Economía Regional

Alertan por el impacto social de la desregulación en el sector yerbatero

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La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) profundizó la crisis del sector yerbatero y generó un impacto social directo sobre más de 11.000 familias productoras en Misiones, en un contexto donde los indicadores de exportación muestran buenos resultados, pero la economía interna de las chacras se deteriora de manera acelerada. Así lo advirtió la diputada provincial Arabela Soler, quien reclamó la restitución de las funciones del organismo como herramienta central para que los productores puedan negociar precios justos con el sector industrial.

La legisladora en dialogo con LT17 Radio Provincia sostuvo que la quita de atribuciones del Inym dejó a los pequeños productores sin mecanismos de protección en un mercado desregulado, lo que derivó en una fuerte asimetría dentro de la cadena yerbatera, con beneficios concentrados en los eslabones industriales y comerciales.

Asimetrías en la cadena yerbatera y deterioro de la economía rural

Soler describió un escenario de desigualdad estructural entre los distintos actores del sector. Mientras que los números de exportación muestran un desempeño positivo, la realidad de los productores primarios es diametralmente opuesta. “En materia de números y exportaciones nos está yendo muy bien, pero nuestra economía interna se está desplomando día a día”, señaló.

Según explicó, los sectores más perjudicados son aquellos que no son propietarios de la hoja verde, en particular los pequeños productores y algunos secaderos que funcionan como pymes y que hoy concentran stock de yerba canchada estacionada. En contraste, los molinos cuentan con mayor capacidad financiera y operativa para administrar su materia prima y sostener su posición en el mercado.

La diputada remarcó que la eliminación de la posibilidad de fijar precios de referencia, función que históricamente ejercía el Inym, dejó a los productores sin previsibilidad ni poder de negociación. “Al sector yerbatero le quitaron las funciones de la noche a la mañana y es por eso que se desploma”, afirmó, y contrastó esta situación con otros sectores productivos que aún conservan instancias de consenso para definir precios.

La agenda legislativa y el reclamo por la restitución de funciones del Inym

En este contexto, Soler destacó la agenda legislativa territorial impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, que permitió reunir a legisladores de todos los espacios políticos para analizar la crisis. “Estuvimos todos de acuerdo que acá no hay banderas políticas, no hay ideales, más que poder defender nuestro producto emblema”, sostuvo.

Durante ese encuentro, se realizó un diagnóstico compartido sobre una problemática que, según la diputada, se arrastra desde hace casi dos años. Lejos de tratarse de una situación inesperada, advirtió que el deterioro del sector es conocido y sostenido en el tiempo, y que ahora el desafío pasa por definir medidas concretas dentro de las herramientas disponibles a nivel provincial.

Soler fue enfática al señalar que, sin la restitución plena de las funciones del Inym —en particular la capacidad de establecer referencias de precios—, no habrá soluciones de fondo. “Sin las funciones del Inym o la de fijar un precio de nuestra materia prima no va a haber una solución mágica”, aseguró, aunque reconoció que podrían implementarse medidas paliativas con resultados a mediano plazo.

Entre el cese de cosecha y la subsistencia diaria

Más allá de las variables económicas, la legisladora puso el foco en el impacto social de la crisis. La mayoría de los productores yerbateros de Misiones son pequeños chacareros que dependen de la venta de hoja verde para cubrir gastos básicos. “Son productores que tienen que mandar al colegio a sus hijos, pagar la luz, vivir el día a día”, describió.

En ese escenario, las estrategias colectivas, como el cese de cosecha para forzar una suba de precios, se vuelven difíciles de sostener. “No todos tienen la posibilidad de esperar”, explicó Soler, al relatar la tensión entre la necesidad de mantener la unidad sectorial y la urgencia de generar ingresos para la subsistencia familiar.

La diputada insistió en que los productores deben apoyarse en el instituto que los nuclea y reforzar sus asociaciones para recuperar capacidad de negociación. En un contexto de libre mercado, subrayó la necesidad de contar con herramientas concretas que permitan sentarse a negociar con los industriales sin quedar en desventaja.

La crisis del Inym, concluyó, no es solo productiva ni económica: es una problemática social que atraviesa a miles de familias rurales y pone en riesgo la sostenibilidad del principal producto emblema de Misiones.

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Biofábrica acelera su expansión y exporta biotecnología a otras provincias

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Biofábrica Misiones S.A. proyecta para 2026 una etapa de fuerte expansión comercial, internacionalización tecnológica y consolidación institucional como referente nacional en biotecnología vegetal. La empresa estatal avanza con envíos sostenidos de plantines a distintas provincias, nuevos desarrollos productivos y la instalación de un Phytolab en la provincia de Buenos Aires, un hito que posiciona a Misiones como exportadora de tecnología aplicada al agro.

El proceso apunta a profundizar un perfil productivo basado en innovación, validación en campo y soberanía tecnológica, con impacto directo en las economías regionales, la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del entramado público-productivo.

Expansión comercial e internacionalización de la tecnología misionera

De cara a 2026, Biofábrica Misiones definió como ejes estratégicos la potenciación de la comercialización de sus productos y tecnologías, junto con un salto cualitativo en su posicionamiento institucional. Así lo confirmó el presidente de la empresa, Federico Miravet, al señalar que el objetivo es profundizar la presencia de la Biofábrica tanto en el mercado interno como en nuevas escalas de validación tecnológica.

“Dentro de los objetivos que tenemos para este 2026 está continuar potenciando la comercialización de los productos y la tecnología de la Biofábrica, como también la internacionalización”, afirmó. En ese sentido, remarcó que la empresa busca consolidarse no solo como referencia productiva, sino también como hub tecnológico, integrando validación en campo, producción de plantines, capacitación técnica y mantenimiento especializado.

Actualmente, la empresa mantiene envíos permanentes de material vegetal a distintas provincias del país. Entre los principales destinos se destacan los plantines de banano estilo Cavendish, con entregas continuas a la provincia de Salta durante todo el año, además de envíos a provincias cercanas como Corrientes. Esta operatoria refleja un esquema de producción sostenida y demanda constante de soluciones biotecnológicas desarrolladas en Misiones.

Un Phytolab en Buenos Aires y el impulso a la soberanía tecnológica

Uno de los hitos centrales del proceso de expansión es la instalación de un Phytolab en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires, a partir de un convenio firmado entre Biofábrica Misiones S.A. y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. El proyecto tiene como objetivo fortalecer la producción de kiwi mediante técnicas in vitro y reducir la dependencia de material vegetal importado.

El acuerdo establece que Biofábrica Misiones será responsable del abastecimiento integral del Phytolab, un laboratorio móvil especializado en la propagación de plantas a través del cultivo de tejidos vegetales in vitro. Esta tecnología forma parte del paquete de servicios que la provincia de Misiones transfiere al resto del país, consolidando un modelo de desarrollo basado en innovación aplicada y transferencia tecnológica.

La iniciativa permite ampliar la disponibilidad de plantas certificadas, mejorar la calidad del material vegetal y reducir costos productivos asociados a la importación, con impacto directo en la competitividad del sector frutícola.

Tecnología desarrollada en Misiones y mano de obra local

Otro aspecto estratégico del proyecto es su origen productivo. El Phytolab fue íntegramente diseñado y construido en la provincia de Misiones, con utilización de mano de obra local, y desarrollado de manera conjunta por Biofábrica Misiones S.A. y Sarasola Ingeniería. La iniciativa combina capacidades en biotecnología vegetal e ingeniería aplicada, fortaleciendo el entramado tecnológico provincial.

La infraestructura será entregada completamente conectada y lista para su puesta en funcionamiento en Miramar a mediados de 2026. De esta manera, se incorporará una herramienta clave para el desarrollo de la fruticultura bonaerense, con tecnología instalada en origen y cercana a los sistemas productivos.

El Phytolab estará enfocado principalmente en la producción de plantas de kiwi, un cultivo estratégico con creciente demanda y alto potencial productivo en la región, lo que refuerza el impacto económico e institucional del proyecto.

Palta injertada: una nueva línea de alto valor agregado

En paralelo al proceso de expansión territorial, Biofábrica Misiones avanza en la producción de plantines injertados de palta hass, con vistas a la próxima temporada de primavera. Esta línea estratégica apunta a mejorar la calidad genética, la productividad y la adaptación a distintos territorios.

“El injerto potencia la productividad, la resistencia a enfermedades y la adaptabilidad a las condiciones locales de suelo y clima”, explicó Miravet. El desarrollo refuerza la orientación de la empresa hacia soluciones de alto valor agregado, alineadas con las demandas productivas y los desafíos sanitarios y climáticos del sector agroindustrial.

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APAM alerta por la desregulación del INYM y reclama un precio justo para la yerba mate

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La Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM) encendió una señal de alarma por la situación que atraviesa el sector yerbatero tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según advirtieron, la eliminación del marco regulatorio provocó un profundo desequilibrio económico, con caída de precios, pérdida de rentabilidad y graves consecuencias sociales en las colonias productivas. En ese contexto, la entidad reclamó un precio justo de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde, al considerar que los valores actuales no cubren los costos de producción ni garantizan la continuidad de la actividad.

Desde APAM sostuvieron que la desregulación dejó al sector “librado a las fuerzas del mercado”, en un esquema que calificaron como altamente concentrado e imperfecto, donde los pequeños productores carecen de poder de negociación frente a un número reducido de compradores.

Un mercado concentrado y precios a la baja tras la eliminación del marco legal

La entidad explicó que la estructura del mercado yerbatero presenta asimetrías profundas. Por un lado, existen alrededor de 13 mil pequeños productores, de los cuales el 80% posee menos de ocho hectáreas. Por el otro, un grupo muy reducido de empresas compradoras concentra el poder de mercado.

Según detallaron, dos grandes empresas correntinas concentran cerca del 50% del mercado, y si se suma una firma de Misiones, ese porcentaje se eleva aún más. Esta concentración, advirtieron, permite a esos actores imponer precios bajos, en detrimento de la producción primaria.

Desde APAM señalaron que la desregulación del INYM desarticuló el sistema que ordenaba la actividad, generando un escenario donde “hoy pagan lo que quieren”. Como consecuencia, afirmaron que muchos trabajadores rurales se ven forzados a migrar a Brasil para realizar tareas de cosecha, ante la imposibilidad de percibir ingresos suficientes en el circuito yerbatero local.

Antecedentes regulatorios y el rol histórico del INYM

La asociación recordó que el sector ya atravesó una experiencia similar tras la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) en la década del noventa, cuyos efectos negativos sobre la producción primaria fueron luego reconocidos por los propios actores de la cadena.

Como respuesta a ese proceso, se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, con el objetivo de garantizar costos de producción y márgenes mínimos de rentabilidad, a través de un sistema de negociación institucionalizada. Sin embargo, desde APAM cuestionaron que el actual proceso de desregulación haya eliminado ese marco legal, dejando sin herramientas de protección a los productores.

“La mesa del INYM siempre fue compleja, un verdadero campo de batalla, pero existía un marco legal”, señalaron desde la entidad. En ese esquema, explicaron, si no se alcanzaba unanimidad en la definición del precio, la Nación debía laudar, y ese laudo aseguraba al menos la cobertura de los costos de producción.

En esa línea, defendieron el requisito de unanimidad como una herramienta clave para la producción primaria. “Los únicos que vendemos materia prima somos los productores. El resto compra. Si el precio se definiera por mayoría, se fijaría un valor vil que nos dejaría afuera del sistema”, afirmaron.

Impacto social en las colonias y reclamo de una salida política

La crisis derivada de la desregulación ya se manifiesta con fuerza en las zonas rurales. Desde APAM advirtieron sobre la proliferación de carteles de venta de chacras y propiedades rurales, una señal concreta del deterioro económico y social que atraviesa la actividad yerbatera en Misiones.

Frente a este escenario, la entidad reclamó una salida política urgente y pidió que las máximas autoridades de la provincia intervengan ante el Gobierno nacional. “Pedimos que se sienten con el Presidente y se resuelva esta situación. El marco legal existe y se llama Instituto Nacional de la Yerba Mate”, expresaron.

Finalmente, APAM reiteró su histórico reclamo por un precio justo de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde, un valor que, aseguraron, está respaldado por documentos, publicaciones y antecedentes históricos del sector. “Históricamente sostenemos ese precio y en varios períodos incluso estuvimos por encima de ese valor”, concluyeron.

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Acuerdo tabacalero: “En momentos complejos, el diálogo y el consenso son el camino”

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La Comisión de la Mesa Tabacalera alcanzó un acuerdo clave para la campaña 2026 al fijar el precio del tabaco Burley Clase B1F en $4.062 por kilo. El entendimiento, anunciado por el gobernador Hugo Passalacqua, aporta previsibilidad a miles de productores misioneros, ordena el inicio del acopio y refuerza la estabilidad de una de las principales economías regionales de la provincia, en un contexto macroeconómico complejo.

Un acuerdo estratégico para la campaña tabacalera 2026

El acuerdo fue formalizado este miércoles en Leandro N. Alem, tras varias semanas de negociación en el ámbito de la Mesa Tabacalera, espacio que reúne a la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones, la Cámara del Tabaco de Misiones, la Asociación Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones, cooperativas y el sector industrial.

El precio de referencia fijado para el tabaco Burley Clase B1F quedó establecido en $4.062 por kilo, valor que será de cumplimiento obligatorio para las empresas adherentes al acta firmada. La definición permite habilitar de manera inmediata el inicio del acopio, una instancia central para ordenar la comercialización y reducir tensiones entre productores e industria.

El gobernador Hugo Passalacqua destacó el proceso de negociación como una herramienta política e institucional clave para sostener la actividad. “En momentos complejos, el diálogo y el consenso son el camino”, señaló, y valoró el trabajo conjunto de los actores que integran la Mesa Tabacalera, al remarcar que el precio acordado “acompaña y supera la inflación interanual del NEA”.

Desde el punto de vista económico, el incremento acordado representa aproximadamente un 30% respecto de la temporada anterior, acercándose a las expectativas planteadas por los representantes de los productores y otorgando una señal de previsibilidad en un escenario de costos crecientes.

Impacto económico y previsibilidad para productores e industria

El acta firmada establece una grilla oficial de precios que deberá ser respetada por las empresas habilitadas, lo que fortalece el marco de reglas claras para toda la cadena productiva. Para los productores, la definición del precio era una condición indispensable para avanzar con la venta de la cosecha y planificar la campaña en términos financieros y operativos.

Passalacqua subrayó que “este acuerdo, alcanzado con responsabilidad entre productores, cooperativas, empresas e instituciones, brinda previsibilidad, fortalece la cadena productiva y refleja el trabajo conjunto de los misioneros para defender la producción y el empleo”. La declaración pone el foco en el rol del Estado provincial como articulador y garante de consensos sectoriales.

El inicio del acopio, habilitado tras el acuerdo, permite además ordenar el mercado, evitar prácticas desleales y reducir la incertidumbre en un sector altamente sensible a las variaciones de precios y a los tiempos de comercialización.

Antecedentes y proyección de la actividad tabacalera en Misiones

La actividad tabacalera continúa siendo uno de los pilares de la economía regional. Durante la campaña anterior, Misiones registró un récord de acopio superior a los 39 millones de kilos, un volumen que consolidó el peso económico y social del sector en amplias zonas rurales de la provincia.

Para el ciclo actual, las proyecciones apuntan a repetir volúmenes similares, lo que refuerza la relevancia del acuerdo alcanzado. La fijación del precio de referencia no solo impacta en los ingresos de los productores, sino también en el empleo rural, el movimiento de cooperativas, la actividad industrial y la dinámica comercial de numerosas localidades del interior misionero.

En un contexto económico nacional desafiante, el entendimiento en la Mesa Tabacalera se presenta como una señal de estabilidad institucional y coordinación público-privada, con efectos directos sobre la sostenibilidad de la producción y la defensa del empleo en la provincia.

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El histórico frigorífico Pico paraliza su planta y expone la gravedad de la crisis de la carne

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El histórico frigorífico pampeano creador de la hamburguesa Paty, marca que se volvió genérica en el consumo argentino, suspendió a sus 450 empleados tras una fuerte caída de las ventas internas, el desplome de las exportaciones cárnicas y una deuda asfixiante superior a los $30.000 millones. La paralización de la planta, ubicada en Trenel, La Pampa, expone la profundidad de la crisis del sector frigorífico y abre un frente de alto impacto económico, social e institucional en una de las principales economías regionales de la provincia.

La empresa, uno de los símbolos de la industrialización de la carne en el país desde los años ’60, pasó de faenar cerca de 600 cabezas diarias de ganado vacuno a apenas 50, una contracción que grafica con crudeza el deterioro de la actividad y la inviabilidad operativa actual. La decisión dejó en vilo no solo a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.

Caída del consumo, desplome exportador y una deuda que ahoga

El frigorífico Pico quedó atrapado en un doble frente recesivo: un consumo interno estancado en mínimos históricos y una retracción de las exportaciones de carne vacuna del 7,3% durante 2025, con una caída aún más marcada en los envíos a China, principal destino del producto argentino, del 12,3%.

La merma del comercio exterior impactó de lleno en su estructura de ingresos. La empresa dependía en buena medida de las exportaciones para sostener su nivel de actividad, por lo que el freno externo aceleró un deterioro que venía gestándose desde hacía varios años. De hecho, hace aproximadamente un año inició un proceso de achique que afectó a cerca de 100 trabajadores, anticipo de la decisión más drástica adoptada ahora.

A este cuadro se sumó una situación financiera crítica. La compañía acumula deudas superiores a los $30.000 millones, de los cuales cerca de $9.000 millones corresponden solo al Banco de La Pampa. Además, según datos del Banco Central, el frigorífico registra más de mil cheques rechazados, un indicador que revela severos problemas de liquidez y dificultades para cumplir compromisos corrientes.

El intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, confirmó que la empresa adeuda varios meses de pagos a productores de la zona y de la vecina localidad de Eduardo Castex, lo que profundiza el impacto económico regional y genera un efecto dominó sobre el entramado productivo local.

Como medida paliativa, la compañía informó a su personal que abonará una suma de $500.000 correspondiente al mes en curso y entregará la carne semanal, en un intento por aliviar parcialmente la situación de los trabajadores suspendidos.

Un emblema en crisis y el efecto dominó sobre la economía regional

Fundado en los albores de los años ’60, el frigorífico Pico pertenece a Ernesto “Tito” Lowenstein y su hijo Alan Lowenstein, representantes de la séptima generación familiar dedicada al negocio de la carne. Tres generaciones desarrollaron la actividad en Argentina, mientras que las anteriores lo hicieron en Europa. La familia también es creadora del complejo turístico Las Leñas, otro ícono empresarial del país.

Desde estas instalaciones surgió Paty, la marca pionera de hamburguesas industriales en Argentina, lanzada en los años ’60 por Quickfood. Su uso masivo transformó el nombre comercial en un genérico popular: para millones de argentinos, pedir “unos patys” equivale a solicitar medallones de carne para hamburguesas. Cada caja tradicional contiene cuatro unidades que pesan en total 450 gramos.

El colapso operativo del frigorífico genera preocupación creciente en Trenel, donde la planta funciona como uno de los principales motores económicos. La suspensión masiva compromete el ingreso de cientos de familias y golpea de lleno al comercio, el transporte, los proveedores de insumos y los productores ganaderos.

Un sector en emergencia: conflictos, paros y tomas de plantas

El caso de Pico se inscribe en un escenario de crisis extendida en la industria cárnica. En Santa Fe, el frigorífico Euro mantiene su planta tomada desde hace más de dos meses en reclamo por salarios impagos. En las últimas semanas, también se sumaron conflictos en Granja Tres Arroyos y en los frigoríficos Euro y Bernasconi.

En particular, cerca de 300 trabajadores de la planta que Granja Tres Arroyos posee en Pilar realizaron paros intermitentes por la falta de pago de salarios y de una parte del aguinaldo de diciembre. Estos episodios exponen la profundidad de la crisis que atraviesa el negocio vacuno, aviar y porcino, presionado por costos crecientes, caída de la demanda y restricciones financieras.

Los gremios del sector advierten que el deterioro se extiende a buena parte del entramado frigorífico nacional, y señalan al caso Pico como uno de los más emblemáticos por su peso histórico y simbólico. La paralización de la planta pampeana se convirtió así en un termómetro social y productivo de un sector estratégico para el empleo, las exportaciones y el ingreso de divisas.

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