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Brasil autorizó los estudios de prefactibilidad para el puente Alba Posse-Porto Mauá

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Lo confirmó el intendente de Alba Posse, Celso Carvalho. Un Grupo inversor norteamericano está dispuesto a financiar el ciento por ciento de la obra.
 
Avanza, al menos del lado brasileño, la idea de construir un puente entre el municipio de Alba Posse (Misiones) y Porto Mauá (Brasil). El intendente de la localidad misionera, Celso Carvalho, confirmó que en los últimos días el ministerio de Transporte del país vecino autorizó los estudios de prefactibilidad.
“El equipo técnico y legal del ministerio de Transporte de Brasil en las últimas semanas firmó un documento en el que autoriza a la empresa a realizar los estudios preliminares y necesarios para la obra en Brasil, esto es un 50 por ciento de lo logrado en nuestro pedido”, dijo en Radio República.
El interés del grupo inversor norteamericano (ICCANN), fue conocido en una reunión que mantuvieron los alcaldes de ambos países en el mes de abril en Brasilia, para solicitar precisamente la construcción del puente binacional.
“Ellos tienen de 80 a 120 millones de dólares para invertir en América Latina, y esta es la primera inversión que podrían hacer en nuestro país. En el puente invertirían 50 millones”, había precisado Carvalho.
Los inversores, de acuerdo a lo que explicaba el jefe comunal, buscarán a través de esta obra, hacerse conocer e ingresar al mercado argentino – brasileño, con el interés final de conectar Santa Rosa (Brasil) con Garupá (Misiones, Argentina), a través del tren para el transporte de soja y maíz.
“Nosotros del lado argentino queremos lograr lo mismo, por eso solicitamos una audiencia con el ministro (Guillermo) Dietrich (Transporte) para que también autorice los estudios”.

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Tiempo de ajuste

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El debate por las tarifas en el Senado fue el telón de fondo de una disputa que comienza a delinear el escenario para 2019. No estaba en juego el valor de la electricidad ni el gas, sino un primer tanteo entre oficialismo y oposición en el que el usuario y las provincias tenían poco y nada que ver. Un juego del gato y el ratón entre Cambiemos y el peronismo, en todas sus variantes, en el que ninguno perdió del todo.
Las encuestas revelan que el presidente Mauricio Macri salió mejor parado de la contienda, porque más allá del descontento por las tarifas, la sociedad cree que la oposición “no le está dando gobernabilidad”. No es poco, en momentos en que la imagen del Presidente está en sus peores niveles y los modelos “espejo” hacen agua.
En Brasil, Michel Temer pasa su peor momento con políticas de ajuste similares a las aplicadas en la Argentina, que desataron la furia de los camioneros que paralizaron el país. Su socio político, Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados e impulsor del impeachment a Dilma Rousseff fue condenado a 24 años y diez meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y violación de secreto funcional en la megacausa LavaJato, que tiene salpicaduras con varias empresas constructoras en la Argentina.
Del otro lado del océano, la caída de Mariano Rajoy en medio de un escándalo por corrupción en España significó un duro golpe para Macri, que hace poco tiempo lo puso como “ejemplo” a seguir. La justicia española estableció en una sentencia la semana pasada que en el Partido Popular de Rajoy funcionó durante años una contabilidad paralela en dinero negro procedente de donaciones de empresarios, y condenó a varios de los antiguos responsables de la formación política. Se trataba de una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el PP en diversas partes de España. Lo lograban a cambio de sobornos a los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos e incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones del propio PP, según la Justicia española. Un LavaJato a la europea.
En la pulseada por las tarifas, el panperonismo logró demostrar que la unidad no es tan descabellada si el objetivo es recuperar poder -o porciones-.
Nunca estuvo en disputa frenar el aumento de tarifas, ya que se sabía de antemano que el Presidente iba a vetar cualquier iniciativa en ese sentido y el proyecto opositor tenía fallas insalvables, como la falta de propuesta de financiamiento y la conculcación de derechos adquiridos por parte de las distribuidoras eléctricas.
Por eso, buena parte de los gobernadores decidió correrse de la puja. No es que, como pretendió Macri, estuvieran de acuerdo con el nivel de los aumentos, sino que, en el marco de la “gobernabilidad”, advertían que no es el Congreso el que debe fijar el valor de las tarifas, facultad del Ejecutivo. Tampoco aceptaban la propuesta “alternativa” que hizo Macri a las apuradas de reducir el IVA a las tarifas. La generosidad era con billetera ajena y redundaría en una mayor desfinanciación de las arcas provinciales, ya que se trata de un impuesto coparticipable.
¿Conclusión? Las tarifas siguen estando por las nubes, los usuarios seguirán pagando caro y el Gobierno mantiene firme su política económica. “Los argentinos no quieren volver hacia atrás”, esgrime el Presidente, con la grieta como arma. La figura de Cristina es una herramienta de contraste, pero cada día con menos efectividad.
 “Aplicar la ley significaría suspender la Asignación Universal por Hijo por el resto del año”, argumentó Macri, ofreciendo una única falsa opción.
Hay otros muchos lugares donde el Estado puede echar mano para cubrir el déficit que no sea el mínimo ingreso de chicos y adolescentes o por lo menos para recuperar ingresos que achiquen el rojo financiero.
En cualquier caso, ofrecer esa única alternativa a menoscabar la rentabilidad de las empresas eléctricas, revela qué es lo que privilegia el Gobierno.  Las tarifas eléctricas aumentaron exponencialmente desde 2015, muy por encima de los índices salariales y de la inflación. La asignación universal se licúa por la suba de precios y la devaluación.
La pérdida de poder adquisitivo va de la mano de una enorme transferencia de recursos desde los sectores bajos y medios hacia las grandes empresas eléctricas con una mejora sustancial en su rentabilidad.
Es en los resultados económicos donde más se concentra la desilusión de la sociedad. Un estudio de la consultora Gustavo Córdoba & Asociados revela que la inflación es la principal preocupación de los argentinos, con un crecimiento de seis puntos porcentuales respecto a mayo y que el 45,3 por ciento advierte que la situación económica estará peor dentro de un año.
El impacto de las políticas económicas se siente más, paradójicamente, en el sector medio, base electoral de Cambiemos. a diferencia de la clase baja, que todavía mantiene programas sociales y un bajo nivel de consumo, son familias que perdieron subsidios -servicios, transporte, combustible- y deben pagar mucho más para sostener un nivel de vida cada más caro producto de la inflación que no detiene su marcha y que volverá a tomar envión después de la última corrida contra el peso. La pérdida de poder adquisitivo, vía devaluación, llega al 56 por ciento en los últimos doce meses.  
El bolsillo y la heladera no suelen mentir. Son más sinceros que las convicciones políticas.
No existe una solución alternativa a que cada uno pague la energía que consume”, defendió el Presidente, planteando nuevamente una falsa dicotomía.
No se pone en dudas que hay que pagar lo que se consume. Lo que se pone en cuestionamiento es el elevado valor que hoy tiene lo que se consume –y que seguirá en aumento-.
Es una forma elocuente de tomar partido. Es ideológico, un modo de pensar que excede al Presidente. “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”, se preguntó, lacónica, María Eugenia Vidal. “Todos los que estamos acá”, hace a un sentido de pertenencia: jóvenes del Rotary reunidos en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde pocos entran.
Una mirada de clase en la que los derechos son innecesarios si son de los otros. Una mirada de clase que encuentra muchos adeptos, especialmente entre aquellos que nunca necesitaron de una mano. Algo así como: “El pobre es pobre y nunca saldrá de esa condición”. O, ¿para qué tantas universidades si no se garantiza calidad? Van algunas respuestas. Quizás nunca llegaron porque nunca tuvieron acceso. ¿Cómo medir calidad en universidades con un par de años de funcionamiento? Los datos oficiales contradicen a Vidal, entre 2008 y 2015 la matrícula en universidades nacionales en el quintil más pobre del Conurbano bonaerense creció 47 por ciento, y el quintil siguiente, creció un 95 por ciento. El quintil de más altos ingresos creció 21%, y el que le sigue en ingresos, creció un 28 por ciento. Buenos Aires tiene 22 universidades nacionales públicas. De ese total, diez fueron creadas en los últimos 15 años durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
En tiempos de ajuste, cualquier “gasto” de “los otros” es innecesario. La necesidad de mostrar señales se hace urgente en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Las tarifas son parte de esa señal de “fortaleza” que va dirigida a los mercados. El recorte de “gasto” público es otra premisa pedida por el Fondo.
El superministro Nicolás Dujovne anunció un paquete de ajuste enfocado sobre los “privilegios” de los empleados públicos. “A todos nos va a doler un poco”, dijo, compungido. No serán todos. 
Se recortarán viáticos, horas extra y premios de los empleados públicos. Se prohibirán los choferes 24 horas y los vuelos en clase ejecutiva para los que no tengan rango de ministro y se realizarán ajustes de “funcionamiento” para ahorrar entre el 15 y 30 por ciento en todos los ministerios. Por ahora nada cercano al recordado 13 por ciento, pero con la misma finalidad. Con esto, se pretende ahorrar unos 20 mil millones de pesos. Suena a mucho. No lo es tanto. Es apenas el tres por ciento del déficit fiscal y uno por ciento del gasto total. A ese ritmo, el déficit seguirá siendo eterno.
Se apunta a cumplir con una de las demandas del FMI: congelar ingresos al Estado durante 24 meses y más despidos en empresas públicas, pese a que el empleo público es hoy más elevado que en 2015.
El decálogo anunciado por Dujovne -imitado por Federico Sturzenegger en el Banco Central, que reducirá el sueldo de los 20 choferes que trabajan para la entidad monetaria-, tiene como paradoja revelar que “el cambio” nunca pasó por recortar el gasto. “Los privilegios del sector público se tienen que terminar”, dice, ahora, al mismo tiempo que revela que pasaron más de dos años sin tocar ningún “privilegio”.
Las “medidas” de apuro contrastan con las decisiones tomadas en Misiones como modelo de gestión. La Provincia está entre las cinco con menor cantidad de empleo público por cada mil habitantes y en 2016 el gobernador Hugo Passalacqua firmó el decreto para congelar el ingreso a la planta del Estado, salvo en las áreas esenciales, como Educación, Salud y Seguridad.
El contraste se extiende si se amplía la mirada al estado de las cuentas públicas. A diferencia de la Nación que aumenta su déficit por exceso de gastos y endeudamiento, Misiones dejó de endeudarse desde 2003 y en 2017 recuperó un superávit operativo superior a los 2.500 millones de pesos. Son pocas las provincias que pueden exhibir esos resultados.
La diferencia de modelos es evidente. Lejos de la deuda y la especulación, Misiones mantiene una obsesión por generar empleo y potenciar la economía local. Ese modelo, incipiente, bautizado misionerismo, tiene la ratificación en las urnas cada vez que es momento de elegir. El viernes hubo una elección de las ligas menores, pero que fortalece una forma de ver la política: los candidatos renovadores se impusieron en las elecciones de consejeros de la Rama Pasiva del Instituto de Previsión Social por el doble de votos de la lista apadrinada por el puertismo y Cambiemos.
Passalacqua eligió una frase que distingue a la tierra colorada del mapa nacional: “Misiones, chiquita, marginal, es la única provincia que logra traer una inversión genuina, cuando la timba financiera está en la tapa de todos los diarios”, dijo el jueves al presentar el plan de luminarias Leds que se pondrá en marcha con la fábrica polaca Lug, que comenzará a producir en un mes en el Parque Industrial de Posadas.
“Lug es una firma polaca que no fue a otro lugar del país, vino acá, porque ellos observaron que el misionero tiene una estirpe especial en sus ganas de trabajar y progresar”, señaló Passalacqua.
“Esto es producto de que nuestra provincia tiene una característica especial. Siempre pensamos desde la Renovación que el Estado provincial tiene que estar presente”, dijo Passalacqua, al tiempo que pidió valorar que esto se da en días de mucha dificultad, cuando el país está en una situación complicada y por supuesto, la provincia también”.
Misiones no va a parar de crecer por más crisis que haya, no va a parar…y eso es mérito de la gente, mérito de una conducción política, mérito de nuestras ideas, de nuestras convicciones de que hay que estar cerca de la gente y trabajando a destajo, fuera de hora, 24 sobre 24…esa es nuestra actitud. Cuesta mucho juntar la plata, le cuesta al municipio y a la Provincia también le cuesta mucho; y sin embargo lo hacemos, porque la actitud es ir hacia adelante, a veces con pasos largos, a veces con pasos cortos; pero la dirección que tiene el misionero y este modestísimo espacio político es ir siempre hacia adelante; no importa el largo del paso, lo que importa es la dirección del paso. En este marco de dificultades donde algunos discuten el pasado, nosotros tratamos a veces con éxito, a veces no, tener siempre políticas proactivas, políticas públicas hacia adelante”, manifestó.
 

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Preocupación por tasas y tarifas eléctricas en la primera reunión de la CEM con Haene como presidente

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El flamante presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene  encabezó una primera reunión con los asociados para hacer un repaso sobre el impacto en las empresas del aumento de tarifas y el elevado nivel de las tasas bancarias que afecta la financiación de las compañías misioneras.
Fue el primer encuentro después de que Haene reemplazara a Gerardo Díaz Beltrán, quien asumió como presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Estuvieron representados el sector yerbatero, el maderero, comercio exterior, la Coordinadora Mercantil, el turismo, la rama femenina y de la juventud, además del área de Responsabilidad Social Empresaria.
Haene hizo un repaso de las acciones encaradas en el último mes, como las gestiones por las subas de tarifas, encaradas ante la empresa eléctrica y el Gobierno provincial. Después se escuchó un informe del secretario de Energía, Sergio Lanziani.
En paralelo, cada sector expuso su estado de situación.
“Entendemos que es un momento en el que hay que tener mucha cautela, mucho raciocinio para llevar adelante acciones y de alguna manera hicimos un racconto de los últimos 30 días”, explicó Haene a Economis. También se hizo un repaso sobre los aumentos de combustible, la situación financiera derivada de la suba de tasas y la apertura de sobres para la operación del puerto de Posadas.
Haene brindó un informe sobre las gestiones realizadas ante la AFIP, que por primera vez ofreció nuevos planes con diferentes características para la refinanciación de deudas de las empresas, en función de un pedido realizado por la CEM hace diez días.
Otro tema analizado fue la posible sanción de una ley que prohíba el uso de glifosato en la yerba mate. La Cámara de Molineros expuso sus reparos. La CEM ya presentó en la Cámara de Diputados un pedido de reunión urgente.

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Solari: “Misiones no libra batallas perdidas porque cuida a su gente”

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. “En ninguna de las dos opciones nos encontramos los misioneros obteniendo beneficios reales y concretos”, argumentó al explicar el porqué de la ausencia de los senadores misioneristas a la hora de la votación. “Misiones no libra batallas perdidas porque cuida a su gente”, insistió.
La senadora, en diálogo con Economis, hizo un pormenorizado análisis sobre el proyecto opositor y cuestionó los argumentos del oficialismo al proponer una rebaja de impuestos en las tarifas.  
“La reducción del IVA claramente perjudicaría a Misiones pues se traduciría en recibir una menor cuantía en los fondos de la coparticipación que recibimos, siendo ya bajo e injusto el porcentaje asignado que ni siquiera está equiparado al de otras provincias de iguales realidades que la nuestra”, explicó en respuesta a una iniciativa defendida por el radical Luis Pastori.
“Además profundizaría el perjuicio que ya tenemos las provincias en relación al suministro de energía de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires que ya pesa injustamente sobre nuestras espaldas”, añadió.
¿Qué opinión tiene sobre la ley aprobada?
Siempre me cuestioné la idoneidad (y los costos) de utilizar una ley que nace muerta para cumplir los objetivos que en teoría perseguía, para obtener un resultado distinto. Recorrer un laberinto tiene el riesgo de quedar atrapado, de no poder salir de él. 
Hubo mucho para reflexionar y aprender. La democracia se construye y sostiene cotidianamente, nuestro accionar la define y la lleva de potencia a acto en cada instante. Ella sólo descansa en sus contenidos y continentes como lo son la división de poderes, los derechos adquiridos, el de propiedad, la seguridad jurídica y muchos. Si vulneramos uno, tan sólo uno de ellos ¿es igual? ¿Da igual? ¿Se consagran derechos vulnerando derechos o es el orden el que debemos proteger? No es compatible con mi lógica.
Lo único que realmente beneficiaría a Misiones y al país y que concreta un federalismo real disolviendo diferencias entre las jurisdicciones es el traspaso de Edenor y Edesur a Provincia y Caba, de lo que se habló pero que no se plasmó en ningún proyecto concreto.
 
¿Qué lectura hace del proyecto de la oposición?
Lo primero que cabría preguntarse es si efectivamente existe una verdadera situación de “emergencia tarifaria” documentada y corroborada, o si en realidad lo que existe es la necesidad de atender la grave situación de aquellas personas de los sectores más vulnerables frente al necesario e inevitable proceso de actualización de las tarifas de los servicios públicos (pesificadas y congeladas desde 2002) que se ha implementado en estos dos últimos años.
La finalidad aparentemente perseguida por el legislador es legítima y nadie podría no estar de acuerdo. Ahora bien ¿es adecuado el medio elegido (esto es: la declaración de “emergencia tarifaria” y el establecimiento de “tarifas de emergencia”, directamente, por del Congreso de la Nación)? ¿Cuáles fueron los indicadores sobre cuya base se justifica una declaración general de “emergencia tarifaria” en todo el territorio de la Nación? 
Dicho en otros términos: No es lo mismo reconocer que existe una gran cantidad de habitantes del país en situación de pobreza o extrema necesidad, sectores vulnerables de la sociedad que exigen la atención por parte de todas las autoridades públicas, incluidos los legisladores; y otra bien distinta es que el Congreso declare una “emergencia tarifaria” nacional, invada ámbitos de facultad propios del Poder Ejecutivo fijando las tarifas, adopte intensas medidas de restricción del derecho de propiedad de quienes actualmente prestan los servicios públicos y cambie las reglas del juego que vienen aplicándose conforme las pautas establecidas por la Corte Suprema en “CEPIS[1]; todo ello, con el inevitable costo en términos de seguridad jurídica y el consecuente desaliento de las inversiones que son tan necesarias para lograr ampliar esos servicios públicos a fin de que puedan llegar a quienes están en peor situación (y hoy no los tienen a disposición).
 
¿Era incorrecto el planteo?
La legítima finalidad que se declara perseguir con las medidas previstas en el Proyecto puede lograrse por otros medios, igual o más eficaces, menos restrictivos de los derechos en juego y menos costosos en términos institucionales y de valores republicanos; medios que, además, sí están dentro de la esfera de facultades que son propias del Congreso. Por ejemplo, con el perfeccionamiento o ampliación del sistema de la “tarifa social” que actualmente aplica el Ejecutivo nacional y está contemplado, también, en el Proyecto en consideración, estableciendo pautas objetivas y claras para la concesión de subsidios que permitan -respetando los derechos de propiedad de la firma prestadora del servicio público- atender los derechos fundamentales básicos de quienes están en situación de vulnerabilidad o de quienes se encuentran ante la imposibilidad de pagar el total de las tarifas actualizadas.
Además, no puede desconocerse que la declaración de la “emergencia tarifaria”, en los términos establecidos en el proyecto, importa una contradicción interorgánica o interna en el obrar del Estado Nacional, que es un todo.
 
¿Cuál es esa contradicción?
Por encargo del Congreso, el Ejecutivo renegoció los contratos de servicios públicos  e incluyó, para su aprobación, la intervención del propio Congreso; luego de la intervención de la Corte Suprema. Se aprobaron así las Revisiones Tarifarias Integrales y los nuevos cuadros tarifarios una vez realizadas las audiencias públicas exigidas por el máximo Tribunal. Y, ahora, el Congreso pretende desconocer abiertamente esas renegociaciones, las revisiones tarifarias integrales y los nuevos cuadros tarifarios resultantes, borrando con el codo lo que escribió con la mano. Existe así una contradicción interna en el obrar del Estado por medio de sus diversas ramas de gobierno. Hay una absoluta contradicción.
¿Cuál debiera ser el camino del Congreso?
El Congreso puede y debe atender la situación de quienes integran los sectores más vulnerables, pero debe hacerlo en forma coherente, sin contradecirse con sus propios actos, es decir, sin ignorar lo que le encargara, al Poder Ejecutivo, bajo la ley 25.561 que el propio Congreso sancionó.
Por aplicación del principio de unidad de acción estatal, y por aplicación de una exigencia de coherencia, el Congreso puede propiciar medidas de protección de los desprotegidos. Más ello, sin invadir las facultades del Poder Ejecutivo y sin desconocer la realidad ni adoptar medidas que, inevitablemente, pondrán en riesgo la operación, mantenimiento y ampliación de esos servicios públicos.
 
¿Mientras tanto, qué se hace con quienes no pueden pagar las tarifas?
El Congreso puede y debe atender la situación de quienes, teniendo esos servicios públicos a disposición, no pueden pagar las tarifas en sus valores reales y actualizados, y también de quienes actualmente están privados de ellos. Pero ese objetivo no se logra si se adoptan medidas como las propuestas en el proyecto de la oposición, que pondrán en peligro la rentabilidad de tales servicios y desalentarán las inversiones que son el único vehículo idóneo para poder hacer llegar, esos servicios públicos, a quienes, actualmente, están privados de ellos o a quienes tendrían dificultades en pagarlos. Pero un proyecto como el impulsado por la oposición importa una expropiación, sin declaración de utilidad pública ni indemnización previa, del derecho de propiedad de las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos, en tanto se reconoce expresamente un crédito en favor de ciertos usuarios por la diferencia entre los montos percibidos por dichas empresas y la tarifa que surja de la “emergencia”.

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Crisis en España: “Para la Argentina no implica ningún cambio”, aseguró Ramón Puerta

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El embajador argentino en España, Ramón Puerta, aseguró que no habrá cambios en las relaciones bilaterales entre ambos países tras la decisión del Congreso del país europeo de destituir a Mariano Rajoy.

Las relaciones son excelentes, entre dos países democráticos y esto no genera ningún cambio“, aseguró el diplomático en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

El funcionario se mostró sorprendido por la rapidez en que le Parlamento decidió declinar el mandato del presidente español principalmente porque su administración había cosechado logros económicos en medio de un escenario internacional de turbulencias.

Todo esto ocurrió en una semana, en un gobierno al que le venía yendo bastante bien. Este gobierno venía cosechando resultados en el ámbito económico, pero la Constitución española permite estos cambios rápidos“, analizó.

 

Consultado por la proclamación de Pedro Sánchez como sucesor de Rajoy, Puerta contó que recientemente tuvieron un encuentro donde el nuevo presidente le aseguró que celebra con simpatía los cambios impulsados por la administración de Mauricio Macri en la Argentina. “Estaba perfectamente informado de todo y lo invité para que nos visite”, contó.

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