Free flow: sin barreras ni detenciones, totalmente automatizadas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) participó en el proceso de revisión técnica del decreto, asegurando que la transición hacia el sistema electrónico mantenga los estándares de seguridad y control en la circulación.

Según el texto oficial, el Gobierno considera “prioritaria la construcción de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas y autopistas del país”, promoviendo la participación del sector privado en la inversión, operación y mantenimiento de los corredores viales.

Contexto normativo y objetivos de la medida

La medida se inscribe dentro del proceso de concesión y privatización de la empresa Corredores Viales S.A., autorizado mediante el Decreto 97/2025, bajo el régimen de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520.

El Decreto 28/2025 había fijado que los tramos de la Red Vial Nacional serían licitados en un plazo de 12 meses bajo dicho régimen, mientras que el Decreto 196/2025 introdujo la obligación de incorporar el sistema de cobro automático “free flow” en cada ruta concesionada.

El nuevo Decreto 733/2025 ajusta el cronograma a las “realidades operativas de cada tramo”, otorgando a Vialidad Nacional un margen de acción para administrar los tiempos de instalación e integración tecnológica.

En los fundamentos, el Ejecutivo destaca que la política pública en materia vial apunta a promover el uso obligatorio del TelePASE como herramienta base del nuevo esquema de cobro, garantizando el pago del servicio y desalentando la evasión.

Asimismo, busca asegurar la previsibilidad y sustentabilidad económica de las concesiones viales, fortaleciendo la recaudación y reduciendo costos operativos mediante la digitalización del sistema.

Impacto y proyecciones del nuevo esquema vial

La transición hacia un sistema de cobro totalmente automático representa una transformación estructural del modelo de gestión vial. Permite reducir los costos de operación y mantenimiento, mejora la fluidez del tránsito y disminuye la emisión de gases contaminantes generados por la detención de vehículos en las cabinas tradicionales.

No obstante, el proceso requiere inversiones significativas en infraestructura tecnológica, readecuación de contratos de concesión y compatibilidad con los distintos sistemas de peaje vigentes en las rutas nacionales y provinciales.

El Gobierno apuesta a que, hacia fines de 2026, toda la red nacional concesionada funcione bajo esquemas automáticos canalizados y/o “free flow”, dando un paso hacia un sistema vial inteligente y más eficiente.

De acuerdo con la nueva redacción del decreto, la DNV podrá extender los plazos más allá de 2026 si las condiciones técnicas o contractuales de ciertos tramos así lo justifican, asegurando una implementación “eficaz, previsible y adaptada a las realidades regionales”.

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