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La UNaM distingue a León Gieco por su aporte cultural y compromiso social

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La UNaM otorgará el título de Doctor Honoris Causa a León Gieco por su aporte a la cultura popular y el compromiso social

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) aprobó por unanimidad la entrega del título de Doctor Honoris Causa al músico y militante social Raúl Alberto Antonio “León” Gieco. La ceremonia se realizará el jueves 13 de noviembre en Posadas, en reconocimiento a su trayectoria artística, su aporte a la cultura nacional y su compromiso con las causas sociales y los derechos humanos.

Un reconocimiento al valor cultural y social de la música popular

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Misiones resolvió mediante la Resolución CS Nº 128/2025 otorgar el Doctorado Honoris Causa con mención especial al mérito social-cultural al músico León Gieco, en virtud de su “enorme aporte a la cultura popular argentina y su compromiso con las causas sociales”.

El acto de entrega se realizará el jueves 13 de noviembre a las 11:00, en el Auditorio de La Tierra sin Mal, sobre la Avenida Costanera de Posadas.

La propuesta fue impulsada por el secretario de Estado de Cultura de Misiones, José Martín Schuap, y canalizada institucionalmente a través del Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales y la Cátedra Libre Eduardo Galeano y Helena Villagra de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.

La iniciativa, respaldada por los doctores Javier Gortari y Alexis Rasftópolo, fue elevada por el decano Garrido al Consejo Superior. Que la aprobó en su sexta sesión ordinaria del 8 de octubre.

“La distinción reconoce a un artista que ha hecho de su obra un puente entre la música, la conciencia social y la identidad argentina. Manteniendo vigente el espíritu crítico y solidario de nuestra cultura”, señala la resolución universitaria.

La distinción más alta del sistema universitario

El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción académica que puede otorgar una universidad. Y se concede a personas que se destacan por sus méritos y contribuciones excepcionales a la ciencia, las artes, la cultura o el servicio público.

No se trata de un título académico obtenido mediante estudios, sino de un reconocimiento honorífico a una trayectoria de impacto público y social.

A lo largo de su historia, la UNaM ha distinguido con este título a personalidades como Ramón Ayala, Luis Federico Leloir y Margarita Barrientos. Entre otras figuras destacadas del ámbito científico, social y humanitario.

En el caso de Gieco, el reconocimiento se otorga “por su compromiso sostenido con la defensa de los derechos humanos, la inclusión social y el rescate de la cultura popular como herramienta de transformación colectiva”.

El músico ya había recibido distinciones similares por parte de otras universidades nacionales: Universidad Nacional de Córdoba (2003), Universidad Nacional de Entre Ríos (2013), Universidad Nacional de Río Cuarto (2019) y Universidad Nacional de San Luis (2023), consolidando así un recorrido académico y cultural de alcance federal.

León Gieco: arte, compromiso y memoria colectiva

Raúl Alberto Antonio “León” Gieco, nacido en Cañada Rosquín (Santa Fe), es uno de los artistas más emblemáticos de la música argentina. Su obra combina el folk-rock con letras de fuerte contenido social y político. Y ha sido un símbolo de resistencia cultural y compromiso ético durante más de cinco décadas.

Canciones como “Solo le pido a Dios”, “El país de la libertad” o “La memoria” se convirtieron en himnos populares y fueron interpretadas por artistas de todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Gieco ha apoyado causas vinculadas a los derechos humanos, el trabajo agrario, la integración de personas con discapacidad y la justicia social. Siendo reconocido tanto por su obra musical como por su acción militante.

En más de 40 años de trayectoria, editó 14 álbumes de estudio y más de 40 producciones discográficas si se incluyen compilaciones, registros en vivo y colaboraciones. Su versatilidad lo llevó a explorar géneros como el rock, la murga, el chamamé, la cumbia, el candombe y el pop, siempre desde una identidad profundamente argentina.

“León Gieco representa la unión entre arte y conciencia social. Entre la poesía popular y la defensa de los valores democráticos”, destacó la propuesta aprobada por el Consejo Superior.

Proyección del reconocimiento

La entrega del Doctorado Honoris Causa por parte de la UNaM tiene un fuerte valor simbólico e institucional. Refuerza el vínculo entre la universidad pública y la cultura nacional. Y proyecta un mensaje sobre el rol del arte en la construcción de ciudadanía y memoria colectiva.

La ceremonia reunirá a referentes del ámbito académico, cultural y político, y se espera la participación de estudiantes, docentes y artistas locales.

Con este reconocimiento, la Universidad Nacional de Misiones reafirma su compromiso con una visión federal y humanista de la educación superior. Que no solo premia la excelencia académica. Sino también la coherencia ética y el compromiso social de quienes, como León Gieco, han puesto su talento al servicio del bien común.

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FORJA cerró campaña en Misiones con un llamado a defender los recursos naturales y la justicia social

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Dalila Blach y Alejandro Miravet apuntaron a una agenda federal con foco en salud, educación y derechos de las personas mayores

El espacio FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) cerró su campaña electoral en Misiones con un llamado a defender los recursos naturales de la provincia, impulsar una agenda nacional basada en la educación pública, la salud y la equidad social, y garantizar la representación real del pueblo misionero en el Congreso de la Nación.

La candidata a diputada nacional Dalila Blach y su compañero de fórmula Alejandro Miravet encabezaron el acto de cierre, en el que remarcaron que su espacio está conformado por “gente del pueblo, sin trayectoria política previa”, que busca llevar al Congreso “un reclamo justo y la voz de los trabajadores, los adultos mayores y los productores locales”.

“Somos el reflejo del misionero”

Durante su discurso, Blach subrayó que el eje de la propuesta de FORJA es representar las necesidades concretas de los misioneros, desde la salud y la educación pública hasta la defensa del ambiente.

“No somos ni concejales, ni diputados, ni ministros. Somos iguales a las personas a las que escuchamos y conocemos. Buscamos representar la salud y la educación pública, pilares que no se pueden negociar y que hacen a un Estado presente”, sostuvo.

La candidata cuestionó la falta de políticas federales que contemplen las particularidades ambientales y sociales de Misiones, y advirtió sobre el riesgo de la injerencia extranjera en la selva paranaense guaraní.

“Tenemos la selva, el agua dulce, el mayor pulmón verde del país. No queremos interventores de otros países que nos digan qué hacer. Hay que defender la tierra misionera y sus recursos frente a los intereses externos”, afirmó Blach, aludiendo a los compromisos internacionales ambientales firmados por la Nación.

Blach también destacó la importancia de incluir a los sectores históricamente relegados, mencionando a las personas con discapacidad, los docentes y los trabajadores precarizados. “Queremos un país justo, con empleo digno, donde las grandes empresas que operan en Misiones también generen beneficios para los misioneros”, enfatizó.

“Hay que frenar la crueldad de las políticas nacionales”

Por su parte, el candidato a diputado Alejandro Miravet centró su mensaje en la necesidad de contener los efectos de las políticas nacionales en los sectores más vulnerables, especialmente los adultos mayores.

“Tenemos ciento ochenta mil personas mayores en Misiones que sufren las consecuencias de un gobierno insensible ante la necesidad de los vulnerables”, señaló.

Miravet criticó el tono de la campaña nacional y la falta de propuestas concretas: “Ha sido una campaña de vuelo muy bajo, llena de chicanas. Nosotros hablamos de propuestas: salud, trabajo y defensa de los derechos humanos”, afirmó.

El dirigente recordó que Misiones “ya evaluó su gestión provincial en las elecciones de junio”, y que ahora el desafío es nacional: “El 26 de octubre votamos diputados nacionales. Debemos legislar para garantizar los derechos de las personas mayores, mejorar la calidad de vida y promover un proceso de envejecimiento saludable, como establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional desde 2022”, remarcó.

Miravet insistió en que la representación misionera debe centrarse en elevar el nivel del debate político y defender el federalismo, para que la provincia deje de ser “marginal en las decisiones nacionales”.

Una propuesta centrada en el trabajo y la equidad

FORJA Misiones plantea un programa legislativo basado en la defensa de los recursos naturales, la equidad social y el fortalecimiento de las economías regionales. Entre sus ejes se incluyen:

  • Protección de la selva paranaense y el agua dulce como recursos estratégicos.
  • Legislación para personas mayores y con discapacidad, con enfoque en envejecimiento saludable.
  • Fortalecimiento de la educación pública y la salud como derechos fundamentales.
  • Equidad tributaria para pequeños productores y pymes, frente a beneficios fiscales a grandes corporaciones.

Con este mensaje, Blach y Miravet cerraron una campaña que buscó posicionar a FORJA como una alternativa federal “para defender a Misiones desde el Congreso”, con una mirada crítica hacia las políticas nacionales y una apuesta por la representación popular.

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Tras el rechazo a los vetos, el Gobierno oficializó las leyes clave para salud y educación, pero frenó su aplicación hasta nuevo presupuesto

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El Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso asigne fondos

La decisión impacta sobre dos normas claves que habían sido impulsadas por el Congreso para reforzar el sistema de salud infantil y las universidades públicas. El Ejecutivo alega falta de recursos y advierte un costo fiscal combinado superior a los 1,4 billones de pesos.

Promulgación con suspensión: dos leyes sancionadas, pero sin ejecución inmediata

En la madrugada de este martes, el Gobierno nacional promulgó formalmente dos leyes emblemáticas —la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario y la Ley N° 27.796 de Emergencia Sanitaria Pediátrica—, pero dispuso la suspensión de su aplicación hasta que el Congreso de la Nación defina fuentes de financiamiento específicas en el Presupuesto Nacional.

Ambas medidas quedaron oficializadas a través de los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, en los que el Poder Ejecutivo justifica la decisión en función del impacto fiscal que implicarían las nuevas obligaciones.

“El Congreso no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156”, señala el texto oficial.

La situación replica lo ocurrido semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también fue promulgada pero suspendida en su ejecución por motivos presupuestarios.

Financiamiento universitario: impacto fiscal y ajuste automático por inflación

La Ley N° 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, incluyendo actualizaciones automáticas por inflación, recomposición salarial del personal docente y no docente, y actualización de becas estudiantiles.

El texto prevé que los gastos de funcionamiento universitario se ajusten bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Según el decreto, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación acumulada del IPC fue del 34,89%, lo que implicaría un costo adicional de $123.358 millones para el ejercicio vigente.

El Gobierno proyecta que el costo total de la ley ascendería a $1,06 billones en 2025 y $2,0 billones en 2026, cifras consideradas incompatibles con la actual política de equilibrio fiscal.

En el plano salarial, la ley establece que los sueldos del personal universitario deberán actualizarse en un porcentaje no inferior al IPC acumulado entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma. Según los cálculos oficiales, la inflación acumulada fue de 220,45%, mientras que las remuneraciones crecieron un 128,49%, lo que obliga a un ajuste adicional del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Además, la incorporación de sumas no remunerativas a los básicos implicaría un aumento adicional del 37,55% para el personal no docente, con un costo fiscal estimado de $178.984 millones en 2025 y $490.459 millones en 2026.

La norma también dispone la actualización automática de los programas de becas: el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano demandaría $72.840 millones adicionales, y el Programa Progresar, otros $76.614 millones.

“Sin financiamiento específico, su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran esfuerzo por la sociedad argentina”, advierte el Decreto 759/2025.

Emergencia pediátrica: alerta sanitaria y restricción presupuestaria

La Ley N° 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año, con el objetivo de garantizar el acceso a la atención infantil, reforzar hospitales públicos —como el Hospital Garrahan, símbolo del sistema pediátrico nacional—, y asegurar insumos, infraestructura y personal especializado.

Entre sus medidas principales, la norma prevé:

  • Asignación prioritaria de recursos para medicamentos, vacunas y equipamiento.
  • Recomposición inmediata de salarios del personal de salud infantil.
  • Exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras y guardias.

Sin embargo, el Decreto 760/2025 calcula que el costo fiscal de la ley alcanzaría $196.270 millones, superando la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, que ya arrastra un déficit operativo de $102.400 millones.

La reasignación requerida, según el Gobierno, equivaldría al 30% de los subsidios destinados a medicamentos y tecnología sanitaria y al 60% del presupuesto de programas de prevención como VIH/Sida.

Por estos motivos, el Ejecutivo resolvió postergar la aplicación hasta contar con una asignación presupuestaria específica en la próxima ley de Presupuesto.

“Sin fuentes claras de financiamiento, la ejecución de la ley podría derivar en el deterioro del propio sistema que busca proteger”, sostiene el decreto.

Un conflicto institucional que se traslada al Congreso

Ambas leyes fueron sancionadas tras el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales, lo que evidenció una tensión política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre las prioridades del gasto público.

El oficialismo insiste en que las normas, tal como están planteadas, afectan el equilibrio fiscal y podrían provocar un efecto inflacionario por el incremento del gasto corriente.
Desde la oposición, en cambio, sostienen que la suspensión viola la voluntad del Congreso y pone en riesgo derechos esenciales vinculados con la educación pública y la salud infantil.

El debate promete reabrirse durante la discusión del Presupuesto 2026, donde deberán definirse las partidas específicas que permitan implementar ambas leyes sin comprometer el plan de consolidación fiscal del Gobierno.

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Cómo votaron los diputados de Misiones sobre los vetos de Milei a universidades y pediatría

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La Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales a dos leyes clave: el Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica. En ambas votaciones, los legisladores misioneros tuvieron posturas diferenciadas, dejando en evidencia alineamientos y tensiones políticas en la provincia.

Dos vetos presidenciales bajo presión social

En una sesión cargada de expectativas, la Cámara baja debatió este jueves dos proyectos que habían sido vetados por el presidente Javier Milei.

  • La Ley de Financiamiento Universitario garantizaba un piso presupuestario equivalente al 0,8% del PBI, con actualización trimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la reapertura de la paritaria del sector. Su objetivo era dar previsibilidad al funcionamiento de las universidades nacionales, hoy en situación crítica por la inflación y el recorte de partidas.
  • La Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada desde el Senado, declaraba la emergencia sanitaria por un año en todo el país ante la escasez de profesionales, insumos y recursos en hospitales pediátricos. La norma establecía fondos extraordinarios para instituciones de referencia, como el Hospital Garrahan, y mejoras salariales para el personal de salud.

Ambas leyes habían sido aprobadas previamente por amplias mayorías en el Congreso, pero vetadas por Milei bajo el argumento de que “no contaban con financiamiento genuino”. La fuerte movilización social —particularmente en defensa de la universidad pública— presionó para que Diputados insistiera con las sanciones originales.

Cómo votaron los diputados de Misiones

En el tratamiento de los vetos, los siete legisladores misioneros exhibieron matices entre bloques y partidos.

Ley de Financiamiento Universitario (174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones):

  • ✅ Yamila Ruiz – Afirmativo
  • ✅ Carlos Fernández – Afirmativo
  • ✅ Daniel Vancsik – Afirmativo
  • ✅ Alberto Arrúa – Afirmativo
  • ✅ Martín Arjol – Afirmativo
  • ⚪ Florencia Klipauka – Ausente
  • ⚪ Emmanuel Bianchetti – Ausente

Ley de Emergencia Pediátrica (181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención):

  • ✅ Yamila Ruiz – Afirmativo
  • ✅ Carlos Fernández – Afirmativo
  • ✅ Daniel Vancsik – Afirmativo
  • ✅ Alberto Arrúa – Afirmativo
  • ❌ Martín Arjol – Negativo
  • ⚪ Florencia Klipauka – Ausente
  • ✅ Emmanuel Bianchetti – Afirmativo

De este modo, mientras en el caso universitario hubo un apoyo mayoritario de los misioneros para rechazar el veto, en la Emergencia Pediátrica se evidenció una fractura interna, con el radical Martín Arjol votando en contra y el macrista Bianchetti acompañando la insistencia con la norma.

Las votaciones coincidieron con marchas masivas en defensa de la universidad pública en Posadas, Oberá y Eldorado. En la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que recibe al 70% de los egresados secundarios de la provincia, docentes y estudiantes habían advertido sobre la imposibilidad de sostener becas, salarios y programas de investigación sin la ley.

“Esta es una de las luchas más justas que se pueden tener. La universidad es de las instituciones que mejor funcionan en el país y que más capital humano generan”, señaló días atrás el consejero superior de la UNaM, Diego Llanos.

En paralelo, sectores de la salud provincial advirtieron que la Emergencia Pediátrica es vital para reforzar hospitales regionales que funcionan como derivación de casos complejos hacia Buenos Aires, en particular al Garrahan.

El Senado como última palabra

Tras el rechazo de los vetos en Diputados, el trámite parlamentario pasa al Senado de la Nación, donde se necesitarán también dos tercios de los votos para insistir en las leyes.

Si se logra ratificar, tanto el financiamiento universitario como la emergencia pediátrica quedarán firmes, lo que representará un revés político para Milei y un triunfo de las fuerzas opositoras junto a sectores del radicalismo y bloques provinciales.

El desenlace será decisivo no solo para el futuro de las universidades y hospitales pediátricos, sino también para la dinámica política del Congreso, donde el oficialismo libertario quedó en minoría frente a un frente opositor articulado por demandas sociales concretas.

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Milei vetó la ley de financiamiento universitario

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El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto total a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras en agosto. La norma preveía la recomposición de partidas presupuestarias para las universidades públicas, actualización salarial docente y no docente, y la creación de fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas. El decreto con el rechazo fue publicado en el Boletín Oficial y remitido al Congreso, que deberá definir si lo ratifica o lo rechaza.

El proyecto había sido reclamado por el sistema universitario en su conjunto y votado con mayoría parlamentaria. Establecía un esquema de financiamiento progresivo, equivalente al 1% del PBI en 2026, con una meta de 1,5% hacia 2031.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la normativa generaba un “incremento desproporcionado del gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que derivaría en un desequilibrio fiscal y en riesgos macroeconómicos.

Según el texto oficial, un aumento del gasto sin respaldo real obligaría a financiarse con emisión monetaria, trasladando “un costo al conjunto de la sociedad en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”.

La Casa Rosada defendió la medida como parte del compromiso de “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo”, advirtiendo que el ámbito adecuado para discutir asignaciones es el proyecto de Presupuesto 2026, que Milei presentará por cadena nacional el próximo lunes.

El Congreso y los sindicatos universitarios preparan la respuesta

El veto presidencial abre un nuevo frente de disputa con el Parlamento. El Congreso tiene ahora la potestad de insistir con la sanción original –lo que requeriría mayoría especial– o convalidar la decisión del Ejecutivo.

El antecedente inmediato no favorece al Gobierno: semanas atrás, ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una derrota política que expuso las dificultades del oficialismo para sostener apoyo legislativo.

En paralelo, los sindicatos universitarios anunciaron un paro nacional y cortes de calle en facultades, además de una movilización frente al Congreso cuando se trate el tema. “El veto demuestra la falta de compromiso del Gobierno con la educación pública y la comunidad académica”, señalaron dirigentes gremiales, que ya habían realizado medidas de fuerza los días 1 y 2 de septiembre.

El veto a la ley universitaria se suma a la decisión oficial de rechazar también la Ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y la de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores. Este paquete de vetos refuerza la estrategia del Ejecutivo de sostener el ajuste fiscal incluso frente a consensos parlamentarios amplios.

Para el Gobierno, la señal es clara: ninguna iniciativa que implique un aumento del gasto sin financiamiento sustentable tendrá luz verde. Para el Congreso y los sindicatos, en cambio, se trata de una ofensiva contra la educación pública y las provincias.

En este escenario, la discusión por el Presupuesto 2026 aparece como el próximo capítulo de una pulseada política que definirá la magnitud del ajuste, el alcance de la autonomía universitaria y el margen de gobernabilidad de Milei tras las elecciones legislativas de octubre.

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