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Adorni reactiva la mesa política y acelera la reforma laboral

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a reunir este martes a la mesa política que encabeza para encarar las negociaciones parlamentarias de la reforma laboral, que se convirtió en la prioridad legislativa del Ejecutivo para las próximas semanas. En paralelo, durante febrero, deberá avanzar en una reducción del 20% de la estructura administrativa y del 20% del personal de la Jefatura de Gabinete, un ajuste que forma parte del rediseño interno del Gobierno.

La reactivación de la mesa política será el segundo encuentro del año y se da en un contexto de reorganización del poder interno, con Adorni consolidado como una figura clave del esquema libertario, respaldado de manera directa por el presidente Javier Milei y por Karina Milei, un aval que resulta central para la negociación con el Congreso y la coordinación de la gestión.

Reforma laboral, negociación política y nuevo esquema de poder interno

El eje de la agenda inmediata del jefe de Gabinete está puesto en un triángulo estratégico que combina negociación política, seguimiento de la gestión ministerial y monitoreo de la reforma laboral, que comenzará a tratarse en febrero en el Congreso. Desde el oficialismo admiten que este proceso demandará varias semanas de conversaciones parlamentarias.

La mesa política se intercala con una intensa agenda de reuniones bilaterales que Adorni mantiene con los ministros del Gabinete, en una dinámica que busca reforzar la coordinación interna. Según reconstruyó LA NACION, estos encuentros funcionan como reuniones de seguimiento, donde se evalúa lo realizado y se definen las prioridades del Presidente en cada cartera, con una mirada proyectada hacia adelante.

En ese marco, Adorni mantiene un respaldo político que, dentro de la Casa Rosada, sintetizan con una frase elocuente: “Manuel es Karina”, en alusión a la confianza directa de la hermana presidencial. Ese aval es considerado determinante para lograr acuerdos parlamentarios más estables que en la etapa anterior, encabezada por Guillermo Francos, tras la salida de Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete del actual gobierno.

Ajuste en la Jefatura y mayor control de la gestión

Además de la agenda legislativa, febrero estará marcado por el recorte de la estructura de la Jefatura de Gabinete, que actualmente cuenta con más de 2.400 empleados. Según reconocieron fuentes oficiales, el objetivo es concretar una reducción del 20% tanto en la estructura como en el personal, en línea con la política de ajuste administrativo del Gobierno.

Desde los ministerios señalan que, tras el cambio de conducción, existe un mayor seguimiento de la gestión y una mejora en la articulación entre carteras, un aspecto que era señalado como una debilidad en la etapa anterior. “Ahora hay más seguimiento de lo que se hace y de lo que se necesita”, reconocen en distintas áreas.

Aunque no se expresan críticas directas a Francos, dentro del oficialismo predomina la percepción de que su gestión estaba más enfocada en el diálogo político que en la dinámica cotidiana de la administración, una lógica que Adorni busca revertir con controles más frecuentes y definición clara de prioridades.

Agenda internacional y reformas en reserva para el Congreso

En paralelo, el jefe de Gabinete participará de la Argentina Week en Nueva York, en una agenda que incluye el discurso del Presidente ante bancos y fondos internacionales, en un esquema organizado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

Mientras tanto, en la Casa Rosada mantienen bajo estricta reserva los proyectos de ley que cada ministerio prepara, con el objetivo de no interferir en las negociaciones parlamentarias actuales. No obstante, admiten que el Ejecutivo proyecta enviar más de una treintena de iniciativas al Congreso durante 2026, una vez superada la etapa inicial de la reforma laboral.

“Hay que avanzar con las reformas y, en los próximos dos años, seguir avanzando con las cosas prioritarias que tienen que suceder en cada ministerio”, sintetizan en Balcarce 50. Por ahora, la mayoría de las carteras está abocada a asegurar la aprobación de la reforma laboral, mientras se pone en marcha el ajuste interno de la Jefatura de Gabinete.

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El IMaC reduce 40% de su personal por el recorte de fondos nacionales

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El presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, informó la reducción de aproximadamente el 40% del personal contratado con relación de dependencia en el organismo. La decisión, comunicada a través de redes sociales, se enmarca en un contexto de fuerte restricción fiscal que, según explicó, afecta de manera directa a las provincias por la caída de transferencias nacionales, la merma de la recaudación y el desplome de la coparticipación. El ajuste refleja el impacto concreto del equilibrio fiscal nacional sobre la estructura del Estado provincial y sus organismos.

La medida alcanza exclusivamente a la planta de contratos con relación de dependencia, mientras que los recortes al personal sin relación contractual “quedaron sin efecto”, según aclaró el propio titular del instituto. Gervasoni vinculó la decisión con un escenario económico adverso que definió como “cada vez más duro”, y remarcó que no se trata de una decisión deseada sino forzada por la coyuntura.

Recortes nacionales y presión sobre las finanzas provinciales

En su mensaje, Gervasoni atribuyó el ajuste a las políticas fiscales del Gobierno nacional, al señalar que “el equilibrio fiscal de Nación lo logran con recortes durísimos a las provincias”. En ese sentido, detalló un recorte del 90% en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), junto con “una merma que llega a más del 40% en la recaudación y una fuerte caída en la coparticipación”, factores que, combinados, conforman “un cóctel totalmente destructivo en las economías provinciales”.

Según explicó, ese escenario dejó al IMaC sin margen financiero para sostener su estructura actual, lo que derivó en la decisión de avanzar con la reducción del personal contratado. “Hoy el ajuste también golpea las puertas de mi oficina”, expresó, al tiempo que reconoció que la situación genera un fuerte costo humano e institucional.

El impacto del ajuste y el mensaje político

Gervasoni fue explícito al referirse al alcance social de la medida: “No quisiera dejar a nadie sin trabajo”, afirmó, y reconoció que “un recorte del 40% aproximadamente en la planta de contratos con relación de dependencia está en marcha”. En un tono crítico, sostuvo que “gran parte de ellos inclusive votó este modelo libertario que asfixia”, aunque aclaró que eso no vuelve menos dolorosa la decisión.

El titular del IMaC señaló que recibe “felicitaciones en varios idiomas” en referencia a las reacciones que generó el anuncio, y agregó: “Con el dolor a flor de piel, no tengo respuestas para dar, solo pedir perdón a quienes afecta la medida”. En ese marco, extendió el pedido de disculpas “en nombre mío y de los trabajadores del IMaC que continúan, en nombre de cada referente que tuvo que tomar la medida con su gente”.

También remarcó que, de existir otra alternativa, “seguramente el señor Gobernador la hubiera utilizado”, y anticipó que el proceso de ajuste podría extenderse a otras áreas del Estado provincial: “Creería que los demás ministerios también tendrán ajustes, no solo el IMaC”.

Sin nuevas altas y advertencia institucional

En su mensaje, Gervasoni subrayó que el contexto obliga a extremar los controles internos y advirtió que no deberían producirse nuevas incorporaciones: “Quiero creer que no habrá más altas nuevas hasta nuevo aviso, caso contrario yo mismo denunciaré si existe alguna maniobra”.

Finalmente, aclaró que, en un intento por amortiguar el impacto social, “los recortes sin relación quedaron sin efecto”, y agradeció “al Sr. Gobernador por el enorme esfuerzo” para sostener el funcionamiento del organismo en un escenario de restricción extrema.

La reducción del 40% del personal contratado en el IMaC se convierte así en una señal concreta del traslado del ajuste fiscal nacional a las estructuras provinciales, con consecuencias directas sobre el empleo público y la capacidad operativa de los institutos descentralizados.

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El Gobierno prorrogó las pautas salariales para el sector público nacional

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El Poder Ejecutivo Nacional resolvió extender durante todo 2026 los lineamientos de negociación salarial para el Sector Público Nacional, mediante la Decisión Administrativa 43/2025, firmada el 31 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. La medida prorroga la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024, que fija pautas uniformes para las negociaciones colectivas, con el objetivo explícito de optimizar los recursos del Estado, reducir el gasto público y mantener criterios homogéneos en materia salarial.

La decisión se inscribe en la política de administración del gasto y ordenamiento fiscal impulsada por el Gobierno y alcanza a las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Antecedentes normativos y objetivos de la prórroga

Los lineamientos salariales que ahora se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026 fueron establecidos originalmente por la Decisión Administrativa 28 del 1° de febrero de 2024, en el marco de las facultades conferidas por la Ley 18.753, que asigna a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público la responsabilidad de estudiar y coordinar una política salarial armónica en el ámbito estatal.

Posteriormente, la Decisión Administrativa 1 del 6 de enero de 2025 prorrogó esas pautas durante todo el ejercicio presupuestario 2025, con el argumento de avanzar en la reducción del gasto público y la eficiencia en la administración estatal. Según se desprende de los considerandos de la nueva norma, desde su implementación “se ha logrado avanzar de manera ininterrumpida hacia el logro de los objetivos señalados, manteniendo durante el Ejercicio Presupuestario 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios”.

La Decisión Administrativa 43/2025 sostiene que, en virtud de esos resultados, resulta “pertinente prorrogar los lineamientos oportunamente establecidos […] para el Ejercicio Presupuestario 2026”, reforzando la continuidad de un esquema centralizado de pautas salariales para todo el sector público nacional.

Impacto en las negociaciones colectivas y el gasto público

La medida tiene incidencia directa sobre las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito estatal, reguladas por la Ley 14.250 (t.o. 2004), y sobre el funcionamiento de las comisiones negociadoras definidas por los Decretos 183/1988 y 322/2017. En particular, reafirma la representación del sector empleador del Estado nacional en las discusiones paritarias y la aplicación de criterios comunes en organismos centralizados, descentralizados, instituciones de seguridad social y entes estatales comprendidos en la Ley 24.156.

Desde el punto de vista fiscal, la prórroga busca preservar previsibilidad presupuestaria y consolidar un esquema de control del gasto salarial, uno de los componentes más relevantes del gasto corriente del Estado. En ese sentido, la norma aclara que todas las referencias previas a la Ley de Presupuesto 27.701 y al Decreto 88/2023 deberán entenderse realizadas al instrumento que apruebe el Presupuesto 2026, alineando las pautas salariales con el marco presupuestario vigente.

Alcance institucional y continuidad de la política salarial

La decisión fue adoptada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1, 2 y 7 de la Constitución Nacional, y contó con la intervención de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, así como de los servicios jurídicos competentes.

En términos institucionales, la prórroga consolida una política salarial coordinada y centralizada dentro del Sector Público Nacional, reforzando el rol de los organismos rectores en la definición de pautas comunes y limitando la dispersión de criterios entre jurisdicciones. La continuidad de este esquema durante 2026 anticipa un escenario de negociaciones salariales condicionadas por parámetros fiscales y presupuestarios uniformes, en línea con la estrategia general de ordenamiento del gasto público.

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El Gobierno endurece las restricciones al empleo público y limita las altas de personal durante 2026

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El Poder Ejecutivo Nacional estableció un nuevo esquema de restricciones a las designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional para todo el Ejercicio 2026, mediante el Decreto 934/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. La norma deroga el Decreto 1148/2024 y consolida una política de control estricto de la planta estatal, con el objetivo de garantizar un uso eficiente y responsable del presupuesto nacional y sostener el equilibrio fiscal.

El decreto alcanza a las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156 de Administración Financiera, y establece una prohibición general de incorporaciones, con un sistema acotado de excepciones y un mecanismo de reemplazo condicionado por bajas efectivas.

Prohibición general de designaciones y alcance normativo

El artículo 1° del decreto dispone que los organismos del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal “de cualquier naturaleza” durante 2026. La prohibición incluye:

  • designaciones a término en plantas transitorias;
  • contrataciones bajo el régimen del artículo 9° de la Ley 25.164;
  • contrataciones por tiempo indeterminado, plazo fijo, tiempo parcial o trabajo eventual previstas en la Ley de Contrato de Trabajo;
  • contrataciones de servicios profesionales autónomos;
  • designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente;
  • contrataciones con o sin relación de dependencia, aun bajo estatutos especiales o financiamiento no presupuestario.

De esta manera, el Gobierno refuerza un marco de congelamiento del empleo público, alineado con la política de transformación del Estado y adecuación de las estructuras administrativas “dentro de los límites impuestos por un gasto público adecuado al mantenimiento del equilibrio fiscal”, según se desprende de los considerandos.

Excepciones, reemplazos y control de las altas

Pese a la prohibición general, el decreto contempla excepciones explícitas. Entre ellas se encuentran las designaciones en universidades, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el personal de establecimientos hospitalarios y de investigación dependientes del Ministerio de Salud, el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil.

También quedan exceptuadas las designaciones de personal de gabinete, las coberturas derivadas de concursos de selección en plantas permanentes, el cumplimiento del Cupo de Discapacidad previsto por la Ley 22.431 y las contrataciones realizadas a través del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MoBI).

Para el resto de los casos, el artículo 3° introduce un criterio de reemplazo restrictivo: los organismos solo podrán disponer una (1) alta por cada dos (2) bajas de personal, cualquiera sea su causa, siempre que las bajas se produzcan durante 2026. No se computarán, a tal efecto, las desvinculaciones derivadas de planes de retiro voluntario u otros acuerdos de partes.

Cada solicitud de alta deberá contar con la validación de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, lo que refuerza el control centralizado sobre la dotación de personal.

Impacto institucional y extensión al sector empresarial estatal

El decreto habilita, además, a que las jurisdicciones que hayan implementado procesos de racionalización de personal puedan ser exceptuadas del régimen 1 a 2 por razones estratégicas, previa intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

En paralelo, el artículo 5° instruye a los representantes del Estado Nacional en empresas, sociedades y fondos fiduciarios con participación estatal mayoritaria a adoptar medidas similares, extendiendo la política de contención del empleo más allá de la administración central.

Desde una perspectiva institucional, el Decreto 934/2025 consolida una estrategia de control del empleo público como herramienta de política fiscal, limitando la expansión de la planta estatal y priorizando la reorganización interna antes que nuevas incorporaciones. El esquema apunta a redefinir el tamaño y la composición del Estado, en función de “necesidades estratégicas”, bajo un estricto seguimiento presupuestario.

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El Gobierno habilitó aumentos para funcionarios y dejó afuera a Milei y Villarruel

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 931/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional resolvió ordenar y actualizar la estructura salarial de las autoridades superiores del Estado, extendiendo a ministros y funcionarios de alto rango los incrementos pactados en paritarias del empleo público. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, excluye expresamente al Presidente de la Nación y a la Vicepresidenta Victoria Villarruel, y establece además un mecanismo automático de congelamiento salarial si se pierde el superávit fiscal financiero.

El decreto fija que los aumentos comenzarán a regir a partir de enero de 2026, sin efectos retroactivos, y se enmarca en el proceso de reorganización del empleo público impulsado por el Gobierno tras la emergencia económica declarada a fines de 2023.

Del congelamiento a la actualización salarial: el giro tras el ajuste inicial

En los considerandos, el Poder Ejecutivo reconstruye el contexto macroeconómico que motivó las decisiones adoptadas desde el inicio de la gestión. A fines de 2023, la Argentina atravesaba una crisis económica y financiera de “extrema gravedad”, con una inflación interanual del 211,4%, una caída de la actividad del 4,5%, un déficit primario del 2,9% del PBI y un déficit fiscal financiero del 6,1% del PBI. La pobreza alcanzaba al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%, los niveles más altos desde 2004.

Frente a ese escenario, el Gobierno dictó el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, y avanzó con un fuerte ajuste del gasto. En ese marco, el Decreto 235/2024 había congelado las remuneraciones de las autoridades superiores en los valores vigentes al 31 de diciembre de 2023, como “señal de austeridad institucional” y parte del esfuerzo de ordenamiento fiscal.

Según detalla el decreto, esa política se complementó con la eliminación de 8 ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que implicó la supresión de 519 cargos jerárquicos, y con una reducción de aproximadamente 60.000 agentes del Sector Público Nacional entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El ahorro anual estimado por esa reducción fue de $3,49 billones, sin afectar —según el texto— la prestación de servicios esenciales.

Superávit fiscal, baja de la inflación y nuevo esquema remunerativo

El Poder Ejecutivo fundamenta el cambio de criterio salarial en los resultados alcanzados. De acuerdo con el decreto, en octubre de 2025 la inflación interanual se ubicó en 31,3%, mientras que el Sector Público Nacional acumuló 22 meses de superávit fiscal. En los primeros once meses del año, el superávit financiero fue de 0,6% del PBI y el superávit primario de 1,7% del PBI, consolidando —según el Gobierno— el “ancla fiscal” del programa económico.

Además, sobre la base de datos del INDEC y estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el decreto señala que la pobreza habría descendido del 54,8% en el primer trimestre de 2024 al 27,5% en el tercer trimestre de 2025.

Con ese telón de fondo, el Ejecutivo consideró necesario avanzar hacia un “ordenamiento equitativo” de las remuneraciones de las autoridades superiores, para asegurar un esquema “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”, sin comprometer la sostenibilidad fiscal. El decreto remarca que este paso forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a profesionalizar la conducción del Estado, basada en criterios de mérito, transparencia y rendición de cuentas.

Qué establece el decreto y a quiénes alcanza

El Decreto 931/2025 dispone extender a partir de enero de 2026 el porcentaje acumulado de incrementos salariales acordados en las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de 2024 y 2025 a:

  • Ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto 838/1994.
  • Autoridades superiores incluidas en los regímenes de los Decretos 1716/1992 y 140/2007.
  • Funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

El texto aclara de manera explícita que los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación quedan excluidos, tanto de los incrementos dispuestos como de los que se acuerden en el futuro.

Asimismo, el decreto fija que si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, conforme la información oficial del Ministerio de Economía, las remuneraciones quedarán automáticamente congeladas, sin necesidad de un acto administrativo adicional, hasta que se restablezca el superávit.

Impacto político e institucional

La medida introduce un criterio fiscal explícito como condicionante salarial para la alta conducción del Estado, vinculando los aumentos a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, marca el cierre de la etapa de congelamiento aplicada durante la emergencia inicial y abre una fase de normalización selectiva de las remuneraciones jerárquicas.

Desde el plano institucional, el decreto también instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en mérito, evaluación de desempeño y esquemas salariales asociados a responsabilidad y funciones. Además, invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el mecanismo de congelamiento automático ante déficit, reforzando la señal de disciplina fiscal.

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