La presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, puso en funcionamiento la segunda sala de Oralidad Efectiva en la ciudad de Apóstoles, este lunes 27.
Continuando con las políticas de digitalización implementadas desde el Poder Judicial, que apunta a reducir los plazos del proceso para mejorar la calidad de servicio de justicia, este lunes la sala ubicada en el juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar quedó inaugurada con una ceremonia que dio paso a la primer audiencia que se realizó finalizado el acto inaugural.
En esta oportunidad, la presidente Venchiarutti Sartori, acompañada por el ministro Froilán Zarza, la intendenta María Eugenia Safrán, y el juez Juan Manuel Lezcano realizaron el tradicional corte de cinta junto a magistrados y funcionarios del fuero. Las instalaciones fueron bendecidas por Monseñor Sebastián Escalante, seguidas de las palabras alusivas de la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia y la Intendenta de la ciudad de Apóstoles. Misiones viene trabajando desde hace tiempo en la implementación de esta modalidad que busca que los juicios en materia civil y comercial se tramiten a través de dos audiencias, ambas dirigidas personalmente por el juez, donde las partes se presenten, comparezcan y se manifiesten en aquellas causas que sean susceptibles de este tipo de trámites como parte de estos procesos de acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía.
La Intendente apostoleña, María Eugenia Safrán, agradeció a la Presidente del Superior Tribunal de Justicia y en su persona a todos los miembros del Poder judicial, especialmente al juez y el personal del juzgado local y manifestó su alegría al acompañar este momento que implica un “crecimiento del juzgado Multifuero en Apóstoles” y destacando la utilidad de esta nueva herramienta expresó que “seguramente es una Sala que va a servir muchísimo al personal judicial para seguir prestando justicia en nuestra ciudad, así que felicitaciones por esta iniciativa y muchas gracias por brindarle nuevamente a Apóstoles una forma más de crecimiento”.
Por su parte la Presidente del STJ reconoció y agradeció el acompañamiento de los presentes y dirigiéndose a su par, Froilán Zarza, destacó su labor al dar comienzo, durante su gestión al frente de la presidencia, del proceso que hoy ve inaugurada la segunda sala de Videoconferencia de Oralidad Efectiva en Procesos de Conocimiento Civiles y Comerciales, al decir: “mi colega y compañero, el doctor Froilán Zarza, en su presidencia inició este derrotero de la Oralidad Efectiva, lo hemos trabajado muchísimo y hoy es una realidad en la ciudad de Posadas y también es realidad en la ciudad de Apóstoles”.
Venchiarutti explicó a los presente en que consiste esta nueva herramienta que viene a sumarse al proceso de digitalización, que viene llevando adelante el Poder Judicial y que se encuentra vigente desde el 1 de febrero en la primera circunscripción, para ir avanzando paulatinamente a toda la provincia, “la oralidad efectiva quiere decir que las audiencias van a ser videograbadas y que van a estar frente al juez, por lo que estamos hablando de acortamiento de tiempos, estamos hablando de cercanía, estamos hablando de inmediatez.”
“¿Por qué Apóstoles?”, interpeló la Magistrada, “porque Apóstoles integra la primera circunscripción es el camino que nosotros implementamos en la digitalización, en este plan piloto que avanza, como todo a prueba y error, pero siempre en la búsqueda de la superación en la digitalización que llegó y que se está poniendo en marcha.” Para Venchiarutti Sartori la digitalización que obliga a todos a aprender y superarse es, sin dudas, la herramienta que el Poder Judicial tomó en la política que se viene implementando “una política de absoluta apertura que venimos caminando con el compañero y todos los integrantes del Superior Tribunal, una apertura hacia la sociedad, a cada comunidad, a cada municipio que como el de Apóstoles siempre colabora, también, para que el crecimiento sea en conjunto en beneficio del justiciable”.
Luego de las palabras de las autoridades, los presentes ingresaron a la sala donde los magistrados junto a la intendente ocuparon los lugares para simular y dar en forma explícita una nueva explicación del funcionamiento de la sala en cada proceso.
La Secretaría de Planificación del Desarrollo y Competitividad Federal del Ministerio de Economía avanzó hoy con la firma de uno de los primeros contratos para obras de infraestructura rural que se llevarán a cabo en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, con una inversión total prevista de US$18 millones.
En ese marco, el titular del área, Jorge Neme, y el presidente de la constructora Urban Baires, Hernán Pérez, firmaron el contrato de inicio de obra por $ 3.528 millones para la construcción de cisternas de placa para la captación de agua de lluvia en distintos de Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero.
Las obras tienen como finalidad incrementar la producción de alimentos y garantizar un recurso humano básico como es el acceso al agua, lo que beneficiará a 2.281 familias de la agricultura familiar, campesina e indígena.
La ejecución de estas inversiones está enmarcada en el Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligente e Inclusivos- AGRO XXI y cuenta con un financiamiento global de US$ 18,1 millones provenientes del Banco de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial.
“El acceso al agua potable no sólo aumenta la calidad de vida de los productores de la agricultura familiar sino que mejora la producción de servicios en provincias que están en pleno proceso de desarrollo. Ésta inversión permitirá que los pequeños productores potencien sus producciones hortícolas, frutícolas, agrícolas y ganaderas”, indicó Neme en un comunicado.
Estas obras beneficiarán a 2.281 familias de la agricultura familiar, campesina e indígena, de las cuales 557 pertenecen a familias de la provincia de Chaco, 170 a Formosa, 43 a Misiones y 1.511 a Santiago del Estero.
Luego de firmar el convenio, Neme subrayó que “el desafío con los productores de la agricultura familiar, campesinos y pueblos originarios, es que puedan acceder a mejores niveles de vida a partir de la explotación de los recursos naturales con nuevas tecnologías que los hagan sustentables y le permitan a estas poblaciones mejorar su nivel de vida y de inclusión social”.
Estuvieron presentes en el acto el subsecretario de Gestión Federal del Desarrollo, Pablo Sívori; el director General de Proyectos, Gervasio Bozzano; el director de Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales, Raúl Castellini; el director de Ejecución y Gestión Operativa, Humberto Speziale, y el coordinador de Infraestructura Productiva, Juan Sosa.
La inflación de los precios internos de los alimentos se mantiene alta en todo el mundo, por razones que van desde la sequía en el este de África hasta las consecuencias de la guerra en Ucrania, con un alza de uno por ciento en las tres últimas semanas de febrero, indicó este lunes 27 un reporte del Banco Mundial.
En el lapso comprendido entre octubre de 2022 y enero de 2023, la inflación en los precios de los alimentos superó cinco por ciento en 89 % de los países con renta baja, 88 % de los de ingresos medianos bajos, y 93 por ciento de los países con ingresos medianos altos.
También 87 % de los países con más altos ingresos experimentan alzas importantes en los precios de los alimentos, y algunos de hasta dos dígitos.
La tabla de países más afectados, anualizada la inflación nominal en los precios de los alimentos entre febrero de 2022 y enero de 2023, está encabeza por Zimbabue (264 %), Venezuela (158), Líbano (143), Argentina (98) y Turquía (70).
Otros países con alta inflación anualizada en los precios internos de sus alimentos son Suriname, Ghana, Sri Lanka, Ruanda y Laos, (entre 61 y 49 %) así como Egipto, Etiopía, Haití, Irán y Sierra Leona, con cifras algo menores.
La inflación en alimentos también ha castigado a los contendientes en Europa del Este, pues algunos meses la cifra anualizada alcanzó 20 % en Rusia y pasó de 30 % en Ucrania, según el estudio del banco.
En términos interanuales, los precios del maíz y del arroz son nueve y 16 % más altos, y los del trigo tres por ciento más bajos, en comparación con enero de 2022. Pero los del maíz y el trigo son 32 y 15 % más altos que en enero de 2021, y los precios del arroz apenas uno por ciento más bajos.
El estudio considera probable que se produzca una sexta temporada anual consecutiva de bajas precipitaciones en el este de África oriental, uno de los factores que incide en la disponibilidad de alimentos con más temidas consecuencias, pues representa hambre o amenaza de hambre para millones de personas.
Según el “Informe global sobre la crisis alimentaria”, de agencias de las Naciones Unidas, actualizado a mitad del año pasado, hasta 205 millones de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda y necesitan asistencia en 45 países.
Por otra parte, indica el reporte, tras la invasión de Rusia a Ucrania han aumentado las políticas relacionadas con el comercio ya impuestas por los países.
“La crisis alimentaria mundial se ha visto parcialmente agravada por el creciente número de restricciones al comercio de alimentos impuestas por los países con el objetivo de aumentar la oferta interna y reducir los precios”, indica el informe.
Al día 11 de febrero 23 países han implementado 29 prohibiciones de exportación de alimentos y 10 han dispuesto 14 medidas de limitación de exportaciones.
El banco destaca que en su respuesta a la crisis de seguridad alimentaria, en mayo de 2022 anunció que pondrá a disposición hasta 30 000 millones de dólares durante un período de 15 meses, incluidos 12 000 millones en nuevos proyectos.
Con ese financiamiento y proyectos el organismo multilateral procuraría apoyar a los productores y consumidores, facilitar un mayor comercio de alimentos e insumos comerciales, apoyar a los hogares vulnerables, e invertir en seguridad alimentaria y nutricional sostenible, según indicó
Un cartel descolorido en la esquina entre la carretera MT-110 y un camino de tierra indica «Sector 1». Al girar a la izquierda, entro al asentamiento agrario de Pingo D’Água, en el municipio de Querência, en el estado brasileño de Mato Grosso. Conduzco unos 10 kilómetros junto a plantaciones de soja que se extienden hasta donde alcanza la vista, hasta que llego a una parcela que se destaca en este paisaje monótono.
El camino hacia la propiedad está rodeado de árboles, cuya sombra suaviza el intenso calor de la región. Me doy cuenta de que son árboles de caucho, típicos de la Amazonía, de los que se extrae el látex para producir caucho. Entrando en la propiedad, me abro paso entre mandioca (yuca) y árboles frutales —piña, aguacate y acerola, una fruta parecida a la cereza— hasta que me detengo frente a una casa rodeada de flores.
Danilo Pertile, de 73 años, y su esposa Evanir Pertile, de 69, me reciben en su gran galería. Me cuentan cómo el asentamiento, originalmente destinado a agricultores familiares pobres para producir principalmente cultivos alimentarios, se ha ido transformando con el tiempo. «Empezó con pequeñas plantaciones, luego se ampliaron y los pequeños agricultores vendieron sus parcelas», dice Evanir. «Ahora es prácticamente todo soja».
Querência tiene casi todo lo que necesita la industria de la soja: tierra llana, buen suelo, infraestructuras y la presencia de grandes bancos y empresas comercializadoras como Bunge, Cargill y Amaggi. «¿Qué faltaba?», se pregunta el economista y biólogo Rafael Barbieri. «Tierra. ¿Y dónde había tierra? En los asentamientos familiares».
Ante la escasez de tierras agrícolas en el municipio, la industria de la soja ha puesto sus miras en los agricultores familiares, que viven y trabajan de la tierra y suelen tener ingresos anuales de menos de 500 000 reales brasileños (97 500 dólares), según Barbieri, autor de un estudio para el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) sobre lo que viene ocurriendo en Pingo D’Água.
«La soja ha ido ocupando los asentamientos de forma muy agresiva, lo que es muy preocupante», afirma Richard Smith, coordinador regional de IPAM, cuyo objetivo es fomentar cadenas de producción alternativas. «Nuestra misión no es superar las plantaciones de soja, sino salvar la agricultura familiar».
El capital y los productores de soja suelen venir de fuera de la región, a veces del país. Mientras tanto, las familias de agricultores han dejado de cultivar alimentos, han emigrado a regiones menos caras, o han intentado resistir las presiones.
«La soja está poniendo las cosas cada vez más difíciles», afirma Danilo, cuyo pequeño negocio agrícola se centra en la producción y venta de diversas frutas como mandioca, caucho y palmito, una verdura blanca que se recolecta de las palmeras.
Además de la especulación inmobiliaria, Danilo explica que, con menos agricultores familiares, las estructuras cooperativas que solían sostener el asentamiento se han debilitado. Las inversiones se centran en el cultivo de soja —en los últimos años han surgido decenas de silos de almacenamiento en Querência— mientras que las líneas de crédito para los pequeños agricultores han disminuido.
Además, los aviones sobrevuelan los campos de soja cercanos fumigando con agrotóxicos. «También pasan por encima de nosotros», dice Danilo. Aunque la producción de la pareja no es orgánica, dicen que aplican la menor cantidad posible de pesticidas. Con la intensificación de las fumigaciones aéreas, han notado que algunas de sus especies frutales producen menos que antes o incluso, en palabras de Evanir, «se marchitan hasta morir».
Bosque perdido
No siempre fue así. La pareja llegó a Querência hace dos décadas, tras abandonar una disputada zona rural del sur de Brasil para probar suerte en un terreno en el medio oeste. «Era casi todo bosque», recuerda Danilo. «Sólo había unos pocos habitantes y ganado».
Como en otras zonas de la Amazonía, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), un organismo del gobierno federal, ha distribuido tierras a los agricultores para impulsar la ocupación de la región, además de a los pueblos indígenas que habitan el bioma desde hace milenios y que, en muchos casos, han sido expulsados de sus territorios.
Creado en 1970, durante la época de la dictadura militar brasileña, el Incra sigue asentando a pequeños agricultores en propiedades improductivas o tierras públicas sin utilizar.
En 1998, el Incra distribuyó parcelas en una finca de 40.000 hectáreas a unas 550 familias, entre ellas los Pertile. En ese año los pastizales ocupaban sólo el 4% de Pingo D’Água, según nuestro análisis basado en la plataforma Mapbiomas. El resto era selva amazónica.
En solo seis años, la ganadería ya se había apoderado de la mitad de la zona, destruyendo con ella la selva autóctona. Pero la mayor transformación estaba aún por llegar.
Con el paso de las décadas, los incentivos del gobierno federal a la agricultura intensiva y el progresivo aumento de las exportaciones, principalmente a China, provocaron una enorme expansión de la producción de soja que se extendió desde el sur hasta el centro de Brasil. Varias ciudades del medio oeste crecieron al calor de la demanda de soja del mercado internacional.
Entre ellos estaba Querência, que lleva al menos una década entre los 10 mayores productores de soja de Brasil. La soja ya se había apoderado de la mayor parte de las zonas agrícolas del municipio, y pronto se desbordó hacia los asentamientos.
En Pingo D’Água, el cultivo de soja avanzó progresivamente hasta que superó a la ganadería en 2018 en términos de superficie ocupada. Desde entonces, los campos de soja han seguido expandiéndose mientras los pastizales y los bosques se reducen. En 2021, solo la soja ocupaba más de la mitad del asentamiento y el bosque nativo solo 15 %, según datos de Mapbiomas.
El fenómeno sorprendió a Barbieri, ya que la soja suele ser más viable en grandes extensiones —de más de 200 hectáreas— donde la ganancia de escala reduce los costos y los riesgos asociados al monocultivo. Pero el ejemplo de Pingo D’Água ya no es una excepción en el país: procesos similares se han dado en otros polos agroexportadores, incluso en otros asentamientos de los alrededores de Querência.
Un desafío para la producción de alimentos
Los agricultores familiares desempeñan un papel importante en el suministro de alimentos de Brasil. Aunque el alcance exacto de su participación no está claro, son responsables de la mayor parte de la producción de hortalizas, frutas, leche de vaca y carne (excluyendo carne vacuna y pollo), según nuestro análisis del Censo Agropecuario de 2017, el más reciente disponible.
Pero el número de propiedades ocupadas por la agricultura familiar ha disminuido 9,5 % en comparación con 2006.
Por eso, el avance de la soja en la agricultura a pequeña escala genera preocupación por la seguridad alimentaria.
Alrededor de 60 % de la soja brasileña se exporta, según datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), organización agrícola estatal.
Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los granos que se quedan en Brasil no son consumidos directamente por los seres humanos, en forma de tofu o leche de soja, por ejemplo, sino que se destinan principalmente a la alimentación animal y al biodiésel.
En varias ocasiones durante su campaña electoral de 2022, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva abogó por fomentar la agricultura familiar como estrategia para combatir el hambre creciente que se extiende por Brasil.
Según estimaciones recientes, más de 33 millones de brasileños no tienen suficiente para comer todos los días. En un acto celebrado en septiembre, poco antes de la primera vuelta de las elecciones, Lula afirmó que su plan garantizaría «alimentos sanos, de mejor calidad y más baratos».
Apenas asumió la presidencia en enero, Lula creó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, que se encargará de gestionar el Incra y las políticas de fomento de los pequeños agricultores. Anteriormente, estas funciones dependían del Ministerio de Agricultura.
Pero el presidente encontrará oposición.
Los cambios ya han disgustado a la bancada rural, una agrupación que reúne a unos 280 diputados vinculados al agronegocio. «Lo que hoy nos preocupa es cómo quedará esta reorganización de los ministerios», dijo recientemente su líder, Pedro Lupión. «Lamentablemente, el Ministerio de Agricultura ha quedado debilitado», añadió.
Según Lupion, la separación de la gestión de la agricultura familiar y de los medianos y grandes productores «compromete la estrategia de crecimiento» de la agroindustria.
Más allá de esta reforma, todavía no se ha puesto en marcha ningún plan concreto ni para los pequeños ni para los grandes productores. Una de las posibilidades que se barajan es la creación de un fondo para mejorar la oferta de crédito a la agricultura familiar, uno de los principales retos a los que se enfrentan los pequeños agricultores.
Un futuro diferente
Sentados en el suelo de la galería, cuatro jóvenes descansan de su trabajo en el campo mientras escuchan a los Pertile hablar de su apego a la tierra y su preocupación por el futuro del asentamiento. «Dentro de unos años, ¿quién va a producir alimentos si no hay agricultura familiar?», pregunta Evanir.
Elias da Silva Benício, de 22 años, es hijo de una familia de agricultores cuya historia es similar a la de Danilo y Evanir. Pero sus planes son diferentes. «Cuando muera mi padre, al día siguiente plantaré soja», dice sin rodeos, provocando las risas y el asentimiento de los demás jóvenes. «Eso es lo que da dinero, ¿no?».
Benício habla de que cultivar verduras y frutas «da mucho trabajo, pero no proporciona ingresos». De la agricultura familiar, dice, «sobra poco, pero de la soja, mucho». La decepción de los Pertile es evidente.
Pero la percepción de los jóvenes de que la soja es una forma rápida de ganar dinero no se corresponde con la realidad. Basándose en entrevistas realizadas en Pingo D’Água, Barbieri afirma que la mayoría de las personas que emprendieron el cultivo de soja por su cuenta, incluso con experiencia, adquirieron deudas difíciles de saldar.
El elevado costo de la producción de soja reduce las posibilidades de beneficio de los pequeños productores y los expone a riesgos. A falta de crédito público, los comerciantes e intermediarios de soja ofrecen asistencia técnica, garantías de compra del producto y financiación fácil. Esto parece atractivo para los agricultores, pero los precios de compra no alcanzan sus expectativas y los tipos de interés son demasiado altos.
Por deudas, los productores se asocian, arriendan o venden sus tierras a agricultores con más capital dentro y fuera del asentamiento. Como el Incra prohíbe a los pequeños agricultores arrendar y limita la venta de lotes sólo a los que tienen títulos de propiedad definitivos, la mayoría firma contratos de asociación.
El cultivador de soja Jonathan Ben consiguió vender su producción del año anterior a un intermediario local, pero teme por la suerte de la cosecha de este año, cuyos brotes verdes empiezan a asomar por su parcela de 62 hectáreas.
«Plantamos porque tenemos deudas que pagar», dice Ben, con su hija en brazos frente a su casa. «Pero no se puede vender nada. Aquí todo está embargado».
En un intento de proteger la selva amazónica, el IBAMA, la agencia gubernamental encargada de velar por el medioambiente, ha impuesto embargos a la compra de soja procedente de tierras deforestadas ilegalmente. Pero los agricultores del asentamiento se han visto involuntariamente atrapados en la compleja burocracia, y esto limita aún más el acceso al crédito y la venta de productos.
Al revisar la base de datos del IBAMA, encontramos 97 embargos activos en Pingo D’Água, aplicados entre 2009 y 2019, ninguno de ellos a nombre de Ben o Pertile.
Ben tiene unos cuantos árboles de mandioca, plátanos y algo de ganado para consumo propio. Sus ingresos dependen totalmente del negocio de la soja, tanto por lo que planta él mismo como por los servicios que presta con su tractor y su cosechadora, enormes máquinas estacionadas junto a su casa. Para ganarse la vida, dice, «hay que saber trabajar y tener maquinaria, que es cara».
Ben sigue los pasos de su padre, con quien emigró de Paraná, en el sur de Brasil, a Querência en 2003. Para él, el cultivo de soja está menos ligado al auge actual del mercado y más a la costumbre: «Desde los 11, 12 años, siempre hemos trabajado en este cultivo».
El hábito también mantiene a los Pertile en un negocio que se enfrenta a barreras cada vez mayores. «Aprendimos a plantar desde muy pequeños», dice Evanir, que teme los efectos a largo plazo de la soja en su cultivo. «De momento salimos adelante, pero no sabemos cuánto tiempo más podremos producir».
La oferta de formación para el sector se incrementa cada año, con propuestas para una amplia gana de aspirantes.
Los avances tecnológicos en logística llevaron que en los últimos años se profundizara la profesionalización de la actividad, con la consiguiente demanda de ámbitos de capacitación. La mayoría de las universidades y muchos institutos de enseñanza tomaron cuenta de esa necesidad de las empresas y apuntaron su oferta de grado y posgrado para el sector. En ese sentido, desde la Fundación Andreani se creó la Academia que impulsa diferentes propuestas educativas, “con el objetivo de compartir y crear conocimiento relacionado con nuestra actividad, gestionar y agregar valor a la supply chain, a través de la logística y los servicios relacionados”, informó Alejandro Iglesias, responsable de Educación de la firma. “En ese marco, tenemos una alianza estratégica con la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, con quienes desarrollamos tres ofertas académicas, hoy todas en modalidad online. Cada una de ellas están pensadas y diseñadas para públicos diferentes”, precisó. La oferta apuntada a perfiles, en general jóvenes que estén ingresando en la logística, egresados de escuelas secundarías, o con cierto recorrido pero con necesidades de adquirir herramientas que les permitan un desarrollo en su carrera, ofrecen la Tecnicatura Universitaria en Logística de dos años y medio, con un título oficial de alcance nacional. Para quienes tienen recorrido en la gestión, ambas entidades ofrecen la Diplomatura en Logística, que desarrolló 21 ediciones, diseñada para brindar herramientas y completar la formación de profesionales que hoy gestionan logísticas en sus compañías. Con similar perfil de destinatario, el Curso Superior: Visión Estratégica de la Logística y Supply Chain, con siete ediciones y una mirada más amplia, “comparte elementos para la toma de decisiones ligadas más al largo plazo y no tanto a la gestión diaria de una operación logística, hablamos de inversiones, planificación, estrategia impositiva, gestión de personas, estructura, sustentabilidad entre otros temas, tomando casos locales para su análisis”, agregó. Iglesias destacó: “De manera complementaria, desde la Academia Fundación Andreani tenemos, en nuestra propia y nueva plataforma, un catálogo de cursos en línea pensados para apoyar una gestión cada día más profesional de las operaciones logísticas”.
Privadas y en el interior Por su parte, en la Universidad de Belgrano, la carrera de Logística Integral presenta dos ciclos: la Tecnicatura Universitaria, de dos años, y otro complementario como Licenciatura, de igual duración, para los egresados de la primera o técnicos de otras instituciones educativas. El perfil de quienes eligen la tecnicatura es el de quienes trabajan en el área o quieren trabajar en ella. “Por lo general, son mandos medios y mandos operativos dentro de la logística de las empresas. El perfil de quienes siguen la licenciatura es el de los que aspiran a una gerencia en logística”, explicó Damián Múgica, director de la carrera. “En los últimos años, extendimos los ingresantes a otros países de la región, por lo que este fenómeno muestra una evolución continua”, agregó y observó: “El crecimiento de las carreras fue exponencial. Creemos que el éxito se debe a que tenemos un factor diferencial, con un atractivo plan de estudios y un contacto con la realidad de la profesión”. Múgica sostuvo que “el valor incremental que tiene el licenciado es el de un profesional con capacidades estratégicas. El plan de estudios está armado por quienes desarrollamos dichas tareas, conocemos las realidades con las que nos enfrentamos y cuáles son las problemáticas para resolver”. En tanto, el Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur desarrollará en 2023, por tercer año, la Diplomatura en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro, integrada a la Escuela Universitaria de Educación Profesional. Esta propuesta “buscará propiciar capacidades de análisis, formulación e implementación de mejoras en una organización y su cadena de abastecimiento, integrar equipos de administración de recursos de una empresa y participar en procesos de utilización de metodologías de optimización y diseño de sistemas logísticos”, según explicó su responsable, Ernesto Castagnet. Precisó que “la implementación de la Diplomatura busca brindar una opción formativa a personas que no la encuentren al no contar con el ciclo medio finalizado, no acceden al mundo laboral por carecer de formación específica, o han ingresado recientemente al mundo laboral y requieren de capacitación para mejorar su desempeño”.
Actualización profesional Ante la demanda de actualización, la entidad que nuclea a los profesionales del sector, la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog), ofrece durante el año una gama de cursos y actividades. Para definir sus programas, Arlog tuvo en cuenta que “el perfil de profesional que buscan las empresas es el de alguien que pueda tener una mirada crítica de los procesos, que tenga un entendimiento no solo desde lo técnico, sino también de cómo funciona la tarea, y cómo se evalúa y se tiene en cuenta a las personas”, explicó el responsable de Capacitación y Observatorio de Investigaciones de la institución, Alejandro Leiras. Agregó que “hoy la empresa no solo quiere un especialista en logística que sepa entender los principales drivers de un proceso logístico, sino que tenga una mirada mucho más integral y desarrolle habilidades para poder negociar. Debe ser capaz de mirar la actividad desde la supply chain que busca la integración de procesos y personas”. El especialista sostuvo que “la Universidad da a los profesionales un tinte académico. Esas casas vienen trabajando en un proceso de integración incorporando una mirada de educación y producción, teniendo en cuenta lo que el sector requiere. Pero hace falta lograr ese perfil más integral que necesita el mercado”. En ese sentido, Leiras explicó: “Los programas que diseñamos en Arlog apuntan a integrar tecnología, procesos y personas. Si vamos a hablar de ruteo, vemos las cuestiones técnicas, pero entendiendo qué otros factores lo integran, como la relación con los fleteros, el perfil del negocio, particularidades del proceso de distribución de corta, media o larga distancia”. “Buscamos una mirada integral desde el docente, viendo las cuestiones técnicas pero sin dejar de lado que en el medio hay un contexto socio cultural. Por eso, los programas con mayor demanda son los de liderazgo y management, los que apuntan a hacer que los procesos funcionen”, concluyó.
