La empresa marplatense “Los T’ Puales”, ganadora del premio al mejor chocolate negro, suspendió su producción. “No está definido si volvemos”, comunicaron.
Del cielo al infierno en poco más de un año. La reconocida empresa de alfajores marplatense “Los T’ Puales”, que en 2023 tocó la gloria al consagrarse en el Campeonato Mundial del Alfajor, anunció sorpresivamente el cierre de sus locales y la suspensión total de su producción por tiempo indefinido.
Choripán y bondiola: la fiesta gastronómica con música y sabores rurales cerca de CABA
La noticia, que generó un fuerte impacto en el mundo gastronómico y entre los fanáticos del clásico dulce argentino, fue comunicada a través de las redes sociales de la firma. Atribuyeron la drástica decisión a la necesidad de “frenar para tomar perspectiva y recuperarse“.
El mejor del mundo, hoy fuera del mercado
El caso de “Los T’ Puales” es paradigmático. En agosto de 2023, la marca se alzó con la medalla de oro en la categoría “Mejor alfajor de chocolate negro” en la segunda edición del Campeonato Mundial celebrado en La Rural, un galardón que los catapultó a la fama nacional e impulsó sus ventas.
Sin embargo, a pesar de ese éxito rotundo, la firma anunció ahora que su local de la calle Avellaneda ya cerró sus puertas, mientras que el segundo punto de venta, en Avenida Libertad, lo hará próximamente. Además, se suspendió la venta mayorista y minorista, tanto presencial como online, por lo que los únicos productos disponibles serán los que queden en stock en algunos comercios.
“Nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido”
En un emotivo comunicado, la empresa se despidió de sus clientes y dejó una puerta abierta, aunque cargada de incertidumbre. “Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido“, expresaron.
Si bien no se detallaron las causas económicas que llevaron al cierre, el mensaje deja entrever las dificultades que atraviesa el sector. “Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias”, concluye el comunicado, dejando a miles de fanáticos con la esperanza de que el mejor alfajor de chocolate negro del mundo vuelva a estar disponible en el futuro.
Empresarios alertan por el aumento del costo laboral y advierten un freno a la generación de empleo formal.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su preocupación por el incremento sostenido del costo laboral en Argentina, impulsado por la suba de las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los denominados “costos ocultos” de las paritarias. El sector advierte que esta combinación de factores está afectando la competitividad y limitando la creación de empleo formal, en un contexto donde la informalidad laboral supera el 43% de la fuerza de trabajo.
La eliminación de topes a las ART encareció el costo empresario
La preocupación del sector empresario se intensificó tras la Resolución Nº 18/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que eliminó los pisos y techos que regulaban las tarifas de las ART, calculadas como un porcentaje de las nóminas salariales. La medida, vigente desde enero, derivó en aumentos directos en las primas que deben pagar las empresas, generando un impacto inmediato sobre el costo laboral total.
Desde CADAM señalaron que esta decisión se suma a una serie de cargas y contribuciones que afectan la estructura de costos y reducen los márgenes de rentabilidad, particularmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio y la distribución.
En paralelo, un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) —dependiente del IIEP (UBA-CONICET)— reveló que la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, equivalente a cuatro de cada diez trabajadores. El estudio también subraya que más del 65% de los jóvenes se desempeñan en la informalidad, reflejando el impacto de los altos costos y la rigidez normativa sobre la empleabilidad.
Los “costos ocultos” de las paritarias: aportes y contribuciones que persisten
A la suba de las ART se agregan los llamados “costos ocultos” de las paritarias, que trascienden los incrementos salariales y comprenden una red de aportes obligatorios, contribuciones solidarias y seguros complementarios que los empleadores deben afrontar. Entre los casos más relevantes en el convenio de Comercio, que agrupa a 1,2 millones de trabajadores, CADAM destacó tres ítems que presionan las estructuras de costos:
Contribución Solidaria por COVID-19 (OSECAC): implementada en 2021 durante la pandemia, continúa vigente y se cobra por cada empleado, incluso si no está afiliado a esa obra social.
Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP): exige un aporte equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que se destina a un fondo que recauda más de $30.000 millones anuales, según declaraciones judiciales de la institución.
Seguro complementario de retiro La Estrella: implica una contribución del 1,6% del salario, sin posibilidad de elección de otro sistema. El 50% se acredita a cuentas individuales, mientras que el otro 50% se dirige al fondo solidario de retiro. Para acceder al beneficio, el trabajador debe haber aportado al menos 20 años.
“Muchos trabajadores nunca llegan a percibir el beneficio porque cambian de actividad, y quienes solicitan el rescate sólo reciben el 50% de lo depositado”, advirtieron desde el sector. Además, el ajuste del capital invertido por La Estrella generó controversias por su dependencia de los rendimientos financieros de la aseguradora.
Impacto sobre la competitividad y el empleo formal
CADAM subrayó que estas erogaciones adicionales —junto con las cargas sociales y tributarias— elevan significativamente el costo laboral argentino, reducen la capacidad de inversión de las pymes y desalientan la creación de empleo formal.
“El sector privado es el motor del crecimiento, pero con este nivel de presión es muy difícil sostener nuevas incorporaciones”, expresaron empresarios nucleados en la cámara.
La preocupación empresarial se alinea con los diagnósticos de los institutos de investigación laboral, que advierten que la estructura de costos y la superposición de cargas fomentan la informalidad y restringen la competitividad, en especial entre las pequeñas y medianas empresas.
La expectativa del sector está puesta en que el gobierno nacional revise el esquema de contribuciones obligatorias y restablezca mecanismos de control sobre las ART, para equilibrar la protección del trabajador con la viabilidad económica de las empresas.
El último informe de la consultora Analytica revela una reconfiguración del gasto público en Argentina, con impactos significativos en el sector agropecuario. En los primeros nueve meses de 2025, el gasto primario cayó 2% interanual a precios constantes, mientras las partidas agrícolas sufrieron una contracción del 6,1%. Estas tendencias se profundizan en el presupuesto proyectado para 2026, que implicaría una reducción real de hasta 16,4% en inversión agropecuaria, afectando áreas clave como investigación, sanidad y productividad. El análisis cobra relevancia en un contexto de exención transitoria de retenciones a la soja, medida con un costo fiscal estimado en $1,6 billones (0,19% del PIB) y efectos directos sobre la capacidad de inversión estatal en el sector.
En septiembre, el gasto primario devengado disminuyó un 2% interanual medido a precios constantes. En el acumulado en los primeros nueve meses se incrementó un 0,9% comparado con igual período del año pasado.
Los mayores aumentos en pesos constantes respecto al acumulado enero-septiembre 2024 fueron las transferencias corrientes a provincias (+42,2%), las asignaciones familiares y por hijo (+15,8%), particularmente la AUH (+23,2%), y los bienes y servicios (+15,0%).
Por otro lado, las partidas con mayores ajustes reales interanuales en el acumulado en los primeros nueve meses fueron los programas sociales (-21,1%), el gasto en subsidios económicos (-45,2%), particularmente los asociados a la energía (-57,0%), y la obra pública (-48,3%) donde la caída se concentra en las transferencias de capital (-61,9%) mientras que las construcciones tuvieron una leve mejora (+4,5%).
Dentro de las transferencias a provincias se encuentran los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En los primeros nueve meses se incrementaron un 206,6% interanual real.
GASTO EN AGRICULTURA
La decisión de eliminar transitoriamente las retenciones al sector agro exportador tiene un costo fiscal de $1,6 billones, 0,19% del PIB. Como se observa a continuación la mayor parte de la menor recaudación proviene de la exención aplicada a la soja y sus derivados —que concentran la mayor parte del valor exportado—, lo que refleja el peso estratégico del complejo sojero en la generación de divisas y en la recaudación tributaria.
Por su parte, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto público asociado a la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” registró una contracción interanual del 6,1% en términos reales. Esta caída se suma al fuerte ajuste observado en igual período de 2024, cuando el gasto se redujo un 61,7% real interanual. Aun así, cabe señalar que la reducción del año pasado está influenciada por la alta base de comparación, ya que en 2023 se registró un gasto históricamente alto en esta función, que pudo estar en parte influenciado por la sequía.
En el acumulado entre enero y septiembre de 2025, los fondos destinados al sector agropecuario se concentraron en: “Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible” (17,9%), “Acciones para la Inocuidad y Calidad Agroalimentaria” (14,7%), “Acciones para la Protección Vegetal” (9,9%), “Acciones para la Sanidad Animal” (9,5%), “Investigación y Desarrollo Pesquero” (6,1%) y “Promoción del Comercio y Producción de Semillas” (2,9%). A su vez, un 38,6% del gasto se concentró en actividades centrales y comunes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, mientras que el 0,30% restante se distribuyó entre los programas “Administración y Control Comercial Agropecuario” y “Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario”. En particular, este último redujo en gran medida su ponderación, pasando de representar el 8,9% en 2022 y el 6,9% en 2023, a ser el 0,26% en 2025. Aun así, y como se mencionó antes, esto puede explicarse por la sequía iniciada en 2022 y prolongada hasta inicios de 2023, lo cual también puede explicar el motivo de un mayor gasto en esos años.
El proyecto de presupuesto 2026 contempla un crédito de $375.461,2 millones para la función “Agricultura, Ganadería y Pesca” y toma como base de comparación un presupuesto de $351.355,6 millones para 2025, lo que implicaría un aumento nominal del 6,9%. Sin embargo, si se toma como base de comparación al crédito vigente al 2 de octubre, el monto es de $363.704 millones por lo que el aumento nominal sería del 3,2%. Más aún, si se descuenta la inflación promedio proyectada en el presupuesto (14%), se obtendría una caída real del 8,4%, mientras que utilizando nuestra proyección del 23,5%, la caída sería del 16,4%.
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
Es uno de los organismos más importantes de la política pública en el sector agropecuario, actualmente es un descentralizado del Ministerio de Economía luego de que el Congreso revierta el DNU 462/2025 que lo reagrupaba a la Administración Centralizada.
En los primeros nueve meses del año, el gasto en el INTA se redujo un 23% real interanual, y se mantiene en niveles históricamente bajos.
El programa principal que ejecuta el INTA es “Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural”, el cual concentra el 71,1% del gasto total del organismo. En lo que va del año, este programa registró una reducción del 15,2% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. Por fuera de las actividades centrales, el segundo programa en relevancia es “Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas”, que tuvo un recorte interanual del 26,5% a pesos constantes.
CEPA advierte: el Gobierno “compró tiempo” con apoyo de EE.UU., pero a un costo fiscal elevado y de corta duración
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el desempeño del Gobierno tras el apoyo inédito del Tesoro de Estados Unidos y la eliminación de retenciones al agro. Según el informe, la estrategia brindó apenas una semana de oxígeno financiero, con alto costo fiscal y riesgos crecientes en materia cambiaria y de deuda.
Apoyo de Estados Unidos y eliminación de retenciones
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que la administración económica recurrió a un rescate coordinado con el Tesoro de Estados Unidos, que incluyó un respaldo público de Scott Bessent y la eliminación de las retenciones para el agro.
La medida, anunciada el lunes 23 de septiembre, buscó generar confianza en los mercados luego de que el Banco Central (BCRA) vendiera USD 1.100 millones el 19/9 para sostener el techo de la banda cambiaria.
El impacto fiscal fue inmediato: El Tesoro resignó USD 1.450 millones de recaudación (0,3% del PBI) por la reducción a cero de las retenciones. A pesar de la liquidación de USD 5.760 millones del complejo agroexportador, el BCRA solo logró acumular USD 2.154 millones (37,4% de lo liquidado).
El CEPA considera que el gobierno “desaprovechó otra ventana para acumular reservas”, lo que volvió a forzar un endurecimiento del cepo cambiario.
El swap con EE.UU. y las tensiones con China
Uno de los puntos más relevantes es la negociación de un swap de monedas con el Tesoro estadounidense por un monto estimado en USD 20.000 millones.
Si el swap es instrumentado por el Tesoro, su plazo sería de 6 meses a un año (con aval del Congreso). Si lo ejecuta la Reserva Federal, el límite temporal no aplicaría.
Según el CEPA, este mecanismo podría reemplazar parte del swap vigente con China, que mantiene un tramo activo refinanciado de USD 5.000 millones y un tramo no activado de USD 14.000 millones. En el mejor escenario, la posición neta de reservas mejoraría apenas en USD 6.000 millones, lo que deja “sabor a poco”.
El organismo también advierte sobre condicionalidades posibles: tasa de interés, esquema de activación, alineamientos internacionales y hasta la política de retenciones, dado que Bessent mencionó públicamente el fin del “tax holiday”.
Mercado: de la euforia al atrincheramiento
En la semana posterior al anuncio, el tipo de cambio reaccionó con fuerza: el dólar pasó de $1.475 a $1.328, el riesgo país cayó 550 puntos básicos y las acciones bancarias subieron hasta 25% en dólares en tres días.
Sin embargo, el optimismo se desvaneció rápidamente: El BCRA repuso restricciones con la Comunicación A 8336, lo que provocó una brecha cambiaria de 10% entre el oficial y el CCL. Se prohibió a los brokers ofrecer dólares oficiales, endureciendo aún más el cepo. El BCRA vendió USD 450 millones y 200 millones en dos días para frenar la suba del mayorista en $1.425. Además, se desprendió de USD 1.700 millones en títulos dólar linked y realizó un canje por USD 7.300 millones, incrementando la exposición de la deuda al tipo de cambio.
El informe alerta que esta estrategia aumenta los riesgos de overshooting cambiario, dado que cada suba del dólar incrementa los vencimientos del Tesoro y las pérdidas por futuros del BCRA, que ya rondan el billón de pesos.
Perspectivas: octubre crítico y dudas sobre el financiamiento
De acuerdo con el CEPA, la estrategia oficial resultó “cara y efímera”: Se perdieron USD 1.471 millones de recaudación en beneficio de pocas cerealeras. El Tesoro enfrenta vencimientos por USD 4.500 millones en enero, con menos de USD 2.000 millones disponibles. El riesgo país volvió a ubicarse en torno a 1.250 puntos básicos.
El organismo concluye que el gobierno “dinamitó su credibilidad” y que el mercado ya no se conforma con declaraciones: “ahora exige ver la plata”. Si el apoyo de Estados Unidos no se concreta en los próximos días, el mes de octubre podría ser decisivo, con un esquema de bandas cada vez más debilitado o el regreso a un cepo similar al previo al acuerdo con el FMI.
El Gobierno vuelve a postergar la suba de impuestos a los combustibles hasta noviembre
El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, que posterga nuevamente la entrada en vigencia de los incrementos remanentes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, previstos en la Ley 23.966. La medida difiere los aumentos, que estaban programados para el 1° de octubre, hasta el 1° de noviembre de 2025, con el objetivo de sostener la actividad económica en un contexto de transición fiscal.
Impuestos alcanzados
El decreto modifica los plazos establecidos en el Decreto 617/2025, extendiendo hasta el 31 de octubre el período en el cual no se aplicarán los incrementos pendientes en los montos fijos de los tributos sobre nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
Estos gravámenes surgen del Título III de la Ley 23.966 (texto ordenado 1998 y modificatorias), que regula tanto el impuesto a los combustibles líquidos como el impuesto al dióxido de carbono. Los montos, fijados en pesos por unidad de medida, se actualizan trimestralmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
Desde 2018, el artículo 7° del Decreto 501/2018 faculta a la entonces AFIP —hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— a disponer las actualizaciones en enero, abril, julio y octubre de cada año, pero sucesivas normas han venido difiriendo los efectos de esas subas para amortiguar su impacto inflacionario.
Impacto económico y razones de la prórroga
La decisión responde, según los fundamentos oficiales, a la necesidad de “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando trasladar en el corto plazo mayores costos a los precios de los combustibles, insumo clave para la logística, el transporte y la producción.
El esquema vigente implica que las actualizaciones correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025, que debían entrar en vigor gradualmente este año, quedarán diferidas hasta noviembre. Esto supone un alivio transitorio para los consumidores y sectores productivos, pero también posterga la recomposición de la recaudación fiscal atada a estos tributos.
El Gobierno mantiene así una política de diferimiento escalonado que busca equilibrar el impacto inflacionario de los aumentos en los surtidores con la necesidad de cumplir las reglas de actualización automática previstas en la ley.
