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Finanzas superó los vencimientos y captó más de $10 billones en la licitación

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La Secretaría de Finanzas logró este martes un rollover del 124,2% en la licitación de deuda en pesos y dólares, al adjudicar $10,34 billones frente a vencimientos del día, tras recibir ofertas por $11,17 billones. El resultado refuerza la estrategia oficial de financiamiento en el mercado local y consolida la capacidad del Tesoro para cubrir compromisos sin recurrir a emisión monetaria, en un contexto de tasas reales elevadas y fuerte concentración de colocaciones a tasa fija y ajustadas por inflación.

Rollover positivo y fuerte demanda por instrumentos en pesos

Según informó oficialmente la Secretaría de Finanzas, en la licitación realizada el 28 de enero de 2026 se recibieron 7.325 ofertas, por un valor efectivo total de $11,17 billones, de los cuales se adjudicaron $10,34 billones, lo que implicó un rollover del 124,20% sobre los vencimientos del día.

Del total adjudicado, la mayor parte correspondió a instrumentos denominados en pesos, con un valor efectivo de $10,23 billones, mientras que los títulos en dólares estadounidenses sumaron el equivalente a $102.935 millones, calculados al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA, que fijó el dólar en $1.441,3245.

En términos de estructura, el Tesoro volvió a concentrar la demanda en LECAP y BONCAP a tasa fija, que absorbieron más de $6,9 billones, con vencimientos escalonados entre marzo de 2026 y enero de 2027. La LECAP S16M6, con vencimiento el 16 de marzo de 2026, fue el instrumento más demandado, con adjudicaciones por $4,91 billones, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,99%, equivalente a una TIREA del 42,41%.

Le siguieron la S31L6, con vencimiento el 31 de julio de 2026, por $1,84 billones a una TEM de 2,75% y TIREA del 38,48%, y la S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, que captó $0,04 billones. En tanto, el BONCAP T15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027, sumó $0,19 billones.

CER, TAMAR y dólar linked: cobertura inflacionaria y cambiaria

Además de la tasa fija, la licitación mostró una participación relevante de instrumentos ajustados por CER, que en conjunto captaron más de $2,5 billones, reflejando la persistente demanda de cobertura frente a la inflación.

Entre ellos se destacó la LECER X30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, que adjudicó $1,07 billones a una TIREA del 8,35%, y la X31L6, con vencimiento el 31 de julio de 2026, por $0,44 billones a 7,83% TIREA. A plazos más largos, los bonos TZX27 y TZX28, con vencimientos en junio de 2027 y junio de 2028, sumaron en conjunto $1 billón, con tasas reales que oscilaron entre 8,13% y 8,75%.

Por su parte, el instrumento a tasa variable TAMAR, la LETRA M31G6 con vencimiento el 31 de agosto de 2026, adjudicó $0,75 billones, con un margen del 6,24%, consolidando su rol como alternativa para inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos de tasas.

En dólares, el Tesoro reabrió la Letra dólar linked D30A6, con vencimiento el 30 de abril de 2026, que adjudicó USD 72 millones, equivalentes a $102.935 millones, a una TIREA del 6,02%, manteniendo activa la oferta de cobertura cambiaria dentro del esquema de financiamiento.

Señal al mercado y sostenibilidad del financiamiento

El resultado de la licitación refuerza la señal de confianza del mercado en la estrategia de deuda del Tesoro, en un escenario donde el Gobierno busca sostener el financiamiento en pesos y evitar desvíos del ancla fiscal. La magnitud del rollover, superior al 120%, permite no solo cubrir los vencimientos inmediatos sino también generar un excedente de liquidez, clave para la administración de caja.

No obstante, el costo del financiamiento sigue siendo elevado, con tasas efectivas anuales que superan el 40% en los tramos cortos, lo que plantea desafíos hacia adelante en términos de sostenibilidad, especialmente si el contexto inflacionario y financiero no muestra una desaceleración significativa.

La combinación de instrumentos a tasa fija, CER, TAMAR y dólar linked confirma una estrategia diversificada, orientada a captar distintos perfiles de inversores y a extender, de manera gradual, el horizonte de vencimientos del Tesoro.

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Corrientes sin margen fiscal: Valdés admitió que no hay condiciones para aumentos salariales

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En un contexto de tensión creciente con los gremios estatales y a semanas del inicio del ciclo lectivo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reconoció que la provincia no cuenta con margen financiero para otorgar aumentos salariales en el corto plazo. El mandatario atribuyó la restricción a la caída de la coparticipación federal y a una deuda que la Nación mantiene con el distrito por unos $250.000 millones, un pasivo que, según afirmó, condiciona de manera directa cualquier recomposición de ingresos en la administración pública.

Caída de la coparticipación y reclamo por una deuda millonaria

Consultado este martes por la mañana en una rueda de prensa con cronistas radiales, tras una reunión mantenida el lunes con la ministra de Educación, Valdés evitó comprometer fechas o porcentajes de recomposición salarial. “Lo estamos trabajando”, respondió ante la consulta, aunque de inmediato aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.

El gobernador puso el foco en el frente fiscal y reclamó al Gobierno nacional una deuda estimada en $250 mil millones, correspondiente al consenso fiscal. “Es una deuda importante”, sostuvo, al explicar que ese pasivo limita la capacidad financiera de la provincia, aun cuando aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas.

Desde el punto de vista económico e institucional, la referencia a la coparticipación federal resulta central: se trata de uno de los principales ingresos corrientes de Corrientes y su retracción impacta de manera directa en la masa salarial, que constituye uno de los componentes más relevantes del gasto público provincial.

Presión sindical y educación en el centro del conflicto

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un encuentro clave con la ministra de Educación, quien venía de reunirse con entidades sindicales del sector. En esa instancia, los gremios reclamaron el inicio inmediato de la discusión salarial, con especial énfasis en la situación de los docentes.

El reclamo adquiere mayor peso político y social ante la cercanía del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el 2 de marzo. La falta de definiciones concretas sobre los salarios mantiene en vilo a los trabajadores estatales, particularmente al sector educativo, históricamente sensible a los retrasos en la negociación paritaria.

Equilibrio fiscal, límites políticos y expectativas a corto plazo

Valdés intentó equilibrar el mensaje entre la prudencia fiscal y la contención política. Si bien insistió en que la provincia mantiene sus finanzas ordenadas, dejó en claro que el escenario macroeconómico y la relación financiera con la Nación reducen el margen de maniobra para otorgar aumentos salariales.

En términos de proyección, el reconocimiento explícito de la falta de margen fiscal anticipa un escenario de negociaciones tensas con los gremios estatales en las próximas semanas. La evolución de la coparticipación y una eventual definición sobre la deuda reclamada a la Nación aparecen como variables clave para destrabar, o no, la discusión salarial en Corrientes.

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Agricultura Familiar pone a la mujer agricultora en el centro de la estrategia 2026

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La Secretaría de Estado de Agricultura Familiar presentó los lineamientos de trabajo para 2026 con una planificación que prioriza el ordenamiento de la gestión, el fortalecimiento de las familias productoras y la generación de impactos concretos en el territorio. La estrategia coloca a la mujer agricultora como eje clave del modelo, integrando desarrollo territorial, producción y comercialización con foco en organización, agregado de valor y acceso a mercados.

El esquema de trabajo se estructura en tres grandes ejes que articulan políticas públicas orientadas a consolidar la agricultura familiar como pilar del desarrollo local. El enfoque busca mejorar ingresos, fortalecer la producción local y avanzar hacia un modelo con identidad misionera, combinando soberanía alimentaria, innovación productiva y nuevas oportunidades comerciales.

Desarrollo territorial con énfasis en la mujer rural

Desde el área de Desarrollo Territorial, la planificación 2026 pone el acento en el fortalecimiento de los grupos de la agricultura familiar, con especial énfasis en las mujeres de la ruralidad. La agenda incluye encuentros, capacitaciones y programas orientados a la autonomía económica y a la organización colectiva, entendidas como condiciones necesarias para sostener procesos productivos y sociales de largo plazo.

Estas acciones se complementan con un trabajo sistemático de registro, comunicación estratégica y formulación de proyectos territoriales, herramientas que permiten ordenar la gestión y orientar los recursos hacia iniciativas con impacto real en las chacras y comunidades. El objetivo es consolidar redes locales, fortalecer capacidades organizativas y mejorar la articulación entre productores y políticas públicas.

Producción con soberanía alimentaria e innovación

En el eje de Desarrollo Productivo, la planificación prioriza la soberanía alimentaria, la agroecología y la incorporación de innovaciones aplicadas a las chacras familiares. Las líneas de acción incluyen políticas vinculadas a semillas, chacras multiproductivas, transición agroecológica, certificación participativa y encuentros de grupos agroecológicos.

La estrategia incorpora además nuevas tecnologías productivas con el objetivo de modernizar la producción sin perder la identidad territorial. El enfoque busca aumentar la eficiencia y la resiliencia de las unidades productivas, garantizando prácticas sustentables que mejoren la calidad de los alimentos y fortalezcan la autonomía de las familias agricultoras.

Comercialización, valor agregado y nuevos mercados

La Subsecretaría de Comercialización concentrará su trabajo en el agregado de valor, la consolidación de ferias y mercados y la apertura de nuevos canales de comercialización. Entre las líneas destacadas se encuentran el desarrollo de productos con valor agregado, la promoción de cadenas de valor verde, la incorporación de prácticas de economía circular y el acceso a mercados digitales.

El objetivo es ampliar las oportunidades de venta, mejorar precios y reducir intermediaciones, fortaleciendo la inserción de la producción familiar en circuitos comerciales más amplios y diversificados. Esta estrategia apunta a generar ingresos sostenibles y a consolidar mercados locales con proyección regional.

La Escuela de Campo como eje transversal

Como componente transversal, la Escuela de Campo se consolida como una herramienta central de formación, acompañamiento y transferencia de conocimientos. A través de esta modalidad, la Secretaría busca fortalecer capacidades productivas y organizativas en todo el territorio provincial, integrando saberes técnicos con experiencias locales.

La Escuela de Campo actúa como nexo entre los distintos ejes de la planificación, facilitando la adopción de prácticas productivas innovadoras, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la mejora continua de los procesos de comercialización.

Proyección 2026 y alcance institucional

Con esta planificación, la Agricultura Familiar proyecta un 2026 con una gestión más ordenada y articulada, enfocada en resultados concretos. La centralidad de la mujer agricultora, la apuesta por la agroecología y la ampliación de mercados configuran un esquema que busca impactar de manera directa en los ingresos de las familias productoras y en la consolidación de la producción local.

El enfoque integral refuerza el rol institucional de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar como articuladora de políticas territoriales, productivas y comerciales, en un contexto donde la organización y el agregado de valor resultan determinantes para la sostenibilidad del sector.

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Policías, docentes y estatales de la multisectorial reclaman por salarios y diálogo en Misiones

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Una multisectorial que nuclea a trabajadores policiales y penitenciarios, docentes, personal de salud, municipales y otros sectores del empleo público volvió a movilizarse en Misiones para reclamar aumentos de sueldos, la reapertura inmediata de paritarias y la restitución de canales formales de diálogo con el Gobierno provincial. El planteo, formalizado mediante un petitorio presentado ante el Ejecutivo, expone una crisis salarial que, según los manifestantes, dejó a amplios sectores por debajo del umbral de subsistencia y amenaza la sostenibilidad del sistema público provincial.

El reclamo fue encabezado por el diputado provincial Ramón Amarilla, quien presentó la nota ante el gobernador Hugo Passalacqua y autoridades del área política, económica y de seguridad. En declaraciones ante los medios frente a la Casa de Gobierno, Amarilla sostuvo que el objetivo central es ser recibidos por las autoridades para discutir una recomposición salarial urgente y la reapertura de mesas de diálogo que, según denunció, fueron interrumpidas de manera unilateral.

“Le nombro a todos para que se den cuenta de que verdaderamente tenemos intenciones y ganas de dialogar con las autoridades del Gobierno de la provincia de Misiones”, afirmó, al detallar que el petitorio fue dirigido al gobernador y a funcionarios clave, con el respaldo de actas de acuerdos firmadas en septiembre de 2020.

Pérdida del poder adquisitivo y salarios por debajo del costo de vida

El eje del conflicto es el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Amarilla afirmó que los salarios acumulan una pérdida real significativa desde el último acuerdo. En una primera exposición, señaló que “llevamos un 37% de pérdida adquisitiva” y que no se registran incrementos desde el último acampe realizado en mayo de 2024. Posteriormente, frente a la Casa de Gobierno, elevó esa estimación y aseguró que la pérdida alcanza el 47% en el período reciente.

El legislador puso el foco en la brecha entre ingresos y costo de vida al citar declaraciones oficiales: “El gobernador y el ministro de Hacienda dijeron que para no ser indigente se necesitan $2 millones. Un agente de policía está en $950 mil, imagínense”. Y remarcó: “No llegan. Son todos indigentes. Los únicos que por ahí pueden alcanzar son las jerarquías más altas, pero esto hay que resolverlo desde la base”.

Desde la multisectorial advierten que esta situación se replica en otros sectores del empleo público, con salarios iniciales que quedan muy por debajo de la canasta básica y obligan a las familias a endeudarse para cubrir gastos esenciales como alimentos, alquiler, transporte y medicamentos. El diagnóstico común es que la crisis salarial dejó de ser sectorial para convertirse en estructural.

Un reclamo transversal y el corte del diálogo institucional

Amarilla subrayó el carácter transversal del reclamo y enumeró a los sectores involucrados: docentes, municipales, personal de salud, agrarios, yerbateros, tabacaleros, empleados judiciales, trabajadores de Casa de Gobierno y de la Legislatura. En ese marco, cuestionó la falta de acompañamiento político: “Acá deberían estar los otros 39 diputados provinciales acompañando al pueblo que nos dio un lugar en la Cámara de Representantes”.

El diputado denunció que el Ejecutivo provincial cortó los canales de diálogo con policías y penitenciarios, pese a que —según sostuvo— estos espacios fueron reconocidos formalmente en actas firmadas el 1 y 2 de septiembre de 2020 y el 8 de septiembre del mismo año, con la rúbrica de autoridades provinciales. “Escondiéndose en una oficina no van a resolver nada. Tienen que dar la cara y tratar de resolver este problema entre todos”, afirmó.

Además del salario, Amarilla incorporó otros factores que agravan el conflicto, como la situación del Instituto de Previsión Social, al señalar que el respaldo sanitario a los afiliados “no lo está haciendo” en un contexto de hospitales en estado crítico, lo que suma presión sobre los ingresos de los trabajadores.

Cesantías, denuncias de persecución y pedido de reincorporación

En su exposición pública, el legislador reclamó la reincorporación de efectivos policiales y penitenciarios cesanteados y denunció persecución interna durante el conflicto. “Quiero solicitar que a estos colegas que estuvieron privados de su libertad injustamente les devuelvan el trabajo, porque no solo perjudicaron a estas personas sino también a sus familias”, expresó.

Según indicó, durante el proceso fueron pasados a disponibilidad, cesanteados o exonerados más de 200 efectivos, una situación que, a su entender, profundizó el malestar en las fuerzas de seguridad y en sus entornos familiares. Amarilla insistió en que las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica y amparadas por la Constitución Nacional: “Reclamar a las autoridades pacíficamente no es un delito. Estamos respaldados por el artículo 14 de la Constitución”.

Escenario abierto y posibles repercusiones

La multisectorial anticipó que continuará con medidas de visibilización hasta obtener una propuesta concreta de recomposición salarial y un cronograma claro de diálogo. El conflicto impacta de manera directa en sectores estratégicos del Estado provincial —seguridad, educación y salud— y plantea un desafío institucional para el Ejecutivo, que enfrenta presiones simultáneas por recomposición de ingresos, funcionamiento de servicios esenciales y contención social.

En un contexto de alta inflación acumulada y salarios rezagados, la evolución de este reclamo será clave para medir la capacidad del Gobierno provincial de reconstruir canales de negociación y evitar una profundización del conflicto social. Para los trabajadores, el planteo es categórico: sin salarios dignos, advierten, se vuelve inviable sostener el sistema público y garantizar condiciones de vida básicas en Misiones.

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Se suspendió la visita de Santilli a Corrientes tras el cierre de Alal y la pérdida de 260 empleos

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La visita del ministro del Interior, Diego Santilli, a la provincia de Corrientes quedó suspendida sin nueva fecha confirmada en un contexto de fuerte tensión social y política tras el cierre de la textil Alal en Goya, que dejó a 260 trabajadores sin empleo. La postergación, que iba a concretarse entre este jueves y viernes, expone el impacto territorial de la crisis económica y reconfigura la agenda política del Gobierno nacional en una semana clave para la reforma laboral que se debatirá en el Senado desde febrero.

La información fue dada a conocer este miércoles 28 de enero por Radio Dos, luego de que fuentes de la gobernación de Corrientes hicieran trascender que la llegada de Santilli prevista para la próxima semana fue cancelada, aunque sin una fecha alternativa definida. La suspensión se produjo apenas un día después de que el gobernador Juan Pablo Valdés confirmara públicamente la visita del funcionario nacional y anticipara que uno de los principales reclamos estaría vinculado a la situación de la empresa Alal.

El cierre de Alal y el impacto político en Corrientes

El detonante de la postergación fue el anuncio del cierre definitivo de la textil Alal en la ciudad de Goya, que dejó a 260 empleados en la calle. La empresa comunicó su decisión el martes, atribuyendo el colapso de su actividad a la situación económica nacional, un argumento que rápidamente escaló al plano político e institucional en la provincia.

En ese contexto, Valdés había señalado que durante la visita de Santilli se plantearía la necesidad de algún tipo de ayuda o asistencia para la firma goyana, en un intento por amortiguar el impacto social del cierre. La cancelación del viaje, sin embargo, dejó en suspenso esa instancia de diálogo directo y alimentó versiones sobre la incomodidad política que genera la crisis laboral en uno de los polos industriales más relevantes del interior correntino.

La caída de la visita ocurre en un momento de alta sensibilidad social, con un conflicto que afecta de manera directa al empleo industrial y a la economía local de Goya, y que amenaza con escalar en reclamos gremiales y presión política hacia el gobierno provincial y la administración nacional.

Reforma laboral y recorrida nacional de Santilli

Más allá del episodio puntual de Corrientes, la agenda de Diego Santilli tiene un objetivo central: recorrer las provincias para asegurar el respaldo de los gobernadores a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que comenzará a tratarse en la Cámara de Senadores de la Nación a partir de febrero.

En ese marco, la visita a Corrientes se inscribía en una estrategia de construcción de consensos políticos en el interior del país, en un escenario legislativo que se anticipa complejo. La suspensión del viaje no solo retrasa ese contacto institucional, sino que también pone de relieve las tensiones que genera la combinación entre ajuste económico, cierre de empresas y negociación política.

Mientras tanto, la agenda del ministro del Interior sigue activa en la región. Según se informó, Santilli tiene prevista una visita a Posadas, Misiones, antes de que finalice la presente semana, donde mantendrá una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua. Ese encuentro se da en la antesala del debate legislativo y refuerza la centralidad del rol de los gobernadores en la definición del futuro de la reforma laboral.

Un escenario abierto y con impacto territorial

La postergación de la visita a Corrientes deja abierto un escenario de incertidumbre. Por un lado, el conflicto de Alal expone los efectos concretos de la crisis económica nacional sobre el empleo industrial. Por otro, la cancelación del viaje del ministro del Interior revela las dificultades del Gobierno para avanzar en su agenda política sin quedar atrapado por conflictos sociales de alto impacto local.

En las próximas semanas, la evolución del caso Alal y la eventual reprogramación de la visita de Santilli serán claves para medir la capacidad de respuesta institucional frente a la pérdida de empleo y para evaluar cómo estos episodios influyen en la construcción de apoyos políticos en el Congreso.

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