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El Gobierno aprueba el Presupuesto 2026 del Correo Argentino y proyecta $96.695 millones de ganancia operativa

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El Ministerio de Economía dio luz verde al plan de acción y presupuesto 2026 del Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, que prevé ingresos operativos por $754.003 millones y una ganancia de operación estimada en $96.695 millones. La decisión quedó formalizada en la Resolución 221/2026, publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial, y fija además un superávit financiero de $28.558 millones para el ejercicio.

El dato no es menor: el principal operador postal del país proyecta cerrar el año con resultado positivo, sin endeudamiento y con transferencias al Tesoro por $60.000 millones. En un contexto de ajuste fiscal y revisión del rol de las empresas públicas, el mensaje combina equilibrio financiero con continuidad operativa.

Un presupuesto con superávit y foco en paquetería

La norma aprueba un esquema que estima ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos corrientes por $720.308 millones, lo que arroja un ahorro económico de $53.818 millones. Si se suman los recursos y gastos de capital, el resultado financiero proyectado es superavitario.

El corazón del negocio sigue siendo operativo: de los $754.003 millones de ingresos de operación, $736.929 millones provendrán de ventas brutas. No se prevén transferencias corrientes del Estado para sostener la actividad, lo que refuerza la lógica de autofinanciamiento.

En paralelo, el presupuesto asigna $34.745 millones a inversión real. La mayor parte —$29.290 millones— se destinará a activos intangibles, es decir, tecnología, sistemas y plataformas digitales. Otros $4.350 millones irán a construcciones del dominio público y $1.105 millones a maquinaria y equipamiento.

El plan estratégico que acompaña el presupuesto define con claridad el rumbo comercial: menos dependencia del correo tradicional y mayor apuesta a la paquetería vinculada al comercio electrónico. Para 2026 se proyecta una caída del 7% en piezas postales (72.300 millones) y un crecimiento del 19% en paquetes (36.700 millones).

La empresa profundizará el modelo de franquicias “Punto Correo”, avanzará con sistemas de clasificación automática (SORTER) y buscará consolidar servicios de fulfillment y soluciones cross border, tanto para importaciones simplificadas como para exportaciones postales.

Costos, personal y transferencias al Tesoro

Del lado del gasto, las remuneraciones concentran $309.762 millones, mientras que bienes y servicios suman $319.010 millones. La dotación prevista se reducirá de 11.676 agentes a 11.436 hacia diciembre de 2026, con 240 bajas estimadas en el año y sin incorporación de personal temporario.

La decisión combina moderación en la plantilla con mantenimiento del Servicio Básico Universal (SBU), obligación legal que implica cobertura territorial en todo el país a precio accesible.

Un punto clave es la previsión de transferencias por $60.000 millones a la Administración Nacional. Es decir, la empresa no solo no requerirá asistencia financiera, sino que aportará recursos al Tesoro. En términos fiscales, esto convierte al Correo en contribuyente neto dentro del esquema de empresas públicas.

No se contempla endeudamiento para 2026. Las fuentes financieras provendrán principalmente de movimientos sobre activos y pasivos corrientes.

Modernización tecnológica y reposicionamiento de mercado

El presupuesto confirma una estrategia de transformación digital. La inversión en activos intangibles apunta a renovar sistemas de envíos internacionales, trazabilidad, data centers, ciberseguridad y plataformas comerciales como “Mi Correo”.

El giro es consistente con la dinámica del mercado postal. El segmento de cartas continúa en retroceso estructural, mientras que la logística de última milla vinculada a plataformas online se consolida como el eje competitivo frente a operadores privados.

En ese marco, la empresa buscará mejorar estándares de calidad, integrar soluciones nativas con plataformas de e-commerce y desarrollar servicios híbridos (imposición electrónica con entrega física), además de implementar aviso de recibo digital para cartas documento.

El desafío operativo será sostener rentabilidad en un entorno donde los costos de bienes y servicios representan más del 40% del gasto corriente y donde la competencia privada presiona márgenes en paquetería.

Equilibrio fiscal sin privatización explícita

La aprobación del presupuesto bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete muestra una continuidad institucional en la administración del operador postal.

Desde el punto de vista político-económico, la señal es clara: el Gobierno prioriza equilibrio financiero, reducción gradual de personal y modernización tecnológica, pero mantiene el esquema societario vigente y el cumplimiento del Servicio Básico Universal.

No hay expansión de estructura ni endeudamiento. Tampoco se observa un retiro del Estado del negocio postal. La estrategia parece orientada a consolidar un operador público rentable, adaptado al comercio electrónico y capaz de aportar recursos al Tesoro.

Lo que habrá que seguir

En los próximos meses habrá que observar tres variables para medir el impacto real del presupuesto 2026: Si el crecimiento proyectado del 19% en paquetería se concreta y compensa la caída del correo tradicional. Si la inversión tecnológica mejora productividad y reduce costos unitarios. Si la reducción de dotación se implementa sin afectar tiempos de entrega ni cobertura territorial.

El equilibrio financiero está proyectado. La clave será sostenerlo en un mercado logístico cada vez más competitivo y con consumidores que exigen velocidad y trazabilidad en tiempo real.

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El Gobierno prorrogó por un año la intervención de Educ.ar

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Mediante el Decreto 82/2026, el Poder Ejecutivo extendió hasta febrero de 2027 la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal. La decisión busca consolidar la transformación societaria, completar la reestructuración interna y asegurar la continuidad del Programa Conectar Igualdad, en un contexto de ajuste del gasto, redefinición del rol del Estado y reforma del sector público.

El Gobierno nacional resolvió prorrogar por un año la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, a partir del 4 de febrero de 2026, con el objetivo de finalizar el proceso de normalización institucional, consolidar la reestructuración administrativa y garantizar una transición ordenada hacia un régimen de funcionamiento regular. La medida fue formalizada a través del Decreto 82/2026, publicado este 4 de febrero en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Federico Adolfo Sturzenegger.

La decisión se inscribe en el marco de la reforma del sector público impulsada por el Ejecutivo desde diciembre de 2023, que incluyó la transformación de empresas y sociedades del Estado en sociedades anónimas bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550, conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023. En ese proceso, Educ.ar dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima unipersonal, bajo control estatal, con nuevas responsabilidades y criterios de gestión.

De sociedad del Estado a sociedad anónima: los fundamentos de la prórroga

Educ.ar fue creada originalmente por el Decreto N° 383/2000, en la órbita del entonces Ministerio de Educación, con la misión de administrar y desarrollar el portal educativo nacional y producir contenidos para el sistema educativo. Con la entrada en vigencia del DNU 70/23, se derogó la Ley N° 20.705 y se estableció la conversión de las empresas estatales a sociedades anónimas, lo que motivó la intervención dispuesta por el Decreto N° 117/2024.

Durante ese período, que ya había sido prorrogado por la Decisión Administrativa N° 4/2025, el Gobierno designó como interventor al ingeniero Gastón Mariano Martín, desde el 1° de noviembre de 2024, y avanzó en una serie de medidas estructurales. Entre ellas, se destacó la aprobación formal de la transformación societaria mediante el Acta de Asamblea General N° 44 del 19 de diciembre de 2024, la regularización de balances pendientes de gestiones anteriores y la normalización de trámites ante la Inspección General de Justicia.

Según detalla el decreto, al momento de la intervención la empresa se encontraba “sobredimensionada y en una situación crítica de financiamiento”, lo que justificó un proceso de reordenamiento profundo para mejorar su eficiencia operativa y financiera.

Ajuste, reducción de personal y control del gasto

Uno de los ejes centrales del proceso fue la restructuración de los recursos humanos, instrumentada a través de dos planes de retiros voluntarios, que redujeron la dotación de personal a 172 trabajadores. Esta medida, señala el texto oficial, permitió una disminución del gasto público, el recupero de fondos por deudas pendientes y la implementación de acciones orientadas al cumplimiento de normas de integridad y transparencia.

En paralelo, se aprobó un nuevo organigrama, con una reducción de la estructura jerárquica y la definición de áreas consideradas imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Además, la intervención avanzó en la elaboración de manuales de procedimientos y en la modificación del reglamento de compras y contrataciones, con el objetivo de establecer circuitos administrativos “estandarizados, claros y uniformes”.

Estas acciones se complementan con el desarrollo de un plan estratégico orientado a la generación de recursos propios y a la sostenibilidad financiera de la empresa, un punto clave en la nueva lógica de gestión que impulsa el Ejecutivo para las empresas bajo control estatal.

Conectar Igualdad y continuidad operativa

Otro elemento central que justifica la prórroga de la intervención es la transferencia del Programa Conectar Igualdad a la órbita de Educ.ar, dispuesta por el Decreto N° 289/2025. El programa, creado originalmente por el Decreto N° 11/2022, constituye una de las principales políticas públicas de conectividad educativa y provisión de tecnología en el sistema escolar.

El decreto advierte que una finalización anticipada de la intervención podría generar “discontinuidades en la conducción, fragmentación en los procesos decisorios y debilitamiento de los mecanismos de control”, con impacto directo sobre la ejecución de Conectar Igualdad y las restantes funciones asignadas a la sociedad.

En ese sentido, el Ejecutivo considera que la intervención no solo permitió ordenar la empresa, sino que se transformó en una herramienta clave para adaptar a Educ.ar a sus nuevas responsabilidades, garantizando una gestión coordinada, eficiente y transparente de los recursos públicos.

Escenarios e impacto institucional

La prórroga de la intervención hasta febrero de 2027 confirma que el Gobierno apuesta a completar el proceso de transformación antes de devolver la conducción a un esquema societario regular, evitando riesgos institucionales y operativos. Desde una perspectiva económica, la medida refuerza la estrategia oficial de reducción del gasto, control del personal y búsqueda de sostenibilidad financiera en empresas con participación estatal.

En el plano político e institucional, el decreto consolida el rumbo marcado por el DNU 70/23 y anticipa que la normalización definitiva de Educ.ar estará supeditada al cumplimiento de objetivos de eficiencia, transparencia y autosustentabilidad. En el corto plazo, el impacto se sentirá en la continuidad del Programa Conectar Igualdad y en la profundización de los cambios internos de la empresa; en el mediano plazo, el desafío será demostrar que el nuevo modelo de sociedad anónima estatal puede sostener servicios educativos estratégicos sin comprometer las cuentas públicas.

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Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos con un superávit financiero superior a $21.000 millones

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El Ministerio de Economía aprobó formalmente el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos Sociedad Anónima, una empresa pública clave en la estructuración y administración de fideicomisos financieros y de garantía. La decisión quedó plasmada en la Resolución 78/2026, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo y publicada en el Boletín Oficial, y proyecta para el ejercicio un resultado financiero superavitario de $21.018.023.308, sin recurrir a endeudamiento ni aportes del Tesoro Nacional. El dato no es menor: consolida el giro hacia una gestión autosustentable dentro del esquema de empresas públicas y refuerza la estrategia oficial de disciplina fiscal y eficiencia operativa.

Un presupuesto con superávit operativo, económico y financiero

De acuerdo con la resolución, el presupuesto aprobado estima ingresos de operación por $25.409.580.188 y gastos de operación por $12.141.190.526, lo que arroja una ganancia operativa de $13.268.389.662. En términos más amplios, los ingresos corrientes ascenderán a $36.417.321.802, mientras que los gastos corrientes se ubicarán en $14.677.558.099, generando un resultado económico positivo (ahorro) de $21.739.763.703.

El esquema se completa con recursos de capital por $286.351.011 y gastos de capital por $1.008.091.406, destinados íntegramente a inversión en maquinaria y equipamiento. Aun así, el balance final proyecta un superávit financiero de más de $21.000 millones, un indicador poco frecuente en empresas públicas y alineado con los objetivos macroeconómicos del Ministerio de Economía.

La resolución se dicta en el marco de las facultades previstas en el artículo 49 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario 1344/2007, y cuenta con dictamen favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que le otorga respaldo técnico y legal.

Transformación operativa y alineamiento con la Ley Bases

El Plan de Acción 2026, aprobado como Anexo I, describe un proceso de transformación iniciado en 2024, orientado a la eficiencia, sostenibilidad operativa y reducción de costos. Entre las medidas implementadas se destacan la reestructuración de la dotación de personal, la revisión integral de honorarios y la mudanza de la sede social para compartir infraestructura con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que permitió reducir en un 35% los gastos mensuales de mantenimiento.

La empresa proyecta cerrar 2026 con una dotación de 115 empleados, frente a esquemas más amplios en años previos, y continuar profundizando políticas de control del gasto. Según el propio documento oficial, este proceso convirtió a BICE Fideicomisos en una compañía superavitaria, capaz de cubrir gastos e inversiones exclusivamente con ingresos fiduciarios, sin asistencia del Estado.

En términos normativos, el plan explicita que la operatoria de la empresa se desarrolla en estricta concordancia con la Ley 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y con las políticas definidas por el Poder Ejecutivo Nacional, reforzando estándares de transparencia, control e integridad en la administración fiduciaria.

Inversión, mercado y señales al sistema financiero

Para 2026, BICE Fideicomisos prevé una inversión de $1.008.091.406 en maquinaria y equipo, orientada al recambio tecnológico, la automatización de procesos y una mayor trazabilidad de la gestión. No se contempla colocación de deuda, ni en moneda local ni extranjera, una señal consistente con la estrategia oficial de reducir el apalancamiento del sector público.

Desde el punto de vista institucional, la empresa mantiene su inscripción como fiduciario financiero ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ostenta la categoría 1 FD con Perspectiva Estable, la máxima calificación fiduciaria otorgada por Fix Ratings, lo que la posiciona como uno de los principales fiduciarios del país en términos de activos administrados.

El plan también proyecta un rol activo en el financiamiento de la economía real, mediante la estructuración de fideicomisos financieros para proyectos de inversión privada, infraestructura y desarrollo productivo, buscando complementar al sistema financiero tradicional sin comprometer recursos fiscales.

La aprobación de este presupuesto refuerza el mensaje del Gobierno en dos planos. En lo económico, muestra que es posible sostener empresas públicas superavitarias, con inversión y sin deuda, en un contexto de ajuste fiscal. En lo institucional, consolida un esquema de gestión alineado con la Ley Bases y con la narrativa oficial de eficiencia y racionalización del Estado.

Para el mercado, el dato no pasa inadvertido: una empresa pública que proyecta superávit financiero, invierte y no se endeuda funciona como señal de orden fiscal en un momento en el que la estrategia económica prioriza credibilidad y disciplina presupuestaria.

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Energía y transporte, en el centro del plan de privatizaciones que impulsa el Gobierno para 2026

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El Gobierno nacional definió una estrategia para avanzar en 2026 con la privatización de más de una decena de empresas públicas, principalmente en los sectores de energía, transporte y servicios, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos para fortalecer las reservas. El plan se apoya en la transformación previa de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, un paso clave desde el punto de vista jurídico e institucional para habilitar futuras ventas.

La iniciativa se enmarca en el esquema de reformas impulsado por el presidente Javier Milei, que busca reducir la participación del Estado en actividades empresariales, igualar las condiciones de competencia con el sector privado y avanzar en un proceso de desinversión ordenado.

El marco normativo y la transformación de las empresas públicas

El sustento legal del proceso se encuentra en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023, mediante el cual el presidente Milei dispuso que todas las sociedades o empresas con participación estatal, cualquiera fuera su tipo o forma societaria, deban transformarse en Sociedades Anónimas.

De este modo, las empresas quedaron sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativas públicas. Esta modificación resulta central porque elimina regímenes especiales y facilita los procesos de privatización, concesión o venta de activos.

En ese marco, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). El último paso se concretó este viernes, cuando se inscribió en el Registro Público la conversión de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE) en Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), cerrando así una etapa clave del plan oficial.

Las empresas que el Gobierno buscará privatizar

Con la estructura societaria ya modificada, el Ejecutivo avanza con una lista amplia y diversa de empresas que podrían ser privatizadas durante 2026. Entre ellas se destacan compañías vinculadas al transporte ferroviario, aéreo y fluvial, así como a servicios públicos y energía.

En el primer grupo figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Operadora Ferroviaria, la Administración General de Puertos, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Intercargo y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, un activo estratégico para el comercio exterior argentino.

También aparecen empresas de servicios y contenidos públicos, como Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Casa de Moneda, junto con Fabricaciones Militares.

Además, el Gobierno incluyó en su hoja de ruta a grandes compañías de infraestructura y energía, como Transener, las represas hidroeléctricas, Enarsa y AYSA, la empresa que provee agua potable y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el caso de Corredores Viales, la privatización abarca una red de 9.000 kilómetros de rutas, lo que anticipa un fuerte impacto en el esquema de concesiones y mantenimiento vial

Impacto económico y sectores sensibles

Desde el punto de vista económico, el Gobierno espera que el proceso de privatizaciones genere ingresos extraordinarios que permitan robustecer las reservas, al tiempo que impulse una mayor participación del sector privado en áreas consideradas estratégicas.

Sin embargo, el alcance del plan también anticipa repercusiones significativas en sectores sensibles como el transporte, la energía y los servicios públicos, donde las empresas involucradas cumplen funciones clave en la logística, la conectividad y el abastecimiento básico.

La decisión de concentrar la mira principalmente en energía y transporte refleja la relevancia fiscal y económica de estos sectores, pero también abre un debate sobre tarifas, inversiones futuras y el rol del Estado en la regulación de servicios esenciales.

Con la conversión societaria ya concluida, 2026 aparece como el año clave para la ejecución del plan. El avance efectivo de las privatizaciones dependerá del contexto macroeconómico, del interés de los inversores y de la capacidad del Gobierno para llevar adelante un proceso que combina decisiones políticas, reformas institucionales y alto impacto económico.

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Economía aprobó el Presupuesto 2025 de EANA con superávit y fuerte plan de inversiones

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El Gobierno aprobó el Presupuesto 2025 de EANA ingresos por $202.775 millones y superávit operativo y financiero

El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2025 de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA SA), mediante la Resolución 2086/2025, firmada por el ministro Luis Andres Caputo y publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2025. La decisión habilita un esquema económico-financiero que prevé ingresos de operación por $202.775.723.069, gastos por $168.812.139.281 y un resultado operativo positivo de $33.963.583.788, consolidando a la empresa como una de las sociedades estatales con equilibrio económico dentro del sector transporte.

La medida reviste importancia institucional y económica, ya que EANA es la prestadora del servicio público de navegación aérea en todo el territorio nacional y su presupuesto impacta directamente en la seguridad operacional, la eficiencia del tránsito aéreo y la continuidad del sistema aeroportuario argentino, que abarca 54 aeropuertos y una extensa superficie aérea bajo control nacional.

Marco normativo y fundamentos de la decisión

La resolución se dicta en el marco de las facultades conferidas por el artículo 49 de la Ley 24.156, que regula el Régimen Presupuestario de Empresas Públicas, y su Decreto Reglamentario 1344/2007. El expediente EX-2024-110054190-APN-SSGAI#MEC incluyó el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, y la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.

EANA actúa en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y fue constituida originalmente por la Ley 27.161, integrando desde su creación la estructura estratégica de la aviación civil y comercial. En la actualidad, la empresa opera como Sociedad Anónima, conforme a la modificación de su denominación aprobada en asamblea extraordinaria, en línea con el DNU 70 del 20 de diciembre de 2023.

El Plan de Acción aprobado establece como ejes centrales la seguridad operacional, la eficiencia en la gestión del tránsito aéreo, la optimización de recursos y la continuidad operativa, pilares que sustentan la viabilidad económica del presupuesto autorizado.

Números clave: resultado operativo, económico y financiero

Según lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° de la resolución, el presupuesto 2025 de EANA presenta un esquema de resultados positivos en todas sus dimensiones. Los ingresos corrientes se estiman en $202.775.723.069, mientras que los gastos corrientes ascienden a $168.812.139.281, lo que arroja un Resultado Económico (Ahorro) de $33.963.583.788.

En materia de capital, se proyectan recursos por $3.083.590.304 y gastos de capital por $36.502.233.645. En combinación con el ahorro económico, el cálculo final establece un Resultado Financiero superavitario de $544.940.447 para el ejercicio 2025.

Este esquema presupuestario se complementa con un plan de inversiones orientado a la modernización del sistema de vigilancia del tránsito aéreo, el rediseño de áreas de maniobra, la actualización de sistemas automatizados de gestión del tránsito aéreo, y el fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad y seguridad operacional, sin contemplar endeudamiento directo durante 2025. Las inversiones previstas se financiarán mediante transferencias de la Administración Pública, con respaldo de financiamiento externo vinculado a un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), aplicado al proyecto de modernización del sistema de vigilancia aérea.

Proyección sectorial

La aprobación del presupuesto consolida el rol de EANA como actor clave del sistema aeronáutico nacional, responsable de la gestión de un espacio aéreo de 16,3 millones de kilómetros cuadrados y del soporte a un sistema por el que circulan cerca de 29,3 millones de pasajeros al año. El equilibrio operativo y el superávit financiero previstos refuerzan la capacidad de la empresa para sostener inversiones estratégicas sin recurrir a endeudamiento propio, en un contexto de reordenamiento del sector público empresario.

Desde el punto de vista institucional, la decisión ratifica la prioridad del servicio público de navegación aérea dentro de la política de transporte, con impacto directo sobre aerolíneas, operadores aeroportuarios y usuarios del sistema, y sienta las bases para una gestión orientada a la eficiencia, la seguridad y la previsibilidad presupuestaria durante 2025.

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