La Municipalidad de Posadas se encuentra ejecutando la puesta en valor de un Espacio de Integración Comunitaria, localizado en el barrio Luis Piedrabuena.
Este trabajo se realiza en un lugar que estaba en un estado de abandono avanzado, en donde se producían distintos tipos de conflictos en el barrio. Por ello, el equipo técnico municipal proyectó un lugar de encuentro que posibilite el esparcimiento de los vecinos, con las comodidades necesarias para garantizar la inclusión social.
Actualmente se está reparando el playón existente, cuya infraestructura estará compuesta con juegos para niños, la colocación de un kit de juegos saludables y otro de calistenia.
Esta obra se basa en los ejes de accesibilidad y sustentabilidad, ya que se construirán rampas para el acceso de personas con movilidad reducida y se instalará iluminación LED en todo el sector, cuyos beneficios son la disminución del consumo energético, además de sostener una instalación de alumbrado más limpia, ecológica y eficiente.
En tanto, se prevé la construcción de una nueva ermita con una capacidad y comodidades mayor a la existente.
El último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) hace foco en la política económica y las diferentes posturas entre empresarios y políticos
La coyuntura internacional le suma desafíos adicionales a los problemas que tiene que resolver la política económica. Los precios de productos primarios – alimentos y energía – están impulsando la inflación al alza en todo el mundo. Estados Unidos tiene la inflación más alta desde 1982 (7,9%) y la del Reino Unido es la más alta desde 1992 (6,2% i.a.). En el caso argentino, este efecto se monta sobre una inercia inflacionaria en torno al 50% y un escenario distributivo demasiado injusto que si bien viene mejorando levemente respecto del peor momento de la gestión actual – el segundo trimestre de 2021, a la salida de lo más duro de la pandemia-, aún no tiene cambios significativos respecto del que dejó el gobierno de Cambiemos en 2019.
El efecto de los precios internacionales se despliega en dos frentes: el externo y el interno. Aunque todavía hay una alta incertidumbre sobre los precios que van a regir el resto del año, el escenario actual sugiere que en el frente externo no hay un cambio significativo. El impacto positivo en la exportación de productos agropecuarios y derivados se balancea por el efecto de los mayores costos en la importaciones de energía durante el invierno y el incremento de precios general que habrá en todos los productos que importamos. El principal efecto a administrar del escenario internacional es el que tendrá en el frente interno donde surgen claros ganadores y perdedores.
El levantamiento de las restricciones de la pandemia implicó una fuerte reactivación económica que se tradujo en el 10,3% de crecimiento del PBI durante 2021. Las características de ese proceso fueron una marcada heterogeneidad sectorial, con sectores que repuntaban mucho más rápido que otros en función de las actividades habilitadas y los comportamientos de la demanda. La reactivación post-pandemia fue de la mano de una aceleración de los aumentos de precios que mantuvo a raya los salarios reales, dando lugar a una importante recomposición de los márgenes de ganancia. Eso se tradujo en un empeoramiento inicial de distribución del ingreso, que recién pudo empezar a compensarse en el segundo trimestre de 2021*1.
La aceleración inflacionaria de los primeros meses de 2022 corre el riesgo de mantener el esquema de expansión con escasa mejora en la distribución o incluso, en el caso más regresivo, contraer el consumo y con ello también el nivel de actividad. Es decir, el alza relativa de los precios frente a los ingresos puede pasar de un problema distributivo a uno productivo, si reduce los niveles de consumo y, de esa manera, pone en riesgo el propio proceso de recuperación de la actividad económica.
Las consecuencias de los nuevos precios internacionales ya empezaron a materializarse. El IPS-CESO registró una variación semanal del 2,2% entre el 7 y 14 de marzo, el valor más alto desde la corrida de precios con la que los empresarios “recibieron” a la nueva gestión en la Secretaría de Comercio. La variación mensual de Alimentos Secos (7,7%) y Alimentos Frescos (6,3%) son números preocupantes para el dato de marzo, aún cuando el INDEC pudo haber registrado parte de estos aumentos durante el mes de febrero que fue superior a la que esperábamos. Como respuesta, las medidas que desplegó el gobierno apuntan a amortiguar el impacto, por lo que una parte significativa de los aumentos se terminará convalidando.
Si esto se traduce en una escalada de precios que se come los ingresos de la población, el crecimiento del consumo de los últimos meses se interrumpirá y también la mejora en los indicadores sociales como la pobreza y el desempleo. Si las medidas implementadas sólo logran amortiguar parcialmente el impacto en los precios internos, otras medidas compensatorias por el lado de los ingresos podrán ser necesarias como los bonos a AUH, jubilados, actualización de la tarjeta alimentar e incrementos mayores en el salario mínimo vital y móvil al que se ajustan otros programas sociales.
Sin embargo, el gobierno todavía no usó todas las herramientas que tiene a disposición para enfrentar la suba de precios internacionales. Comenzó con una modificación mínima de las retenciones a los derivados de la soja, que pasaron del 31 al 33%, buscando conformar un fondo con el que contener el precio interno del trigo. La medida, que utiliza los escasos márgenes legales que le quedan al ejecutivo en materia de establecer retenciones, alcanza para subsidiar parcialmente el precio interno del trigo ante la escalada de su valor internacional.
El recrudecimiento del conflicto militar en Europa también puede dar pie a medidas más contundentes en la administración del comercio exterior. Para eludir la traba legal con las retenciones, puede recurrir a tipos de cambio diferenciales pero se encuentra en esa materia con el escollo del FMI que no habilita esas reformas. Aún más, en el marco de los conflictos bélicos globales del S.XX se han implementado otras medidas mucho más intervencionistas como la centralización de las compras por parte del Estado y la creación de entes públicos que son los encargados de negociar las ventas con otros países.
También puede tener que volver a aplicar un monitoreo más estricto de las líneas de producción, como sucedió en 2020, para evitar faltantes en las góndolas.
Avanzar en esta agenda implica mayores costos. En lo político-institucional, deberá lidiar con un sector empresario que puso la guardia en alto al elegir a Funes de Rioja, delegado de las empresas productoras de alimentos, al frente de la UIA. La COPAL, que lo entronizó, fue la encargada de insistir en el cuestionamiento de los programas de precios máximos aún en el escenario más duro de la pandemia, mientras engordaba sus balances*2.
Las entidades organizadas en la mesa de enlace también van a fondo y no están dispuestas a ceder un milímetro, cuestionando toda la vigencia del sistema de retenciones a pesar de los precios internacionales récord. Esta dimensión es central ya que el resultado de las medidas no depende sólamente de la voluntad de decisión de un gobierno en un momento determinado, sino de las posibilidades de traccionar al resto de los actores en función del resultado buscado. En ese sentido, el camino de la moderación y búsqueda de consensos, puede quedar preso de las posiciones distributivas ultraconservadoras defendidas a ultranza por parte del establishment empresarial.
En lo electoral, el alza relativa de los alimentos reduce la influencia del oficialismo en los centros urbanos. Por su parte, la hegemonía cultural de las patronales agropecuarias fuera de las grandes ciudades, puede consolidar el débil apoyo electoral al FdT en esos distritos, si la confrontación por las retenciones y otras medidas de intervención se acentúa. Esa división tan marcada entre el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia fue un límite para poder ganar las elecciones en 2017 y también se tradujo en una pérdida de representación parlamentaria en el Congreso.
Si se intenta evitar el conflicto con los sectores agro-exportadores pero conservar el apoyo de las mayorías sociales urbanas, la alternativa es aceptar la aceleración de los precios y acompañarlas de medidas redistributivas más audaces (bonos que aumenten transferencias a familias, mayor incrementos salarial, etc.). Una búsqueda de una mejora distributiva a costa de relegar el objetivo inflacionario dado que no se tiene la capacidad de contener los aumentos de precios en alimentos. Este esquema es el que se aplicó durante la gestión de Grinspun a comienzos del gobierno de Alfonsín, donde se buscó mejoras distributivas mediante alzas nominales de los ingresos en un contexto de aceleración inflacionaria. En la actualidad, las tasas de inflación de que se parten son menores, pero corren el riesgo de acelerarse ante un shock externo que obliga a elegir entre la mesa de enlace y la mesa de los argentinos. Salir de esa disyuntiva por el camino del medio puede tener el costo de una importante aceleración inflacionaria..
El impacto externo de la guerra
No hay grandes certezas respecto de los precios que vayan a regir el resto del año. Las últimas semanas marcan una referencia de precios en los que la soja, el maíz y otros productos se ubican un 20% por encima del promedio del año pasado y un 30% en el caso del trigo. En el caso del maíz y la soja, este efecto no se va a trasladar directamente a una mejora en las exportaciones porque las cantidades caerían un 5% de acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario para esta campaña. Esto podría mejorar las exportaciones en USD 5.958 M.
Al haber inflación en el resto del mundo, el resto de las importaciones también se van a encarecer pero en particular nos afecta los precios de la energía. El GNL que el año pasado importamos a un precio promedio de USD 8,4/MBTU se encuentra a valores superiores a los USD 30/MBTU y hasta alcanzó valores superiores a los USD 100/MBTU, lo que da cuenta de su extrema volatilidad. La sequía complica más el escenario al golpear la generación de energía hidroeléctrica e incrementar la dependencia de la generación térmica en el sector eléctrico que en un 90% se produce a partir de gas. Las importaciones de gasoil y fueloil también son una parte significativa de la demanda energética para este año, dado que la capacidad de transporte de gas desde la cuenca neuquina está a tope. Todo esto puede terminar implicando importaciones adicionales por USD 6.042 M que terminarían anulando el efecto benéfico de las mayores exportaciones.
Sin embargo, existe un margen para que este escenario termine siendo positivo. Por un lado, la mejora en los precios de commodities puede terminar dinamizando las economías de socios comerciales como Brasil. Si eso se traduce en una mayor actividad en otros países, pueden terminar demandando también más bienes industriales de nuestra economía. Además, las importaciones de GNL previstas pueden no terminar concretándose, no tanto por falta de dólares sino por imposibilidad de contratar buques que irán a colmar la capacidad de abastecimiento europea. Como forma de mitigar este impacto, también pueden ensayarse acuerdos con Chile y Brasil que descompriman la demanda de energía importada en el invierno a cambio de devolverla en el verano. Si los acuerdos no prosperan, lo más probable es esperar escenarios de cortes de gas programados en el sector industrial que ya está adelantando producción por si no puede operar normalmente los próximos meses. En cualquier caso, se profundiza la dependencia de los dólares del sector privado agroindustrial por parte del sector público que los necesita para las importaciones (IEASA y CAMMESA).
El impacto interno de la guerra
Fronteras adentro, el shock internacional marca claros ganadores y perdedores. Aquellos vinculados al sector agroexportador mejoraron notablemente sus ingresos mientras que las amplias mayorías no logran readecuar tan rápido sus ingresos al ritmo de la canasta básica. En términos distributivos, el impacto es claramente regresivo y afecta especialmente al 40% que permanece debajo de la línea de pobreza. Las paritarias que comienzan a definirse deberán concentrar los incrementos en la primera parte de los acuerdos y el horizonte de negociación se va a hacer todavía más corto, con acuerdos que en el mejor de los casos regirán por los próximos 6 meses.
La estrategia de las paritarias se relaciona con lo que denominamos “la integral de los salarios” que cobra más relevancia en contextos de aceleración inflacionaria. Si se quiere evitar un impacto negativo en la distribución y en el consumo – y por ende, en el nivel de actividad – no alcanza con que a fin de año los ingresos le hayan ganado a la inflación. Por el contrario, se debe lograr que los salarios le ganen a los precios mes a mes.
A modo de ejemplo, a continuación mostramos dos casos distintos de negociación paritaria (ver Figura 1). La línea recta representa en los dos gráficos la evolución de los precios y la curva representa la evolución de los salarios. En ambos casos, al final del período los salarios y los precios tuvieron la misma variación. Sin embargo, en el caso de la negociación con pérdida, los salarios lograron recuperarse recién al final del período. Por el contrario, en el caso de negociación con ganancia, la suba de los salarios está concentrada al principio del período y eso se traduce en una mejora del poder de compra a lo largo de todo el período de negociación. Por este motivo, para evitar pérdidas en el poder adquisitivo de los salarios, las negociaciones deberían considerar tanto la actualización total que alcanzan como los tiempos en que se logra dicha actualización.
En el contexto de pandemia, cuando los ingresos eran insuficientes y se necesitaban medidas que llegaran rápido a los hogares se aplicó el IFE, se actualizó un 50% el monto de la Tarjeta Alimentar y se acompañó con bonos adicionales a la base de la pirámide social en las jubilaciones y asignaciones. En este sentido, recientemente se anunció un bono de $6.000 a aplicarse en abril para beneficiarixs de Potenciar Trabajo. Dado que el SMVM ya quedó establecido hasta diciembre de este año, puede ser necesario aplicar bonos adicionales o directamente renegociar los valores si la inflación no cede. En el caso de los jubilados, la última medida de este estilo fue en abril y mayo de 2021 por $1500 cada mes.
Para la AUH y AUE hay que remontarse a julio de 2021 cuando se asignó un bono de $4.500 o el de $15.000 en el AMBA cuando se disparó la segunda ola de COVID. A modo de estimación, a continuación detallamos el impacto fiscal que tendría un bono a jubilados de $10.000, para AUH y AUE de $7.000, el bono ya anunciado para Potenciar Trabajo de $6.000 y una actualización del 50% de la Tarjeta Alimentar para el resto del año.
Las alternativas de política económica
El fondo anunciado por el gobierno a partir de una suba marginal en las retenciones a los derivados de la soja – pasaron del 31 al 33%- generó airadas críticas por parte del sector agropecuario. Con este incremento se espera recaudar un monto que oscila entre un 15 y un 20% del valor total del trigo utilizado para el mercado local, unas 7 millones de toneladas.
Un incremento adicional de las retenciones hoy tiene una limitación legal por no haberse aprobado el presupuesto nacional que incluía la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que pudiera definir esta política. Por lo tanto cabe preguntarse qué otros instrumentos puede emplear el gobierno nacional si estos anuncios resultan insuficientes para amortiguar el impacto en los precios domésticos.
Una medida alternativa que podría generar un efecto en los precios es modificar el esquema de liquidación de las exportaciones agropecuarias, una medida que no requiere autorización parlamentaria porque depende del Banco Central. En caso de tener que liquidarse a un tipo de cambio menor, los precios internos de los productos primarios se reducirían. A diferencia de las retenciones, el Estado no podría recaudar fondos adicionales para destinar a otros sectores más golpeados por el incremento de precios. En un programa más intervencionista, podría emular los esquemas de IAPI y las Juntas Nacionales para concentrar el comercio exterior, tal como se hizo en el marco de los conflictos bélicos globales durante el Siglo XX.
Es evidente que si una medida mucho menos disruptiva como la que se aplicó las últimas semanas generó una movilización tan fuerte de los sectores agropecuarios, cualquiera de estas iniciativas tensaría el conflicto político aún más. Eso delinea los límites político-institucionales que existen hoy en día y es necesario modificar para avanzar en una agenda redistributiva más de fondo. Dado que el acuerdo con el Fondo seguramente deba renegociarse al verificarse el impacto que tiene el nuevo panorama en las metas acordadas, sería deseable que dentro de los “esfuerzos adicionales” que surjan no sean los sectores populares los que hagan esos “esfuerzos” sino los sectores que se benefician de este nuevo contexto. El gobierno debería negociar con los burócratas del fondo que condicionen el sostenimiento del acuerdo a una recalibración impositiva que recaiga sobre la riqueza más concentrada, el 0,2% de la población que realizó el Aporte a las Grandes Fortunas, y una readecuación de las retenciones a los nuevos precios internacionales.
1 Durante la primer quincena de abril se darán a conocer los datos de distribución personal y funcional del ingreso durante el cuarto trimestre de 2021. 2 https://www.infobae.com/economia/2020/07/01/las-empresas-de-alimentos-tambien-entraron-en-zona-de-crisis-por-el-nuevo-congelamiento-de-precios-por-60-dias/
El fuerte compromiso con el cuidado ambiental que tiene la ciudad por medio de la actual Gestión Municipal es reconocida de manera nacional e internacional y, gracias a esto, la capital de la provincia participó del Encuentro Nacional de “BiodiverCiudades” de Argentina.
Con la presencia del Intendente de la ciudad de Posadas, Ingeniero Leonardo “Lalo” Stelatto, comenzó este martes 29 de marzo el encuentro que tiene por objetivo promover, consolidar y visibilizar los liderazgos locales de América Latina y el Caribe que apuestan por un desarrollo urbano en armonía con la naturaleza.
Al concluir el evento, 30 gobiernos locales de todo el país firmaron la “Declaración de Barranquilla” con esto, el compromiso a impulsar un desarrollo local sustentable, en equilibrio con la naturaleza y focalizado en la bioeconomía.
Gran experiencia donde se debatieron estrategias e intercambiaron con distintas regiones de América Latina y el país, permitiendo así fortalecer la visión local, para seguir trabajando por una ciudad cada vez más inclusiva, moderna y sustentable.
¿Qué es una BiodiverCiudad?
Una biodiverciudad es aquella ciudad que incorpora de forma efectiva e integral la biodiversidad local y regional en su planificación y gestión urbana, como eje de su desarrollo socioeconómico. De acuerdo al Foro Económico Mundial y al Instituto Humboldt, las “BiodiverCiudades” pueden restaurar el equilibrio entre la gestión urbana y la naturaleza, mediante el incremento de la infraestructura verde; la mejora de esquemas de gobernanza que promuevan soluciones basadas en la naturaleza; la generación de vínculos positivos entre lo rural y lo urbano, para una mejor conservación de la biodiversidad; la priorización de modelos de economía circular y acciones innovadoras para la competitividad económica; y el fomento de valores de bienestar y salud en la ciudadanía.
Cinco compromisos para alcanzar “BiodiverCiudades”
Desde 2021, el Instituto de Investigación de Biodiversidad de Colombia Alexander von Humboldt es el principal socio de conocimiento de la estrategia de “BiodiverCiudades”, tanto a nivel nacional como internacional y ha propuesto cinco compromisos para alcanzar esta meta:
Sanar el vínculo urbano-rural. Las “BiodiverCiudades” trabajan por una relación recíproca con su contexto regional, protegen los ecosistemas en los que están inmersas y promueven la rehabilitación y regeneración de la biodiversidad a escala regional.
Reincorporar la biodiversidad a la matriz urbana. Las “BiodiverCiudades” reconocen los beneficios integrales que la biodiversidad trae al entorno construido, desde la resiliencia climática hasta la salud humana y la prosperidad. Especial énfasis se hace en la necesidad de una distribución más equitativa de la naturaleza urbana.
Desarrollar la competitividad de base biológica. Las “BiodiverCiudades” generan emprendimientos, negocios y tecnologías inspirados en la biodiversidad. Se espera el compromiso de las ciudades con la bioeconomía, la biomimética y la circularidad.
Promover mejores arreglos de gobernanza. Las “BiodiverCiudades” promueven la gobernanza policéntrica. Se espera que las alianzas con la sociedad civil y el sector privado impulsen no sólo la conservación de la biodiversidad, sino que también mejoren la igualdad social y los estándares de vida.
Liderar el cambio hacia un nuevo sistema de valores. Las “BiodiverCiudades” promueven un sentido renovado de ciudadanía y cultivan una mentalidad en la que las ciudades se ven como hogares para todas las especies, no solo para los humanos.
El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Beliz, anunció hoy el programa “Redes para el Bien Común” para profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales en ese sentido.
“Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, dijo Beliz en una nueva convocatoria del CES, encabezada por el presidente Alberto Fernández en el Centro Cultural Kirchner.
“Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, sostuvo Beliz.
Al respecto, precisó: “No lo estamos haciendo solos, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas”.
“Redes para el bien común” es un programa del CES que nació a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio pasado, una iniciativa impulsada por Francia y Alemania a partir de un amplio informe redactado por Reporteros sin Fronteras junto con diez organizaciones independientes de la sociedad civil.
Los Estados firmantes, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Bélgica, Noruega, Austria, Canadá, Chile y Costa Rica, asumen la responsabilidad de trabajar para garantizar la fiabilidad de la información que circula en internet y el ejercicio de la libertad de opinión y expresión, siempre bajo criterios de autorregulación y alfabetización digital.
El programa “Redes para el Bien Común” no significa un intento de regular las redes sociales, ni de vulnerar la libertad de expresión o avasallar algún derecho constitucional, y su plan de trabajo se caracteriza por la pluralidad de actores y voces, aclararon fuentes oficiales.
El trabajo en el CES es realizado con el asesoramiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y liderado por una de las consejeras, Marita Carballo, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
“Redes para el bien común” tiene por objeto abordar los desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público y respete la libertad de expresión, añadieron las fuentes.
El programa trabaja sobre el conocimiento profundo del escenario digital actual, la construcción de consensos amplios sobre buenas prácticas en internet, el establecimiento de acuerdos y compromisos entre sectores múltiples, y el asesoramiento de especialistas nacionales e internacionales.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en la causa que investiga las torturas sufridas por los soldados durante la Guerra de Malvinas por parte de sus superiores, difundió hoy, en el marco de la conmemoración de los 40 años del inicio conflicto bélico, un documento con el testimonio brindado por los excombatientes ante la justicia
Según precisó un comunicado de la CPM, desde el inicio del expediente judicial alrededor de 180 personas declararon como víctimas o testigos de las torturas perpetradas por altos rangos militares a subordinados durante el conflicto bélico.
Hay 130 militares argentinos imputados por esos crímenes; 3 de ellos procesados y otros 20 con llamado a indagatoria, detalló, y agregó que los oficiales que condujeron la guerra disciplinaron a los soldados con la misma metodología que aplicaron en los centros clandestinos de detención de la última dictadura.
“Los testimonios dan cuenta de las múltiples prácticas de torturas empleadas: estaqueamiento, picana con teléfono de campaña, sumersión en agua helada, golpes de todo tipo, hambrunas, vejaciones y enterramientos”, detalló la CPM.
A 40 años de la guerra, estos crímenes permanecen impunes. En mayo del 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la defensa de uno de los imputados y anuló el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia que había declarado la imprescriptibilidad de las torturas cometidas en las Islas Malvinas por tratarse de crímenes de lesa humanidad. El expediente está ahora en la Corte Suprema de Justicia de Nación, que deberá expedirse sobre la cuestión.
La CPM difundió hoy un documento con los testimonios de esta causa, al que se puede acceder a través del link : https://www.comisionporlamemoria.org/wp-content/uploads/sites/16/2022/03/TESTIMONIOS-CAUSA-MALVINAS.pdf.
“Un día decido ir a buscar comida y me escapo al pueblo. Consigo la comida entre la basura. Cambié el reloj que tenía y me dieron panceta, latas… Cuando llego a mi posición, me estaban esperando el subteniente, el sargento y el cabo, estaban haciendo la revista de equipo a toda la compañía(…) Me hacen tirarla, la mezclan con mierda humana y me hacen comerla, comenzando a pegarme. Me deforman la cara de los golpes: me golpean con el fusil FAL en una de las costillas, me quiebran tres costillas y la clavícula y casi pierdo el ojo derecho. Me hacen caminar por la zona minada ida y vuelta dos veces; me mandan a pegar por la tropa. El subteniente me manda a estaquear, a desvestir, me sacan todo el equipo, el armamento”, se lee en uno de los testimonios.
Allí no terminaron los padecimientos del combatiente, ya que contó que “junto a mi estaban dos soldados estaqueados”.
“Me pone una granada en la boca, me manda a poner un lazo de carpa alrededor del cuello para que tuviera la cabeza agachada y una estaca en los testículos atada con el lazo para que no me moviera. Toda la tropa presenció esto, ya que los mandó a que me mearan y a que, cada dos o tres minutos, alguien me tirara agua helada. No sé cuánto tiempo pasó, perdí el conocimiento”,añadió.
Otro testimonio incluido en ese documento es el de un excombatiente que relató que “cuando llego a Puerto Argentino pesaba alrededor de 60 kilos y cuando nos fuimos de Malvinas pesaba, con los cuatro cargadores que tenía encima, ropa y botas, alrededor de 36 kilos. Durante todo el período de la guerra sufrí mucho el frío y principalmente hambre. Fui maltratado, vejado, torturado y estaqueado durante la Guerra de Malvinas y los días posteriores, que fueron cometidos por un cabo del Ejército, quien era el jefe de grupo de la primera línea”.
