ENARSA

El Gobierno adjudicó las concesiones hidroeléctricas clave

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El Ministerio de Economía formalizó la adjudicación de las acciones y concesiones de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en el marco del Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25. La medida, instrumentada a través de la Resolución 2124/2025, consolida uno de los procesos de privatización energética más relevantes de los últimos años, con un impacto directo en la estructura del mercado eléctrico, las finanzas públicas y la relación entre Nación y provincias productoras de energía.

La resolución fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre como suplemento. Establece los adjudicatarios definitivos, los montos de venta de los paquetes accionarios, la aprobación de los contratos de transferencia y concesión, y fija el cronograma de toma de posesión a partir del 8 de enero de 2026.

Un proceso de privatización anclado en la reforma del sector energético

El esquema aprobado por el Ministerio de Economía se apoya en un entramado normativo amplio que incluye las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, además de una serie de decretos que habilitaron la reversión de las concesiones hidroeléctricas y la posterior privatización de las sociedades creadas para administrarlas. En ese marco, la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir cuatro sociedades anónimas específicas para cada complejo, con una participación accionaria inicial del 98% para ENARSA y del 2% para NASA.

Posteriormente, la Ley 27.742 declaró sujetas a privatización a ambas empresas, habilitando la venta total o parcial de sus activos. El Decreto 286/2025 autorizó la privatización total de ENARSA mediante la separación de unidades de negocio, mientras que el Decreto 695/2025 avanzó con la privatización parcial de NASA. En paralelo, el Decreto 718/2024 dispuso la venta del paquete accionario mayoritario de las nuevas sociedades hidroeléctricas a través de un concurso público competitivo, nacional e internacional.

La Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al proceso licitatorio, aprobó el pliego de bases y condiciones y fijó el cronograma, que luego fue ajustado mediante resoluciones complementarias. Tras la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Gobierno avanzó primero con la preadjudicación y finalmente con la adjudicación definitiva mediante la Resolución 2124/2025.

Quiénes se quedan con los complejos y por cuánto dinero

La resolución detalla con precisión los adjudicatarios y los montos comprometidos para cada complejo hidroeléctrico, todos expresados en dólares estadounidenses:

  • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al consorcio integrado por Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por un monto total de USD 162.040.002,17.
  • El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al grupo conformado por BML Inversora S.A.U., Energrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Green Energy S.A. y BML Energía S.A., por USD 235.671.294.
  • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada al mismo consorcio que Alicurá, por USD 64.174.002,32.
  • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.: adjudicada a Central Puerto S.A., por USD 245.000.000.

En todos los casos, la resolución precisa la distribución de las acciones clase A, B y C, y establece que los adjudicatarios deberán transferir el precio correspondiente antes del 6 de enero de 2026 a la cuenta indicada por la Tesorería General de la Nación. La toma de posesión de los complejos fue fijada para el 8 de enero de 2026 a las 12:00 horas.

Impacto económico, institucional y proyección del mercado eléctrico

Desde el punto de vista fiscal, el proceso apunta a maximizar los ingresos para el Estado nacional, criterio que fue validado a partir de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Según los considerandos de la resolución, los precios ofertados superaron incluso los escenarios proyectados en dicha valuación, reforzando el argumento oficial de razonabilidad económica de la operación.

En términos institucionales, la medida consolida el rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación del proceso de privatización, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía. También implica un reordenamiento en la relación con las provincias de Neuquén y Río Negro, cuyos representantes participaron en la suscripción de los contratos de transferencia.

Para el sector eléctrico, la adjudicación redefine el mapa de operadores privados en generación hidroeléctrica, con efectos potenciales sobre inversiones, mantenimiento de infraestructura y estrategias de largo plazo en un segmento clave del sistema energético argentino. La entrada en vigencia inmediata de la resolución y el cronograma acelerado de traspaso marcan una señal clara de continuidad en la política de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

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Energía y transporte, en el centro del plan de privatizaciones que impulsa el Gobierno para 2026

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El Gobierno nacional definió una estrategia para avanzar en 2026 con la privatización de más de una decena de empresas públicas, principalmente en los sectores de energía, transporte y servicios, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos para fortalecer las reservas. El plan se apoya en la transformación previa de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, un paso clave desde el punto de vista jurídico e institucional para habilitar futuras ventas.

La iniciativa se enmarca en el esquema de reformas impulsado por el presidente Javier Milei, que busca reducir la participación del Estado en actividades empresariales, igualar las condiciones de competencia con el sector privado y avanzar en un proceso de desinversión ordenado.

El marco normativo y la transformación de las empresas públicas

El sustento legal del proceso se encuentra en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023, mediante el cual el presidente Milei dispuso que todas las sociedades o empresas con participación estatal, cualquiera fuera su tipo o forma societaria, deban transformarse en Sociedades Anónimas.

De este modo, las empresas quedaron sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativas públicas. Esta modificación resulta central porque elimina regímenes especiales y facilita los procesos de privatización, concesión o venta de activos.

En ese marco, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). El último paso se concretó este viernes, cuando se inscribió en el Registro Público la conversión de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE) en Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), cerrando así una etapa clave del plan oficial.

Las empresas que el Gobierno buscará privatizar

Con la estructura societaria ya modificada, el Ejecutivo avanza con una lista amplia y diversa de empresas que podrían ser privatizadas durante 2026. Entre ellas se destacan compañías vinculadas al transporte ferroviario, aéreo y fluvial, así como a servicios públicos y energía.

En el primer grupo figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Operadora Ferroviaria, la Administración General de Puertos, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Intercargo y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, un activo estratégico para el comercio exterior argentino.

También aparecen empresas de servicios y contenidos públicos, como Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Casa de Moneda, junto con Fabricaciones Militares.

Además, el Gobierno incluyó en su hoja de ruta a grandes compañías de infraestructura y energía, como Transener, las represas hidroeléctricas, Enarsa y AYSA, la empresa que provee agua potable y cloacas al Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el caso de Corredores Viales, la privatización abarca una red de 9.000 kilómetros de rutas, lo que anticipa un fuerte impacto en el esquema de concesiones y mantenimiento vial

Impacto económico y sectores sensibles

Desde el punto de vista económico, el Gobierno espera que el proceso de privatizaciones genere ingresos extraordinarios que permitan robustecer las reservas, al tiempo que impulse una mayor participación del sector privado en áreas consideradas estratégicas.

Sin embargo, el alcance del plan también anticipa repercusiones significativas en sectores sensibles como el transporte, la energía y los servicios públicos, donde las empresas involucradas cumplen funciones clave en la logística, la conectividad y el abastecimiento básico.

La decisión de concentrar la mira principalmente en energía y transporte refleja la relevancia fiscal y económica de estos sectores, pero también abre un debate sobre tarifas, inversiones futuras y el rol del Estado en la regulación de servicios esenciales.

Con la conversión societaria ya concluida, 2026 aparece como el año clave para la ejecución del plan. El avance efectivo de las privatizaciones dependerá del contexto macroeconómico, del interés de los inversores y de la capacidad del Gobierno para llevar adelante un proceso que combina decisiones políticas, reformas institucionales y alto impacto económico.

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Privatización energética: el Gobierno preadjudica centrales hidroeléctricas a Central Puerto, Edison y BML

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El Gobierno preadjudicó las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila por más de USD 700 millones. La firma de contratos será en Cipolletti el 22 de diciembre

El Ministerio de Economía formalizó la preadjudicación del Concurso Público Nacional e Internacional para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, instrumentada a través de la Resolución 2059/2025, consolida uno de los procesos más relevantes de privatización energética del año, con impactos directos sobre el mercado eléctrico, las cuentas públicas y la estrategia de desinversión del Estado nacional.

La resolución, firmada el 18 de diciembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires por el ministro Luis Andrés Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa del procedimiento licitatorio y define los oferentes preadjudicatarios, los montos comprometidos, el orden de mérito y la estructura accionaria que regirá tras la transferencia.

Marco normativo y antecedentes: reversión de concesiones y privatización

El proceso se inscribe en un entramado normativo amplio, que combina las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, junto con una serie de decretos y resoluciones dictadas entre 1993 y 2025. Las concesiones originales de los complejos hidroeléctricos fueron otorgadas por los decretos 1661/1993 y 2665/1993, mientras que la actual etapa responde a la necesidad de revertir esas concesiones y redefinir su explotación.

Con ese objetivo, la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir sociedades específicas para asumir transitoriamente la generación eléctrica. Así nacieron Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A., con un esquema accionario del 98% en manos de ENARSA y 2% de NASA.

La Ley 27.742 declaró a ambas empresas sujetas a privatización, en línea con la Ley 23.696, y los decretos 286/2025 y 695/2025 habilitaron la privatización total de ENARSA y parcial de NASA. En ese marco, el Decreto 718/2024 dispuso la realización de un Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades hidroeléctricas.

El concurso, las ofertas y los montos preadjudicados

El procedimiento licitatorio, identificado como Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25, avanzó con la apertura de sobres a través de la plataforma CONTRAT.AR. El 7 de noviembre de 2025 se abrieron las ofertas técnicas (Sobre N°1), y el 28 de noviembre de 2025, las ofertas económicas (Sobre N°2).

Tras la evaluación de la Comisión Evaluadora “ad hoc” y la intervención de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, el Ministerio resolvió preadjudicar:

  • Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°1)
    A Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por USD 162.040.002,17.
  • Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°2)
    A BML Inversora S.A.U., Energrain S.A., Orazul Energy Generating S.A., Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Limabaz S.A.U., BML Generadora S.A., MSU Energy Green S.A. y BML Energía S.A., por USD 235.671.294.
  • Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°3)
    A Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., por USD 64.174.002,32, luego de una instancia de mejora de precios.
  • Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. (Renglón N°4)
    A Central Puerto S.A., por USD 245.000.000.

En conjunto, las preadjudicaciones totalizan más de USD 700 millones, un ingreso relevante para el Tesoro en un contexto de consolidación fiscal y reducción del peso del Estado en la actividad empresaria.

Impacto económico, energético e institucional

La resolución también desestimó ofertas consideradas “precio vil o no serio”, como las presentadas por Hidroeléctrica Futaleufú S.A., Genneia S.A. y Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. para determinados renglones, y fijó con precisión la estructura accionaria que regirá tras la transferencia: en Alicurá y Cerros Colorados, Edison Holding S.A. adquirirá el 100% de las acciones; en El Chocón, BML Energía S.A. concentrará el 99%; y en Piedra del Águila, Central Puerto S.A. controlará la totalidad del capital.

Desde una perspectiva económica, la operación redefine el mapa del mercado eléctrico argentino, al transferir activos estratégicos de generación hidroeléctrica a operadores privados con fuerte presencia en el sector. En términos fiscales, se alinea con la política de privatizaciones impulsada por la Ley 27.742, orientada a reducir el déficit, obtener recursos extraordinarios y disminuir la exposición del Estado a riesgos operativos.

En el plano institucional, el proceso refuerza el rol del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, conforme al Decreto 695/2024, y deja en manos de la Secretaría de Energía la firma de los contratos de concesión y transferencia, prevista para el 22 de diciembre de 2025 en Cipolletti, provincia de Río Negro. Los contratos adquirirán vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

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Hidroeléctricas del Comahue: el Gobierno precalifica oferentes y avanza hacia la venta del 100% del capital accionario

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El Ministerio de Economía avanzó en la privatización hidroeléctrica del Comahue: aprueba la primera etapa del concurso y define la apertura de ofertas económicas para el 28 de noviembre

El Gobierno nacional dio un nuevo paso decisivo en el proceso de privatización de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, al aprobar la primera etapa del Concurso Público Nacional e Internacional para vender el 100% de las acciones de las sociedades creadas para operar esas centrales. La medida, formalizada mediante la Resolución 1910/2025 del Ministerio de Economía, habilita la precalificación de oferentes y fija para el 28 de noviembre, a las 10:00, la apertura de las ofertas económicas.

Un proceso estructural: marco normativo, actores y avances del procedimiento

La resolución —firmada el 26 de noviembre de 2025 por el ministro Luis Caputo— se apoya en un extenso andamiaje normativo que incluye las leyes 15.336, 23.696 y 27.742, y decretos clave como el 718/2024, el 286/2025 y el 590/2025, que ordenaron la reversión, reorganización societaria y posterior privatización de las principales represas del Comahue.

Los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyas concesiones iniciales datan de 1993, fueron incorporados al programa de privatización mediante las instrucciones impartidas por la Secretaría de Energía. Así, ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) conformaron cuatro sociedades operadoras, con la composición accionaria establecida en 98% ENARSA y 2% NASA, para transitar la etapa de transición previa a la venta.

La Ley 27.742 declaró a ambas compañías sujetas a privatización. Luego, los decretos 286/2025 y 695/2025 autorizaron la privatización total de ENARSA y la privatización parcial de NASA, respectivamente, habilitando así el traspaso de activos estratégicos al sector privado.

El decreto 718/2024 instruyó la realización de un concurso público competitivo y estableció que la adjudicación de las acciones activaría formalmente las nuevas concesiones para generación hidroeléctrica.

En agosto de 2025, la Resolución 1200 del Ministerio de Economía lanzó el concurso, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC), fijó el llamado internacional y constituyó una Comisión Evaluadora ad hoc. Posteriormente, las resoluciones 1569/2025 y 1649/2025 dictaron ocho circulares de aclaraciones y modificaciones, y redefinieron fechas claves para el proceso.

Oferentes, precalificación y exclusión: cómo quedó el mapa empresarial tras la apertura del Sobre N.º 1

El 7 de noviembre a las 17:00, a través de la plataforma CONTRAT.AR, se realizó la apertura automática del Sobre N.º 1, correspondiente a antecedentes, información jurídica y técnica. Se presentaron nueve ofertas que incluyeron a firmas como Central Puerto, Enel Argentina, Pampa Energía, AES, Hidroeléctrica Futaleufú, y diversos consorcios integrados por empresas nacionales e internacionales.

La Comisión Evaluadora verificó inscripciones en CONTRAT.AR, analizó la documentación, solicitó subsanaciones por errores no esenciales. Y trasladó observaciones a los oferentes el 13 de noviembre, cumpliendo el procedimiento previsto en el Pliego.

Concluido el análisis, recomendó precalificar a las firmas que cumplieron los requisitos para pasar a la segunda etapa. La resolución adopta esa recomendación y detalla, renglón por renglón, los grupos habilitados:

Renglón 1 — Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.

Se precalificaron:

  • EDISON INVERSIONES S.A.U., ENERGÉTICA DEL NORTE S.A.U., CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A. y EDISON HOLDING S.A.
  • HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ S.A., GENNEIA S.A. y ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.
  • BML INVERSORA S.A.U. y empresas asociadas (ENERGRAIN, ORAZUL ENERGY GENERATING, ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS, LIMABAZ S.A.U., BML GENERADORA S.A., MSU ENERGY GREEN S.A. y BML ENERGIA S.A.).
  • CENTRAL COSTANERA S.A. y CENTRAL PUERTO S.A.
  • PAMPA ENERGÍA S.A.
  • ENEL ARGENTINA S.A. y ENEL GENERACIÓN EL CHOCÓN S.A.
  • AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A.

Renglón 2 — El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.

Se habilitaron los mismos grupos que en el Renglón 1, excepto AES, que no concursó en esta categoría.

Renglón 3 — Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.

Se precalificaron:

  • EDISON (en todas sus sociedades vinculadas).
  • HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ, GENNEIA y ALUAR.
  • El consorcio BML y asociadas.
  • ENEL y ENEL GENERACIÓN EL CHOCÓN S.A.

Renglón 4 — Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

Se precalificaron:

  • EDISON y empresas asociadas.
  • FUTALEUFÚ–GENNEIA–ALUAR.
  • CENTRAL PUERTO S.A.
  • PAMPA ENERGÍA S.A.
  • ENEL y ENEL GENERACIÓN EL CHOCÓN.

Oferta desestimada

La resolución desestima formalmente, para todos los renglones, la oferta de IPS RENEWAL S.A., conforme al Dictamen de Precalificación.

El dictamen no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto por el Pliego (art. 1.5.3.7), por lo que quedó firme.

Fecha clave para las ofertas económicas y publicación internacional

El Ministerio fija la apertura del Sobre N.º 2 —ofertas económicas— para el 28 de noviembre de 2025 a las 10:00, mediante la plataforma CONTRAT.AR.

Además, ordena publicar la resolución en: CONTRAT.AR, DGMARKET del Banco Mundial y el sitio web de la Secretaría de Energía

También instruye la notificación electrónica a cada oferente, siguiendo la trazabilidad establecida en el procedimiento.

La medida entra en vigencia desde su firma.

Un proceso de alto volumen regulatorio y horizonte estratégico

La aprobación de la primera etapa consolida el avance de uno de los procesos de privatización más relevantes desde la entrada en vigencia de la Ley 27.742. El paquete accionario en venta —100% de las acciones Clase A, B y C de las cuatro sociedades— representa el traspaso total del control operativo y estratégico de los complejos hidroeléctricos que abastecen una porción significativa del sistema eléctrico argentino.

La magnitud de los grupos precalificados permite anticipar un escenario de fuerte competencia en la etapa económica. Con la participación de generadoras tradicionales, compañías globales, consorcios de capitales mixtos y actores ligados a industrias electrointensivas.

Las decisiones que surjan de la apertura del 28 de noviembre marcarán el rumbo de la nueva etapa concesionada. Incluyendo el esquema de remuneración del período y el marco regulatorio establecido en el decreto 718/2024.

Para las provincias donde operan los complejos, así como para el sistema eléctrico en su conjunto. La adjudicación abrirá interrogantes sobre inversiones, políticas de mantenimiento, gestión de caudales y compromisos de abastecimiento.

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Vender Enarsa es regalar soberanía

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   El contexto. 

 Quieren privatizar de apuro a Energía Argentina SA (ENARSA), a todos sus entes vinculados, así como las muy eficientes hidroeléctricas del Comahue, las centrales nucleares (un orgullo nacional, ocultado por el establishment), e incluso las hidroeléctricas binacionales de Yacyretá y Salto Grande (pisoteando soberanía). 

   Si bien pocos tomaron conciencia de la extrema gravedad de los objetivos de libertarios, asociados, reales mandantes y subordinados, es prioritario alertar que, en los hechos, nos llevan a los empujones, rumbo a la disolución nacional, y de mínima, a convertirnos en una dócil colonia manipulada por intereses extranjeros, para disponer a su antojo de nuestras riquezas y de nuestro valor estratégico. 

   El propio presidente, en uno de sus frecuentes actos de sincericidio, y mostrando un muy dudoso equilibrio emocional, dijo, con voz impostada, -claramente- ser “el topo que busca destruir al Estado desde adentro”. 

   Muy pocos parecen razonar, pese a que es de lógica elemental, que SIN ESTADO NO HAY NACIÓN, Y SIN NACIÓN NO HAY PATRIA. 

   Toda nación con vocación de grandeza y con total respeto a la propia soberanía, cuida tener un Estado Nacional fuerte, con poderosa injerencia en los múltiples aspectos que hacen al desarrollo socio económico, el cuidado y defensa, prioritario, de la soberanía nacional, además de cuidar la propia población. 

   Groseramente a contramano de esas elementalidades geopolíticas, e irracionalmente aplicando medidas económicas autodestructivas de neoliberalismo recargado, con ya probadas desastrosas consecuencias que padecimos en sucesivos gobiernos que aplicaron similares “recetas” (el siniestro “proceso”, el noventismo, el macrismo; con el precedente de los largos años de tutelaje de “la fusiladora” desde 1955), siempre con el respaldo y presiones muy claras del FMI, los libertarios y sus secuaces, practican un feroz industricidio, con destrucción de entes tecnológicos, endeudamiento irracional y empobrecimiento masivo, además de un vergonzoso accionar geopolítico de sumisión total a las potencias anglosajonas y al Bloque Atlantista. 

   En el contexto de fuerte proteccionismo siempre vigente a nivel mundial, acentuado desde la “guerra de aranceles” de Trump, que apenas esconde la guerra económica de los dos gigantes mundiales, China y EEUU; la apertura total de Argentina es un suicidio geopolítico y económico. En ese marco, un Estado raquítico o incluso inexistente, nos está llevando a previsibles catástrofes económicas, sociales y geopolíticas. 

   Son de recordar varios hechos amenazantes a nuestra integridad geográfica nacional. Siendo ministro del macrismo, el rabino Bergman dijo “Argentina debe ser partida y repartida” (¿¡!?), y nadie le exigió explicaciones, ni menos retractarse; mientras que el exgobernador de Mendoza A. Cornejo propuso la “independencia” de su provincia, insólita propuesta que recibió apoyos de varios embajadores extranjeros (sin que la Cancillería proteste por esos actos de intromisión, ni tampoco -aparentemente- nadie más); y el ultra indigenismo fogonea la supuesta “nación mapuche” fomentando un nefasto “racismo inverso” de odio a la población blanca, mayoritaria en Argentina. También cabe traer a colación las expresiones lastimeras de dos blondas opinólogas de la TV, que a fines de los años ’90 decían que “debemos resignarnos a permutar la deuda externa con partes de nuestro territorio”. 

   El irracional e impagable nivel de deuda externa, contraída por los mismos perpetradores, vuelve a ponernos en riesgo de ser presionados a esa “permuta”. 

   La muy delicada realidad geopolítica mundial, muy acentuada por el intempestivo accionar de Trump; además de los fundados temores que despiertan los varios enfrentamientos armados, agresiones alevosas, y situaciones de muy peligrosas tensiones, en distintos países, todo esto sintetizado y alertado por el Papa Francisco como “tercera guerra mundial en cuotas”, agrava mucho la irracional y apátrida política económica ultra aperturista, lo cual se acentúa mucho, con el accionar de la política exterior perpetrada por libertarios y secuaces políticos, ubicándonos como dóciles marionetas de las potencias neocolonialistas y del mega poder financiero transnacional. 

   Es muy preocupante, pero no puede sorprender el culposamente irracional repliegue del Estado en el estratégico Sector Energético, el cuál si se termina perpetrando, posibilitará fáciles y enormes negocios para quienes desplacen al Estado de sus estratégicas funciones, las que como tales deberían ser indelegables. 

  De hacerse eso, nos empujará a padecer la doble pobreza energética: la de precios impagables de los bienes y servicios energéticos; y la de deficiencias crónicas de los servicios, por carencia de imprescindibles inversiones, que solo el Estado practicó con visión geopolítica integradora y de desarrollo socio económico. Nunca un “privado” tuvo como objetivo el desarrollo e integración nacional. 

 Buscando alimentar el insaciable accionar financiero timbero y fugador

 Resulta muy claro y groseramente evidente, que la sumatoria de los diversos miserables treinta denarios que los mercenarios al servicio de la destrucción argentina, pretenden recaudar como consecuencia de la malventa de todo el importante Sector Energético creado por y propiedad del Estado Argentino, será mal usado vendiendo dólares para mantener artificialmente baja su cotización, y con ello los muy dibujados índices de inflación. Buscan ofrendarlos al voraz molino devorador de riquezas, que en breve plazo alimentará una nueva brutal fuga de divisas, tal la artera y delincuencial maniobra que la dupla Sturzenegger – Caputo, busca reeditar, con los mismos previsibles desastrosos resultados para nuestra querida Argentina, tal como lo perpetraron al final de los nefastos cuatro años de reedición de “recetas” neoliberales del macrismo. 

  En un contexto lógico de elemental patriotismo, esas acciones deberían ser punibles con penas de cárcel para sus perpetradores y otros cómplices. Pero nada sucede, mientras que muchos comunicadores sociales, “miran para otro lado”, y no pocos legisladores asumen posturas contrarias al Interés Nacional, pareciendo en ambos casos adolecer de presiones de “encarpetados y/o ensobrados”; además del lento accionar del Poder Judicial en algunos casos que serían vinculados al tema. 

 Los que avalan las destrucciones

 Es sabido que el llamado “Círculo Rojo”, que nuclea a muy poderosos empresarios, afines al neoliberalismo, avalan el accionar libertario, e incluso aplauden al presidente en sus frecuentes exabruptos verbales, totalmente impropios para la alta investidura que detenta. 

   Esos empresarios, o varios de ellos, son los que, en años de privatizaciones a ultranza, y a valores estimados como muy inferiores a sus cotizaciones reales, en los ’90, se quedaron con grandes empresas que fueron creadas y eran operadas por el Estado Nacional. Y seguramente, son los mismos, cuyas abultadas deudas externas en dólares, fueron estatizadas, durante el accionar del ministro Cavallo…entre ellos las empresas del grupo Macri. 

   Debería dar vergüenza a la UIA, que bajo la presidencia de Funes de Rioja, avaló el industricidio masivo en ejecución por el actual gobierno nacional; resultando dudosamente comprensible que haya ocupado ese cargo, sin ser industrial, pues es abogado laboralista. 

   Por supuesto, el brutal industricidio, en plena ejecución, tiene muchos perpetradores, no pocos de ellos, de diversos sectores de actividades, medrando desde cómplices silencios. 

 Falseando la Historia para perpetrar negociados fáciles

   El accionar del Estado fue esencial para desarrollar las distintas partes del complejo Sector Energético, y cabe enfatizar que por lo general estuvo marcado por la eficiencia, y en no pocos casos, por el patriotismo, como los casos de Mosconi y Baldrich, y también otros impulsores que dejaron profundas huellas positivas, como el caso de Balseiro en el estratégico Sector Nuclear. 

   Mientras los privados se mueven en función de ganancias inmediatas y fáciles, el Estado en muchas inversiones del amplio espectro de la Energía, buscó el desarrollo y la integración nacional.     Pero los distorsionadores de datos y hechos concretos, omiten que la supuesta “ineficiencia estatal” expresada por voceros del ultra privatismo, en el siniestro “proceso”, obedeció a arteras maniobras perpetradas por Martínez De Hoz y sus secuaces, que obligaban a las empresas estatales a asumir abultadas deudas externas, cuyos montos eran transferidos al Tesoro Nacional para enjugar los déficits del presupuesto nacional, los que eran consecuencia de la desastrosa gestión del citado ministro. Las empresas estatales quedaban con los pasivos y solo veían pasar las divisas de las deudas contraídas por “Joe” y sus “Chicago’s Boys”. El tema no se agota. 

   Indelegable accionar del Estado, la Historia lo demuestra

   El Estado hace obras y presta servicios, donde los privados brillan por sus ausencias. Y las inversiones del Estado en infraestructura, tienen fuertes efectos multiplicadores de la economía nacional.     Durante los largos -y en muchos casos oprobiosos- períodos en los que fuimos gobernados por liberales, las pocas inversiones del Estado se focalizaron en “el puerto” (Buenos Aires) y la rica Pampa Húmeda, manteniendo en la marginación a todo el resto de nuestro vasto territorio nacional. Y en el caso de los ferrocarriles, las inversiones privadas, básicamente británicas, impusieron el trazado de embudo hacia el puerto, facilitando las salidas de materias primas y la penetración de productos industriales británicos, impidiendo y ahogando las pequeñas producciones de manufacturas nacionales.

   Eso lo explicó muy bien y documentadamente, el gran patriota Raúl Scalabrini Ortiz. Eran inversiones que no tenían como objetivo el desarrollo nacional. 

 Negociados fáciles para muy pocos, miseria estructural para muchos

   Las apuradas privatizaciones del estratégico Sector Energético, de perpetrarse, serán pingües negociados, con grandes márgenes de utilidades para los que se apropien de nuestras Empresas y Entes Estatales, pues con el Estado ausente y anómico, se estará en el oprobioso contexto de una desenfrenada ley de la selva. 

    En ese terrible contexto, los desvalidos consumidores de bienes y servicios energéticos, estaremos a merced de la voluntad de los poderosos, a los que poco o nada les importarán las privaciones a las que nos someterán, para maximizar sus previsibles enormes ganancias, sin límites éticos ni fácticos, siendo además previsible que los energéticos exportables se volcarán al exterior, quedando nuestro país sin esos bienes y sin las divisas de esas operaciones, tal como se perpetró con alevosía en los años ’90, cuando Repsol se dedicó a “ordeñar” el mega yacimiento gasífero de Loma De La Lata, exportando a Chile sin que ingresen a nuestro país las divisas correspondientes. 

 El subdesarrollo crónico como destructivo objetivo geopolítico

   Es muy evidente que con el cúmulo de acciones claramente destructivas que se están implementando desde el primer día del gobierno libertario, el objetivo de mínima es llevarnos al subdesarrollo crónico, con el perverso modelo de la pseudo nación “independiente” (solo en lo formal), que éramos cuando a fines del siglo XIX y comienzos del XX, nos gobernaba la oligarquía vacuna, con poderes de tipo feudal, totalmente subordinados a la mega potencia mundial de esos años. Y como ya fundamenté repetidamente, en precedentes artículos, y brevemente en este, el objetivo de máxima de los apátridas neoliberales y libertarios, es desguazar y hacer desaparecer a la República Argentina. 

   Parecería que la mayoría de los políticos (muchos de ellos de muy escasas formaciones intelectuales); muchos uniformados (anclados en prejuicios de medio siglo atrás y faltos por completo de Doctrina Nacional); progresías muy confusas llenas de pautas dictadas desde el Bloque Atlantista, y contrarias al Interés Nacional; entes empresarios que apoyan las medidas económicas destructivas que también los perjudican; y otros sectores muy confusos de nuestra población, no toman conciencia de la extrema gravedad de esta muy preocupante y peligrosa realidad. 

   Todo parece evidenciar que, en el aquelarre del todo vale, muchos adolecen de carencias muy profundas de auténtico patriotismo. 

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