Después de casi ocho décadas de actividad y de haber participado en algunas de las obras de infraestructura más importantes del país, la constructora Esuco ingresó en concurso preventivo de acreedores. La decisión judicial marca un punto de inflexión para una empresa que durante años fue uno de los principales actores de la ingeniería argentina y refleja el profundo cambio de escenario que atraviesa el sector de la construcción tras la paralización de la obra pública nacional.
La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, luego de que la compañía reconociera dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En su presentación, sostuvo que el objetivo de la reestructuración judicial es preservar la continuidad operativa y alcanzar un acuerdo con más de 800 acreedores, mientras intenta sostener una actividad que se redujo drásticamente durante el último año.
Fundada en 1948, Esuco desarrolló más de 500 proyectos de infraestructura en todo el país. Su trayectoria incluye la participación en obras emblemáticas como la represa hidroeléctrica Yacyretá, el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate, el ex Centro Cultural Kirchner, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), la planta depuradora de efluentes cloacales de Berazategui, el Acueducto Miraflores en Chaco y la estación terrena satelital Las Lajas, además de numerosos emprendimientos viales, ferroviarios, energéticos e hidráulicos ejecutados para organismos nacionales, provinciales y municipales.
La paralización de la obra pública aceleró el deterioro
En el expediente judicial, la empresa atribuye su crisis a una combinación de factores que modificaron por completo el escenario del negocio. La fuerte reducción de la inversión pública, la virtual desaparición de nuevas licitaciones nacionales, el incremento de los costos de construcción, el elevado costo del financiamiento y los conflictos contractuales con Energía Argentina (Enarsa) terminaron deteriorando su capacidad financiera.
Según expuso la compañía, el cambio comenzó a profundizarse desde fines de 2023 y se consolidó durante 2024, cuando numerosos contratos financiados por el Estado fueron paralizados, suspendidos o ralentizados.
La empresa sostiene que la inversión pública en infraestructura cayó cerca de un 80% en términos reales respecto de 2023, mientras que la actividad de la construcción retrocedió más de un 27% durante 2024, provocando una fuerte reducción en las oportunidades de negocio y dificultando el reemplazo de los proyectos que finalizaban.
Los números reflejan esa transformación. Aunque durante 2024 Esuco facturó $84.664 millones, ese nivel representó una caída real del 23,7% frente al ejercicio anterior. El deterioro operativo también impactó sobre la rentabilidad: tras obtener una ganancia de $2.849 millones en 2023, cerró el último ejercicio con pérdidas por $6.206 millones.
El resultado bruto descendió desde $25.138 millones hasta $17.373 millones, mientras que los ingresos provenientes de obras ejecutadas disminuyeron desde $110.993 millones a $84.664 millones.
Más del 80% del personal fue desvinculado. La contracción de la actividad también golpeó con fuerza la estructura laboral de la empresa.
La documentación presentada ante la Justicia muestra que Esuco redujo su plantel de 397 trabajadores en junio de 2025 a apenas 70 empleados en abril de 2026, una disminución superior al 80% en menos de un año.
Los empleados permanentes pasaron de 160 a solo 25, mientras que el personal jornalizado afectado directamente a las obras cayó de 237 a 45 trabajadores, reflejando la magnitud del ajuste que debió afrontar la compañía.
El conflicto con Enarsa agravó la situación financiera
Otro de los ejes centrales de la presentación judicial es el conflicto que la empresa mantiene con Energía Argentina (Enarsa), vinculado a la ejecución de dos proyectos estratégicos para el sistema energético nacional: la Planta Compresora Mercedes y las obras de adecuación de las plantas compresoras necesarias para la reversión del Gasoducto Norte.
Esta última constituye una de las principales obras energéticas de los últimos años, ya que permitirá incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país para sustituir progresivamente las importaciones provenientes de Bolivia.
Esuco sostiene que ambos contratos estuvieron afectados por demoras en la aprobación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, autorizaciones técnicas e ingresos de materiales, situación que la obligó a financiar una parte creciente de los trabajos mediante recursos propios y endeudamiento bancario.
Según la empresa, solo el contrato correspondiente a la reversión del Gasoducto Norte le generó perjuicios económicos por aproximadamente $3.700 millones, mientras que los créditos pendientes de cobro relacionados con distintos proyectos energéticos superarían los $53.900 millones.
La constructora también argumenta que el atraso en los pagos, sumado a tasas de interés que durante parte de 2025 superaron el 100% nominal anual, terminó deteriorando aún más su situación financiera e imposibilitó sostener el ritmo previsto de ejecución de las obras.
Carlos Wagner y una empresa emblemática del sector
La historia reciente de Esuco también está estrechamente ligada a la figura del ingeniero Carlos Wagner, uno de los empresarios más influyentes de la construcción argentina durante las últimas décadas.
Wagner presidió la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, período caracterizado por un fuerte crecimiento de la inversión pública en infraestructura. Posteriormente adquirió notoriedad nacional al declarar como imputado colaborador en la causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas”, donde describió el funcionamiento del presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a contrataciones de obra pública.
No obstante, en la presentación del concurso preventivo, la empresa atribuye su crisis exclusivamente al cambio de escenario económico y operativo derivado del derrumbe de la inversión pública y las dificultades para sostener proyectos de gran escala.
El ingreso de Esuco al concurso preventivo trasciende la situación de una empresa en particular y se convierte en uno de los casos más representativos del impacto que tuvo el cambio de política de infraestructura sobre el sector de la construcción.
Mientras el Gobierno nacional mantiene el recorte de la obra pública como uno de los pilares del ajuste fiscal, numerosas empresas contratistas enfrentan una combinación de menor actividad, dificultades de financiamiento y conflictos derivados de contratos en ejecución.
Para Esuco, la continuidad dependerá ahora de la posibilidad de reestructurar su pasivo, recuperar los créditos pendientes —especialmente los vinculados a obras energéticas— y adaptarse a un mercado significativamente más reducido que el que impulsó su crecimiento durante décadas.
