Operativo migratorio en La Matanza, 16 extranjeros irregulares detectados y cuatro detenidos en una feria clandestina
Un operativo de control poblacional en una feria clandestina de Villa Celina, partido de La Matanza, expuso una combinación de irregularidades migratorias, comercio ilegal y violaciones a la Ley de Marcas. La intervención, coordinada por la Policía Federal a pedido de la Dirección Nacional de Migraciones, dejó 16 extranjeros en situación irregular detectados, cuatro detenidos y el secuestro de mercadería apócrifa y celulares robados, en una acción que marca un giro más activo en la fiscalización migratoria.
El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la zona oeste del Conurbano bonaerense. En el marco del operativo, los efectivos identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran de nacionalidad extranjera, y constataron que 16 ciudadanos residían en el país de manera irregular. Además, se detuvo a cuatro personas de nacionalidad boliviana, acusadas de administrar comercios que funcionaban dentro de una feria clandestina.
La intervención se realizó a requerimiento de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y estuvo a cargo de la Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA. Según fuentes policiales, el despliegue guarda similitudes operativas con los procedimientos que realiza en Estados Unidos el Immigration and Customs Enforcement (ICE), aunque con diferencias sustantivas en sus consecuencias administrativas.
Control migratorio, tecnología biométrica y regularización
Durante el operativo en Villa Celina, los agentes inspeccionaron galerías comerciales, puestos emplazados sobre la vía pública y locales del paseo de compras. Para la identificación de personas se utilizó el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil que permite la identificación rápida, junto con consultas cruzadas a las bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), de la DNM y del sistema SASI, que integra información biométrica y alfanumérica.
Como resultado de estas verificaciones, se labraron actas de Declaración Migratoria a los 16 ciudadanos extranjeros detectados en situación irregular. Además, se confeccionaron tres actas circunstanciadas contra responsables de locales comerciales que empleaban personas sin residencia regular en el país.
A diferencia de los operativos del ICE estadounidense, desde las fuerzas federales aclararon que “en la Argentina no se habló de expulsarlos como resultado del procedimiento, sino de intimarlos a regularizar su situación”, lo que marca un enfoque administrativo orientado a la normalización documental más que a la deportación inmediata.
Feria clandestina, marcas apócrifas y celulares robados
El operativo migratorio derivó también en la detección de graves infracciones comerciales y penales. Los funcionarios federales identificaron cuatro comercios con diversas anomalías: dos de ellos infringían la Ley de Marcas N° 22.362, mientras que en los otros dos se comprobó la comercialización de teléfonos celulares bloqueados por el ENACOM, al haber sido denunciados como sustraídos.
Como resultado del procedimiento, se secuestraron 70 dispositivos telefónicos, además de 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas apócrifas, evidenciando un circuito de comercialización ilegal que impacta tanto en la recaudación fiscal como en la competencia formal.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, quien ordenó la detención de los cuatro implicados —tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad boliviana—. Tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente.
Impacto institucional y señales hacia la economía informal
El operativo en Villa Celina refleja un endurecimiento de los controles sobre la informalidad, donde confluyen migración irregular, trabajo no registrado y comercio ilegal. La articulación entre la DNM y la Policía Federal, sumada al uso de herramientas biométricas y bases de datos integradas, apunta a fortalecer la capacidad del Estado para detectar irregularidades estructurales en ferias y paseos de compras informales del Conurbano.
En términos económicos, el procedimiento pone el foco en sectores que afectan la competencia leal, la recaudación tributaria y la protección de marcas, mientras que, desde el plano institucional, refuerza el mensaje de que los controles migratorios se inscriben dentro de un esquema de regularización administrativa y persecución de delitos conexos, más que en políticas de expulsión masiva.
