En un contexto donde las decisiones de inversión privada se han vuelto más selectivas, la inauguración de una nueva sucursal comercial adquiere un significado que trasciende la apertura de un local. La expansión de empresas de capital misionero refleja la capacidad del sector privado para seguir apostando por el crecimiento, generar empleo y fortalecer las economías locales. Bajo esa lógica, Supermercados Ceferino inauguró su séptima sucursal en Eldorado, consolidando su presencia en la provincia y reafirmando el protagonismo de las empresas familiares en el desarrollo económico regional.
La nueva sede, ubicada en el kilómetro 3 de la zona oeste de Eldorado, abrirá sus puertas al público este sábado 1 de agosto desde las 8.30. La inversión representa un nuevo paso en la expansión de una firma nacida en Misiones que, a lo largo de los años, logró consolidarse como uno de los principales actores del comercio minorista del norte provincial.
El acto inaugural contó con la participación del gobernador Hugo Passalacqua, quien destacó el valor del esfuerzo empresarial y el impacto que tienen este tipo de inversiones sobre la economía local. El mandatario remarcó que cada nueva apertura implica mayores oportunidades para la comunidad, tanto por la generación de empleo como por el fortalecimiento del circuito económico interno.
Durante su discurso, Passalacqua puso el foco en el carácter familiar de la empresa y en la continuidad generacional que explica su crecimiento. “Solo hay una forma de crecer: juntos, trabajando juntos”, afirmó, al señalar que detrás de la nueva sucursal existe el trabajo articulado de varias generaciones de la familia Rodríguez. Para el gobernador, ese recorrido representa un modelo de desarrollo basado en el compromiso, el arraigo y la construcción de proyectos de largo plazo dentro de la provincia.
El mandatario también valoró la decisión de continuar invirtiendo en un escenario económico complejo. Sostuvo que iniciativas como esta reflejan el espíritu emprendedor de los misioneros y la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. En ese sentido, definió a Ceferino como una empresa que logró construir una identidad vinculada no solo a la competitividad en precios, sino también a valores como la cercanía, la humildad y el compromiso con la comunidad.
Desde la empresa, Candela Rodríguez expresó la satisfacción que representa la inauguración de la nueva sucursal y subrayó uno de los aspectos más relevantes del proyecto: la totalidad de los trabajadores incorporados pertenece a la zona oeste de Eldorado. La decisión de contratar personal local fortalece el impacto económico de la inversión, al generar nuevas oportunidades laborales y dinamizar el consumo dentro del propio municipio.
El caso de Ceferino refleja el papel que cumplen las empresas familiares en la estructura económica de Misiones. Más allá del crecimiento comercial, estas iniciativas sostienen cadenas de valor locales, promueven el empleo formal y consolidan un modelo de desarrollo con fuerte arraigo territorial. En una provincia donde el comercio enfrenta desafíos adicionales derivados de la competencia fronteriza con Brasil y Paraguay, la expansión de firmas locales constituye una señal de confianza sobre el potencial del mercado interno.
La apertura de la séptima sucursal también pone de manifiesto la importancia de generar condiciones que permitan a las empresas reinvertir y expandirse. Cada nuevo establecimiento implica mayor actividad económica, nuevas fuentes de trabajo y una oferta comercial más cercana para los consumidores, consolidando un círculo virtuoso donde la inversión privada y el desarrollo regional avanzan de manera conjunta.
Con esta inauguración, Supermercados Ceferino no solo amplía su presencia en Eldorado, sino que reafirma un modelo empresarial construido sobre el trabajo familiar, la permanencia en el territorio y la generación de valor para la economía misionera, demostrando que el crecimiento sostenible continúa encontrando espacio cuando la inversión mantiene una mirada de largo plazo.
La discusión sobre el futuro de la propiedad de la tierra volvió a instalarse en la agenda política nacional y encontró una respuesta contundente desde Misiones. Durante un encuentro con representantes del sector yerbatero, el gobernador Hugo Passalacqua ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras, al considerar que una mayor apertura a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros podría afectar el control de recursos estratégicos y la planificación del desarrollo provincial.
El pronunciamiento se produjo en el marco de una reunión en Casa de Gobierno con asociaciones de productores, cooperativas, sindicatos rurales y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), convocada para analizar la crisis que atraviesa la cadena yerbatera. Sin embargo, el debate trascendió la coyuntura del sector y derivó en uno de los temas que hoy genera mayor tensión entre las provincias y la Nación: la administración del territorio y la autonomía sobre los recursos naturales.
Según información oficial otro de los temas abordados durante la reunión fue el proyecto nacional que propone modificar la Ley de Tierras y ampliar el porcentaje permitido para la adquisición de propiedades rurales por parte de extranjeros.
En ese marco, el gobernador reiteró su rechazo a la iniciativa y sostuvo que Misiones no acompañará medidas que comprometan el control sobre sus recursos estratégicos y su territorio. Por último, advirtió que “si el Estado no está” se pierde el equilibrio entre las dinámicas del mercado y las necesidades del conjunto de la sociedad.
La posición del mandatario se apoya en una característica estructural de Misiones. La provincia registra una de las mayores participaciones de tierras en manos de capitales extranjeros del país, una realidad que históricamente alimentó el debate sobre los límites a la concentración de la propiedad rural y la preservación del dominio local sobre áreas consideradas estratégicas.
El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, reforzó esa postura al señalar que la provincia mantendrá una posición firme frente al proyecto nacional. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó tras el encuentro.
El posicionamiento provincial se inscribe en una discusión de mayor alcance sobre el federalismo y las competencias de las provincias en la administración de sus recursos. Para la gestión misionera, la tierra no constituye únicamente un activo económico, sino también un componente central de la planificación territorial, la producción agropecuaria, la conservación ambiental y el arraigo de las comunidades rurales.
La defensa de la Ley de Tierras se articuló con otro de los ejes centrales de la reunión: la crisis de la actividad yerbatera. Productores presentaron un anteproyecto para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, en respuesta a la pérdida de las facultades regulatorias del INYM. En ese contexto, Passalacqua reiteró su respaldo a la recuperación de las atribuciones del organismo y aseguró que continuará impulsando herramientas para proteger a quienes sostienen la principal economía regional de Misiones.
“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, expresó el gobernador, al tiempo que insistió en que la provincia continuará trabajando junto con los distintos sectores para construir alternativas mientras persista el vacío regulatorio generado por las modificaciones nacionales sobre el INYM.
La crisis de la producción primaria de yerba mate dio un nuevo paso hacia la búsqueda de una respuesta institucional. Tras reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, representantes de asociaciones de productores y de los tareferos entregaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia yerbatera en Misiones y crear un régimen extraordinario para proteger a los pequeños productores mediante la fijación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde. La iniciativa busca contener una situación que, según los impulsores, ya dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza para la economía provincial.
El abogado de las asociaciones de productores, Federico Padolsky, explicó a Economis que el encuentro permitió abrir una instancia de trabajo con el Ejecutivo provincial. “Le presentamos un proyecto de ley de emergencia. Entendemos que se tiene que decretar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones. El gobernador nos escuchó y nos dijo que estaba totalmente de acuerdo con lo que le comentaron tanto tareferos como productores”, señaló.
Como resultado de la reunión, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo para revisar la iniciativa y darle forma definitiva antes de enviarla a la Cámara de Representantes de Misiones para su tratamiento legislativo.
De la reunión participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), encabezados por Hugo Sand; representantes del INYM, de la Asociación del Alto Uruguay, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, de la Cooperativa Río Paraná y del Movimiento Agrario de Misiones, además de integrantes del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA), de la UATRE y de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.
Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones
“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, afirmó Passalacqua
A través de un comunicado emitido por Casa de Gobierno, se indicó que el mandatario propuso avanzar con una mesa de diálogo para profundizar el análisis de la situación y manifestó su acompañamiento a los reclamos de los productores. “Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, remarcó.
El gobernador también ratificó su respaldo a la recuperación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, afirmó.
Además, sostuvo que las cuestiones de mercado no resuelven por sí solas todos los problemas económicos de los ciudadanos y señaló que la situación que atraviesa la actividad yerbatera “priva a todos los misioneros” de mejores condiciones de vida.
La propuesta se sustenta en un diagnóstico económico contundente. Según expusieron los representantes del sector durante el encuentro, la caída del precio de la hoja verde provocó que aproximadamente 250.000 millones de pesos dejaran de ingresar al circuito económico de Misiones, afectando no solo a los productores y tareferos, sino también al comercio, los municipios y toda la economía del interior.
Padolsky remarcó que la problemática no responde a una crisis del negocio yerbatero en su conjunto, sino específicamente al eslabón más débil de la cadena productiva. “No es la crisis del negocio yerbatero; es la crisis del sector primario. Al desaparecer la herramienta de regulación de precios, los pequeños productores perdieron capacidad de negociación y hoy enfrentan un proceso acelerado de descapitalización“, sostuvo.
Foto Prensa Casa de Gobierno
El planteo coincide con los fundamentos del proyecto de ley presentado al gobernador. Allí se argumenta que la crisis actual no se explica por una sobreproducción ni por una caída del consumo, sino por una alteración en las condiciones de negociación de la materia prima tras los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que limitaron las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La iniciativa propone declarar la emergencia por 360 días para productores cuya unidad económica no supere las 50 hectáreas, facultando al Poder Ejecutivo provincial a establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. Ese valor debería cubrir los costos de producción, la mano de obra, las obligaciones previsionales y tributarias, además de garantizar un margen de rentabilidad que permita la continuidad de las explotaciones familiares.
El proyecto aclara que no pretende reemplazar al INYM ni modificar el régimen nacional, sino ejercer las competencias que conserva la Provincia para proteger el trabajo rural y evitar el colapso de la principal economía regional misionera. También contempla facultades de fiscalización, control y sanciones para quienes paguen por debajo del precio mínimo establecido.
Uno de los aspectos que más destacaron los representantes del sector es el perfil social de los beneficiarios de la iniciativa. “Cuando hablamos de productores no estamos hablando de grandes empresarios. El promedio es de 20 hectáreas y el límite que propone la ley es de 50 hectáreas. Estamos hablando de minifundistas, de familias agrarias que viven exclusivamente de ese ingreso“, explicó Padolsky.
Esa mirada también fue compartida por el gobernador durante el encuentro, según relataron los participantes, al reconocer que la crisis excede a la producción primaria y termina impactando sobre toda la estructura económica provincial.
Una herramienta transitoria para evitar el colapso
El proyecto de emergencia plantea un mecanismo excepcional, pero con un objetivo concreto: evitar que miles de pequeños productores abandonen la actividad mientras se redefine el marco regulatorio nacional.
En sus fundamentos sostiene que el federalismo habilita a la Provincia a ejercer sus competencias constitucionales cuando está comprometida la continuidad de una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Misiones.
La propuesta busca instalar un piso de negociación, no un precio único. El texto deja expresamente establecido que cualquier comprador podrá pagar por encima del Precio Mínimo Sostén, pero nunca por debajo de ese valor, considerado indispensable para garantizar la supervivencia económica de las explotaciones familiares.
Con la conformación de la mesa de trabajo entre el Gobierno provincial y las organizaciones del sector, la discusión ingresa ahora en una etapa política. Si prospera el consenso, Misiones podría debatir en las próximas semanas una ley que intenta convertirse en el principal instrumento provincial para contener una crisis que ya trasciende a la yerba mate.
Un proyecto para sostener el precio de la hoja verde
Tras la reunión, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, se refirió al proyecto presentado por los productores para abordar la situación del sector yerbatero. “Vinieron a presentar un proyecto de ley para buscar levantar el precio de la hoja verde, que es la principal problemática que venimos trabajando desde hace dos años, a partir de que el INYM perdió su función de regular un precio mínimo”, señaló.
El ministro indicó que el gobernador instruyó al Ejecutivo provincial a trabajar junto con la Cámara de Representantes en herramientas legislativas que permitan proteger a productores y trabajadores rurales mientras continúe la discusión nacional sobre las atribuciones del instituto. “Vamos a seguir defendiendo que se devuelvan las facultades del INYM y, mientras eso no ocurra, como provincia autónoma vamos a trabajar para buscar un mejor precio y respaldo para los trabajadores rurales”, sostuvo.
Foto Prensa Casa de Gobierno
Asimismo, se refirió a la postura del Gobierno provincial respecto del proyecto de modificación de la Ley de Tierras. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó.
Una agenda común para el futuro de la Yerba Mate
En diálogo con los medios tras la reunión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, destacó la necesidad de avanzar en herramientas que permitan sostener la actividad y mejorar las condiciones del sector.
“Ese valor debe contemplar los costos de producción, un margen de rentabilidad para el productor y las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores puedan desempeñarse dignamente”, expresó.
Foto Prensa Casa de Gobierno
“Nosotros no nos resignamos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate cumplió con sus obligaciones y con sus funciones. En el mientras tanto, necesitamos una herramienta de emergencia que nos permita sostener a los pequeños y medianos productores”, sostuvo.
Sand también valoró la propuesta del gobernador de generar un espacio de trabajo conjunto para abordar la crisis del sector. “El señor gobernador nos ofreció generar una mesa de diálogo y creemos que a partir de ahí tenemos que convocar a toda la comunidad y a todos los sectores sociales para defender los derechos de los ciudadanos”, afirmó.
La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.
El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.
Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.
“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.
Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.
Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.
“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.
La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.
El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.
En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.
Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.
Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.
Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.
El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.
Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.
Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones
La crisis de la producción yerbatera sumó un nuevo actor institucional de peso. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, recibió este miércoles a representantes de productores, tareferos y organizaciones civiles de Misiones, quienes expusieron el profundo deterioro económico y social que atraviesa la actividad. Tras el encuentro, el titular de la Diócesis de Posadas advirtió que la provincia enfrenta una situación de emergencia y sostuvo que “todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.
La reunión fue solicitada por las entidades que representan a miles de familias vinculadas a la producción de yerba mate. Para el obispo, el principal objetivo fue escuchar de manera directa una realidad que ya conoce a partir de sus recorridas pastorales por toda la provincia, pero que esta vez llegó con el respaldo de organizaciones que expresan la problemática de pequeños productores y trabajadores rurales.
Martínez diferenció la realidad del sector yerbatero misionero de otros conflictos agropecuarios del país. Remarcó que en Misiones predominan los pequeños productores y los tareferos, familias que dependen exclusivamente de la actividad para subsistir y que hoy enfrentan un escenario de extrema vulnerabilidad.
“Acá no estamos hablando de grandes terratenientes ni de grandes capitalistas. Estamos hablando de pequeños productores y tareferos que padecen circuitos de injusticia y que hoy, según ellos mismos manifestaron, ya no pueden sobrevivir”, afirmó.
El obispo explicó que la crisis trasciende al sector primario y termina afectando a toda la economía de los pueblos del interior. Cuando el ingreso de quienes producen y cosechan yerba desaparece, también se resiente el consumo, caen las ventas en los comercios y se deteriora la actividad económica local.
“Esa depresión económica alcanza al supermercado, al almacén, al comerciante, a las fuentes de trabajo. Es un problema social que impacta sobre toda la comunidad”, describió.
Durante la reunión surgió además la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001.
El obispo consideró que aquel antecedente demuestra que el diálogo institucional puede contribuir a ordenar situaciones complejas cuando los sectores afectados logran expresar sus demandas de manera organizada.
Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.
“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.
En ese sentido, llamó a que las políticas públicas contemplen especialmente a los sectores más vulnerables y recordó que el desarrollo económico solo resulta sostenible cuando incorpora inclusión social.
Frente a las familias que hoy atraviesan la crisis productiva, Martínez dejó un mensaje de esperanza, pero también de organización comunitaria.
“Nunca hay que bajar los brazos. En los momentos difíciles es fundamental mantenerse unidos, organizarse y sostener la esperanza”, expresó.
Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.
Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.
“Tenemos que defender nuestros minerales, el litio, el acuífero y todos aquellos recursos que forman parte del patrimonio nacional. Si no existe un discernimiento adecuado, podemos terminar entregando riquezas que condicionarán el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.
Para el obispo, la actual crisis yerbatera también debe interpretarse como una oportunidad para fortalecer los espacios de diálogo entre el Estado, los sectores productivos y las organizaciones sociales. Consideró que las soluciones no surgirán únicamente desde los indicadores macroeconómicos, sino de la capacidad de construir consensos que permitan sostener el empleo, preservar la producción y evitar que miles de familias rurales continúen profundizando su situación de vulnerabilidad.
El respaldo de la Iglesia Católica al reclamo de productores y tareferos incorpora una nueva dimensión institucional a un conflicto que ya dejó de ser exclusivamente económico. La preocupación expresada por la Diócesis de Posadas refleja que la crisis de la yerba mate impacta sobre el tejido social de Misiones y plantea el desafío de encontrar respuestas antes de que las consecuencias sean aún más profundas.
