Economía informal

La UIA reclama un pacto fiscal federal para bajar impuestos y recuperar competitividad

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La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner el foco sobre uno de los principales reclamos históricos del sector productivo: la reducción de la carga tributaria. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, propuso avanzar en un “pacto fiscal federal industrial” que involucre a la Nación, las provincias y los municipios con el objetivo de reducir impuestos en los tres niveles del Estado y aliviar el denominado “costo argentino”.

La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno nacional impulsa desregulaciones y apertura económica, mientras buena parte de la industria advierte que enfrenta una competencia cada vez más intensa sin una reducción equivalente de los costos internos. Para la UIA, la presión fiscal sigue siendo el principal factor que explica los elevados precios domésticos y la pérdida de competitividad frente a otros países.

“Seguimos liderando la presión fiscal a nivel global, somos los Messi de la presión fiscal”, afirmó Rappallini al exponer un informe de la entidad que compara la carga tributaria argentina con la de las 30 economías más importantes del mundo. Según el dirigente, el problema no se limita a los impuestos nacionales, sino que se agrava por la superposición de tributos provinciales y tasas municipales que terminan impactando sobre toda la estructura de costos.

La industria apunta contra el “costo argentino”

El diagnóstico de la UIA sostiene que durante las últimas tres décadas la política económica se apoyó más en aumentar impuestos que en expandir la economía formal. El resultado, según la entidad, fue un menor crecimiento del Producto Interno Bruto y una expansión de la informalidad, que hoy rondaría el 40% de la actividad.

Rappallini advirtió que la elevada presión tributaria genera un sistema “perverso” en el que cada vez más actores encuentran incentivos para operar fuera del circuito formal. En ese marco, la UIA plantea revisar tributos como el impuesto al cheque, Bienes Personales, Ingresos Brutos, sellos y los derechos de exportación.

La entidad reconoce, sin embargo, que las provincias enfrentan dificultades para resignar recaudación en un contexto de desaceleración del consumo y caída de ingresos fiscales. Por eso propone avanzar gradualmente, comenzando por los sectores con mayor carga impositiva y mayor exposición a la competencia internacional.

RIGI sí, pero también para la industria tradicional

Otro de los ejes del planteo industrial apunta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La UIA comparte la idea de ofrecer condiciones tributarias competitivas para atraer capitales, pero reclama que esos beneficios no se limiten únicamente a nuevos proyectos de gran escala.

“La industria tradicional también necesita reglas similares”, sostuvo Rappallini, al mencionar sectores como acero, automotriz, aluminio, plásticos y manufacturas que compiten directamente con productos importados.

El planteo refleja una preocupación creciente dentro del entramado fabril: mientras algunos sectores vinculados a energía, minería o infraestructura pueden acceder a regímenes especiales, gran parte de la industria manufacturera continúa operando con una estructura tributaria y financiera que considera más pesada que la de sus competidores externos.

Competencia china, plataformas digitales y consumo en baja

La UIA también alertó sobre la competencia desleal proveniente del exterior, particularmente desde China. Según Rappallini, ese país concentra alrededor del 55% del mercado global de acero, aluminio y plásticos y posee una capacidad productiva que podría derivar en posiciones dominantes si no hay respuestas coordinadas.

Además, denunció problemas de contrabando, subfacturación y dumping en rubros como calzado, celulares y cerveza, junto con la expansión de plataformas digitales que venden productos sin afrontar la misma carga impositiva que las empresas radicadas en el país.

En paralelo, el dirigente reconoció que el mercado interno sigue mostrando señales de debilidad, especialmente en construcción, textil y calzado. El objetivo de mínima para la industria, señaló, es recuperar los niveles de actividad de 2022 y evitar que la transición económica derive en cierres de empresas y pérdida de capacidades productivas.

El planteo de la UIA reabre un debate central para la economía argentina: cómo reducir impuestos sin desfinanciar a provincias y municipios que dependen en gran medida de tributos como Ingresos Brutos y tasas locales.

En la práctica, un eventual “pacto fiscal federal” implicaría una negociación política compleja entre la Casa Rosada, los gobernadores y los intendentes, en un contexto donde la prioridad oficial sigue siendo el equilibrio fiscal. La industria, sin embargo, sostiene que sin una reducción significativa del costo tributario será difícil consolidar inversiones, generar empleo y competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo.

“No estamos pidiendo protección, sino igualdad de condiciones”, resumió Rappallini, dejando en claro que el reclamo industrial ya no pasa solo por aranceles o barreras comerciales, sino por una reforma integral del esquema impositivo argentino.

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Operativo migratorio en La Matanza, 16 extranjeros irregulares detectados y cuatro detenidos en una feria clandestina

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Un operativo de control poblacional en una feria clandestina de Villa Celina, partido de La Matanza, expuso una combinación de irregularidades migratorias, comercio ilegal y violaciones a la Ley de Marcas. La intervención, coordinada por la Policía Federal a pedido de la Dirección Nacional de Migraciones, dejó 16 extranjeros en situación irregular detectados, cuatro detenidos y el secuestro de mercadería apócrifa y celulares robados, en una acción que marca un giro más activo en la fiscalización migratoria.

El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la zona oeste del Conurbano bonaerense. En el marco del operativo, los efectivos identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran de nacionalidad extranjera, y constataron que 16 ciudadanos residían en el país de manera irregular. Además, se detuvo a cuatro personas de nacionalidad boliviana, acusadas de administrar comercios que funcionaban dentro de una feria clandestina.

La intervención se realizó a requerimiento de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y estuvo a cargo de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA. Según fuentes policiales, el despliegue guarda similitudes operativas con los procedimientos que realiza en Estados Unidos el Immigration and Customs Enforcement (ICE), aunque con diferencias sustantivas en sus consecuencias administrativas.

Control migratorio, tecnología biométrica y regularización

Durante el operativo en Villa Celina, los agentes inspeccionaron galerías comerciales, puestos emplazados sobre la vía pública y locales del paseo de compras. Para la identificación de personas se utilizó el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil que permite la identificación rápida, junto con consultas cruzadas a las bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), de la DNM y del sistema SASI, que integra información biométrica y alfanumérica.

Como resultado de estas verificaciones, se labraron actas de Declaración Migratoria a los 16 ciudadanos extranjeros detectados en situación irregular. Además, se confeccionaron tres actas circunstanciadas contra responsables de locales comerciales que empleaban personas sin residencia regular en el país.

A diferencia de los operativos del ICE estadounidense, desde las fuerzas federales aclararon que “en la Argentina no se habló de expulsarlos como resultado del procedimiento, sino de intimarlos a regularizar su situación”, lo que marca un enfoque administrativo orientado a la normalización documental más que a la deportación inmediata.

Feria clandestina, marcas apócrifas y celulares robados

El operativo migratorio derivó también en la detección de graves infracciones comerciales y penales. Los funcionarios federales identificaron cuatro comercios con diversas anomalías: dos de ellos infringían la Ley de Marcas N° 22.362, mientras que en los otros dos se comprobó la comercialización de teléfonos celulares bloqueados por el ENACOM, al haber sido denunciados como sustraídos.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 70 dispositivos telefónicos, además de 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas apócrifas, evidenciando un circuito de comercialización ilegal que impacta tanto en la recaudación fiscal como en la competencia formal.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, quien ordenó la detención de los cuatro implicados —tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad boliviana—. Tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Impacto institucional y señales hacia la economía informal

El operativo en Villa Celina refleja un endurecimiento de los controles sobre la informalidad, donde confluyen migración irregular, trabajo no registrado y comercio ilegal. La articulación entre la DNM y la Policía Federal, sumada al uso de herramientas biométricas y bases de datos integradas, apunta a fortalecer la capacidad del Estado para detectar irregularidades estructurales en ferias y paseos de compras informales del Conurbano.

En términos económicos, el procedimiento pone el foco en sectores que afectan la competencia leal, la recaudación tributaria y la protección de marcas, mientras que, desde el plano institucional, refuerza el mensaje de que los controles migratorios se inscriben dentro de un esquema de regularización administrativa y persecución de delitos conexos, más que en políticas de expulsión masiva.

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