Prorrogan por dos años la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y refuerza el proceso de reforma del Estado
La administración de Javier Milei decidió extender por dos años la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo creado para coordinar la reestructuración, reorganización y eventual privatización de las empresas estatales. La medida, oficializada mediante el Decreto 611/2026, busca dar continuidad a uno de los ejes centrales de la estrategia oficial de reforma del Estado, al considerar que el organismo todavía no completó los objetivos para los cuales fue creado en julio de 2024.
La decisión implica que la unidad continuará funcionando, al menos, hasta julio de 2028 o hasta que finalice el proceso de transformación de las empresas públicas, si ello ocurre antes. En paralelo, el decreto también redefine parte de su estructura, ratifica autoridades, incorpora nuevas funciones y consolida el rol de la Agencia como organismo rector del proceso de reorganización del sector empresario estatal.
El argumento del Gobierno es que la reforma aún se encuentra en desarrollo y que numerosas empresas públicas continúan atravesando procesos de revisión de su estructura jurídica, financiera y operativa. Bajo esa lógica, la continuidad de la Agencia busca garantizar un esquema centralizado de coordinación para las decisiones vinculadas con fusiones, escisiones, reorganizaciones, transferencias a provincias o eventuales privatizaciones.
El decreto ratifica a Diego Martín Chaher como titular de la Agencia con rango de secretario y dispone una reorganización interna. Luciano Masnú Lardet deja la Dirección Ejecutiva de Procesos y Privatizaciones para asumir como subtitular del organismo, mientras que Cristian Nicolás García fue designado, con carácter ad honorem, como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones. También se prorrogan las designaciones de otros funcionarios responsables de las áreas de pliegos, contratos, articulación laboral, apoyo societario y asesoramiento legal.
Más allá de los cambios de nombres, el aspecto más relevante del decreto pasa por la ampliación de las competencias institucionales. A partir de ahora, la Agencia podrá ejercer directamente la representación societaria del Estado Nacional en empresas públicas cuando así se le delegue y tendrá la responsabilidad de evaluar la idoneidad de los candidatos que el Estado proponga para integrar directorios y órganos de administración de las compañías bajo control estatal.
Ese último punto incorpora un mecanismo adicional de control previo sobre las designaciones políticas dentro de las empresas públicas, un aspecto que el Gobierno considera clave para profesionalizar la conducción de las sociedades estatales y fortalecer los criterios de gestión.
La Agencia fue creada originalmente en julio de 2024 como una unidad ejecutora temporaria dentro del Ministerio de Economía con el objetivo de centralizar todas las decisiones vinculadas con las empresas comprendidas en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales instrumentos para ejecutar la política de reducción del tamaño del Estado impulsada por la actual administración.
En términos de gestión pública, la prórroga también evita que el proceso quede interrumpido en plena ejecución. El decreto instruye además al Ministerio de Economía a incorporar las partidas presupuestarias correspondientes para asegurar el funcionamiento de la Agencia durante el presupuesto 2027 y los ejercicios siguientes, en caso de resultar necesario.
La continuidad del organismo constituye una señal de que el Ejecutivo mantiene sin modificaciones su hoja de ruta respecto del sector empresario estatal. La estrategia oficial combina saneamiento financiero, revisión de estructuras, profesionalización de directorios y análisis de alternativas que van desde la reorganización administrativa hasta la incorporación de capital privado o la privatización, según las características de cada empresa.
Para provincias con fuerte presencia de empresas nacionales en áreas estratégicas —como transporte, energía, infraestructura o servicios— el avance de este proceso seguirá siendo un factor de alto impacto económico y laboral. La definición del futuro de estas compañías influirá tanto sobre la inversión pública como sobre el empleo, la prestación de servicios y la competitividad regional, convirtiendo a la Agencia en uno de los organismos más relevantes dentro del programa de transformación del Estado impulsado por el Gobierno nacional.
