Crisis yerbatera: Sand volvió a pedir una ley de emergencia con precio sostén para frenar el colapso del sector
La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.
El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.
Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.
“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.
Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.
Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.
“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.
La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.
El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.
En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.
Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.
Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.
Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.
El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.
Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.
