Economía Digital

El FMI prevé que la tokenización transformará la infraestructura financiera sin reemplazar a las instituciones tradicionales

Compartí esta noticia !

La tokenización de activos avanza como uno de los procesos con mayor potencial para redefinir la arquitectura del sistema financiero global. Sin embargo, lejos de anticipar un escenario de desintermediación total, un nuevo documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye que la evolución tecnológica dará lugar a un modelo híbrido, donde la automatización convivirá con instituciones tradicionales responsables de garantizar la estabilidad del mercado.

El trabajo, titulado Financial Market Infrastructures Evolution in a Tokenized Economy y elaborado por Yaiza Cabedo, Tommaso Mancini-Griffoli, Fabian Schär y Nicolas Zhang, analiza cómo las infraestructuras de mercado financiero (FMIs) podrían evolucionar a partir de la tokenización de activos y el uso de tecnología de registros distribuidos (DLT).

La principal conclusión del estudio es que muchas de las funciones hoy desempeñadas por los depósitos centrales de valores, las cámaras compensadoras y los repositorios de operaciones podrán ser ejecutadas mediante contratos inteligentes (smart contracts), aunque las tareas que requieren criterios jurídicos, gobernanza institucional y capacidad de decisión seguirán dependiendo de entidades responsables y reguladas.

El informe sostiene que actividades como el registro de activos, la liquidación de operaciones, la administración de garantías y buena parte de los procesos de reporte regulatorio pueden migrar progresivamente hacia plataformas blockchain, reduciendo tiempos operativos, costos de intermediación y riesgos derivados de procesos manuales.

No obstante, los investigadores remarcan que funciones críticas vinculadas con la resolución de conflictos, la aplicación de normas, la administración de incumplimientos, la supervisión prudencial y la responsabilidad legal no pueden ser sustituidas completamente por código informático.

Una nueva generación de infraestructura financiera

El documento describe tres posibles modelos de evolución tecnológica.

El primero consiste en una infraestructura completamente integrada sobre una única blockchain, donde emisión, negociación, compensación y liquidación ocurren sobre el mismo registro distribuido.

El segundo plantea una arquitectura basada en un libro común (common ledger), que permite compartir información y coordinar operaciones entre distintos participantes, aunque manteniendo ciertos activos en registros separados.

El tercero contempla un esquema de múltiples blockchains compatibles, conectadas mediante protocolos de interoperabilidad, una alternativa considerada más realista para la transición desde las infraestructuras actuales.

Según el FMI, el escenario más probable será precisamente este último: una convivencia entre nuevas tecnologías y las instituciones financieras existentes.

Liquidaciones instantáneas y automatización

Uno de los principales beneficios identificados es la posibilidad de realizar liquidaciones prácticamente instantáneas mediante contratos inteligentes.

En plataformas completamente integradas, los activos y los pagos podrían intercambiarse de manera simultánea y automática, eliminando buena parte del riesgo de contraparte que actualmente existe entre la negociación y la liquidación.

Asimismo, la automatización permitiría ejecutar llamadas de margen, administrar garantías y realizar compensaciones multilaterales de manera mucho más eficiente, siempre que los activos y el dinero tokenizado se encuentren registrados en la misma infraestructura tecnológica.

Sin embargo, el propio informe aclara que estas ventajas disminuyen cuando las operaciones involucran distintas plataformas o requieren información proveniente del mundo físico, donde siguen siendo necesarias verificaciones externas.

Más transparencia, pero también nuevos riesgos

El FMI también identifica mejoras significativas para las tareas de supervisión.

Al registrar todas las operaciones sobre blockchain, los reguladores podrían acceder prácticamente en tiempo real a información estandarizada, facilitando el monitoreo del mercado y reduciendo costos de reporte. La propia blockchain podría convertirse en una fuente única de información para autoridades regulatorias y organismos de control.

No obstante, la tokenización también introduce nuevos desafíos.

Entre los principales riesgos aparecen errores de programación en contratos inteligentes, vulnerabilidades informáticas, problemas de gobernanza sobre quién controla la emisión de activos digitales, incertidumbre jurídica frente a bifurcaciones (forks) de blockchain y una creciente concentración tecnológica alrededor de determinados protocolos o emisores de activos digitales.

Los autores advierten además que la custodia de activos tokenizados respaldados por bienes físicos —como inmuebles, bonos o materias primas— requiere marcos legales sólidos que aseguren que el token represente efectivamente un derecho ejecutable sobre el activo subyacente.

La confianza seguirá siendo institucional

Uno de los mensajes centrales del documento es que la confianza del sistema financiero continuará dependiendo tanto de la tecnología como de las instituciones.

Aunque blockchain reduce la necesidad de intermediación en numerosos procesos operativos, aspectos como la resolución de controversias, la responsabilidad jurídica, la supervisión prudencial y la administración de crisis financieras requieren organismos con legitimidad institucional y capacidad de intervención.

Por ello, el FMI concluye que la tokenización no implica la desaparición de las infraestructuras tradicionales del mercado financiero, sino una profunda reconfiguración de sus funciones.

En lugar de reemplazar a las instituciones, la tecnología permitirá automatizar procesos repetitivos y mejorar la eficiencia operativa, mientras los organismos reguladores y las infraestructuras financieras evolucionarán hacia un rol más enfocado en la gobernanza, la supervisión y la preservación de la estabilidad sistémica.

Compartí esta noticia !

Los pagos digitales consolidan su avance: las transferencias crecieron 26,6% y el QR interoperable se disparó más de 63%

Compartí esta noticia !

El sistema nacional de pagos profundizó durante mayo su transformación hacia los medios digitales. Las transferencias inmediatas, los pagos con QR interoperable y las billeteras virtuales volvieron a liderar el crecimiento de las transacciones, mientras que el efectivo y los instrumentos tradicionales continúan perdiendo participación en un proceso de digitalización cada vez más acelerado.

De acuerdo con el Informe de Pagos Minoristas publicado por el Banco Central (BCRA), durante mayo se realizaron 759,9 millones de transferencias inmediatas (“push”) en pesos por un total de $87,5 billones. En términos interanuales, las operaciones crecieron 26,6% en cantidad y 12,9% en montos reales, consolidando a este instrumento como el principal canal de movimiento de dinero entre personas y empresas. Más de tres cuartas partes de estas operaciones (76,6%) tuvieron como origen o destino una Cuenta Virtual Uniforme (CVU), lo que refleja el creciente protagonismo de las fintech y las billeteras digitales.

Las transferencias en moneda extranjera también mostraron una expansión significativa. En mayo se concretaron cerca de dos millones de operaciones por un equivalente a USD 3.389 millones, con incrementos interanuales de 27,3% en cantidad y 40,7% en volumen medido en dólares.

También continuó creciendo el uso de las transferencias “pull”, mecanismo utilizado para debitar fondos previamente autorizados desde otra cuenta. Durante mayo se registraron 43,9 millones de operaciones por $4,2 billones, con aumentos interanuales de 15,1% en cantidad y 8% en términos reales.

Uno de los segmentos con mayor expansión volvió a ser el de los pagos con transferencia (PCT) interoperables mediante códigos QR. Durante el mes se realizaron 103,7 millones de operaciones por $2,4 billones, lo que representa un crecimiento interanual de 63,7% en cantidad y de 57,7% en montos reales. El 98,8% de estos pagos se inició mediante códigos QR interoperables, mientras que apenas el 1,2% utilizó claves aleatorias o tokens.

El informe también muestra que la interoperabilidad continúa consolidándose. Del total de pagos con QR, el 52,8% fue realizado desde cuentas bancarias (CBU) y el 47,2% desde cuentas virtuales (CVU). Del lado de los comercios, el 52,4% de las acreditaciones terminó en cuentas de pago administradas por proveedores de servicios de pago, reflejando el crecimiento de este ecosistema financiero. Actualmente existen 90 billeteras digitales interoperables registradas y 63 aceptadores de pagos con transferencia habilitados por el Banco Central.

La expansión del dinero digital también se refleja en la evolución de las cuentas de pago. Durante abril, último dato disponible, existían 66,2 millones de cuentas de pago, de las cuales 13 millones registraban saldo por aproximadamente $700.000 millones. Paralelamente, los fondos invertidos en Fondos Comunes de Inversión Money Market a través de proveedores de servicios de pago alcanzaron los $7,5 billones. En conjunto, ambos conceptos ya representan el 7,5% del total de los depósitos privados en pesos del sistema financiero.

En contraste con el avance de los pagos digitales, los débitos directos registraron una caída de 7,7% interanual en cantidad de operaciones. Durante mayo se efectuaron 11 millones de débitos automáticos por $1,9 billones, mientras que la tasa de efectividad alcanzó el 40%.

Otro fenómeno que continúa profundizándose es la digitalización del cheque. Durante mayo se compensaron 4,7 millones de cheques por un total de $22,9 billones, pero el cheque electrónico (ECHEQ) ya explicó el 84,9% de los montos compensados y el 63,5% de las operaciones. Además, comenzaron a consolidarse los ECHEQ denominados en dólares, con 152 documentos compensados por USD 29 millones. En paralelo, los rechazos por falta de fondos representaron apenas el 2,1% de la cantidad de cheques compensados y el 1,4% de los montos.

En materia de consumo, las tarjetas de crédito volvieron a superar a las de débito en cantidad de operaciones. Durante abril —último dato disponible para este segmento— se registraron 172,1 millones de pagos con tarjeta de crédito por $9,9 billones, frente a 164,3 millones de operaciones con débito por $4,9 billones. Sin embargo, ambos instrumentos continúan mostrando caídas interanuales tanto en cantidades como en montos reales, reflejando un contexto de menor consumo y una creciente migración hacia las transferencias inmediatas como medio de pago.

El efectivo también continúa perdiendo terreno. El 89% de las extracciones todavía se realiza mediante cajeros automáticos, aunque este canal registró una caída interanual del 33% en cantidad de operaciones y del 13% en montos reales. Durante abril se realizaron 40,2 millones de extracciones por $4,1 billones, con un monto promedio cercano a los $103.200 por operación.

En el transporte también continúa ampliándose el uso de los pagos digitales. En mayo se registraron 24,7 millones de viajes abonados mediante QR, principalmente en colectivos y subterráneos, mientras que la utilización de la tarjeta SUBE mostró una disminución interanual de 15,9% en cantidad de viajes durante abril.

El informe del Banco Central refleja un cambio estructural en los hábitos de pago de los argentinos. La interoperabilidad entre bancos y billeteras digitales, junto con el crecimiento de las transferencias inmediatas y los pagos con QR, consolida un ecosistema financiero donde las operaciones electrónicas ganan terreno de forma sostenida frente al efectivo y los instrumentos tradicionales, una tendencia que continúa redefiniendo el sistema nacional de pagos.

Informe Mensual Pagos Minoristas 2026 05 by CristianMilciades

Compartí esta noticia !

Fintech, criptomonedas y tarjetas no pagarán impuesto al cheque

Compartí esta noticia !

Un decreto publicado este jueves amplió el alcance de las exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios para empresas de servicios de pago, proveedores de activos virtuales, operadores de tarjetas y transportadoras de caudales. La medida busca equiparar tratamientos tributarios entre actores que realizan funciones similares y reducir costos de transacción en sectores vinculados a la economía digital.

La decisión oficial, formalizada mediante el Decreto 475/2026, modifica el régimen de exenciones del denominado “impuesto al cheque”, uno de los tributos que más inciden sobre la intermediación financiera y los movimientos bancarios. El cambio incorpora nuevos beneficiarios y actualiza criterios que habían quedado rezagados frente a la evolución tecnológica del sistema de pagos.

Para el sector privado, la señal es clara: el Gobierno busca eliminar distorsiones tributarias que afectaban a empresas fintech, plataformas de pagos y operadores de activos virtuales, actividades que ganaron peso en la economía argentina durante los últimos años, pero que mantenían diferencias regulatorias respecto de otros participantes del sistema financiero.

Menos costo transaccional para la economía digital

La principal novedad es la incorporación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) al listado de actividades alcanzadas por la exención.

Las cuentas bancarias utilizadas exclusivamente para operaciones vinculadas a la actividad de estos operadores quedarán exceptuadas del gravamen, siempre que estén debidamente registradas ante los organismos competentes.

La medida alcanza a empresas vinculadas al ecosistema cripto que operan legalmente en Argentina y que hasta ahora enfrentaban una carga tributaria adicional sobre movimientos operativos que no implicaban generación de valor agregado, sino mera circulación de fondos.

Desde una perspectiva económica, la eliminación de ese costo mejora la competitividad de plataformas locales frente a competidores internacionales y reduce el costo operativo de servicios vinculados a pagos digitales, tokenización y activos virtuales.

Fintech y cobranzas: equiparación tributaria

El decreto también amplía beneficios para las empresas dedicadas al cobro electrónico de servicios, impuestos y otras obligaciones por cuenta y orden de terceros.

La modificación incluye expresamente las cuentas utilizadas para depósitos de efectivo en cuentas bancarias o de pago y las empleadas por agentes oficiales que actúan dentro de esas redes.

La actualización normativa busca reconocer la transformación del sistema de cobranzas argentino, donde los canales digitales y las redes de proximidad cumplen funciones que históricamente realizaban entidades bancarias tradicionales.

Para miles de comercios que funcionan como puntos de cobranza o recepción de pagos, la medida puede traducirse en menores costos administrativos y financieros, favoreciendo la expansión de servicios en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Tarjetas y transporte de caudales también quedan alcanzados

Otra modificación relevante incorpora beneficios para las empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito.

Las cuentas utilizadas para gestionar préstamos bancarios destinados a financiar su actividad y las operaciones vinculadas a la emisión o cancelación de obligaciones negociables quedarán exentas del impuesto.

La decisión apunta a reducir el costo financiero asociado al funcionamiento de la infraestructura de pagos electrónicos, un componente central para el comercio formal.

Además, se suman las empresas transportadoras de caudales registradas ante el Banco Central. Las cuentas utilizadas exclusivamente para rendir fondos en efectivo a sus clientes también quedarán alcanzadas por el beneficio.

Aunque el avance de los pagos digitales reduce gradualmente el uso de efectivo, la logística de valores continúa siendo un eslabón clave para actividades comerciales, supermercados, estaciones de servicio y cadenas de distribución en gran parte del interior del país.

Qué cambia para el sector productivo

Entre los principales efectos de la medida aparecen menor carga tributaria sobre movimientos operativos de empresas fintech y plataformas digitales. Reducción de costos de intermediación financiera para actores vinculados a pagos electrónicos. Mayor competitividad para operadores de activos virtuales regulados. Incentivos para ampliar servicios financieros en localidades del interior. Equiparación tributaria entre empresas que desarrollan actividades similares. Menores costos de infraestructura para redes de cobranza y medios de pago.

La ampliación de exenciones no modifica la estructura general del impuesto al cheque, pero sí profundiza una tendencia regulatoria orientada a favorecer la digitalización financiera y reducir cargas sobre actividades consideradas estratégicas para la modernización del sistema de pagos.

El desafío estará en medir si la reducción de costos regulatorios logra traducirse en una mayor expansión de servicios financieros, especialmente en regiones donde la inclusión financiera todavía representa una barrera para el crecimiento de las pymes y las economías regionales.

Compartí esta noticia !

Milei propone una Argentina sin regulaciones para la inteligencia artificial

Compartí esta noticia !

La inteligencia artificial se convirtió en uno de los nuevos frentes estratégicos de la política económica del gobierno de Javier Milei. En una columna publicada en el Financial Times y elaborada junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Presidente expuso una visión ambiciosa: transformar a la Argentina en uno de los destinos más atractivos del mundo para el desarrollo de empresas de inteligencia artificial mediante un esquema de baja regulación, incentivos fiscales y marcos jurídicos innovadores.

La propuesta no solo busca captar inversiones en uno de los sectores más dinámicos de la economía global, sino que también posiciona al país dentro de una disputa internacional cada vez más intensa entre Estados que compiten por atraer talento, capital y centros de procesamiento de datos vinculados a la nueva revolución tecnológica.

“La Argentina invita a la IA a liberarse”, escribió Milei en una definición que sintetiza el enfoque libertario aplicado a la economía digital. El mandatario sostuvo que el desarrollo de la inteligencia artificial requiere un entorno libre de “regulaciones excesivas”, bajo la premisa de que una intervención prematura del Estado podría ralentizar la innovación y reducir los incentivos para invertir.

El razonamiento presidencial encuentra inspiración en una analogía histórica. Milei comparó el momento actual de la inteligencia artificial con la transformación económica impulsada por los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII, cuando la creación de nuevas figuras jurídicas permitió la expansión del capitalismo moderno.

Según el Presidente, la fundación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y el desarrollo de la sociedad de responsabilidad limitada fueron tan importantes para la Revolución Industrial como los propios avances tecnológicos de la época.

Bajo esa lógica, sostuvo que la inteligencia artificial representa una nueva etapa de expansión productiva global.

“Así como aquella revolución liberó a la humanidad de las limitaciones de la fuerza física, la inteligencia artificial nos liberará de las limitaciones del cerebro humano”, argumentó.

La definición no es menor. Marca un alineamiento explícito con las posiciones predominantes en Silicon Valley, donde buena parte de las empresas líderes del sector reclaman marcos regulatorios flexibles para acelerar el desarrollo de tecnologías basadas en aprendizaje automático, automatización y sistemas autónomos.

El Super RIGI como plataforma para la nueva economía

La visión presentada en el Financial Times encuentra su correlato práctico en el proyecto de ley enviado recientemente al Congreso por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa, denominada Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido informalmente como Super RIGI, propone un esquema de beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y regulatorios destinado a proyectos con inversiones superiores a los mil millones de dólares.

A diferencia del RIGI original aprobado dentro de la Ley Bases, el nuevo régimen apunta específicamente a sectores considerados estratégicos para la economía del futuro.

Entre ellos aparecen la inteligencia artificial, la infraestructura digital, los centros de datos, los semiconductores, la biotecnología avanzada, las baterías de litio, el hidrógeno, el gas natural licuado y los reactores nucleares modulares.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a captar inversiones de gran escala que actualmente no encuentran en Argentina un marco competitivo frente a otros países que también buscan posicionarse en la economía tecnológica global.

Uno de los aspectos más innovadores —y controvertidos— del planteo oficial es la creación de una nueva categoría societaria dentro del derecho argentino.

La propuesta contempla la posibilidad de establecer entidades operadas por sistemas de inteligencia artificial o robots, capaces de tomar decisiones autónomas dentro de determinados entornos económicos.

Según la explicación de Milei, estas organizaciones requerirían esquemas de responsabilidad limitada para poder operar, debido a los riesgos inherentes a la autonomía de los sistemas inteligentes.

“Los accionistas humanos podrán participar, aunque no será obligatorio”, señaló el mandatario.

La iniciativa introduce una discusión jurídica de alcance global. Mientras distintas jurisdicciones debaten cómo regular la responsabilidad civil de los sistemas de IA, Argentina plantea avanzar hacia una estructura legal específica para organizaciones parcialmente gestionadas por algoritmos.

Silicon Valley observa a la Argentina

La publicación en el Financial Times llega en un contexto de creciente acercamiento entre el Gobierno argentino y referentes del ecosistema tecnológico internacional.

La reciente visita a la Casa Rosada de Peter Thiel, fundador de Palantir y uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico estadounidense, fue interpretada como una señal del interés oficial por establecer vínculos con empresas líderes en inteligencia artificial, análisis de datos y defensa.

Thiel mantuvo reuniones con Milei y con los principales funcionarios del equipo económico, entre ellos Luis Caputo, Pablo Quirno, José Luis Daza y Santiago Bausili.

El encuentro alimentó especulaciones sobre posibles inversiones vinculadas a infraestructura tecnológica, centros de procesamiento de datos y desarrollos asociados a la economía digital.

Aunque desde el Gobierno negaron que el nuevo régimen haya sido diseñado para beneficiar a empresas específicas, la coincidencia temporal entre la presentación del proyecto y la intensificación de los contactos con referentes de Silicon Valley no pasó inadvertida para la oposición.

Paradójicamente, mientras el Gobierno promueve una menor intervención regulatoria sobre el desarrollo privado de la inteligencia artificial, también avanza en la incorporación de estas herramientas dentro de la administración pública.

En los últimos días se anunció la creación del denominado “Gemelo Social Digital”, una plataforma basada en simulaciones y modelos de inteligencia artificial destinada a anticipar escenarios y optimizar el diseño de políticas públicas.

La iniciativa refleja una de las tensiones centrales del debate tecnológico contemporáneo: cómo combinar un Estado más pequeño en términos regulatorios con una administración cada vez más apoyada en sistemas avanzados de análisis de datos.

Una apuesta económica con impacto geopolítico

Más allá del debate tecnológico, la propuesta de Milei tiene una dimensión económica y geopolítica de largo alcance.

El Presidente busca posicionar a la Argentina como una jurisdicción competitiva en la carrera global por captar inversiones asociadas a la inteligencia artificial, un sector que movilizará billones de dólares en las próximas décadas y que redefinirá industrias enteras, desde la manufactura hasta los servicios financieros, la salud y la defensa.

La estrategia oficial parte de una premisa clara: ofrecer seguridad jurídica, baja carga tributaria y reglas estables para atraer capitales que hoy se concentran principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia.

El desafío será demostrar que la promesa de desregulación puede traducirse en inversiones concretas y generación de empleo de calidad, en un contexto donde la competencia internacional por liderar la revolución de la inteligencia artificial se intensifica cada año.

Con esa apuesta, Milei intenta proyectar una imagen de país abierto al capital tecnológico global. Una especie de “Ámsterdam digital” del siglo XXI, capaz de convertir la innovación en un motor de crecimiento económico y reposicionar a la Argentina en el mapa mundial de las nuevas tecnologías.

Compartí esta noticia !

La revolución silenciosa del mercado: cómo la tokenización de activos redefine las finanzas argentinas

Compartí esta noticia !

Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostiene que la tokenización representa una de las convergencias más disruptivas de las últimas décadas entre el sistema financiero tradicional y las tecnologías de registro distribuido. El concepto es simple en su definición, pero profundo en sus implicancias: convertir derechos económicos sobre activos reales —como inmuebles, commodities, infraestructura o deuda corporativa— en tokens digitales negociables sobre redes blockchain.

La tokenización de activos reales en Argentina representa la convergencia más disruptiva en las últimas décadas entre el mercado de capitales y la tecnología.

Convertir derechos económicos sobre activos tangibles —inmuebles, commodities, infraestructura, deuda corporativa— en tokens digitales emitidos sobre redes blockchain, logra fraccionar inversiones que históricamente estuvieron reservadas a grandes patrimonios, reducir drásticamente los costos y tiempos de transacción, y dotar de liquidez a mercados estructuralmente ilíquidos. 

La trazabilidad inherente a la tecnología de registro distribuido garantiza la identificación del beneficiario final en tiempo real, fortaleciendo los estándares de transparencia. A ello se le suma la garantía para el inversor del acceso al arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, lo cual constituye una garantía de celeridad, especialización y ejecutoriedad que dotan del dinamismo necesario para esta modalidad de financiamiento.

La tokenización no es una moda tecnológica: es una reingeniería profunda de la infraestructura financiera global que democratiza el acceso al capital, amplía el universo de inversores y activos, y posiciona a quienes adopten este paradigma —emisores, mercados y reguladores—de las nuevas finanzas.

Comienzos

Hasta mediados de 2025, el mercado de capitales argentino carecía de un marco regulatorio específico para la representación digital de valores negociables mediante tecnologías de registro distribuido (TRD). Por este motivo, la práctica de tokenización de activos inmobiliarios y financieros quedaba sujeta a una incertidumbre jurídica tanto para emisores como para inversores, limitando el potencial transformador de esta tecnología dentro de los canales regulados.

El punto de inflexión se produjo con la sanción de la Ley N° 27.739 en 2024, que otorgó a la CNV facultades de supervisión, regulación y sanción sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), consolidando la arquitectura institucional necesaria para avanzar en la integración entre el mercado tradicional de capitales y el ecosistema de activos digitales.

Sobre esa base, la CNV inició un proceso normativo escalonado que se desarrolló en cuatro etapas:

Etapa I — RG N° 1069/2025 (13/06/2025): incorporación del Título XXII al régimen de Normas N.T. 2013, habilitando la tokenización de valores representativos de deuda y certificados de participación de fideicomisos financieros con oferta pública, y cuotapartes de FCI cerrados, respaldados por activos del mundo real.

Etapa II — RG N° 1081/2025 (20/08/2025): ampliación del universo tokenizable a acciones, obligaciones negociables y CEDEARs; designación de los PSAV inscriptos en todas las categorías del registro CNV como depositarios elegibles.

Etapa III — RG N° 1087/2025 (22/10/2025): habilitación de tokenizaciones bajo regímenes de oferta pública automática de mediano impacto, emisores y emisiones frecuentes de fideicomisos financieros. Extensión del Sandbox Regulatorio hasta el 21/08/2026.

Etapa IV — RG N° 1137/2026 (30/04/2026): apertura de proceso de Elaboración Participativa de Normas donde se propone la posibilidad de tokenizar aquellos valores negociables que encuadren bajo los distintos Regímenes de Autorización Automática, con excepción de Fondos Comunes de Inversión Abierta. Esta norma tiene como objetivo ubicar a Argentina como hub regional de finanzas digitales.

¿Cómo se tokeniza un activo?

1-    Arquitectura Regulatoria de la Tokenización

En primer lugar, debemos saber que el régimen de tokenización establecido por la CNV descansa sobre cuatro pilares jurídico-técnicos:

a)    Tecnología de Registro Distribuido (TRD): la representación digital del valor negociable debe garantizar la inmutabilidad del registro, la trazabilidad de las transacciones, la nominatividad del instrumento y la identificación indubitable del emisor. La blockchain —como especie del género TRD— es la tecnología de elección en los casos concretos bajo análisis.

b)    PSAV como operadores habilitados: únicamente los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos en el Registro CNV en todas las categorías pueden actuar como depositarios de los valores representados digitalmente y como responsables de su comercialización en plataformas digitales.

c)    Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN): los valores tokenizados deben depositarse en un ADCVN habilitado. Los titulares registrales pueden ser PSAV, Agentes de Custodia o ALyC actuando por cuenta de los inversores, asegurando la integridad del sistema de anotaciones en cuenta.


d)    Entidad especializada en TRD: responsable de generar la representación digital bajo estándares de seguridad, inmutabilidad, fungibilidad y trazabilidad, operando como eslabón técnico entre el emisor y el mercado.

2-    El Proceso Paso a Paso

Si se analiza el caso concreto de la tokenización inmobiliaria, ésta no implica la digitalización directa del bien registral, sino la representación digital de los derechos económicos emergentes de un vehículo jurídico que tiene al inmueble como activo subyacente. El proceso opera de la siguiente manera:

a)    Constitución del vehículo jurídico: el activo inmobiliario se transfiere a un fideicomiso financiero (en el caso de oferta pública) o a un fideicomiso privado inmobiliario (en el caso de mercado privado). El fiduciario administra el patrimonio de afectación, separándolo del patrimonio del fiduciante y del propio fiduciario.

b)    Emisión de valores negociables o derechos económicos: el fideicomiso emite Certificados de Participación (CP) o Valores Representativos de Deuda (VRD) que representan derechos proporcionales sobre los flujos de fondos generados por el activo (rentas de alquiler, plusvalía por venta, etc.)

c)    Tokenización del instrumento: una entidad especializada en TRD —articulada con el PSAV habilitado por CNV— genera un smart contract en la blockchain elegida (, emitiendo tokens que representan cada unidad del CP o del derecho económico. Cada token es único, fungible dentro de su clase y trazable desde su origen.

d)    Plataforma de distribución: el inversor accede a través de una plataforma digital (web o mobile) con validación de identidad por DNI y biometría. Selecciona la unidad o fracción a adquirir, firma electrónicamente el contrato y acredita el pago. El token se acredita en su wallet digital en minutos.

e)    Operatoria secundaria: para fideicomisos con oferta pública CNV, los CPs tokenizados pueden negociarse en mercados secundarios autorizados a través de ALyC habilitados, generando liquidez adicional. El fondo de liquidez del emisor complementa este mecanismo.

f)    Identificación del beneficiario final: la tecnología blockchain garantiza la trazabilidad integral desde la emisión hasta el beneficiario final, cumplimentando las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención del lavado de activos.

3-    Garantía Jurídica del Inversor: El Arbitraje.

Una de las ventajas competitivas del mercado de capitales argentino en materia de resolución de conflictos es la obligatoriedad del arbitraje para los fideicomisos financieros con oferta pública, consagrada en el artículo 46 de la Ley N° 26.831 (Ley de Mercado de Capitales). Esta norma establece que las entidades que participen en la oferta pública de valores negociables deben someterse a la jurisdicción arbitral, constituyendo una garantía estructural para el inversor.

El arbitraje ofrece ventajas decisivas frente a la jurisdicción ordinaria, especialmente relevantes en un universo de inversores masificado y fraccionado como el que genera la tokenización:

a)    Especialización técnica: los árbitros son expertos en Derecho del Mercado de Capitales, Derecho Financiero y análisis de instrumentos complejos, lo que garantiza decisiones técnicamente fundadas y precisas.

b)    Celeridad procesal: los procedimientos arbitrales se resuelven en plazos sustancialmente menores a los de la justicia ordinaria —típicamente entre 6 y 18 meses—, sin los retrasos estructurales del sistema judicial.

c)    Confidencialidad y ejecutoriedad: los laudos arbitrales son confidenciales y tienen eficacia equivalente a las sentencias judiciales, siendo ejecutables por la vía judicial ordinaria en caso de incumplimiento.

d)    Voluntad de las partes: el arbitraje preserva la autonomía de la voluntad, permitiendo a las partes diseñar el procedimiento, elegir el derecho aplicable y determinar el número de árbitros.

Para los fideicomisos privados la tendencia internacional y local apunta también a la jurisdicción privada como mecanismo preferido, dado que la especificidad técnica de los conflictos emergentes de contratos de compraventa tokenizados excede la competencia habitual de los tribunales ordinarios.

En el ámbito local, el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario (TRIAR) – www.bcr.com.ar/es/servicios/tribunal-de-arbitraje – constituye un referente regional de primer orden, con árbitros especializados, reglamento propio y reconocida trayectoria en la resolución ágil de controversias comerciales y financieras. 

Impacto real

1)    Para el Inversor:

•    Democratización del acceso: tickets mínimos eliminan las barreras de entrada históricas del real estate, habilitando a inversores de clase media a participar en activos de alta calidad.

•    Liquidez potenciada: la negociabilidad en mercado secundario (BYMA) y el fondo de liquidez del fideicomiso ofrecen salidas que el ladrillo tradicional no contempla.

•    Trazabilidad y transparencia: el inversor puede verificar en tiempo real el estado de su posición, la trazabilidad de sus tokens y el desempeño del activo subyacente.

•    Renta en dólares: en el caso Espacio Añelo, la renta se cobra en moneda dura a partir del día 30, constituyendo un vehículo de dolarización de ahorro dentro de un entorno regulado.

2)    Para el Mercado de capitales en general

•    Ampliación del universo de activos: la RG N° 1087/2025 habilita la tokenización de acciones, ONs, CEDEARs y cuotapartes de FCI cerrados, abriendo el mecanismo a toda la cadena de valor del mercado de capitales.

•    Posicionamiento regional: Argentina avanza como referente latinoamericano en finanzas digitales, atrayendo inversión extranjera interesada en acceder a activos reales argentinos a través de instrumentos digitales regulados.

•    Extensión a otros sectores: el modelo es replicable a activos agropecuarios (certificados de depósito de granos tokenizados), mineros, de infraestructura energética y de deuda corporativa, configurando un ecosistema en expansión.

3)    Para el Mercado Inmobiliario

•    Financiamiento alternativo: la tokenización habilita a desarrolladores a captar capital de un universo ampliado de inversores, reduciendo la dependencia del crédito bancario y del financiamiento tradicional.

•    Revitalización urbana: la tokenización puede ser un catalizador de inversión en zonas urbanas con potencial subutilizado, como el microcentro rosarino.

•    Nuevos modelos de negocio: la gestión integral (construcción + administración + tokenización) emerge como modelo de negocio diferenciado y replicable a escala.

La tokenización de activos reales en Argentina ha superado la fase experimental para consolidarse como una innovación financiera y jurídica de impacto sistémico. Los casos ya activos y los que se están gestando, evidencian que los marcos regulatorio, tecnológico, jurídicos y de negocio están maduros para escalar esta práctica, con beneficios concretos para los inversores, emisores potenciando nuestro mercado de capitales de aquí en más. Ya no es posible hablar de tokenización como moda tecnológica, sino de una innovación tecnológica que está revolucionando de manera profunda el modo de mirar la infraestructura financiera global.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin