Empresas estatales

FAdeA cerrará 2026 con superávit, pero necesitará transferencias del Estado para sostener su equilibrio

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El Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), una de las empresas estratégicas del Sector Público Nacional vinculadas a la industria aeronáutica y de defensa. El esquema autorizado por el Ministerio de Economía exhibe una particular combinación de números: la compañía proyecta una pérdida operativa de $14.519,9 millones, pero terminaría el ejercicio con un resultado económico positivo de $147,2 millones y un superávit financiero de $104,1 millones.

La Resolución 1289/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, aprobó las previsiones elaboradas para la empresa que depende del Ministerio de Defensa. El dato central para interpretar el presupuesto es que FAdeA no alcanzaría a cubrir con su propia actividad comercial el conjunto de sus costos operativos: estima ventas por $135.090,4 millones frente a gastos de operación por $149.610,4 millones. La brecha alcanza los $14.519,9 millones.

El equilibrio aparece al incorporar los ingresos corrientes provenientes del Estado. El presupuesto contempla $14.850,4 millones en transferencias corrientes de la Administración Nacional. Con esos recursos, los ingresos corrientes ascienden a $149.940,9 millones, frente a gastos corrientes por $149.793,6 millones, lo que permite alcanzar el ahorro económico de $147,2 millones previsto para 2026.

La estructura revela así uno de los principales desafíos de la empresa: transformar progresivamente una parte mayor de su capacidad industrial en ingresos genuinos provenientes de contratos y servicios, reduciendo la distancia entre facturación y costos. El propio Plan de Acción plantea como estrategia consolidar los contratos plurianuales con el Estado para mantenimiento y modernización de aeronaves, pero también ampliar la cartera de clientes privados y explorar nuevos negocios, como servicios de ingeniería y fabricación de piezas de chapa y materiales compuestos.

Ese proceso resulta especialmente relevante porque FAdeA tiene como principal cliente a la Fuerza Aérea Argentina y concentra capacidades industriales que exceden la lógica de una empresa comercial convencional. El Estado adquirió sus acciones en 2009 junto con los inmuebles, instalaciones, maquinarias y demás activos que históricamente pertenecían a la Fábrica Militar de Aviones del Área Material Córdoba. Desde entonces, la compañía sostiene contratos de mantenimiento y fabricación con organismos estatales.

El presupuesto también incorpora una apuesta, aunque acotada, por ampliar las capacidades productivas. FAdeA prevé una inversión de $201 millones en formación bruta de capital fijo, destinada a maquinaria y equipos. El monto equivale a una fracción reducida de su estructura de gastos y, según el propio plan, las restricciones de caja obligan a financiar las inversiones con las transferencias de capital asignadas por el Estado.

En términos de empleo, la planificación oficial contempla una dotación de 705 trabajadores durante todo 2026, sin planta temporaria. La estructura proyectada incluye 519 cargos técnicos y profesionales, 80 directivos, 56 empleados de operación y 50 administrativos. La masa de remuneraciones presupuestada alcanza $46.605,4 millones.

El dato laboral adquiere relevancia económica porque una porción sustancial del gasto operativo está concentrada en bienes y servicios. El presupuesto asigna $100.948,6 millones a ese concepto y $46.605,4 millones a remuneraciones, dentro de gastos de operación por $149.610,4 millones. La estructura muestra que cualquier mejora de productividad, escala, compras, utilización de capacidad instalada o diversificación comercial puede tener un impacto significativo sobre el resultado final.

El frente financiero, sin embargo, presenta una dimensión que excede al resultado corriente. FAdeA proyecta fuentes financieras por $25.345,5 millones, explicadas íntegramente por un incremento de otros pasivos, específicamente cuentas a pagar por ese mismo monto. En paralelo, las aplicaciones financieras ascienden a $25.449,7 millones e incluyen $18.564,4 millones de incremento de otros activos financieros y $6.885,2 millones de disminución de otros pasivos.

El propio Plan de Acción estima que el pasivo total de la empresa llegará a $152.003,8 millones al cierre del ejercicio. La magnitud obliga a mirar el superávit financiero de $104,1 millones con una perspectiva más amplia: el resultado anual es positivo, pero prácticamente marginal frente al volumen de obligaciones y al tamaño de la estructura financiera de la compañía.

El presupuesto de caja aporta otra señal relevante. FAdeA prevé cerrar 2026 con disponibilidades por $2.557,3 millones, luego de atravesar un año en el que los ingresos de operación netos alcanzarían $114.905,3 millones y las transferencias corrientes de la Administración Nacional sumarían $14.850,4 millones. El esquema contempla además $201 millones de transferencias de capital para financiar inversión en bienes de uso.

El desafío para la gestión no pasa solamente por conseguir un resultado contable positivo, sino por mejorar la calidad de ese resultado. El propio plan reconoce que la competitividad internacional requiere un programa de reducción de gastos y controles presupuestarios mensuales para limitar desvíos. En paralelo, plantea ampliar negocios fuera del Estado y profundizar la relación con clientes como Embraer.

El presupuesto coloca a FAdeA frente a una disyuntiva concreta: preservar capacidades estratégicas financiadas parcialmente por el Estado o convertir esas capacidades en una plataforma con mayor generación de ingresos propios. La solución que surge del propio documento es híbrida: sostener contratos públicos de largo plazo que permitan dar previsibilidad a la producción y, simultáneamente, utilizar esa base industrial para ampliar mercados, vender servicios especializados y desarrollar nuevos nichos tecnológicos.

El resultado de 2026, por lo tanto, no debería medirse únicamente por los $104 millones de superávit financiero proyectado. La variable decisiva será si la empresa logra cerrar la brecha entre ingresos y gastos de operación sin deteriorar su capacidad industrial ni su dotación técnica. En un sector donde las capacidades aeronáuticas requieren continuidad, conocimiento acumulado e inversión, el desafío fiscal y el desafío productivo terminan formando parte de la misma ecuación.

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Prorrogan por dos años la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y refuerza el proceso de reforma del Estado

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La administración de Javier Milei decidió extender por dos años la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo creado para coordinar la reestructuración, reorganización y eventual privatización de las empresas estatales. La medida, oficializada mediante el Decreto 611/2026, busca dar continuidad a uno de los ejes centrales de la estrategia oficial de reforma del Estado, al considerar que el organismo todavía no completó los objetivos para los cuales fue creado en julio de 2024.

La decisión implica que la unidad continuará funcionando, al menos, hasta julio de 2028 o hasta que finalice el proceso de transformación de las empresas públicas, si ello ocurre antes. En paralelo, el decreto también redefine parte de su estructura, ratifica autoridades, incorpora nuevas funciones y consolida el rol de la Agencia como organismo rector del proceso de reorganización del sector empresario estatal.

El argumento del Gobierno es que la reforma aún se encuentra en desarrollo y que numerosas empresas públicas continúan atravesando procesos de revisión de su estructura jurídica, financiera y operativa. Bajo esa lógica, la continuidad de la Agencia busca garantizar un esquema centralizado de coordinación para las decisiones vinculadas con fusiones, escisiones, reorganizaciones, transferencias a provincias o eventuales privatizaciones.

El decreto ratifica a Diego Martín Chaher como titular de la Agencia con rango de secretario y dispone una reorganización interna. Luciano Masnú Lardet deja la Dirección Ejecutiva de Procesos y Privatizaciones para asumir como subtitular del organismo, mientras que Cristian Nicolás García fue designado, con carácter ad honorem, como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones. También se prorrogan las designaciones de otros funcionarios responsables de las áreas de pliegos, contratos, articulación laboral, apoyo societario y asesoramiento legal.

Más allá de los cambios de nombres, el aspecto más relevante del decreto pasa por la ampliación de las competencias institucionales. A partir de ahora, la Agencia podrá ejercer directamente la representación societaria del Estado Nacional en empresas públicas cuando así se le delegue y tendrá la responsabilidad de evaluar la idoneidad de los candidatos que el Estado proponga para integrar directorios y órganos de administración de las compañías bajo control estatal.

Ese último punto incorpora un mecanismo adicional de control previo sobre las designaciones políticas dentro de las empresas públicas, un aspecto que el Gobierno considera clave para profesionalizar la conducción de las sociedades estatales y fortalecer los criterios de gestión.

La Agencia fue creada originalmente en julio de 2024 como una unidad ejecutora temporaria dentro del Ministerio de Economía con el objetivo de centralizar todas las decisiones vinculadas con las empresas comprendidas en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales instrumentos para ejecutar la política de reducción del tamaño del Estado impulsada por la actual administración.

En términos de gestión pública, la prórroga también evita que el proceso quede interrumpido en plena ejecución. El decreto instruye además al Ministerio de Economía a incorporar las partidas presupuestarias correspondientes para asegurar el funcionamiento de la Agencia durante el presupuesto 2027 y los ejercicios siguientes, en caso de resultar necesario.

La continuidad del organismo constituye una señal de que el Ejecutivo mantiene sin modificaciones su hoja de ruta respecto del sector empresario estatal. La estrategia oficial combina saneamiento financiero, revisión de estructuras, profesionalización de directorios y análisis de alternativas que van desde la reorganización administrativa hasta la incorporación de capital privado o la privatización, según las características de cada empresa.

Para provincias con fuerte presencia de empresas nacionales en áreas estratégicas —como transporte, energía, infraestructura o servicios— el avance de este proceso seguirá siendo un factor de alto impacto económico y laboral. La definición del futuro de estas compañías influirá tanto sobre la inversión pública como sobre el empleo, la prestación de servicios y la competitividad regional, convirtiendo a la Agencia en uno de los organismos más relevantes dentro del programa de transformación del Estado impulsado por el Gobierno nacional.

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El Gobierno reglamentó la ejecución del Presupuesto 2026, créditos, cargos y límites al gasto

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Con la Decisión Administrativa 1/2026, publicada el 20 de enero, la Jefatura de Gabinete avanzó en la distribución detallada del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. La norma asigna créditos, cargos y recursos a todas las jurisdicciones y organismos, define qué partidas serán indicativas, refuerza los mecanismos de control y establece límites precisos para las modificaciones presupuestarias, la obra pública y la asistencia a empresas estatales.

La medida, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Economía, se dicta en el marco de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, promulgada por el Decreto 932/2025, y constituye el instrumento central que habilita la ejecución efectiva del gasto público durante el ejercicio en curso.

Distribución de créditos, cargos y recursos: el andamiaje operativo del Presupuesto 2026

La Decisión Administrativa 1/2026 dispone la distribución de los gastos corrientes y de capital, gastos figurativos, aplicaciones financieras, recursos, contribuciones figurativas, fuentes financieras, cargos y horas de cátedra previstos en la Ley 27.798, conforme al detalle de las planillas anexas que integran la norma.

La asignación se realiza teniendo en cuenta las adecuaciones institucionales del Poder Ejecutivo Nacional introducidas por el Decreto 50/2019 y sus modificatorios, así como por los Decretos 866/2025 y 942/2025. En este último caso, se incorpora formalmente la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, transfiriendo a esa cartera los créditos, bienes, personal y obligaciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con garantía de continuidad en la prestación de servicios.

Además, la decisión administrativa reglamenta aspectos operativos centrales del presupuesto:

  • La distribución de cargos y horas de cátedra en toda la Administración Pública Nacional.
  • La obligación de que las jurisdicciones y entidades informen trimestralmente la evolución de sus plantas de personal y contrataciones, cualquiera sea su modalidad o fuente de financiamiento.
  • La exigencia de certificar vacantes y su financiamiento para cubrir cargos, según lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 27.798.

En materia de aportes al Tesoro, se fija un cronograma de contribuciones en cuatro cuotas iguales con vencimientos el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 15 de diciembre de 2026, y se establece que los remanentes de recursos del ejercicio 2025 deberán ingresar a la Tesorería General de la Nación antes del 30 de octubre de 2026, salvo excepción legal.

Partidas indicativas, control del gasto y límites a las reestructuraciones

Uno de los ejes centrales de la norma es la definición del carácter indicativo o limitativo de las partidas presupuestarias, una herramienta clave para el manejo del gasto en un contexto de administración estricta de los recursos públicos.

La decisión establece como montos presupuestarios indicativos a la totalidad de las partidas de:

  • Bienes de consumo (Inciso 2).
  • Servicios no personales, con excepción de los gastos reservados (Inciso 3).
  • Bienes de uso (Inciso 4).
  • Transferencias (Inciso 5).
  • Incremento de activos financieros (Inciso 6).
  • Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos (Inciso 7).
  • Otros gastos (Inciso 8).

También tendrán carácter indicativo las asignaciones correspondientes a actividades específicas, programas, subprogramas, proyectos de obra y la clasificación geográfica del gasto, lo que otorga flexibilidad operativa, aunque bajo un esquema reforzado de control ex post.

En paralelo, se determinan con precisión las facultades para realizar modificaciones presupuestarias, delimitando qué tipo de reestructuraciones pueden efectuar ministros, secretarios, titulares de organismos, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Presupuesto. Se prohíben, entre otras cuestiones, los cambios que impliquen alterar la distribución de finalidades o incrementar gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, en línea con el artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Las modificaciones deberán ser notificadas a la Oficina Nacional de Presupuesto dentro de los cinco días hábiles, y ese organismo contará con ocho días hábiles para expedirse sobre su razonabilidad. Vencido ese plazo sin observaciones, la modificación quedará automáticamente vigente.

Inversión pública, empresas estatales y mayor centralización financiera

La decisión administrativa refuerza los mecanismos de control sobre la obra pública y las inversiones. Las jurisdicciones y entidades no podrán contratar obras ni adquirir bienes de uso sin contar previamente con la calificación de “Formulación y evaluación satisfactoria” emitida por la Dirección Nacional de Inversión Pública, y deberán ajustarse a los montos máximos vigentes establecidos por la normativa específica.

En cuanto a las empresas públicas no financieras, se dispone que toda asistencia financiera, transferencias o aportes de capital con recursos del Tesoro Nacional se asignen exclusivamente en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, evitando la dispersión de créditos y facilitando el seguimiento de la ejecución presupuestaria. Estas transferencias quedarán condicionadas al cumplimiento estricto de lo dispuesto por la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto.

Asimismo, las jurisdicciones con partidas destinadas a Gastos de Inteligencia y Gastos Reservados deberán contar con la conformidad previa de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) antes de solicitar modificaciones presupuestarias o reprogramaciones de ejecución.

Impacto institucional y proyección

La Decisión Administrativa 1/2026 consolida un esquema de centralización financiera, mayor control del gasto y reglas más estrictas para la ejecución presupuestaria, en línea con las facultades otorgadas al Jefe de Gabinete por la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera.

Decisión Administrativa 1/2026 by CristianMilciades

Para las jurisdicciones y organismos, el impacto es inmediato: mayor exigencia en la programación física de los programas, límites claros a la reasignación de créditos y una supervisión reforzada sobre personal, inversión y transferencias. Para el Tesoro Nacional, la norma apunta a mejorar la previsibilidad de ingresos, reducir remanentes ociosos y ordenar la asistencia al sector público empresarial.

anexo 1 D A 1/2026 by CristianMilciades

En términos políticos e institucionales, la decisión administrativa funciona como la pieza operativa central del Presupuesto 2026, traduciendo la ley sancionada por el Congreso en reglas concretas de ejecución que condicionarán el margen de maniobra de toda la Administración Pública durante el año.

anexo 2 D A 1/2026 by CristianMilciades

anexo 3 D A 1/2026 by CristianMilciades

anexo 4 D A 1/2026 by CristianMilciades

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Economía aprobó el plan de AySA con superávit operativo y financiamiento estatal por $141.000 millones

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El Ministerio de Economía oficializó la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto 2025 de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA S.A.), empresa estatal que provee agua potable y saneamiento a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El esquema financiero contempla ingresos por $1,32 billones, gastos operativos por $992.564 millones y un superávit financiero de $7.720 millones, según la Resolución 1423/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Un presupuesto con superávit operativo y apoyo estatal

El plan aprobado prevé: Ingresos de operación: $1.322.028.071.367. Gastos de operación: $992.564.402.903. Ganancia operativa: $329.463.668.464. Resultado económico (ahorro): $176.812.274.503. Resultado financiero (superávit): $7.720.290.143

Los documentos oficiales detallan que el superávit operativo será destinado a obras de mantenimiento y mejora, mientras que los gastos de capital alcanzarán los $357.201 millones. Para financiar parte de las obras estratégicas —entre ellas la finalización del Sistema Riachuelo (Planta Dock Sud), el Río Subterráneo Sur y el Colector Catonas— el Estado Nacional girará transferencias de capital por $141.437 millones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27.701 de Presupuesto General.

Inversiones, endeudamiento y producción

El presupuesto también habilita a la empresa a avanzar con un programa global de fideicomiso financiero por hasta $100.000 millones, con desembolsos estimados en $70.000 millones durante 2025.

En materia productiva, AySA estima para 2025: Producción de agua librada a red: 6.125 miles de m³ por día. Bombeo y tratamiento cloacal: 1.559 millones de m³ anuales. Pretratamiento cloacal: 746 millones de m³ anuales.

El gasto operativo incorpora un 27% de inflación anual proyectada y un tipo de cambio estimado en $1.287 por dólar a diciembre de 2025. Además, la masa salarial ascenderá a $289.322 millones, con una dotación de 6.092 empleados permanentes hacia fin de año.

Impacto económico e institucional

El plan de acción ratifica el rol estratégico de AySA como la principal empresa de servicios públicos del país. Su presupuesto no solo apunta a garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de las obras estructurales, sino también a sostener un esquema de Tarifa Social para los sectores más vulnerables, administrado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

En términos políticos, la decisión de Luis Caputo, ministro de Economía, envía una señal de estabilidad en la gestión de las empresas estatales en un año electoral, al mostrar que AySA puede proyectar superávit financiero pese al fuerte nivel de inversión requerido.

La ejecución de este presupuesto será clave para destrabar proyectos de gran impacto ambiental y urbano, como el Sistema Riachuelo, que busca reducir la contaminación del río homónimo y mejorar el saneamiento en la región sur del conurbano. Además, la combinación de financiamiento estatal y emisión de deuda marcará la pauta de sostenibilidad de AySA en los próximos ejercicios.

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