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La producción de té 2017/18 cayó un 35%

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Según fuentes del sector agropecuario, la cosecha de té disminuyó un 35% respecto del año pasado, como consecuencia del incumplimiento de precios y los bajos rindes. La baja en la producción de esta infusión es similar a la caída en la soja, maíz y maní, aunque estos últimos se debe a la sequía y a la falta de acompañamiento de políticas por parte del Gobierno Nacional y bonaerense.
Las grandes empresas exportadores fueron las que más se acercaron a esos valores. Según los productores, pagaron alrededor de 1,65 pesos mientras que los secaderos más chicos pagaron entre 1,10 y 1,20, con la incertidumbre de que muchos de ellos pagaron solo un adelanto y no hay certezas si van a poder cubrir los saldos pendientes.
Los productores estimaron una caída de entre el 30 y 35% y se lo atribuyen a una plaga especifica: el ácaro. El productor se mostró muy preocupado por los persistentes ataques, y aseguran que en la última cosecha fueron más graves que en años anteriores. Desde el inicio de la cosecha (en octubre) hasta el último día de 2017 fue de 1,65 pesos por kilo; desde el 1 de enero al 28 de febrero, fue de 1,79 pesos y desde el 1 de marzo hasta el final, de 1,93 pesos.
En tanto, la elevada cotización del dólar influyó en el precio oficial del brote verde, establecido por el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Misiones.

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Arrojar luz sobre la corrupción y el lado oscuro de la gestión de gobierno

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El Directorio Ejecutivo del FMI acaba de aprobar un nuevo marco para reforzar la labor que el FMI realiza con los países miembros en materia de gestión de gobierno y corrupción. Quisiera explicar por qué esto es importante y cómo incide en nuestro trabajo.
Costos de la corrupción
Todos sabemos que la corrupción arraigada es perniciosa para la economía ya que socava la capacidad de un país de generar un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
El estudio que acabamos de publicar presenta resultados empíricos que muestran que un alto grado de corrupción está asociado a niveles significativamente más bajos de crecimiento, inversión, inversión extranjera directa (IED) e ingreso tributario. Bajar del percentil 50 al percentil 25 en un índice de corrupción o gestión de gobierno implica una caída de la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita de medio punto porcentual o más, y un descenso en la relación inversión/PIB de 1½–2 puntos porcentuales.  Los resultados muestran asimismo que la corrupción y la gestión de gobierno inadecuada traen consigo un mayor grado de desigualdad y un menor crecimiento inclusivo.
Estas conclusiones no son difíciles de entender. Sabemos que la corrupción mina la capacidad impositiva del gobierno y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo. Sabemos que actúa como un impuesto a la inversión, o incluso como un obstáculo más grave, debido a la incertidumbre sobre las demandas de futuros sobornos. También sabemos que la corrupción hace que los jóvenes no inviertan lo suficiente en educarse y especializarse porque salir adelante depende de a quién se conoce y no qué se sabe. Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, limita las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y disuelve la cohesión social. La corrupción es uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Reforzar la labor del FMI
Todas estas razones están detrás de la decisión del FMI de redoblar la lucha contra la corrupción, y de hacerlo ahora. Cabe destacar que esta iniciativa contra la corrupción pasará a formar parte de nuestras actividades generales con las que buscamos promover la buena gestión de gobierno en ámbitos fundamentales, como la gestión de financiera pública, la supervisión del sector financiero y las medidas contra el lavado de dinero.
Este enfoque más amplio es indispensable. Las deficiencias en la gestión de gobierno son perjudiciales en sí mismas, pero además abren las puertas a una corrupción generalizada. Para ser verdaderamente eficaces, las estrategias contra la corrupción no deben reducirse simplemente al encarcelamiento de gente. Requieren reformas normativas e institucionales más amplias. Al fin y al cabo, la “cura” más perdurable para la corrupción es contar con instituciones sólidas, transparentes y que den cuenta de sus actos.  En las célebres palabras de Louis Brandeis, “se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el policía más eficiente.”
Un beneficio adicional de este enfoque más amplio es que como la corrupción suele estar estrechamente ligada a fallas más generales en la gestión de gobierno y que, en muchos casos, es difícil de cuantificar, podemos usar las deficiencias en la gestión de gobierno para corroborar las evaluaciones de la corrupción.
He de señalar que este tema no es nuevo para nosotros. Desde 1997 contamos con una política de gestión de gobierno que ha dado buenos resultados: nuestro examen puso de manifiesto que los principios que la animan son los correctos. Esta política nos insta a abordar las cuestiones de gestión de gobierno y corrupción cuando tienen un impacto macroeconómico significativo. También nos exhorta a colaborar con nuestros socios institucionales (especialmente el Banco Mundial) en sus ámbitos de especialización y a no interferir en política o en casos específicos de aplicación de la ley.
No obstante, aunque estos principios son adecuados, nuestro examen constató que su aplicación es dispar. Ante acciones similares, no siempre medimos a los miembros con la misma vara. Nuestros análisis a menudo no fueron claros.
Esto va a cambiar. Hemos adoptado un marco para reforzar la labor del FMI en materia de gestión de gobierno y corrupción, para así facilitar una interacción más sistemáticaimparcialeficaz y franca con los países miembros.
Como primer paso, estamos elaborando una metodología clara y trasparente para evaluar la naturaleza y gravedad de las deficiencias de la gestión de gobierno. Evaluaremos una amplia serie de indicadores: calidad de las instituciones presupuestarias encargadas de la tributación y el gasto; solidez de la supervisión del sector financiero; integridad de los bancos centrales; transparencia e imparcialidad de la regulación del mercado; previsibilidad de los aspectos del Estado de derecho esenciales para la salud de la economía, en particular, el cumplimiento de los contratos; e idoneidad de los marcos jurídicos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y desde luego, evaluaremos la gravedad de la corrupción directamente.
El siguiente paso será determinar el impacto económico de las fallas identificadas en las esferas de gestión de gobierno y corrupción y, en respuesta, formular recomendaciones de política específicas para cada país. Cabe destacar que examinaremos estos aspectos en una perspectiva de más largo plazo, dado que la gestión de gobierno deficiente y la corrupción perjudican a la economía no solo a través de distorsiones a corto plazo sino también del lento deterioro institucional. En nuestros programas de crédito, analizaremos si estos problemas menoscaban la capacidad de los países para poner en práctica sus reformas económicas.
La corrupción enfocada desde el lado de la oferta
Hay un elemento más que debemos tener en cuenta. Es obvio que, parafraseando a Milton Friedman, la corrupción es siempre y en todas partes un fenómeno que involucra a dos partes. La contracara de cada soborno aceptado es un soborno ofrecido. Además, suele pasar que los fondos obtenidos por actos de corrupción se ocultan fuera del país y, en muchos casos, en el sector financiero de las grandes capitales. Es muy posible que un país tenga las “manos limpias” en casa, pero las “manos sucias” en el exterior.
Por ende, para combatir la corrupción verdaderamente, también es necesario abordar la forma en que las personas o las entidades privadas facilitan las prácticas corruptas. En tal sentido, alentaremos a los países miembros a que sometan sus marcos jurídicos e institucionales de forma voluntaria a una evaluación por parte del FMI, para determinar si los actos de soborno en el extranjero están tipificados como delito y son enjuiciables, y si existen mecanismos para detener el lavado y ocultamiento de dinero sucio. Me complace que nueve países —todos los del G-7 más Austria y la República Checa— ya se hayan ofrecido voluntariamente para participar en esta evaluación. Esto representa un importante voto de confianza en el nuevo marco.
Ahora que tenemos el respaldo pleno de nuestros países miembros, debemos centrarnos en el tema de la aplicación. Observarán que de aquí en adelante la gestión de gobierno y la corrupción serán temas que se evaluarán y analizarán más a fondo en nuestras actividades de supervisión y nuestros programas de crédito. También reforzaremos nuestras actividades de fortalecimiento de capacidades en estos ámbitos, para ayudar a los países a afianzar sus marcos normativos y sus instituciones.
Nuestro objetivo es ser francos, estrictos, trasparentes e imparciales. Esto a su vez aumenta nuestra credibilidad y nos permite mejorar aún más el cumplimiento de nuestra tarea.
Recordando nuevamente a Brandeis, estoy convencida de que el refuerzo de nuestra labor significará para la gestión de gobierno y la corrupción lo que la inversión en energía solar significa para el medioambiente: aprovechar el inmenso potencial de la luz solar para encauzar a la economía mundial por una senda más sostenible. Si todo marcha según lo previsto, el lado oscuro en el que se oculta la corrupción debería ser cada vez más reducido. Me interesa mucho trabajar en estrecha colaboración con los países miembros para hacer realidad este objetivo.

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Advierten que los problemas de tierras de los pueblos originarios persisten

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Vasco Baigorri, integrante del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), se refirió al problema de tierras de los pueblos originarios en Misiones. Expresó en LT 17 Radio Provincia que “el problema de la tierra no se da solamente en Misiones, se da en todos los pueblos originarios de todos los pueblos, en el caso de Misiones ha habido cuestiones excepcionales, históricas como puede ser la recuperación del Lote 8 en la Reserva Biosfera de Yabotí, como puede ser también el tema con la Universidad de La Plata, hay cuestiones de trabajo y de recuperación que son importantes y ciertos, no obstante eso siguen y continúan permanentemente estos conflictos por los territorios”, dijo y agregó que “por un lado, porque no se ha terminado de hacer el relevamiento territorial  y por el otro, aunque se termine este relevamiento territorial no hay una voluntad política próxima para titularizar esos territorios”.

En ese sentido, explicó que “tenemos una parte del conflicto amparado por el Estado, ya que reconoce el territorio de uso, pero sin titularizar, entonces ésto es una cuestión que se mantiene y va a continuar hasta que satisfaga esa necesidad de los pueblos originarios, de recuperar sus territorios con un título”.

Al referirse a la lentitud con que se lleva adelante los trámites en el tema tierras por parte de la gestión de gobierno, Baigorri mencionó que la lentitud es de siempre es de muy anterior a la actual gestión. Por ejemplo, “la Ley 26.160 debió cumplirse en tres años y ya han pasado doce y seguimos esperando que se cumpla. Esto trasciende los diferentes gobiernos, es una postura que tenemos desde 1816 si se quiere como país, hasta el día de hoy, así que no es este ni el otro ni el de más allá”, sostuvo y destacó que “el último gobierno que hizo algo efectivamente serio respecto de los indígenas, que fue empezado y terminado, fue el gobierno de (Fernando) De la Rúa con la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.    

Por último, Baigorri afirmó que uno de los problemas graves de tierra que tienen las comunidades aborígenes en la provincia de Misiones “es la zona de San Ignacio, donde hay 14 comunidades. Otra de las zonas que está en “stand by” sería la Ruta 7”, en tanto, afirmó que donde se ha bajado la presión “es la zona del Lote 8 en la Reserva de Biosfera Yabotí”. En Mado, todavía sigue con una cuota de presión grande, evidentemente se destapó el porqué del intendente, que hizo toda esa maniobra que hizo”, afirmó e insistió en que “en estos momentos, San Ignacio es la zona más grave, álgida, conflictivas y caliente”. 

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Alem incorpora una excavadora al parque vial

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En la tarde del miércoles la ciudad de Leandro N. Alem recibió una moderna excavadora hidráulica marca New Holland modelo  E 215 C, adquirida con fondos compartidos entre el Gobierno Provincial y el Municipio.
El Intendente Sartori resaltó “Hoy se cumple un sueño más que nos propusimos desde el primer día de gestión, gracias al esfuerzo  del gobierno Provincial y los contribuyentes podemos seguir modernizando el parque vial y así brindar mejores servicios”
Cabe resaltar que la máquina fue adquirida gracias a las gestiones conjuntas del Gobierno de la Provincia de Misiones  de la mano del Sr Gobernador Hugo Pasalaccqua a través del Ministerio de Gobierno de la Provincia, en la persona del Dr. Marcelo Pérez, el Municipio de Leandro N. Alem  y el Honorable Concejo Deliberante, quienes aprobaron y respaldaron la adquisición que se concretó.
También la Municipalidad de Leandro N. Alem, incorporó un Chevrolet 0km Monovolumen, que será destinado a la Secretaria de Acción  y Bienestar Social de la Ciudad.

 
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“Defendemos el precio de la materia prima”, dijo Maciel sobre yerba mate

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El representante del gobierno de Misiones en el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), Ricardo Maciel, afirmó que “vamos a sostener en las distintas instancias  la necesidad de defender el precio de la materia prima”. Lo dijo para clarificar la postura de Misiones respecto a la polémica desatada sobre liberación o regulación del precio de la yerba mate.
Maciel, quien también se desempeña como presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), precisó que esta postura no condiciona el precio del producto que le llega al consumidor. “Es más bien plantear un precio referencial de base para garantizar que se puedan cumplir con los costos productivos. En esto, también está contemplada la mano de obra rural: los tareferos”, remarcó.
El funcionario recordó que “la historia de la producción yerbatera siempre se dio dentro de un espacio de regulación. Así sucedió incluso con la Comisión de Regulación de la Yerba Mate (CRYM) durante sus años de vigencia”. En esa línea, opinó: “en los 90 bajo este mismo concepto se liberó e hizo que se desencadene una de las crisis más profunda del sector”, al rememorar como fue la actividad en las últimas décadas.
“Luego se apostó  a una segunda instancia de regulación con mucha participación del sector privado y en  menor medida del Estado, que se da en lo que hoy es el INYM”, remarcó Maciel. Después agregó: “esto tiene su razón de ser, pues la yerba mate no es un commodity como son los granos que también tienen su espacio donde se fijan precios. Así para la soja está la bolsa de Chicago en EEUU, mientras que los granos en Argentina están en la bolsa de Rosario que son formadores y donde se determinan los precios para que después los vendedores puedan retener o vender según su conveniencia”.
Maciel insistió con que “esa liberación de mercado para los productos citados es también algo relativo,  porque tienen precios establecidos según la oferta y la demanda, porque son commodities que los producen distintos países del mundo. La yerba mate, en cambio, la producimos mayoritariamente nosotros: Misiones y parte de Corrientes y nuestro principal mercado es el  interno”. Por tanto  la fijación de precios–desde su punto de vista- debe ser considerada y mantenida porque no puede haber leyes de mercado sano cuando hay un poder dominante sobre otro.
En tal sentido, el representante del gobierno de Misiones se explayó en la realidad del sector indicando que “nosotros tenemos ocho industrias que acaparan casi el 80 % de la materia prima. También 14 mil pequeños productores muy debilitados a la hora de salir a negociar precios”. Por eso reiteró que es necesario “plantear un precio referencial de base para garantizar que se puedan cumplir con los costos productivos, donde también esté contemplada la mano de obra rural, o sea los tareferos. Después si cada industria o comercio quiere jugar a lo que el mercado le determinada, puede hacerlo. Aquí,  no hay condicionamiento de precio hacia el consumidor”.
Para cerrar, Maciel enfatizó: “nosotros defendemos el precio de la materia prima. Vamos a mantener nuestra postura en las distintas instancias para que esto se siga sosteniendo”.

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