Promoción del Empleo Registrado: ARCA reglamentó el blanqueo laboral con condonación de hasta el 90% de la deuda previsional
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la reglamentación operativa del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida habilita a las empresas privadas a regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales, además de planes de pago de hasta 72 cuotas para los saldos remanentes.
La resolución general 5862, publicada este jueves en el Boletín Oficial, transforma en un mecanismo concreto uno de los capítulos más relevantes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Para el sector productivo, la norma abre una ventana temporal para corregir contingencias laborales acumuladas sin enfrentar la totalidad de las cargas históricas, reduciendo significativamente el costo de formalización.
Una herramienta para reducir pasivos laborales ocultos
El régimen alcanza a relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. El plazo para regularizar se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.
Desde la óptica empresarial, la principal novedad es la magnitud de la condonación sobre aportes y contribuciones adeudados:
- 90% de reducción para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.
- 80% para medianas empresas tramo 1 y 2.
- 70% para el resto de los empleadores.
Además, el régimen elimina el total de la deuda vinculada al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio para los trabajadores regularizados.
La decisión apunta a resolver uno de los principales obstáculos para la formalización: el elevado costo acumulado de las obligaciones previsionales retroactivas, que en muchos casos termina convirtiéndose en una barrera económica para blanquear personal.
Para provincias con una fuerte presencia de pequeñas empresas familiares, cooperativas, establecimientos agroindustriales y comercios de escala reducida, como Misiones y el resto del NEA, la medida adquiere una relevancia especial.
Gran parte del empleo regional se concentra en actividades intensivas en mano de obra, donde históricamente coexistieron situaciones de informalidad parcial o registraciones deficientes vinculadas a antigüedad o remuneraciones declaradas por debajo de los ingresos reales.
Sectores como: Agroindustria, Producción forestal, Yerba mate, Té, Comercio fronterizo, Servicios turísticos, Transporte y logística, podrían encontrar en este esquema una oportunidad para regularizar personal con un costo significativamente inferior al que implicaría afrontar la totalidad de las obligaciones acumuladas.
Financiamiento accesible para completar la regularización
La resolución también reglamenta un plan especial de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada.
Las condiciones son diferenciadas según el tamaño de la empresa:
- 72 cuotas y anticipo del 3% para micro y pequeñas empresas.
- 48 cuotas y anticipo del 4% para medianas empresas.
- 36 cuotas y anticipo del 5% para grandes empleadores.
La tasa de financiación será del 1% mensual, un costo financiero relativamente bajo en comparación con los niveles históricos de financiamiento empresarial en Argentina.
Para los tomadores de decisiones, este punto resulta central: la combinación de condonación parcial y financiamiento extendido reduce el impacto inmediato sobre la caja de las compañías que opten por regularizar personal.
La lógica económica detrás del régimen busca desplazar el enfoque sancionatorio tradicional hacia un esquema de incentivos.
La reglamentación contempla incluso situaciones detectadas mediante inspecciones laborales que aún se encuentren en discusión administrativa o judicial, permitiendo su incorporación al programa siempre que las deudas no hayan sido canceladas.
Desde el punto de vista de la gestión empresaria, esto podría contribuir a disminuir contingencias laborales futuras, mejorar la trazabilidad de las relaciones laborales y fortalecer el acceso al crédito, especialmente para empresas que requieren demostrar cumplimiento normativo ante entidades financieras o programas de promoción productiva.
Lo que deberán evaluar las empresas
La adhesión no es automática. Los empleadores deberán rectificar altas laborales, corregir fechas de ingreso o actualizar remuneraciones mediante los sistemas digitales de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.
La disponibilidad operativa comenzará el 16 de junio de 2026, fecha desde la cual podrán iniciarse los trámites de regularización.
Para muchas pymes, la decisión pasará por comparar el costo actual del blanqueo con el riesgo potencial de mantener situaciones irregulares en un contexto donde los sistemas de fiscalización y cruce de información muestran una creciente digitalización.
La efectividad del PER no dependerá únicamente de los beneficios fiscales. El indicador clave será la capacidad de las empresas para transformar una regularización excepcional en empleo formal sostenible. En economías regionales donde la competitividad continúa condicionada por costos laborales, tributarios y logísticos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para reducir informalidad. El verdadero impacto se medirá a partir de cuántas pymes decidan aprovechar esta ventana antes del cierre previsto para noviembre.
