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Intercargo: el Gobierno extiende plazos y ajusta el proceso de privatización

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El Ministerio de Economía introdujo nuevas modificaciones al proceso de privatización de Intercargo, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves. La decisión posterga la presentación de ofertas hasta el 25 de junio y ajusta aspectos procedimentales de la licitación nacional e internacional con la que el Estado busca vender el 100% de su participación accionaria.

La Resolución 833/2026 incorpora la Circular Modificatoria N°4 al pliego de la licitación pública que definirá el futuro de Intercargo. Aunque los cambios no alteran la estructura de la privatización, sí modifican plazos y mecanismos administrativos con un objetivo claro: ampliar márgenes para la participación de interesados y fortalecer la seguridad jurídica del proceso antes de la adjudicación.

La nueva hoja de ruta fija como fecha límite para consultas el 17 de junio y establece que las ofertas podrán presentarse hasta el 25 de junio de 2026 a las 9:59 horas, mientras que la apertura de la primera etapa se realizará ese mismo día.

Detrás de la actualización aparece una señal relevante para el mercado: el Gobierno continúa afinando las condiciones de venta de uno de los activos más importantes incluidos en el programa de privatizaciones impulsado por la Ley Bases.

Intercargo ocupa una posición central dentro del ecosistema aerocomercial argentino. La compañía presta servicios de rampa, una actividad que incluye asistencia a aeronaves en tierra, carga y descarga de equipajes, movimiento de mercancías y diversas operaciones necesarias para el funcionamiento de vuelos comerciales.

La eficiencia de estos servicios impacta directamente sobre los costos operativos de aerolíneas, operadores logísticos, empresas exportadoras y terminales aeroportuarias.

Por esa razón, el proceso de privatización trasciende el debate patrimonial sobre la venta de una empresa estatal. Lo que está en discusión es la futura configuración de un servicio considerado crítico para la competitividad del sistema aerocomercial argentino.

Qué cambió en la licitación

Las modificaciones aprobadas por Economía buscan ordenar etapas administrativas que habían generado observaciones dentro del procedimiento.

Los principales cambios incluyen: prórroga de los plazos para consultas y presentación de ofertas. Adecuación de los tiempos de intervención de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro. Reordenamiento de los plazos posteriores a la adjudicación. Ajustes en los tiempos previstos para la firma del contrato de compraventa.

Desde la perspectiva de los potenciales inversores, la extensión de los plazos suele interpretarse como una herramienta para mejorar la calidad y cantidad de oferentes, especialmente en procesos internacionales que requieren auditorías, análisis regulatorios y evaluaciones financieras complejas.

Más tiempo para estructurar ofertas

En los procesos de privatización, los cambios de cronograma no necesariamente reflejan dificultades. Muchas veces responden a la necesidad de ampliar la competencia y garantizar que los interesados cuenten con información suficiente para formular propuestas.

El propio Ministerio de Economía fundamentó la modificación en la necesidad de mejorar, ampliar y corregir aspectos del pliego para fortalecer los principios que rigen los procedimientos de privatización.

Para los inversores estratégicos, el valor de Intercargo no depende únicamente de sus activos actuales, sino también de la evolución futura del mercado aerocomercial argentino, de la dinámica del transporte de cargas aéreas y del crecimiento proyectado de la conectividad nacional e internacional.

El transporte aéreo de cargas adquiere relevancia creciente para productos de alto valor agregado, mercancías perecederas y sectores que requieren rapidez logística para acceder a mercados externos. En el NEA, donde la distancia respecto de los principales centros de consumo y exportación constituye un factor estructural de competitividad, cualquier mejora en la eficiencia aeroportuaria puede traducirse en menores costos operativos para determinados segmentos productivos.

La discusión no pasa únicamente por la propiedad de la empresa, sino por la capacidad del sistema para ofrecer servicios más eficientes, previsibles y alineados con estándares internacionales.

Un proceso observado por el mercado

La privatización de Intercargo se convirtió en uno de los casos testigo de la estrategia oficial de transformación de empresas públicas.

A diferencia de otros activos estatales, la compañía opera en una actividad directamente vinculada al comercio exterior, al turismo y a la conectividad empresarial. Por esa razón, el resultado de la licitación será observado tanto por el sector aerocomercial como por inversores interesados en infraestructura logística.

El próximo hito será la apertura de ofertas prevista para el 25 de junio. Más allá del valor económico que finalmente alcance la operación, el indicador más relevante para el mercado será el nivel de competencia logrado en la licitación. La cantidad y calidad de los oferentes permitirá medir el interés real que despiertan los activos argentinos dentro del actual proceso de reorganización del sector público y ofrecerá señales sobre las perspectivas de inversión en infraestructura logística y transporte.

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Privatización de AySA: el Gobierno acelera la venta del 90%

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El Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación nacional e internacional para privatizar el 90% de las acciones de AySA, la empresa que presta servicios de agua potable y saneamiento en el AMBA. La operación, instrumentada mediante la Resolución 704/2026, marca uno de los movimientos más profundos del programa de desestatización impulsado por Javier Milei y abre una nueva etapa para el esquema de infraestructura pública en Argentina.

La decisión excede el área metropolitana de Buenos Aires. Aunque Misiones no depende de AySA, el proceso funciona como una señal política y económica hacia todo el sistema de empresas públicas y concesiones de servicios del país: energía, rutas, logística, transporte y saneamiento quedan bajo un nuevo paradigma donde el capital privado pasa a ocupar el rol central en la expansión de infraestructura.

Para el sector empresario del NEA, el dato relevante no es solamente la venta de una compañía. El mercado interpreta que el Gobierno busca consolidar un modelo donde el Estado reduzca subsidios operativos y traslade inversión y riesgo al sector privado. Ese cambio tiene impacto potencial sobre costos, tarifas y financiamiento federal.

Un proceso “sin precio base” y con exigencias internacionales

La licitación será de etapa múltiple y sin precio base, una decisión que busca maximizar competencia entre operadores globales. El cronograma establece que las ofertas deberán presentarse hasta el 27 de agosto de 2026.

El pliego fija condiciones técnicas y financieras elevadas para los interesados: Operadores con experiencia mínima de cinco años en servicios de agua y cloacas. Antecedentes en ciudades de al menos 1,5 millones de habitantes. Capacidad de estructurar financiamiento por US$ 150 millones en la última década. Patrimonio neto mínimo de US$ 300 millones o activos bajo gestión superiores a US$ 1.000 millones para fondos de inversión.

Además, el Gobierno excluyó explícitamente a empresas controladas por Estados extranjeros y a firmas sancionadas por organismos multilaterales.

La ingeniería jurídica revela otro dato clave: la Casa Rosada no busca únicamente vender acciones. El expediente habla de una “transformación refundacional” del servicio, con un nuevo contrato de concesión ya firmado entre el Estado y AySA antes de la transferencia accionaria.

Aunque AySA opera en Buenos Aires y el conurbano, el empresariado del interior sigue el proceso por tres razones concretas:

Cambio en la lógica de subsidios: La privatización implica una menor participación directa del Tesoro en el sostenimiento operativo de servicios públicos. Para provincias como Misiones, históricamente relegadas en obras nacionales de gran escala, la discusión pasa a ser cómo se redistribuyen los recursos fiscales liberados.

En términos económicos, el Gobierno apuesta a reducir gasto corriente nacional y mejorar equilibrio fiscal. El interrogante para las provincias es si eso derivará en mayor inversión federal productiva o en una profundización del esquema de autosustentabilidad provincial.

Señal para futuras privatizaciones y concesiones: El mercado interpreta la operación de AySA como un caso testigo para otros activos públicos. En el NEA, esto genera especial atención sobre: Corredores viales estratégicos para exportación forestal y yerbatera. Infraestructura energética. Puertos y logística fluvial. Sistemas de agua y saneamiento provinciales.

La lógica oficial es clara: capital privado a cambio de inversión y modernización. El problema estructural del norte argentino es que muchas veces la rentabilidad esperada por operadores internacionales no coincide con la escala económica regional.

Impacto indirecto sobre costos: El sector industrial misionero observa otra variable: la evolución tarifaria posterior a la privatización. El antecedente argentino muestra que los procesos de concesión suelen derivar en: recomposición de tarifas, reducción de subsidios, actualización por inflación y costos, y exigencias de inversión de rápida ejecución.

Ese esquema puede terminar trasladándose a otros servicios regulados. Para industrias intensivas en energía y logística —como madera, té, yerba o comercio transfronterizo— cualquier corrección tarifaria nacional impacta en competitividad.

Asimetrías: por qué el debate no es igual que en Buenos Aires

En el AMBA, AySA opera sobre una densidad poblacional enorme que permite economías de escala. En Misiones, el escenario es completamente distinto.

La provincia convive con: ciudades intermedias dispersas, alto costo logístico, infraestructura más cara por geografía, y competencia permanente con Paraguay y Brasil. Ahí aparecen las llamadas asimetrías fronterizas: diferencias cambiarias, impositivas y tarifarias entre países limítrofes que alteran consumo, comercio y competitividad.

Si el modelo nacional avanza hacia servicios con menor subsidio estatal y tarifas más alineadas al costo real, el impacto en provincias de frontera puede ser más sensible que en el centro del país. Un aumento de costos estructurales no sólo afecta hogares. También golpea: hoteles, gastronomía, comercio, industrias exportadoras, y cadenas agroindustriales.

La privatización de AySA tiene además un fuerte componente simbólico. El Gobierno eligió avanzar sobre una empresa emblemática de servicios públicos urbanos y hacerlo bajo un esquema internacional competitivo, utilizando la plataforma CONTRAT.AR y mecanismos de auditoría específicos.

El objetivo político es mostrar: previsibilidad regulatoria, apertura al capital extranjero, y continuidad del programa de reforma del Estado. Para los inversores, la señal relevante es que el Ejecutivo busca consolidar reglas permanentes antes del recambio electoral de 2027.

La discusión de fondo no será solamente quién compra AySA, sino bajo qué condiciones regulatorias operará el nuevo concesionario.

Hay tres variables que el sector privado monitorea: Velocidad de actualización tarifaria. Compromisos obligatorios de inversión. Capacidad política para sostener contratos de largo plazo.

En paralelo, las provincias observan si el nuevo ciclo de privatizaciones deriva en mayor infraestructura federal o en un retiro progresivo del Estado nacional de áreas estratégicas.

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Tarjeta corporativa de una empresa pública bajo la lupa: hoteles de lujo, free shops y hasta discotecas por US$ 313 mil

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Una cuenta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), una de las principales empresas públicas del sector energético nacional, quedó en el centro de la polémica tras revelarse gastos por 313.000 dólares en menos de un año en consumos que incluyen hoteles de lujo, free shops, peluquerías, discotecas, servicios de playa y compras en tiendas de ropa en distintos países.

La información fue incorporada en el informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados y corresponde al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, etapa que coincide casi por completo con la gestión de Demian Reidel al frente de la empresa estatal. Según el documento, la cuenta identificada bajo el número 338402 acumuló consumos que exceden ampliamente los gastos operativos habituales de una misión corporativa y abren interrogantes sobre los mecanismos de control interno.

Reidel es uno de los asesores más cercanos, influyentes e íntimos amigos del presidente argentino Javier Milei.

Entre los consumos más llamativos aparecen 45 operaciones bajo el concepto “Duty Free”, con un total de US$ 5.957 y más de 1,1 millones de pesos. Solo en el free shop del aeropuerto de Ezeiza se registraron 35 compras por US$ 4.425, mientras que también hubo operaciones en Corea del Sur y Punta Cana. A esto se suman gastos en hoteles de alto nivel como el Vincci Capitol de Madrid, el Vienna Marriott Hotel, el Meliá Vienna, el St. Regis Hotel de Singapur, hoteles en Ámsterdam, Suiza y Río de Janeiro, además de múltiples pagos en Airbnb y vuelos internacionales.

España concentra gran parte de los movimientos observados. Allí se registraron pagos en peluquerías, supermercados, compras textiles y hasta consumos en locales nocturnos. El 6 de noviembre de 2025 figuran gastos en “S Bossi Peluqueros SL” y en “Discotecas Amadis SL”, mientras que el 26 de octubre hubo dos pagos por US$ 765 en el Pub El Pirata de Madrid. También se detectaron compras en Primark, Decathlon, Adidas, El Corte Inglés y hasta servicios de playa en la Comunidad Valenciana, donde se realizaron 13 pagos a la firma “Mar y Sombra SL” por un total de US$ 212.

El reporte también expone más de 400 adelantos de efectivo por unos 56 millones de pesos, tanto en Argentina como en el exterior, incluyendo retiros en dólares y operaciones repetidas en una misma jornada. Solo el 23 de enero de 2026 se contabilizaron 13 extracciones por el mismo monto: US$ 47,9 cada una. Además, la tarjeta registró 42 pagos a cuentas de Mercado Pago vinculadas a rubros como veterinaria, verdulería, ferretería, almacén, kiosco y una parrilla de Ramos Mejía.

Tras la difusión del informe, Reidel buscó despegarse públicamente de los consumos cuestionados. A través de su cuenta en la red social X aseguró: “Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, ni servicio de playa, ni free shop, ni nada”. Sin embargo, el reporte no especifica cuántas personas tenían acceso a esa cuenta ni cuántos plásticos estaban habilitados, un punto clave para determinar responsabilidades.

La documentación llegó al Congreso tras un pedido de acceso a la información impulsado por la diputada nacional Florencia Carignano. El detalle completo incluye fechas, montos y descripciones de cada operación, combinando gastos vinculados a la actividad nuclear con otros consumos de difícil justificación dentro del funcionamiento de una empresa estatal. El caso vuelve a poner en debate el uso de fondos públicos y los controles sobre las cuentas corporativas dentro del Estado.

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Gobierno acelera privatizaciones y fija como meta vender todas las empresas públicas

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El Gobierno nacional profundizó su estrategia de retiro del Estado de la actividad productiva y ratificó que el objetivo es desprenderse de la totalidad de las empresas públicas. Así lo confirmó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien detalló que hay más de 40 firmas en proceso de privatización o cierre, en una política que apunta a redefinir el rol estatal en la economía.

La definición no es menor: según lo expuesto, la decisión abarca tanto compañías deficitarias como aquellas con balances positivos. El criterio no distingue desempeño, sino que responde a una directiva política central. “El objetivo es vender todo. Todas”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aclaró que la discusión pasa ahora por los tiempos y las condiciones de cada operación.

Del déficit fiscal al rediseño del Estado

El proceso se inscribe en una lógica económica basada en el equilibrio fiscal y en la reducción del gasto público. Desde la visión oficial, las empresas estatales representan una carga estructural financiada por el conjunto de la población.

Chaher planteó que el problema no es coyuntural sino sistémico: incluso cuando las compañías logran ordenarse, ese equilibrio puede perderse si no operan bajo reglas de mercado. Bajo este diagnóstico, el Gobierno considera que la gestión pública no garantiza sostenibilidad en el tiempo.

En paralelo, el plan incluye una reconfiguración jurídica. La conversión de 13 empresas en Sociedades Anónimas busca, según lo informado, imponer estándares de control y transparencia similares a los del sector privado. Esta transformación funciona como paso previo a su eventual venta.

Ventas masivas, cierres y búsqueda de inversores

La hoja de ruta oficial contempla distintos mecanismos según el caso. En empresas como AySA, se proyecta la venta del 90% del paquete accionario, con un 10% reservado para los empleados. En otros casos, directamente se avanza en el cierre de estructuras consideradas sin función operativa.

El proceso también incluye activos estratégicos como Transener, donde ya se recibieron ofertas por USD 887 millones para adquirir parte del control accionario. Según lo informado, el Gobierno prioriza inversores con experiencia en los sectores involucrados, con el objetivo de sostener la operación a largo plazo.

Otro eje clave es el “blindaje” de las privatizaciones. La estrategia apunta a diseñar contratos que encarezcan eventuales intentos de reestatización, mediante penalidades económicas y compromisos internacionales.

Además, el esquema se extiende a sectores como energía (Enarsa), transporte ferroviario y aerocomercial, donde el Gobierno ya manifestó su intención de avanzar sin excepciones.

Concentración de decisiones y respaldo político

La centralización de la estrategia en la Agencia de Transformación refleja un alineamiento directo con la conducción política del Ejecutivo. La consigna de vender todas las empresas no surge de evaluaciones sectoriales aisladas, sino de una definición política integral.

En ese marco, el Gobierno refuerza su narrativa de disciplina fiscal y eficiencia como ejes de gestión. La decisión de no diferenciar entre empresas rentables y deficitarias implica un cambio respecto de modelos anteriores, donde se buscaba sostener ciertas compañías por su valor estratégico.

Al mismo tiempo, el enfoque legal para blindar las operaciones revela una preocupación por la sostenibilidad política del proceso en el tiempo, más allá del actual mandato.

Inversión, activos y mercado local

Desde el punto de vista económico, el proceso abre un escenario de transferencia de activos hacia el sector privado. Según lo señalado, una parte significativa de las operaciones recientes fue protagonizada por capitales locales, lo que marca un cambio respecto de experiencias anteriores.

El Gobierno sostiene que no se trata de una liquidación de activos, sino de una búsqueda de inversores que consideren viables los negocios en el contexto argentino. Sin embargo, el valor de las empresas y las condiciones de venta siguen siendo objeto de debate en el mercado.

En sectores como energía y transporte, la reconfiguración podría impactar en la estructura de costos y en la dinámica de inversión, aunque los efectos concretos dependerán de la implementación de cada proceso.

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El Gobierno lanza la privatización total de Intercargo y activa la licitación internacional

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El Gobierno dio un paso decisivo en su agenda de reformas estructurales: autorizó formalmente el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que presta el servicio de rampa en aeropuertos. La medida quedó plasmada en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, firmada el 8 de marzo, y pone en marcha el proceso concreto de privatización.

El dato no es solo administrativo. La decisión activa uno de los capítulos más sensibles del programa de desestatización impulsado por el oficialismo: la transferencia total de una empresa con rol operativo estratégico en la aviación comercial. En ese marco, la licitación abre una tensión de fondo: ¿se trata de un paso técnico dentro de un plan ya definido o de un movimiento con impacto directo en el equilibrio de poder dentro del sistema aerocomercial?

De la ley a la ejecución: cómo se estructura la privatización

El proceso tiene anclaje legal en la Ley 27.742, que declaró a Intercargo “sujeta a privatización”, y en el Decreto 198/2025, que autorizó la venta total del paquete accionario mediante licitación pública.

La resolución actual no crea el esquema, pero sí lo activa. En términos concretos: Se habilita la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple con base para transferir el 100% de las acciones en manos del Estado. El procedimiento se canalizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, bajo formato digital. El pliego de bases y condiciones ya está aprobado, con un precio base determinado por la valuación del Banco de Inversión y Comercio Exterior. El cronograma fija hitos inmediatos: consultas hasta el 27 de abril de 2026 y presentación de ofertas hasta el 7 de mayo de 2026, con apertura ese mismo día.

El diseño apunta a maximizar la concurrencia de oferentes, incluyendo operadores con experiencia en el sector, en línea con los principios de competencia y transparencia que exige el marco legal.

Hay un dato que no pasa inadvertido: no se prevén mecanismos de preferencia ni programas de propiedad participada, lo que refuerza la lógica de venta directa sin esquemas de participación laboral o sectorial.

Una pieza clave: la ruptura del esquema de exclusividad

El proceso de privatización no ocurre en el vacío. Está atado a una condición previa relevante: la rescisión del contrato de concesión vigente que le otorgaba a Intercargo la explotación exclusiva del servicio de rampa.

Ese contrato —histórico en el esquema aerocomercial— garantizaba a la empresa estatal un rol monopólico en la atención en tierra a aeronaves. Su finalización, ya en trámite, redefine el mapa del sector.

En términos políticos y regulatorios, el cambio es profundo: la privatización no solo implica vender una empresa, sino también desarmar un esquema de exclusividad construido durante décadas.

La Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedan como actores centrales en la implementación, con capacidad para ajustar aspectos técnicos, emitir circulares y requerir asistencia de la propia Intercargo durante el proceso.

Repercusiones: reforma estructural y señales al mercado

La decisión impacta en múltiples planos. En lo económico, envía una señal directa al mercado sobre la voluntad de avanzar con privatizaciones completas, sin esquemas híbridos.

En lo político, ordena el tablero interno: consolida la línea del Ministerio de Economía como ejecutor del programa de reformas, trasladando definiciones que ya estaban en la ley al terreno operativo.

Al mismo tiempo, la modalidad elegida —licitación internacional con base— apunta a atraer jugadores globales, lo que puede reconfigurar la estructura competitiva del servicio de rampa en el país.

La creación de una Comisión Evaluadora “ad hoc” con miembros titulares y suplentes introduce un mecanismo institucional específico para el análisis de ofertas, aunque bajo un esquema donde la conducción política del proceso sigue concentrada.

Un proceso abierto con plazos cortos

La licitación ya tiene fechas. Y eso acelera el ritmo político del proceso.

En pocas semanas se sabrá qué nivel de interés genera la venta, cuántos oferentes participan y bajo qué condiciones. También comenzará a definirse el alcance real de la apertura del mercado de servicios aeroportuarios.

El Gobierno avanzó en la formalización, pero el desenlace todavía depende de variables abiertas: competencia efectiva, valuación, condiciones regulatorias y capacidad de ejecución.

La privatización de Intercargo deja de ser una declaración de intención y entra en fase concreta. Lo que ocurra en este proceso marcará no solo el destino de la empresa, sino también el ritmo y la profundidad de las próximas reformas en el sector público.

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