Escriben Paul M. Bisca, Alexei Miksjuk, Christian Mumssen, Gaëlle Pierre – Unos 1.000 millones de personas en 38 estados frágiles y afectados por conflictos experimentan un menor crecimiento económico y son más vulnerables a los choques que en otros países. En la mayoría de los casos, la fragilidad y el conflicto no se detienen en la frontera, afectando a las regiones vecinas y al mundo mediante la inseguridad transfronteriza, los flujos migratorios y de refugiados, y en algunos casos, la interrupción comercial. La situación ha empeorado, lamentablemente, en los últimos años, y puede complicarse aún más por los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio.
Aunque las políticas económicas no presentan soluciones fáciles ni pueden abordar todos los problemas por sí solas, pueden contribuir significativamente a abordar la fragilidad promoviendo el crecimiento sostenible y la creación de empleo, priorizando el gasto clave mientras mantienen la deuda en un camino sostenible y combatiendo la inflación. Nuestra nueva investigación muestra cómo las decisiones de política económica cuidadosas pueden marcar la diferencia.
La fragilidad adopta muchas formas. A menudo implica una capacidad estatal débil, desafíos de gobernanza, tensiones sociales, pobreza e indiferencia, y una alta vulnerabilidad a choques como el aumento de los precios de los alimentos. Todo esto aumenta la incertidumbre y dificulta que los gobiernos afronten múltiples desafíos con recursos limitados. Y cuando no se abordan, los problemas económicos pueden desencadenar y perpetuar conflictos. Aunque estas condiciones son más prevalentes en estados frágiles, algunas también pueden surgir en otros países de bajos ingresos, mercados emergentes o incluso algunas economías avanzadas, como muestra nuestra investigación.
Los costes económicos de la fragilidad son altos. Para los estados más pobres y frágiles, el crecimiento económico medio se mantuvo por detrás de sus homólogos más estables en 17 de los últimos 20 años, con una media del 3,5 por ciento frente al 4,6 por ciento, según descubrimos. El crecimiento fue aún menor en países donde la fragilidad institucional se combinó con conflictos y abundantes recursos naturales. El crecimiento más lento en los estados más pobres y frágiles refleja un menor crecimiento de la productividad y una inversión extranjera e nacional más limitada, lo que se ve obstaculizado por sistemas financieros subdesarrollados.
Aunque los estados más pobres y frágiles experimentan la mayor necesidad, también tienden a tener los menos recursos disponibles. Esto limita tanto el gasto público como su capacidad para responder a crisis.
Aunque estos países necesitan gastar en servicios públicos, infraestructuras y protección social, sus presupuestos son ajustados. Su ratio mediano de ingresos fiscales respecto a la producción económica es de aproximadamente el 10 por ciento. Las investigaciones del FMI muestran que, si los países de bajos ingresos tienen una proporción así por debajo del 15 por ciento, les resultará extremadamente difícil fomentar el crecimiento, fortalecer la capacidad institucional y alcanzar los objetivos de desarrollo.
Debido a sus grandes necesidades de financiación, estos países se enfrentan a altos costes de servicio de la deuda y vulnerabilidades a la deuda. Unas tres cuartas partes de los estados más pobres y frágiles están en alto riesgo o en dificultades de deuda.
Las bajas reservas fiscales y de divisas dificultan el apoyo a las economías en una recesión o cuando se necesita estabilización. De hecho, muchos de estos países sufrieron cicatrices de crecimiento —un crecimiento anémico tras los recientes choques globales— y algunos sufren una inflación de dos dígitos.
Abordar la fragilidad en un país o región es fundamental para garantizar una paz y estabilidad más amplias. Una de las mejores formas de lograr avances es priorizar políticas sólidas que ayuden a fortalecer las funciones centrales del gobierno: estabilizar la economía, prestar servicios públicos y apoyar mercados eficientes (incluido el desarrollo del sector financiero). Esto no solo fomenta el rendimiento económico, sino que también ayuda a fortalecer el contrato social al ofrecer beneficios y oportunidades visibles a las personas.
Un desafío clave para los líderes nacionales es construir y mantener amplias coaliciones que apoyen políticas efectivas e implementen los tipos de reformas necesarias para mejorar los resultados económicos. Por supuesto, perseguir reformas no es fácil ni siquiera en las economías más estables, pero puede acabar conduciendo a un círculo virtuoso.
Por ejemplo, incluso en contextos difíciles de estados frágiles, una mejor administración tributaria puede aumentar los ingresos del gobierno. Esto puede utilizarse para mejorar los servicios públicos y hacer que las instituciones fiscales sean más eficaces y transparentes. Esto, a su vez, puede fortalecer la legitimidad, mejorar el cumplimiento fiscal y aumentar los ingresos.
La magnitud de los desafíos para los Estados frágiles significa que la comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar en el apoyo a sus políticas y reformas. Esto se puede lograr mejor mediante asesoramiento político personalizado, desarrollo de capacidades y financiación.
Esto es especialmente cierto en países donde la fragilidad es más intensa y conlleva un alto riesgo de conflicto. Para los países que enfrentan un riesgo creciente de fragilidad, un apoyo temprano y dirigido puede evitar que los desafíos se conviertan en una crisis agravada.
En última instancia, políticas económicas sólidas y reformas son cruciales para el bienestar de la población en estados frágiles. Implican, sobre todo, fortalecer las instituciones, generar confianza y reducir la vulnerabilidad, para que los países puedan dejar atrás la fragilidad.
Paul M. Bisca, es Oficial Senior de Proyectos en el Departamento de Estrategia, Política y Revisión del FMI, donde asesora al personal en la implementación de la Estrategia para Estados Frágiles y Afectados por Conflictos (FCS) del Fondo
Alexei Miksjuk, es economista en el Departamento de Estrategia, Política y Revisión. Su trabajo analítico actual se centra en el sistema monetario internacional y la red de seguridad financiera global.
Christian Mumssen, es Director del Departamento de Estrategia, Política y Revisión del Fondo Monetario Internacional. En este cargo, lidera el trabajo del FMI en estrategia institucional, diseño de políticas y revisión de operaciones.
A días del 24 de Marzo, en Posadas comenzó a tomar forma una convocatoria con contenido político explícito que desborda la conmemoración tradicional y busca instalar una lectura de presente. La vigilia del lunes 23 de marzo a las 17:00 en ATE Misiones, sobre Salta 2326, y la marcha del martes 24 de marzo a las 08:30 en la intersección de avenida Mitre y calle Buenos Aires, muestran algo más que una agenda de memoria: exponen un intento de reagrupar a sectores sindicales, sociales, universitarios y militantes alrededor de una consigna de confrontación ideológica. Bajo el lema “30.000 razones para defender la patria. 50 años, el mismo enemigo”, la convocatoria enlaza el terrorismo de Estado con una impugnación directa al modelo económico actual. La pregunta de fondo no es solo cuánta gente movilizará, sino qué volumen político podrá condensar esa articulación en un escenario de alta tensión con el Gobierno nacional.
La convocatoria no parte de una sola organización. La nómina de convocantes exhibe un entramado amplio: UTEP, Movimiento Evita, TTT, CTD Aníbal Verón, ADUNAM, Jubilados ATE, Encuentro Patriótico, 13 de Diciembre, CTL, CDP ATE, Movimiento Evita Capitana, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades, Patria Grande, Mesa de la Cultura, Corriente Nuestra Patria y Movimiento Popular Nuestra América. Esa diversidad no es un dato menor. En la política territorial, cuando una fecha logra reunir sindicatos, movimientos sociales, espacios universitarios y organizaciones de cultura, la conmemoración deja de ser solamente memorial para transformarse en un dispositivo de acumulación.
La memoria como plataforma de reorganización política
El 24 de Marzo tiene en Argentina un peso institucional propio, pero en este caso la consigna elegida reordena el sentido de la convocatoria. El texto difundido no se limita al recuerdo de los detenidos-desaparecidos. Plantea una continuidad histórica entre la represión ilegal y un “modelo económico de miseria planificada” que, según los organizadores, fue impuesto “a sangre y fuego” y sigue vigente. Esa definición no funciona solo como consigna: ordena una posición política frente al presente y redefine la calle como escenario de disputa.
Ahí aparece una clave de lectura. La marcha y la vigilia no se presentan como actos aislados ni puramente testimoniales. Se inscriben en una narrativa de resistencia y de continuidad militante: “Estamos llamados a continuar su lucha”, señala el documento. La apelación va más allá de la memoria individual o familiar. Busca producir una identificación política activa, con anclaje en la idea de patria, soberanía, antiimperialismo y liberación nacional.
Ese lenguaje, además, no es neutro. Recupera una tradición política reconocible dentro del campo nacional-popular y la actualiza en una coyuntura donde el conflicto con el Gobierno se expresa tanto en el plano económico como en el simbólico. En ese marco, la calle vuelve a ser presentada como espacio de legitimación política. No se trata únicamente de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, sino de disputar el sentido de la crisis actual y de nombrar al adversario en clave histórica.
Posadas como escenario de articulación territorial
La secuencia de actividades también tiene diseño político. La vigilia del lunes 23 en la sede de ATE Misiones propone un formato de construcción previa, con elaboración colectiva de carteles, proyecciones, música, mística y reflexión. Es decir, no solo convoca a asistir; convoca a producir identidad y clima político antes de la marcha central. La marcha del martes 24, en tanto, se organiza desde una esquina emblemática del centro posadeño, Mitre y Buenos Aires, con horario matutino, una elección que combina visibilidad pública y ocupación temprana del espacio urbano.
Esa arquitectura importa. La vigilia funciona como instancia de cohesión entre organizaciones con trayectorias distintas. La marcha, como momento de exhibición. Entre una y otra, se construye una escena de unidad que tiene peso en la política local. Porque cuando convergen gremios estatales, organizaciones sociales, sectores universitarios y espacios de militancia territorial, no solo se envía un mensaje al Gobierno nacional. También se ordenan posiciones dentro del mapa opositor y del activismo provincial.
La presencia de ADUNAM, de estructuras ligadas a ATE y de espacios universitarios vinculados a la Facultad de Humanidades refuerza además una composición donde confluyen reclamo sindical, activismo de derechos humanos y densidad intelectual. No es una suma casual. Es una coalición que intenta hablar en varios registros al mismo tiempo: memoria, conflicto social, defensa de derechos y crítica al modelo económico.
Del homenaje a la interpelación del presente
En el texto base hay una operación política clara: los organizadores colocan a los desaparecidos dentro de un “proyecto político soberano, antiimperialista y por la patria liberada”. Esa formulación no busca un consenso amplio y desideologizado. Hace lo contrario. Reivindica una identidad política del pasado y la proyecta hacia el presente. Desde esa perspectiva, el 24 de Marzo aparece menos como una fecha de homenaje transversal y más como una fecha de reafirmación militante.
Eso puede fortalecer a los espacios convocantes, porque les da cohesión narrativa y un horizonte político común. Pero también delimita el tipo de convocatoria que pretenden construir. No se trata de una apelación abstracta a la democracia o a los derechos humanos en general. Se trata de una lectura donde el conflicto histórico sigue abierto y donde el presente económico aparece como heredero de aquella matriz de poder.
La frase “50 años, el mismo enemigo” sintetiza esa apuesta. Condensa pasado y presente en una misma línea argumental y empuja una interpretación confrontativa. En términos políticos, eso convierte la movilización en un mensaje de polarización simbólica. No necesariamente partidaria en sentido formal, pero sí ideológica y estratégica.
Qué sectores buscan capitalizar la fecha
La amplitud del listado de organizaciones muestra que la fecha funciona como punto de encuentro para sectores que, en otros momentos, pueden tener agendas o ritmos distintos. UTEP y Movimiento Evita aportan estructura territorial y capacidad de movilización social. ATE, Jubilados ATE y CDP ATE suman anclaje sindical. ADUNAM y la Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades añaden legitimidad académica y presencia universitaria. Patria Grande, Corriente Nuestra Patria, Movimiento Popular Nuestra América y Encuentro Patriótico incorporan volumen militante e identidad política.
Ese ensamblaje puede leerse como una búsqueda de recomposición. En tiempos de fragmentación opositora, una fecha con legitimidad histórica permite ordenar presencias, ensayar unidad y recuperar calle. No implica automáticamente una alianza electoral ni una coordinación permanente, pero sí configura una escena que puede tener efectos hacia adelante.
La movilización, además, puede fortalecer a las organizaciones que logren mostrarse como articuladoras reales del espacio. En estos casos, no solo importa quién convoca, sino quién organiza, quién llena, quién sostiene y quién logra traducir la efeméride en capacidad política concreta. En la política territorial, ese tipo de señales se observa con atención.
Tomo prestado, con todo respeto hacia el Gran Maestro del Pensamiento Nacional, Arturo Jauretche, el título de este artículo ¡Han vuelto, son los mismos!.
Así lo había expresado, al constatar que los civiles convocados para sumarse a la muy infame “revolución fusiladora” (o en muchos casos para dirigirla, después de instigarla), eran los mismos o sus directos susesores que se habían perpetuado en el Poder Real en la muy corrupta y apátrida “década infame”.
Ese período, transcurrido entre 1930 y 1943, en un contexto de negociados alevosos perpetrados con descaro y alevosía, un asesinato en el Congreso para acallar al denunciante fogoso y patriota de fuerte verba Lisandro De La Torre (su leal amigo Enzo Bordabehere lo cubrió con su cuerpo, recibiendo los disparos de un mercenario); en años de total falta del más elemental patriotismo, con subordinación explícita a los poderes imperiales extranjeros.
La más descarada sumisión a los poderes imperiales, fue el Pacto Roca – Runciman, en cuyo acto de rúbricas, en Londres, el representante argentino “Julito” Roca (careciente del patriotismo de su padre), expresó eufórico que “Argentina es la joya más preciada de la corona de Su Majestad”. Jauretche, con su filosa pluma cargada de patriotismo, llamó a ese pacto, El Estatuto Legal del Coloniaje.
Los apellidos más conocidos y de fuertes influencias, de orientación liberal, de la “década infame”, volvieron a ser opiniones relevantes, como el caso de Federico Pinedo, entre otros muchos del “elenco estable” al servicio del establishment, en “la fusiladora”.
Varios otros apellidos “ilustres” vinculados al apátrida liberalismo, y luego a su profundización doctrinal que fue el neoliberalismo, siguieron como “elementos estables” del establishment, entre ellos los de Krieger Vasena, Alsogaray (padre e hija), Cavallo y otros.
Las constantes políticas de ajuste perpetradas, fueron causantes de mayores niveles de deuda externa, disminución del poder adquisitivo de los salarios, frenos y/o parálisis de las obras públicas, desestímulos a las inversiones industriales cuando no claras medidas industricidas; y en política exterior, sumisión implícita o incluso explícita, a los dictados del hoy conocido como Bloque Atlantista, en particular EEUU y el Reino Unido.
En los últimos años, vemos el brutal accionar de personeros de un real proceso de destrucción socio económica, con perpetradores que repiten sus acciones con total impunidad, pues las denuncias que se puedan realizar, por más bien fundamentadas que estén, con muy pocas excepciones parecen chocar con acciones de “cajoneo” de expedientes, cuando no de la doble vara, según de que sector socio político sean los denunciados.
La deuda externa llevada a niveles absurdamente impagables, con abundantes fondos de divisas, que se dilapidan para sostener en el tiempo destructivas medidas de timba financiera asociadas a fugas de divisas, permitidas e incluso promovidas; en un marco de artificial sobrevalorización de nuestra moneda; políticas abiertamente industricidas con apertura total de las importaciones; con disminuciones de impuestos a los bienes suntuarios, mientras que se alega falsa imposibilidad de mejorar los salarios, y se destroza con aviesa intencionalidad todo el marco social y económico; con perpetradores principales que se repiten en sus funciones y metodologías, probadamente nefastas, como los casos muy conocidos de Luis Caputo y Sturzenegger, y con otros varios menos nombrados pero que rotan en diversas funciones en los sucesivos gobiernos neoliberales (y sus profundizadores libertarios).
Y también los problemas y amenazas a nuestra soberanía, se repiten y profundizan.
Cabe recordar que durante la crisis terminal de 2001 – 2002, cuando algunos personeros del poder imperial yanqui, afirmaban que, ante la supuesta incapacidad de los argentinos para gobernarnos, ellos debían nombrar a algún administrador para “conducirnos” (o sea para formalizar nuestra total dependencia), en ese contexto, con una deuda externa poco menos que impagable; las dos conductoras televisivas de mayores audiencias, las rubias platinadas, Mirta y Susana, repetían en forma plañidera, supuestamente muy preocupadas, instalando la muy cipaya idea según la cual -decían-, “debemos resignarnos a canjear la deuda externa por territorios”, apuntando para esa infamia al sur de La Patagonia.
Reducida sustancialmente esa asfixiante deuda externa, y cancelada la totalidad con el FMI, en los gobiernos de los Kirchner; las deudas a niveles alevosos, con los componentes de políticas que permitieron y fomentaron las fugas de divisas, volvieron a significar desde el macrismo y muy acentuado en el libertarismo un peligroso condicionante, que ante la desesperante situación de implosión que amenaza darse por la negativa política económica, nos ataron a condicionantes mendicantes, ante el poder financiero transnacional, en particular de EEUU.
Con ese contexto, las renovadas amenazas a nuestra integridad territorial, vuelven a ser una muy preocupante realidad; la cual evidencia corporizarse ante el claro desprecio del gobierno libertario a nuestra soberanía, con sus explícitas políticas destructivas, clara y desvergonzadamente expresadas por el verborrágico y dudosamente equilibrado presidente, quien afirmó ser el topo que busca destruir al Estado Argentino.
Y en sus delirantes acciones, con preocupantes tintes que evidenciarían rasgos psicópatas, busca meternos sin lógica ni motivo alguno, en una guerra que no nos concierne, y que con ello pisotea el conocido accionar pacifista, que caracterizó y enalteció la política exterior argentina.
Pese a que muchos pseudo patriotas -con y sin uniforme- no parecen haberse dado por enterados, es necesario enfatizar que SIN ESTADO NO HAY NACIÓN, Y SIN NACIÓN NO HAY PATRIA.
Es de recordar que, muy suelto de cuerpo, entre muchas otras aberraciones conceptuales (como insultar al Papa Francisco), expresó que le hubiera gustado impedir el accionar del Mesías -cuya doctrina considera “origen del comunismo”-, llegando a instigar la violencia y el desprecio al cristianismo, al afirmar que hubiese querido impedir el nacimiento de Jesús. ¡Y eso lo dijo siendo presidente de Argentina, que en un marco de respeto y tolerancia religiosa, apoya constitucionalmente al culto Católico Apostólico Romano!
Intolerable sumatoria de desquicios, que agravan la clara destrucción social y económica intencionalmente en perpetración. En un contexto lógico, todo eso debería ser considerado como actos de traición a la Patria, pues nos empujan a la disolución nacional.
La Asociación del Fútbol Argentino oficializó un nuevo acuerdo comercial con Baldo, que desde ahora será la Yerba Mate de la Selección Nacional. El movimiento, presentado como un patrocinio estratégico, excede la lógica habitual de un sponsor: la AFA incorpora a su ecosistema de marcas a una empresa que desembarcó formalmente en Argentina en abril de 2024 y que busca consolidarse sobre una premisa ambiciosa, instalar en el mercado local un estándar de consumo asociado a la yerba de origen brasileño. En un escenario donde la Selección se transformó en una plataforma de legitimación comercial de alto impacto, la decisión no solo amplía ingresos y socios; también muestra hasta qué punto el universo simbólico del vestuario, los hábitos de los jugadores y la cultura del mate entraron de lleno en la arquitectura de negocios del fútbol argentino.
La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de incorporar a Baldo, una yerba de origen brasileño, como sponsor oficial de la Selección abre una discusión que va bastante más allá del marketing deportivo. En un país donde el mate funciona como símbolo cultural, consumo masivo e identidad cotidiana, que la principal vidriera del fútbol argentino haya sellado una alianza sin incluir a ninguna marca ni a ningún actor de la cadena productiva de Misiones y Corrientes introduce una señal incómoda para el sector. No se trata solo de un contrato comercial: el acuerdo expone una ausencia. Y esa ausencia golpea en una economía regional que históricamente sostuvo el corazón productivo de la yerba mate argentina.
El dato tiene espesor político y económico. Mientras la AFA capitaliza el hábito matero de los futbolistas como activo de marca, la industria yerbatera local queda corrida de una escena de altísima visibilidad simbólica. La pregunta ya no pasa únicamente por quién patrocina a la Selección, sino por qué una cadena productiva asentada en territorio argentino, con peso social, industrial y cultural en el NEA, no logró ocupar ese lugar. En esa tensión se cruzan negocios, representación federal y una disputa más silenciosa: quién logra apropiarse del relato del mate en el mayor escaparate del deporte nacional.
Un sponsor que también funciona como mensaje de mercado
La alianza entre AFA y Baldo ordena una narrativa muy concreta: la yerba elegida por futbolistas de alto rendimiento obtiene validación institucional y se transforma en la “Yerba Mate de la Selección Nacional”. Esa consagración no es neutral. En los hechos, instala una jerarquía simbólica dentro del mercado y desplaza del centro de la escena a las marcas argentinas que producen, industrializan y comercializan desde Misiones y Corrientes.
Ahí aparece el primer impacto concreto. En términos de posicionamiento, el acuerdo le entrega a una marca extranjera una plataforma extraordinaria para asociarse con valores de prestigio, rendimiento, elite deportiva y éxito global. Para las marcas argentinas, en cambio, el movimiento puede leerse como una pérdida de centralidad en el terreno donde más cómodas parecían jugar: el de la autenticidad cultural del mate.
La paradoja es fuerte. La yerba mate como ritual colectivo sigue anclada en la tradición productiva del nordeste argentino, pero la legitimación aspiracional más poderosa del momento quedó en manos de una empresa que llega desde Brasil y que, además, hace de ese origen un atributo diferencial. No hay que forzar la interpretación para ver el problema: la AFA convierte a una marca extranjera en emblema visible de un consumo que, en el imaginario nacional, remite de manera casi automática a Misiones y Corrientes.
Una alianza que traduce consumo en prestigio institucional
El acuerdo oficial subraya que un número importante de jugadores de la Liga Profesional y del ascenso adoptó ese estándar de yerba, y que también lo hicieron figuras de la Selección que compiten en Europa. Aunque el anuncio no incorpora nombres propios, el mensaje es transparente: Baldo no se ofrece solo como producto, sino como producto elegido por la élite del fútbol.
En términos de comunicación política e institucional, la AFA vuelve a mostrarse como una organización que sabe leer el valor de los gestos informales del vestuario y transformarlos en un activo comercial. La declaración de Leandro Petersen, CCMO de AFA, va en esa dirección. “En AFA buscamos socios estratégicos que aporten valor y calidad global. Ver cómo los jugadores de nuestras Selecciones eligen espontáneamente una yerba de origen brasileño con este nivel de refinamiento nos confirma que estamos sumando a un aliado que ya es parte esencial de la cultura del vestuario argentino. Esta alianza une lo mejor de la producción regional con la marca líder del fútbol mundial”.
Por su parte, Rodrigo Durán, Director de Marketing y Comunicación de Baldo Argentina, expresó: “Trajimos al país lo mejor de la tradición yerbatera brasileña buscando ofrecer una experiencia superadora, y la respuesta del mundo del fútbol fue inmediata. Que hoy una yerba de origen brasileño se convierta en Sponsor Oficial de la Selección Argentina es un hito histórico y el sello definitivo para nuestro crecimiento. Para Baldo es un orgullo ser la calidad que eligen los Campeones del Mundo”.
La ausencia de Misiones y Corrientes en una vidriera clave
El punto más sensible del acuerdo no es solo qué marca entra, sino quiénes quedan afuera. La cadena yerbatera argentina no aparece representada ni por una empresa, ni por una cooperativa, ni por una estrategia institucional que conecte producción regional con marca país. Y eso tiene consecuencias.
Misiones y Corrientes concentran la base productiva de la yerba mate argentina. Allí se organiza buena parte del empleo, la industrialización y la identidad económica del sector. Que ninguna expresión de esa cadena figure en un convenio de esta magnitud implica perder una oportunidad comercial, pero también resignar presencia en una escena donde se construye valor simbólico. En mercados altamente competitivos, esa visibilidad importa. Y mucho.
Porque una alianza de este tipo no vende solo producto. Vende pertenencia, legitimidad y superioridad percibida. Cuando la Selección adopta una marca, no la está exhibiendo como una opción más; la está cargando de sentido. Para las firmas argentinas, especialmente las radicadas en las provincias yerbateras, eso puede traducirse en un desafío doble: sostener mercado frente a un nuevo competidor fortalecido y, al mismo tiempo, disputar el relato de origen en un contexto donde la AFA parece haber elegido calidad percibida antes que representación territorial.
Impacto en las marcas argentinas: competencia, prestigio y desplazamiento narrativo
Para las marcas nacionales de yerba mate, el efecto más inmediato del acuerdo está en la construcción de prestigio. Baldo accede a una legitimación que ninguna campaña tradicional podría comprar con la misma eficacia. Se vincula directamente con la Selección, con el vestuario, con los campeones. Esa asociación puede acelerar reconocimiento, ampliar distribución y consolidar fidelidad en segmentos que buscan diferenciarse por calidad, técnica de cebado o consumo aspiracional.
El problema para las marcas argentinas no es solo comercial. También es narrativo. Durante años, el mate fue comunicado desde el arraigo, la tradición, la tierra colorada, la historia regional y la identidad nacional. Este acuerdo corre el eje: ahora el diferencial no se apoya tanto en el origen histórico del producto, sino en su adopción por parte de futbolistas de elite. Es otro lenguaje de mercado. Más global, más aspiracional, más ligado al rendimiento y menos al terruño.
En ese desplazamiento, las empresas argentinas pueden quedar obligadas a redefinir su propia estrategia. Ya no alcanza solo con representar la tradición si el centro del consumo visible se mueve hacia la performance, la durabilidad del cebado o el estándar técnico. La alianza AFA-Baldo podría empujar a varias marcas locales a revisar posicionamiento, branding y construcción de valor.
La cadena productiva pierde una oportunidad de integración institucional
El acuerdo también deja al descubierto otra debilidad: la dificultad de la cadena yerbatera argentina para transformarse en actor institucional dentro de grandes conversaciones nacionales. Si la Selección Argentina, como marca global, puede cerrar un vínculo con una yerba sin articular con el núcleo productivo de Misiones y Corrientes, eso sugiere que el sector todavía no logró construir músculo suficiente para sentarse en ciertas mesas donde se decide representación, visibilidad y negocio.
No se trata necesariamente de una falla de una sola empresa o de una sola institución. Puede ser la expresión de una fragmentación más profunda entre producción primaria, industria, marcas y estrategia de promoción. Mientras Baldo llegó con una propuesta comercial clara y un relato nítido sobre calidad y adopción en el fútbol profesional, la cadena local no consiguió convertir su peso productivo en una oferta institucional competitiva para una alianza de esta escala.
Ese contraste importa porque muestra una asimetría. Tener tradición, volumen o arraigo territorial no garantiza presencia en los espacios de mayor exposición si no existe una arquitectura de marca capaz de traducir esa fortaleza en un activo comercial deseable.
Un golpe simbólico para la economía regional
En provincias donde la yerba mate no es apenas un producto sino una estructura económica y social, la ausencia en este acuerdo puede leerse también como un golpe simbólico. Misiones y Corrientes quedan al margen de una escena donde podrían haber reforzado no solo ventas potenciales, sino identidad productiva.
La política suele mirar estas señales con atención cuando afectan economías regionales. Porque la representación importa. Y más aún cuando se trata de una cadena que involucra productores, secaderos, molinos, cooperativas, empleo rural e industria. El sponsor de la Selección podría haber funcionado como una vidriera para poner en valor a una actividad argentina de fuerte anclaje territorial. No ocurrió. En su lugar, la exposición recayó en una marca extranjera que compite, precisamente, en el mismo universo de consumo.
Eso no implica por sí solo un daño inmediato sobre el volumen de producción local. Sería exagerado afirmarlo. Pero sí instala un dato incómodo: la principal plataforma de legitimación emocional del país no eligió representar a la cadena yerbatera nacional. Y en mercados donde la percepción influye sobre la preferencia, esa clase de símbolos pesa.
Qué sectores quedan condicionados
Los más condicionados por este movimiento son, en primer lugar, las marcas argentinas que compiten en el segmento premium o aspiracional del mate. Allí Baldo gana una ventaja diferencial muy fuerte. También quedan interpelados los actores institucionales de la cadena yerbatera, que ahora enfrentan una pregunta difícil: por qué no hubo una estrategia capaz de anticipar o disputar una alianza de esta magnitud.
En paralelo, el acuerdo puede generar ruido dentro del ecosistema regional de Misiones y Corrientes, sobre todo porque toca una fibra sensible: la relación entre identidad nacional y producción local. Cuando la Selección Argentina valida una yerba de origen brasileño, no solo altera una ecuación comercial; también abre una discusión sobre la capacidad de las economías regionales para defender lugares de representación en los grandes escenarios del país.
Escenario abierto: más que un sponsor, una alerta para la cadena local
El acuerdo entre la AFA y Baldo probablemente funcione como caso testigo. Puede quedar como una jugada comercial aislada o transformarse en un punto de inflexión para las marcas argentinas de yerba mate. Todo dependerá de cómo responda el sector.
Habrá que observar si esta alianza empuja una reacción de las empresas locales en términos de innovación, branding y posicionamiento. También si la cadena productiva de Misiones y Corrientes logra construir una estrategia más coordinada para disputar visibilidad en espacios de alta exposición nacional. Porque el problema de fondo no es solo haber quedado afuera de un contrato. Es haber quedado afuera de una escena que ayuda a definir quién representa hoy el mate ante millones de consumidores.
La AFA hizo su apuesta comercial. Baldo ganó centralidad. Y la cadena yerbatera argentina quedó frente a un espejo incómodo: tener historia y territorio no siempre alcanza cuando la disputa pasa por marca, relato y poder de instalación.
Escriben Era Dabla-Norris y Rodrigo Vadés – La política fiscal siempre ha implicado compensaciones. ¿De quién se financiarán las prioridades? ¿De quién se apondrán las cargas? ¿Bajo qué condiciones? Hasta hace poco, los gobiernos podían posponer estas decisiones pidiendo prestado en condiciones convenientes. Pero ahora, niveles de deuda sin precedentes y mayores costes de endeudamiento han elevado la apuesta. Al mismo tiempo, la demanda de fondos públicos sigue creciendo incluso cuando los recursos están muy limitados. Las sociedades solo pueden reconciliar con éxito prioridades en competencia si dependen de algo que a menudo se pasa por alto y actualmente escasea: la confianza pública.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la deuda pública seguía aumentando de forma constante. En muchas democracias, las plataformas políticas favorecían un mayor gasto y déficits, mientras posponían las reformas estructurales (Cao, Dabla-Norris y Di Grigorio 2024). El crecimiento económico modesto, el gasto para atender a una población mayor en crecimiento y la reticencia a subir los impuestos solo empeoraron las cosas. Se pospusieron decisiones difíciles y se acumuló deuda, sostenida por los tipos de interés inusualmente bajos de las dos últimas décadas.
Luego, en 2020, ante el peor colapso económico desde la Gran Depresión, los gobiernos comenzaron a endeudarse extensamente. La deuda de la economía avanzada aumentó decenas de puntos porcentuales del PIB; en algunos países superó el 120 por ciento (véase el Gráfico 1). Los países de mercados emergentes y de bajos ingresos, aunque más limitados, también se endeudaron en exceso. La respuesta evitó una catástrofe más profunda y, aunque los niveles de deuda se han estabilizado en muchos casos, los países ahora se enfrentan a un mundo en el que endeudarse ya no es barato.
Hoy en día, los responsables políticos se enfrentan a la versión fiscal del COVID prolongado: tipos de interés más altos y aumento del coste de la deuda. La deuda pública global subió al 93,9 por ciento del PIB en 2025 y está en camino de superar el 100 por ciento para 2028, niveles nunca vistos en tiempos de paz, marcando un punto de inflexión para la política económica y la política (Gráfico 2). Mientras tanto, las fuerzas estructurales a largo plazo —el envejecimiento de la población, el cambio climático, el aumento de las demandas sociales y, en el caso de los países de bajos ingresos, la disminución de los flujos de ayuda y los persistentes altos costes de endeudamiento— siguen afectando los presupuestos incluso cuando las tensiones geopolíticas emergentes ejercen presión para gastar en política de defensa e industrial.
Carga de la deuda
La era de los tipos de interés ultra bajos ha terminado, pero las tendencias de crecimiento económico no han cambiado de forma apreciable. En poco tiempo, los costes de préstamo se han duplicado o triplicado. Las facturas de intereses ahora afectan más los presupuestos, desplazando otras prioridades. En Estados Unidos, por ejemplo, los pagos netos de intereses subieron de aproximadamente el 2 por ciento del PIB antes de la pandemia al 4,2 por ciento en 2025, superando el gasto en defensa, y se espera que siga aumentando. En los países de bajos ingresos, los pagos de intereses consumen de media el 21 por ciento de los ingresos fiscales.
La deuda alta implica menos margen para responder a los shocks, interfiere en la economía en general al aumentar el coste del capital y complica la elaboración de la política monetaria mientras motiva la represión financiera. También puede amenazar la estabilidad financiera, especialmente en los mercados emergentes, si los rendimientos suben a medida que los inversores empiezan a dudar de la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. A medida que las condiciones de financiación se endurecen, los ajustes pueden volverse más bruscos y repentinos—recordando la idea del economista alemán del siglo XX Rudi Dornbusch, que dice que “las crisis tardan mucho más en ocurrir de lo que crees, y luego ocurren más rápido de lo que pensabas.” Y una deuda elevada traslada la renta nacional hacia los acreedores a costa de otras necesidades.
En un mundo de baja deuda y tipos de interés bajos, los gobiernos podrían eludir decisiones difíciles pidiendo más préstamos y esperando que el crecimiento económico genere suficientes ingresos fiscales adicionales para cubrir y, eventualmente, reembolsar la deuda. Pero hoy, la era de las decisiones fáciles ha terminado. Cada dólar que un gobierno pide prestado sin ingresos equivalentes implica impuestos más altos o un gasto menor en el futuro, al menos para cubrir los intereses adicionales que genera la nueva deuda. A partir de cierto punto, más endeudamiento obliga a tomar decisiones dolorosas—mediante austeridad, inflación, represión financiera o incluso impago. La pregunta se vuelve inevitable: con un espacio fiscal limitado, ¿cuáles serán los sacrificios y quién asumirá el coste?
Situación fiscal
Un compromiso duradero se centra en el tamaño del gobierno. El aumento del nivel de vida ha llevado a los ciudadanos a esperar redes de seguridad social fiables, educación y sanidad asequibles, una inversión pública sólida y protección frente a una gama creciente de riesgos, incluidos fenómenos meteorológicos extremos y pandemias. Las economías avanzadas expandieron considerablemente sus estados de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial; muchos lo hicieron de nuevo tras la crisis financiera global de 2008 y en respuesta al COVID-19. Las economías de mercados emergentes enfrentan una fuerte presión para reforzar sus redes de seguridad más modestas, ya que los ciudadanos exigen crecimiento con equidad. El problema es que el apetito por beneficios suele superar la disposición de las sociedades a movilizar ingresos. Y las decisiones para reducir los impuestos no siempre van acompañadas de contención del gasto. Los gobiernos no pueden proporcionar beneficios a nivel nórdico sin una tributación a nivel nórdico, y aun con tales impuestos, el envejecimiento y otras presiones desafían la aritmética.
Equilibrar credibilidad y flexibilidad plantea otro dilema. Los gobiernos necesitan espacio para responder a los shocks, pero también deben tranquilizar a los mercados y a los ciudadanos de que la deuda seguirá bajo control. Normas fiscales rígidas —como un techo de deuda excesivamente vinculante— o recortar gastos y subir impuestos demasiado rápido pueden profundizar las recesiones, y ignorar los déficits puede desencadenar una reacción en el mercado, como ocurrió durante la crisis de la deuda de la zona euro. El reto es un compromiso sólido con la sostenibilidad sin una política de camisas de fuerza. Esto requiere anclas fiscales creíbles a medio plazo con cláusulas de escape para sorpresas raras; planes transparentes que prioricen la inversión mientras protegen a los vulnerables; y marcos institucionales que generen confianza sin socavar la capacidad del gobierno para responder a recesiones severas. Conseguir este equilibrio adecuado nunca ha sido tan importante—ni tan difícil.
Un tercer dilema es si invertir ahora o conservar potencia de fuego para más adelante. Las necesidades urgentes —seguridad nacional, resiliencia ante los choques, transición climática, inclusión social y desarrollo— demandan recursos. Pero cada dólar gastado hoy significa un colchón más delgado para la próxima crisis. En un mundo de descargas frecuentes, el equilibrio es duro. Los países que agoten la capacidad de endeudamiento en tiempos favorables se verán peligrosamente expuestos cuando llegue la próxima recesión o desastre. No se trata de planificar en torno a los mejores escenarios, sino de diseñar estrategias fiscales viables cuando surjan sorpresas: conviene guardar algo cuando la próxima crisis puede estar a la vuelta de la esquina.
Cada decisión presupuestaria ahora tiene ganadores, perdedores y momentos explícitos, y la economía política de esas decisiones se ha vuelto más complicada. ¿Quién o qué tiene prioridad? ¿Qué impuestos la financiarán y qué programas deben ceder? Estas preguntas ya no pueden taparse con nuevas deudas. Deben responderse claramente, y eso está resultando ser un desafío formidable.
Desafíos intergeneracionales
Una deuda pública elevada es más que una preocupación macroeconómica; también es una cuestión de equidad entre generaciones. En palabras del estadista del siglo XVIII Edmund Burke, “La sociedad es una sociedad… entre los que están vivos, los que están muertos y los que están por nacer.” La deuda permite financiar proyectos que impulsan el crecimiento, amortiguar un choque o repartir los costes de forma más equitativa a lo largo del tiempo. Pero los déficits persistentes se financian con deuda que los trabajadores y contribuyentes del mañana deben cubrir. Cuando la deuda es grande y los tipos de interés suben, más recursos públicos fluyen hacia los tenedores de bonos que hacia los bienes públicos. Esa transferencia continúa mientras la deuda permanezca—y crece si continúa el endeudecimiento.
La demografía intensifica el desafío de dos maneras. A medida que las sociedades envejecen, el coste de proporcionar pensiones y atención sanitaria comienza a crecer más rápido que los ingresos fiscales. Y donde las tasas de natalidad se desploman, estos costes los asume una plantilla en declive. Las economías avanzadas ahora cuentan con unos tres trabajadores por jubilado, frente a unos cuatro en 2000, y la cifra se acerca a dos trabajadores para 2050 (OCDE 2025). Además, muchas obligaciones de pensiones y sanidad permanecen fuera del balance del gobierno y, a medida que la población envejece, estas obligaciones implícitas aparecen en los presupuestos, a menudo con fuerza desestabilizadora. Eso plantea decisiones difíciles: subir los impuestos, reducir las prestaciones o seguir pidiendo prestado y simplemente retrasar el ajuste de cuentas.
Cuanto más se pospongan las decisiones difíciles, más abrupto y gravoso será el ajuste cuando los acreedores o la realidad fiscal finalmente obliguen a actuar. Y peor aún, la factura recae en menos personas. Mientras tanto, las transferencias y otros gastos y servicios de la deuda actuales pueden desplazar la inversión en educación, tecnología e infraestructuras, erosionando la prosperidad de la próxima generación. La economía política magnifica el desafío. Los votantes actuales se resisten a los recortes a los beneficios ganados o prometidos, y los votantes mayores pueden formar un bloque electoral especialmente poderoso.
Los políticos, tentados a evitar medidas impopulares como subir la edad de jubilación, recortar prestaciones o ampliar la base impositiva, dejan que la deuda asuma la presión. Este sesgo hacia el presente plantea importantes cuestiones de equidad. Los jóvenes ven que los gobiernos acumulan deuda y sospechan que recibirán el cheque a través de impuestos más altos y servicios públicos más ajustados cuando se jubilen. La confianza se erosiona y el contrato social entre generaciones se deshilacha. Los mercados financieros también toman nota, exigiendo primas de riesgo más altas o retrocediendo cuando perciben que el ajuste fiscal se está posponiendo indefinidamente.
Pero pedir prestado no es inherentemente malo para los jóvenes. La deuda puede ayudar a construir un futuro mejor si impulsa el crecimiento o evita recesiones profundas. Las inversiones financiadas por deuda en infraestructuras, educación y resiliencia climática pueden aportar beneficios a los futuros ciudadanos. Lo preocupante es que demasiada deuda reciente ha financiado el consumo actual o la evitación de decisiones difíciles, transfiriendo efectivamente más carga a los futuros contribuyentes en lugar de a quienes se benefician hoy. La cuestión clave es si estamos dejando un mundo mejor y más próspero para la próxima generación, o simplemente dejándoles el proyecto de ley.
Si la política fiscal consiste en distribuir los costes a lo largo del tiempo y los grupos sociales, entonces la confianza es la moneda que hace que esta distribución sea políticamente viable. Sin confianza, incluso las reformas más sensatas y bien diseñadas pueden flaquear cuando los ciudadanos dudan de sus motivos y resultados. Con la confianza, las sociedades están más dispuestas a aceptar sacrificios difíciles y mantenerlos a lo largo del tiempo.
Miedos de los ciudadanos
La confianza es la creencia de que algo es seguro y fiable, o que una persona es buena y honesta. Cada uno de estos elementos tiene un equivalente fiscal: los acuerdos deben ser comprendidos, justos, transparentes y competentes; de lo contrario, no se les confiará.
Muchas sociedades sufren un déficit de confianza (Gráfico 3). Investigaciones recientes, basadas en una encuesta realizada a 27.000 personas en 13 países en 2024, arrojan luz sobre las lagunas de percepción que alimentan esta desconfianza (Bianchi, Dabla-Norris y Khalid 2025). Muchas personas —tanto de economías avanzadas como emergentes— no entienden cuestiones fiscales básicas. Por ejemplo, solo alrededor del 42 por ciento de los encuestados entendía que subir impuestos o recortar el gasto reduciría el déficit público. De manera similar, más del 60 por ciento subestimó el nivel deuda-PIB de su país, especialmente en países con alta deuda. Si la gente cree que la deuda no es tan alta o dañina, naturalmente verá las llamadas a la reforma fiscal como exageradas o políticamente motivadas. Estas percepciones erróneas atenuan la sensación de urgencia y dificultan la formación de apoyo para una acción correctiva oportuna.
Sin confianza, el pesimismo sobre las políticas gubernamentales aumenta. Los encuestados que reportan mayor confianza en su gobierno tienen un 20 por ciento más de probabilidades de creer que sus políticas ayudarán a estabilizar o reducir la deuda pública. Aunque los encuestados en general tienden a dudar de que las políticas actuales para reducir la deuda les vayan a beneficiar, quienes confían más en el gobierno tienen un 17 % más de probabilidades de esperar un impacto positivo en su propio bienestar.
La encuesta también reveló preocupaciones que atraviesan líneas de ingresos y demografías. Muchas personas temen perder pensiones o servicios esenciales de los que dependen. Y dudan de que la carga de resolver los problemas fiscales se reparta de forma justa. Estas ansiedades influyen en cómo votan y protestan los ciudadanos. Las personas que esperan verse perjudicadas por las reformas fiscales son mucho menos propensas a apoyarlas, independientemente de la razón económica. Por ejemplo, si los trabajadores de clase media asumen que la reducción del déficit significa una edad de jubilación más alta o una pensión más baja, se opondrán a ello. Si los contribuyentes ricos sospechan que la reforma significa un impuesto sobre la riqueza dirigido a ellos, ellos también se opondrán. Y si el público piensa que los nuevos impuestos se malgastarán por corrupción o mala gestión, verá pocas razones para pagarlos.
La experiencia también moldea la confianza. En países que han soportado repetidas rondas de austeridad sin mucho resultado, la gente se vuelve cínica respecto a cualquier nuevo plan fiscal. Si los recortes severos no logran reducir la deuda, los ciudadanos se preguntan comprensiblemente: “¿Por qué creer que esta próxima ronda de recortes de gasto o impuestos más altos solucionará algo?” De manera similar, la corrupción o el mal uso de fondos de estímulo socava la confianza pública en la competencia gubernamental. En este entorno, incluso las propuestas de reforma leves pueden provocar indignación, porque la gente asume motivos ocultos o efectos injustos. Si mencionas la reforma de las pensiones, estallan protestas cuando la gente teme que su seguridad ganada con esfuerzo desaparezca. Hablar de reforma fiscal hace que muchos sospechen inmediatamente que sus ingresos ganados con esfuerzo serán mal aprovechados. La experiencia con las reformas de las subvenciones al combustible es reveladora: los costes fiscales, la mala segmentación y las distorsiones económicas están bien comprendidos, pero la implementación ha demostrado repetidamente complejidad política y social.
La desconfianza puede desencadenar un círculo vicioso. Los líderes, temiendo represalias, posponen medidas duras; Los problemas de deuda empeoran, erosionando aún más la confianza. Pero cuando los ciudadanos creen que los sacrificios se comparten de forma justa y conducirán a un futuro mejor, han demostrado estar dispuestos a aceptar incluso reformas dolorosas, como ajustes en los sistemas de pensiones (FMI 2024, 2025). Solo la confianza convencerá a los votantes de aceptar sacrificios a corto plazo por una estabilidad a largo plazo.
Construyendo confianza
La alta deuda pública actual está poniendo a prueba a gobiernos y sociedades de formas sin precedentes, y la urgente necesidad de actuar es evidente. Cada año de deriva deja a los países más expuestos a choques en los tipos de interés y cambios en la confianza del mercado. Pero arreglar las finanzas públicas no se trata de austeridad indiscriminada. Se trata de dar pasos graduales y bien calibrados para poner la deuda en un camino sostenible mientras continúan invirtiendo en el futuro. Esto exige honestidad sobre los sacrificios y disposición a ceder: los responsables políticos deben ser sinceros con la gente sobre las decisiones difíciles, y la gente debe reconocer que algunos programas muy apreciados no pueden continuar sin recursos o reformas adicionales.
La confianza es central en esta ecuación. La gente debe creer que los sacrificios se compartirán con justicia y que las reformas conducirán a beneficios tangibles. La gente es más propensa a apoyar medidas difíciles si percibe la política fiscal como competente, transparente y justa. Pero la confianza no se invoca de la noche a la mañana. Debe ganarse y mantenerse.
No existe un único plan para construir confianza, pero ciertas instituciones y prácticas pueden ayudar. La transparencia presupuestaria y una gestión financiera pública bien estructurada sentan las bases. Los consejos fiscales independientes —con mandatos claros, autonomía real y sólida experiencia técnica, como en los Países Bajos— ofrecen evaluaciones imparciales y exigen responsabilidades a los gobiernos por sus planes fiscales. Las evaluaciones de gastos, los informes de gasto fiscal y las evaluaciones de impacto, elaboradas por gobiernos o organismos independientes, ayudan tanto a los responsables políticos como al público a entender hacia dónde va el dinero y qué aporta. Una gestión prudente de la masa salarial pública y una contratación eficiente pueden reducir la percepción de desperdicio. Reducir regímenes fiscales especiales y privilegios de pensiones mejora la equidad, mientras que una estricta supervisión de las empresas estatales señala responsabilidad y competencia. Estas medidas no son una solución para todo, pero ayudan a cerrar la brecha entre lo técnicamente posible y lo políticamente factible. Crean espacio para la reforma reforzando la credibilidad de la política fiscal y demostrando que los gobiernos se toman en serio ofrecer una relación calidad-precio.
Equilibrar el realismo sobre las limitaciones con las ambiciones de cambio es esencial. Si gestionamos sabiamente el desafío de la deuda, podemos asegurar una base estable para la prosperidad a largo plazo y preservar el contrato social entre generaciones. Si fracasamos o esperamos demasiado, corremos el riesgo de una crisis económica y una mayor erosión de la fe en las instituciones. El camino fiscal que elijamos hoy definirá la prosperidad y la justicia mañana.
ERA DABLA-NORRIS, es subdirector en el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
RODRIGO VALDES, es el director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
