El Gobierno prorrogó por un año la intervención de Educ.ar
Mediante el Decreto 82/2026, el Poder Ejecutivo extendió hasta febrero de 2027 la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal. La decisión busca consolidar la transformación societaria, completar la reestructuración interna y asegurar la continuidad del Programa Conectar Igualdad, en un contexto de ajuste del gasto, redefinición del rol del Estado y reforma del sector público.
El Gobierno nacional resolvió prorrogar por un año la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, a partir del 4 de febrero de 2026, con el objetivo de finalizar el proceso de normalización institucional, consolidar la reestructuración administrativa y garantizar una transición ordenada hacia un régimen de funcionamiento regular. La medida fue formalizada a través del Decreto 82/2026, publicado este 4 de febrero en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Federico Adolfo Sturzenegger.
La decisión se inscribe en el marco de la reforma del sector público impulsada por el Ejecutivo desde diciembre de 2023, que incluyó la transformación de empresas y sociedades del Estado en sociedades anónimas bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550, conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023. En ese proceso, Educ.ar dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima unipersonal, bajo control estatal, con nuevas responsabilidades y criterios de gestión.
De sociedad del Estado a sociedad anónima: los fundamentos de la prórroga
Educ.ar fue creada originalmente por el Decreto N° 383/2000, en la órbita del entonces Ministerio de Educación, con la misión de administrar y desarrollar el portal educativo nacional y producir contenidos para el sistema educativo. Con la entrada en vigencia del DNU 70/23, se derogó la Ley N° 20.705 y se estableció la conversión de las empresas estatales a sociedades anónimas, lo que motivó la intervención dispuesta por el Decreto N° 117/2024.
Durante ese período, que ya había sido prorrogado por la Decisión Administrativa N° 4/2025, el Gobierno designó como interventor al ingeniero Gastón Mariano Martín, desde el 1° de noviembre de 2024, y avanzó en una serie de medidas estructurales. Entre ellas, se destacó la aprobación formal de la transformación societaria mediante el Acta de Asamblea General N° 44 del 19 de diciembre de 2024, la regularización de balances pendientes de gestiones anteriores y la normalización de trámites ante la Inspección General de Justicia.
Según detalla el decreto, al momento de la intervención la empresa se encontraba “sobredimensionada y en una situación crítica de financiamiento”, lo que justificó un proceso de reordenamiento profundo para mejorar su eficiencia operativa y financiera.
Ajuste, reducción de personal y control del gasto
Uno de los ejes centrales del proceso fue la restructuración de los recursos humanos, instrumentada a través de dos planes de retiros voluntarios, que redujeron la dotación de personal a 172 trabajadores. Esta medida, señala el texto oficial, permitió una disminución del gasto público, el recupero de fondos por deudas pendientes y la implementación de acciones orientadas al cumplimiento de normas de integridad y transparencia.
En paralelo, se aprobó un nuevo organigrama, con una reducción de la estructura jerárquica y la definición de áreas consideradas imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Además, la intervención avanzó en la elaboración de manuales de procedimientos y en la modificación del reglamento de compras y contrataciones, con el objetivo de establecer circuitos administrativos “estandarizados, claros y uniformes”.
Estas acciones se complementan con el desarrollo de un plan estratégico orientado a la generación de recursos propios y a la sostenibilidad financiera de la empresa, un punto clave en la nueva lógica de gestión que impulsa el Ejecutivo para las empresas bajo control estatal.
Conectar Igualdad y continuidad operativa
Otro elemento central que justifica la prórroga de la intervención es la transferencia del Programa Conectar Igualdad a la órbita de Educ.ar, dispuesta por el Decreto N° 289/2025. El programa, creado originalmente por el Decreto N° 11/2022, constituye una de las principales políticas públicas de conectividad educativa y provisión de tecnología en el sistema escolar.
El decreto advierte que una finalización anticipada de la intervención podría generar “discontinuidades en la conducción, fragmentación en los procesos decisorios y debilitamiento de los mecanismos de control”, con impacto directo sobre la ejecución de Conectar Igualdad y las restantes funciones asignadas a la sociedad.
En ese sentido, el Ejecutivo considera que la intervención no solo permitió ordenar la empresa, sino que se transformó en una herramienta clave para adaptar a Educ.ar a sus nuevas responsabilidades, garantizando una gestión coordinada, eficiente y transparente de los recursos públicos.
Escenarios e impacto institucional
La prórroga de la intervención hasta febrero de 2027 confirma que el Gobierno apuesta a completar el proceso de transformación antes de devolver la conducción a un esquema societario regular, evitando riesgos institucionales y operativos. Desde una perspectiva económica, la medida refuerza la estrategia oficial de reducción del gasto, control del personal y búsqueda de sostenibilidad financiera en empresas con participación estatal.
En el plano político e institucional, el decreto consolida el rumbo marcado por el DNU 70/23 y anticipa que la normalización definitiva de Educ.ar estará supeditada al cumplimiento de objetivos de eficiencia, transparencia y autosustentabilidad. En el corto plazo, el impacto se sentirá en la continuidad del Programa Conectar Igualdad y en la profundización de los cambios internos de la empresa; en el mediano plazo, el desafío será demostrar que el nuevo modelo de sociedad anónima estatal puede sostener servicios educativos estratégicos sin comprometer las cuentas públicas.
