ARCA oficializó nuevos cambios entre los que se especifica los períodos que serán considerados para determinar la nueva categoría de cada contribuyente, basándose en sus declaraciones.
El Gobierno inició el proceso de recategorización para monotributistas, anunciado recientemente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según lo informado, el trámite podrá realizarse entre el 15 de enero y el 5 de febrero.
Con la publicación de la Resolución General 5637/2025 en el Boletín Oficial, se oficializaron varias modificaciones al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Entre los cambios, se definieron los períodos que serán considerados para determinar la nueva categoría de cada contribuyente, basándose en sus declaraciones.
En este contexto, el cálculo de las categorías tomará como referencia la información proporcionada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el porcentaje de variación anual reportado por el INDEC, la actualización de las escalas se efectuará en los meses de enero y julio, considerando los semestres anteriores concluidos en junio y diciembre, respectivamente.
La norma destaca: “que, al respecto, determinó que la actualización prevista en el artículo 52 del citado Anexo se efectuará semestralmente a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice”.
Además, se implementaron procedimientos más ágiles para realizar la recategorización, utilizando la información disponible en los sistemas informáticos del organismo. Las resoluciones correspondientes serán notificadas en el Domicilio Fiscal Electrónico de los contribuyentes dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del período de cambio.
Por último, se aclara que la recategorización de oficio surtirá efecto a partir de agosto y febrero para los semestres enero/junio y julio/diciembre, respectivamente.
Tomando como base el precio en pesos, si un comercio quiere obtener el máximo crédito fiscal de IVA facturando en moneda extranjera tiene que fijar precios al valor oficial porque de lo contrario “pagaría” el impuesto más caro.
Las nuevas normas de facturación que obligan a discriminar los impuestos indirectos del precio pueden generar también un efecto de “transparencia cambiaria” en caso de que el comerciante decida hacer una factura en dólares.
Y es que si se usara esa modalidad para registrar una venta, si no quiere perder dinero pagando los impuestos más altos, los comercios tendrían que usar un tipo de cambio lo más bajo posible.
Esto se debe a las nuevas normas de transparencia fiscal. Cuando el vendedor facture en moneda extranjera tendrá que usar el tipo de cambio Banco Nación tipo vendedor del día anterior para liquidar el IVA asociado a esa venta. Ese dólar vale unos $1.060.
El vendedor puede usar otro tipo de cambio. Puede acodar con su cliente el dólar MEP, o el blue. Si usa el oficial tendría que pedir un precio más alto en moneda extranjera si quiere seguir obteniendo los mismos pesos.
El caso sería el de alguien que compra un electrodoméstico que cuesta $1.000.000. Si el comercio lo expone al dólar Banco Nación, valdrá u$s943. Pero si el cliente quiere que le coticen al dólar MEP tendría que valer unos u$s843 y si quiere que se lo coticen al blue, tendría que ser de u$s809.
Entre el precio valor MEP del producto y el tipo de cambio que tiene que tomar el comercio para liquidar los impuestos de su factura en moneda extranjera, hay una diferencia de u$s100 y si se toma con el “dólar de la calle” sería de hasta u$s134.
Para un millón de pesos el crédito de IVA a favor del vendedor es $210.000. Si el comerciante toma los dólares al blue $809, cuando tenga que liquidar el IVA al oficial, el crédito que va a obtener de esa operación será de $180.083. Es decir, estaría perdiendo $29.916.
Las opciones que le quedan al comerciante es poner el precio más alto en dólares si quiere obtener el mismo crédito fiscal.
De lo contrario, en el ejemplo, podrá recibir u$s809, venderlos en el blue, acumular $1.000.000 y así obtener el crédito de IVA por $210.000. Si el vendedor acepta un tipo de cambio por encima del oficial no tendrá incentivos para facturar en esa moneda producto del evidente retraso del tipo de cambio.
En principio, algunos suponen que el comercio pequeño de barrio ni se va a meter con esto. Sería una complicación. Habría que tener billetes pequeños para dar vueltos. Los importes que se manejarían son muy bajos.
El sistema, entonces, es probable que funcione para grandes cadenas de todo tipo y debería regir el principio de “dólar más barato”. Y eso va a demostrar que el precio del dólar oficial está retrasado.
En realidad, al habilitar la facturación en moneda extranjera el Gobierno va a reproducir las mismas sensaciones que puede tener un turista uruguayo que visitó Buenos Aires en enero de 2024 y que ahora regresa en 2025. Hace un año estaba todo regalado en dólares y ahora está caro.
La situación puede llevar a que el comercio agregue un nuevo negocio: el de compra y venta de dólares. Es probable que alguno trate de cotizar un poco por encima del valor de mercado, a modo de promoción a favor del cliente.
El republicano toma posesión del cargo en la rotonda del edificio, un espacio de gran valor simbólico que conecta el Senado y la Cámara de Representantes.
Donald Trump se convirtió este lunes en el 47º presidente deEstados Unidos, tras un primer mandato entre 2017 y 2021, sucediendo al demócrata Joe Biden.
Con una mano sobre una biblia heredada de su madre, el republicano, de 78 años, jurará “proteger la Constitución” bajo la cúpula del Capitolio al mediodía hora de Washington (17H00 GMT).
Por primera vez en décadas, la investidura se celebrará en el interior del edificio. La ceremonia contó con la presencia de líderes mundiales y magnates de Silicon Valley, y culminó con la firma de un centenar de órdenes ejecutivas para revertir las políticas de su predecesor.
Donald Trump juró el cargo de presidente de Estados Unidos este lunes, dando paso a otro turbulento mandato de cuatro años con promesas de llevar al límite el poder ejecutivo, deportar a millones de inmigrantes, lanzar represalias contra sus enemigos políticos y transformar el papel de Estados Unidos en la escena mundial.
La toma de posesión de Trump completa un regreso triunfal para un político que sobrevivió a dos juicios de destitución, una condena por delito grave, dos intentos de asesinato y una acusación por intentar anular su derrota electoral en 2020.
El flamante mandatario prometió “poner a EEUU en primer lugar” y cuestionó la política inmigratoria y social de su antecesor, Joe Biden. “La era dorada de EEUU comienza ahora”, aseguró.
“La era dorada de Estados Unidos empieza ahora”.
Con esa frase arrancó Donald Trump su primer discurso tras asumir este lunes el cargo como 47° presidente de Estados Unidos.
“En cada uno de mis días al frente de gobierno, pondré a Estados Unidos primero”, dijo en la rotonda del Capitolio, en Washington DC.
“A partir de este día, nuestro país florecerá y será respetado”, siguió. “Nuestra prioridad será crear una nación que sea orgullosa, próspera y libre”.
“Nuestra soberanía será restablecida. Se reinstaurará nuestra seguridad. Se reequilibrará la balanza de la justicia. Se pondrá fin al uso político despiadado, violento e injusto del Departamento de Justicia y de nuestro gobierno. Nuestra máxima prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre”, explicó.
Pronunció las palabras ante una audiencia formada por su esposa y nueva primera dama, Melania Trump, y otros miembros de su familia; expresidentes como Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton; representantes del Congreso y de la Corte Suprema, y los magnates tecnológicos Elon Musk y Mark Zuckerberg, entre otros 800 invitados a la ceremonia.
“Hace unos meses, en un bonito mitin de Pensilvania, un grupo de asesinos me perforó la oreja. Pero mi vida se salvó por algo: Dios me salvó para hacer a EE UU grande de nuevo”, dijo Trump, haciendo referencia al ataque que sufrió en plena campaña el pasado mes de julio.
Ahora, “tengo la esperanza de que las recientes elecciones sean recordadas como las más grandes y consecuentes en la historia de nuestro país”, añadió.
“Es la revolución del sentido común”, subrayó.
“El 20 de enero de 2025 es el día de la liberación”, clamó, provocando un fuerte aplauso en la Rotonda.
La frontera, los carteles y el Canal de Panamá
El republicano regresa a la Casa Blanca con la intención de ejercer el poder desde el primer día a través de decenas de decretos.
Tal como se esperaba, en su discurso adelantó que declarará la “emergencia nacional” en la frontera entre EE.UU. y México para frenar la inmigración y que enviará allá a las tropas para “arreglar el desastre”.
La declaración de emergencia nacional le permitirá militarizar el área colindante y sellar los pasos de entrada a EE.UU., además de destinar más fondos y recursos a la “deportación masiva” que lleva meses prometiendo.
“Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, proclamó en ese sentido.
“Restableceremos mi política de ‘quédate en México’, pondré fin a la práctica de ‘captura y puesta en libertad’ y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país”, continuó.
También avanzó que nombrará a los carteles mexicanos del narcotráfico “organizaciones terroristas”.
“E invocando la ley de enemigos extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, agregó.
Aunque no lo nombró en su discurso, entre las organizaciones que están en el punto de mira de Trump se encuentra el Tren de Aragua, una banda nacida en Venezuela y con presencia en varios países de América Latina.
Además, como ya había dicho antes, confirmó que pretende cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.
Y entre otras decisiones que afectarían a América Latina, adelantó que tiene la intención de recuperar el control del Canal de Panamá.
“A los barcos estadounidenses se les está cobrando gravemente de más y no se les está tratando justamente de ninguna manera, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos, y sobre todo, China está operando el canal de Panamá. Y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo”, aseguró.
Solo dos géneros, impuestos y combustibles fósiles
El nuevo presidente también ahondó en algunas de las medidas sociales que pretende tomar.
“Habrá solo dos géneros: hombre y mujer”, explicó Trump, en la línea de sus esfuerzos para restringir los derechos de la comunidad transgénero.
Y se explayó sobre todo en las decisiones económicas.
“En vez de poner impuestos a nuestras ciudades, pondremos impuestos a otros países para enriquecernos”, aseguró el nuevo presidente.
Al criticar la inflación en Estados Unidos, Trump le dijo adiós al pacto para promover las energías limpias del gobierno de Biden y a la apuesta por los vehículos eléctricos: “Vamos a perforar, baby, a perforar”.
“Volveremos a EE.UU. una nación rica de nuevo”, gracias al “oro líquido que tenemos bajo los pies”, agregó.
Además de centrarse en explotar los combustibles fósiles, el republicano agregó que se impulsará la manufactura nacional, haciendo un guiño a los trabajadores del sector automotor.
Aprovechó también para prometer que se colocará la bandera estadounidense en Marte.
“Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas [de la bandera] en el planeta Marte”, aseguró.
“Si trabajamos juntos no hay nada que no podamos hacer ni nada que no podamos alcanzar”, dijo en la recta final de su discurso.
“No hay nada imposible. Estoy ante vosotros como prueba viviente de que nada es imposible. En EE.UU., lo imposible es lo que mejor hacemos”, afirmó.
“Estoy con ustedes, lucharé por ustedes y ganaré para ustedes. Ganaré como nunca antes”, prometió.
“Nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra edad dorada acaba de comenzar. Gracias. Dios bendiga a Estados Unidos”, cerró.
El decreto busca mayor eficiencia operativa, menos burocracia y una regulación más acorde con estándares internacionales, beneficiando tanto al sector marítimo como al comercio.
El Gobierno oficializó un nuevo Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) en el país, mediante el Decreto 37/2025. Este nuevo régimen tiene como objetivos principales:
Actualizar la normativa vigente en materia de navegación, seguridad y preservación del medioambiente, adaptándola a las necesidades actuales del comercio nacional e internacional.
Simplificar procedimientos y eliminar regulaciones innecesarias, en línea con políticas de desregulación, transformación estatal y dinamización de trámites para los usuarios.
Modificar y derogar normativas anteriores, como el Decreto 770/2019 y disposiciones del Régimen de la Seguridad Portuaria (Decreto 890/1980), para alinearse con estándares internacionales como los de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Reformar la contratación de serenos para buques en puerto, haciéndola opcional en lugar de obligatoria, en consonancia con nuevas medidas de seguridad portuaria modernas.
Otorgar a la Prefectura Naval Argentina (PNA) el rol de autoridad de aplicación del nuevo régimen, con la responsabilidad de dictar normas complementarias y operativas necesarias para su implementación.
El decreto busca mayor eficiencia operativa, menos burocracia y una regulación más acorde con estándares internacionales, beneficiando tanto al sector marítimo como al comercio.
La medida se enmarca en la política de desregulación y simplificación administrativa que lleva adelante el Gobierno. Por ello, se modifica y moderniza el Reglamento General de la Navegación (REGINAVE). La norma se trabajó en conjunto con Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
Esta medida busca agilizar los trámites del sector, fomentar la libertad económica y adaptarse a estándares internacionales, facilitando las operaciones para los argentinos y potenciando la competitividad argentina.
El REGINAVE fue presentado a fines de noviembre por los ministros Bullrich y Sturzenegger, donde la titular de Seguridad había destacado el nuevo regimen parafraseando al presidente Milei: Trámires burocráticos, afuera!
La agenda de desregulación es una agenda pro-producción y pro-PYME, porque se centra en reducir costos. Al hablar del “costo argentino”, se encuentran capas y capas de trámiites burocráticos, restricciones e imposibilidades que, en muchos casos, no tienen justificación. Este nuevo sistema representa un avance crucial para las PYMES, ya que las trabas burocráticas son una carga onerosa para las empresas que recién comienzan. Además, es una política anticorrupción, porque menos trámites significan menos oportunidades para ese delito.
Idesa insiste a Nación que es insostenible un ahorro fiscal que ignore a las provincias: “Fortalecer el superávit requiere coordinación con las provincias”.
Los gobernadores reunidos con el Gobierno, una postal que todavía no se repite (esta fue cuando Nicolás Posse aún era jefe de Gabinete de Ministros).
Lo nuevo de Idesa:
En el 2024 se logró revertir los crónicos déficits fiscales. El desafío para el 2025 es darle sostenibilidad. Esto requiere un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las Provincias para eliminar solapamientos de funciones y de impuestos. Este Acuerdo es urgente para recuperar la caída de la inversión en infraestructura.
En el 2024 se dio una reversión impresionante de la dinámica fiscal. De un desequilibrio financiero equivalente al 4,6% del PBI en el 2023, se pasó a un superávit financiero de 0,3% del PBI en el 2024. Se logró un aumento del superávit financiero de casi 5% del PBI.
El ajuste se explica por una caída en todos los componentes del gasto primario (es decir, erogaciones excluidos los intereses).
Mientras los ingresos públicos se mantuvieron constantes en 16,8% del PBI, todos los componentes del gasto primario tuvieron caída en términos reales que totalizaron una reducción total de 4,5% del PBI. Para lograrlo fue clave la licuación de gastos en un entorno de alta inflación.
El desafío ahora es sostener el superávit en un contexto de baja inflación. En algunos rubros de gastos alcanza con seguir la misma estrategia, como sostener la baja en la masa salarial con la reducción de empleados públicos y una política salarial austera. En el caso de las jubilaciones, sin perjuicio de que es muy importante un ordenamiento integral, con la movilidad que establece aumentos en base a la inflación las erogaciones en el corto plazo estarán controladas, si no se renuevan las moratorias que vencen en marzo.
Pero hay otros rubros de gastos donde se necesita un cambio urgente de estrategia. Estos son los casos de las transferencias discrecionales a provincias e inversión en infraestructura. Según el Ministerio de Economía entre el 2023 y el 2024 se observa que:
La caída en las transferencias nacionales para gastos corrientes de provincias representó el 11% de la caída total del gasto primario.
La caída de las transferencias nacionales de capital a provincias explica otro 9%.
La caída de la inversión nacional en funciones interprovinciales representó otro 17% del ajuste del gasto primario.
Estos datos muestran que más de un tercio de la reducción del gasto primario fue gracias a la reducción de las transferencias no automáticas a provincias (corrientes y de capital) y de la inversión directamente ejecutada por la Nación. En el caso de la inversión nacional, los anuncios del gobierno van en la dirección de buscar mecanismos para que empresas privadas se hagan cargo del mantenimiento y desarrollo de nueva infraestructura. Es un proceso tan complejo como urgente. Pero más desafiantes aún son los problemas que se derivan de la drástica reducción de las transferencias no automáticas a las provincias.
La reducción de las transferencias a las provincias va en el sentido correcto de eliminar solapamientos que son fuentes de ineficiencias. Sin embargo, por haberse hecho de manera unilateral existe el riesgo de que las provincias y los municipios reaccionen aumentando impuestos. Cabe tener en cuenta que dos de los peores impuestos –Ingresos Brutos y tasas de industria y comercio– son las principales fuentes de financiamiento propio de las provincias y municipios. Así, se forma un potente factor de erosión de la competitividad para la producción nacional que es la combinación de apreciación cambiaria con subas de Ingresos Brutos y tasas municipales y la profundización del deterioro de la infraestructura, debido a que los tres niveles de gobierno redujeron la inversión pública.
Para preservar el superávit fiscal y contemplar los problemas de competitividad es imprescindible un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las Provincias. Un primer componente del Acuerdo debería ser el ordenamiento funcional del sector público. Esto es dejar claramente especificadas las funciones de cada nivel de gobierno: el Estado nacional ejecuta funciones interprovinciales y las provincias con sus municipios se hacen cargo de las funciones locales. El objetivo es eliminar los solapamientos que dañan la calidad de la gestión pública. El otro componente debe ser el ordenamiento tributario. También eliminar solapamientos de impuestos y dejar claramente establecido qué tributo financia a cada nivel de gobierno. De esta forma, se reemplaza la coparticipación por la correspondencia fiscal en la cual cada nivel de gobierno atiende su función con los recursos que produce.
El fuerte ajuste fiscal permitió superar la crítica situación a la que se había llegado a finales del 2023. Pero es muy importante evitar que frente a la casi eliminación de transferencias a las provincias la reacción sea aumentar impuestos agravando los problemas de competitividad. Por eso, es importante y urgente firmar un Acuerdo de Coordinación Fiscal.
