lun. Feb 23rd, 2026

energía

Ucrania necesitará casi tres PBI para reconstruirse: nuevo informe del Banco Mundial y la UE

By Redacción Economis 8 horas ago
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Cuatro años después de la guerra con Rusia, la nueva Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5) estima que la recuperación y reconstrucción de Ucrania demandará casi USD 588.000 millones en la próxima década. La cifra —equivalente a más de EUR 500.000 millones— representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y expone la magnitud fiscal, económica e institucional del desafío.

La evaluación, publicada de manera conjunta por el Gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, releva 46 meses de impacto —entre febrero de 2022 y diciembre de 2025— y actualiza el mapa sectorial de daños, pérdidas y necesidades. El informe no sólo cuantifica destrucción física: también delimita prioridades de política pública, reformas estructurales y condiciones para movilizar inversión privada.

Daños acumulados y sectores críticos: energía, transporte y vivienda concentran el impacto

Al 31 de diciembre de 2025, los daños directos superan los USD 195.000 millones (EUR 166.000 millones), frente a los USD 176.000 millones (EUR 150.000 millones) estimados en la RDNA4 de febrero de 2025. Es decir, en menos de un año el daño relevado aumentó en casi USD 19.000 millones.

Los sectores más afectados son:

  • Transporte: más de USD 96.000 millones (EUR 82.000 millones) en necesidades de reconstrucción.
  • Energía: casi USD 91.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Vivienda: casi USD 90.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Comercio e industria: más de USD 63.000 millones (EUR 54.000 millones).
  • Agricultura: más de USD 55.000 millones (EUR 47.000 millones).

Además, la gestión del riesgo de explosivos y la remoción de escombros demandan casi USD 28.000 millones (EUR 24.000 millones).

En el frente energético, el informe registra un aumento aproximado del 21% en activos dañados o destruidos desde la RDNA4, incluyendo generación, transmisión, distribución y calefacción urbana. El transporte también se deterioró: las necesidades crecieron alrededor del 24% por la intensificación de ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025.

En vivienda, al cierre de 2025, el 14% del parque habitacional resultó dañado o destruido, afectando a más de tres millones de hogares. La concentración geográfica de daños se mantiene en provincias de primera línea y grandes áreas metropolitanas.

“Cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, el costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania se estima en casi 588.000 millones de dólares durante la próxima década, casi el triple del PIB nominal proyectado para 2025”, afirmó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Y agregó: “La asistencia nos ayuda a reparar urgentemente nuestra infraestructura crítica para mantener el país en funcionamiento, así como a continuar con las actividades de recuperación sistemáticas”.

Financiamiento inmediato y rol del sector privado: reformas como condición para la inversión

Para 2026, el Gobierno de Ucrania prevé ejecutar más de USD 15.000 millones en proyectos de inversión pública y programas esenciales, incluyendo financiamiento de viviendas destruidas, desminado y apoyo económico multisectorial. Desde febrero de 2022, ya se habrían cubierto al menos USD 20.000 millones mediante reparaciones urgentes y recuperación temprana en sectores estratégicos.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo excede con creces la capacidad fiscal doméstica. En este punto, el informe enfatiza el papel del sector privado y la necesidad de reformas estructurales. La RDNA5 sostiene que liberar el potencial de inversión —nacional e internacional— dependerá de:

  • Mejoras en el entorno empresarial.
  • Fortalecimiento de la competencia.
  • Ampliación del acceso al financiamiento.
  • Superación de restricciones laborales.
  • Alineamiento con estándares verdes y digitales de la Unión Europea.

Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, subrayó: “El Grupo Banco Mundial mantiene su firme compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania y de ayudar a su población a progresar con empleos, oportunidades y esperanza en una economía resiliente, moderna y competitiva”.

La dimensión institucional aparece como eje transversal. La evaluación complementa la agenda de reforma e inversión del Mecanismo para Ucrania y el proceso de adhesión a la UE, integrando programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. La estrategia económica posguerra —denominada Economía Ucraniana del Futuro (UEF)— se centra en estabilidad macrofiscal, gobernanza, estado de derecho, dinamismo privado e inversión en capital humano.

Reconstrucción, convergencia europea y resiliencia social

El volumen de USD 588.000 millones redefine cualquier parámetro comparativo regional. Representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y consolida a Ucrania como el mayor programa de reconstrucción en Europa en décadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desafío es doble. Por un lado, sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales en contexto de conflicto. Por otro, diseñar una arquitectura financiera que combine ayuda multilateral, financiamiento concesional, inversión privada y reformas estructurales.

La dimensión social tampoco es marginal. Matthias Schmale, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, afirmó: “El recurso más importante de Ucrania es su gente. El retorno de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en la fuerza laboral determinarán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura”.

En consecuencia, la reconstrucción no se limita a infraestructura física. Implica reconstruir capital humano, fortalecer instituciones y garantizar sostenibilidad fiscal y ambiental. La convergencia con la Unión Europea aparece como ancla estratégica de mediano plazo, tanto para reformas regulatorias como para la atracción de inversión.

En síntesis, la RDNA5 no sólo actualiza cifras: redefine el mapa de prioridades económicas y políticas para la próxima década. El desafío financiero es monumental, pero el componente institucional —reformas, gobernanza y confianza— será determinante para transformar destrucción en oportunidad de convergencia y modernización.

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Ahora Gas actualiza precios: la recarga sube a $14.000 desde el 9 de febrero

By Economis Redacción 3 semanas ago
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Durante febrero, el programa Ahora Gas continúa con los operativos semanales que acercan a distintas localidades la posibilidad de recargar garrafas de GLP de 10 kg a precio bonificado. A partir del lunes 9 de febrero, el valor de la recarga -que actualmente es de $11.500- pasará a $14.000. Aun con la actualización, el precio se mantiene muy por debajo del que se observa en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, donde ronda entre $17.000 y $18.000, e incluso más alto en algunos puntos de venta.

En febrero, el operativo funcionará en el Mercado Concentrador de Posadas los martes 3, 10 y 24 de febrero, y el miércoles 18. También habrá jornadas en Garupá (miércoles 4), San José (martes 10), Apóstoles (miércoles 11), Azara (jueves 12), Concepción de la Sierra (jueves 5), Andresito (miércoles 18), San Pedro (jueves 19), Puerto Esperanza (martes 24), Wanda (miércoles 25) y Puerto Libertad (jueves 26).

El programa Ahora Gas, creado en 2018 durante el primer mandato del gobernador Hugo Passalacqua, continúa siendo una herramienta clave para garantizar el acceso a un servicio esencial. Su importancia se refuerza al considerar que Misiones es la única provincia del país que aún no cuenta con acceso a la red de gas natural en ninguna de sus localidades.

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Biocombustibles: Energía actualizó los precios mínimos de bioetanol y biodiesel para febrero

By Redacción Economis 3 semanas ago
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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijó los nuevos precios mínimos de adquisición del bioetanol y del biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles para las operaciones de febrero de 2026, en el marco del Marco Regulatorio de Biocombustibles (Ley 27.640). Las medidas fueron formalizadas a través de las Resoluciones 25/2026 y 24/2026, publicadas en el Boletín Oficial el 2 de febrero de 2026, y constituyen una nueva adecuación del esquema de precios regulados que impacta de forma directa en la estructura de costos de la industria energética, el complejo agroindustrial y la formación de precios en surtidor.

En concreto, la Secretaría estableció un precio mínimo de $1000,868 por litro para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de $917,323 por litro para el bioetanol elaborado a base de maíz, mientras que para el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil fijó un valor de $1.842.796 por tonelada. Todos los valores rigen para febrero y hasta que una nueva resolución los reemplace.

Marco regulatorio y fundamentos de la actualización de precios

Las resoluciones se inscriben en el esquema normativo inaugurado por la Ley 27.640, que derogó las disposiciones de las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y concentró en la Secretaría de Energía la potestad de definir metodologías y precios de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con naftas y gasoil. En ese marco, la autoridad de aplicación aprobó procedimientos específicos para la determinación de precios del bioetanol y del biodiesel, con el objetivo de reflejar costos reales de elaboración, transporte y una rentabilidad determinada, evitando distorsiones en el mercado energético.

Para el caso del bioetanol, la Resolución 25/2026 se apoya en los criterios establecidos por la Resolución 373/2023, modificada por la Resolución 709/2023, que habilitan ajustes excepcionales cuando los valores resultantes puedan generar desfasajes con los costos reales o impactos no deseados en el precio del combustible fósil en surtidor. En ese sentido, la Secretaría destacó la necesidad de revisar precios ante el contexto económico vigente y la dinámica del mercado de combustibles.

En el biodiesel, la actualización se fundamenta en el procedimiento aprobado por la Resolución 963/2023, que define la metodología de cálculo del precio de adquisición para su mezcla obligatoria con gasoil. La última adecuación había sido dispuesta por la Resolución 612/2025, vigente para enero, y la autoridad consideró que las condiciones actuales del mercado ameritan un nuevo valor para febrero.

Detalle de los valores y condiciones comerciales

De acuerdo con la Resolución 25/2026, el precio mínimo del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $1000,868 por litro, mientras que el bioetanol de maíz quedó establecido en $917,323 por litro. Ambos valores son considerados precios mínimos obligatorios para las operaciones en el mercado interno y se aplican a la mezcla con nafta.

La norma también estableció que el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de la factura correspondiente, introduciendo una referencia temporal clave para la relación comercial entre productores y compradores.

En paralelo, la Resolución 24/2026 fijó el precio del biodiesel en $1.842.796 por tonelada para su mezcla obligatoria con gasoil. A diferencia del bioetanol, el plazo máximo de pago para el biodiesel se estableció en 7 días corridos, una condición que impacta de manera directa en el flujo financiero de las empresas productoras.

Ambas resoluciones entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, consolidando un nuevo cuadro de precios regulados para el mes de febrero.

Impacto económico y reacciones sectoriales esperadas

La actualización de precios tiene repercusiones directas en el complejo agroindustrial, especialmente en los sectores vinculados a la producción de caña de azúcar, maíz y oleaginosas, que abastecen la cadena de biocombustibles. Al mismo tiempo, incide sobre las refinerías y empresas obligadas a cumplir con los cortes obligatorios, que deben incorporar estos valores en su estructura de costos.

Desde una perspectiva macroeconómica y regulatoria, las medidas buscan equilibrar la sostenibilidad de los productores de biocombustibles con la contención de impactos en el precio final de los combustibles fósiles, un aspecto sensible para la inflación y el consumo. El esquema reafirma el rol activo de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación y regulador de precios, en un contexto de revisión permanente del marco energético.

En este escenario, el sector seguirá de cerca la evolución de los costos y la periodicidad de las próximas actualizaciones, dado que los valores fijados rigen solo hasta la publicación de nuevos precios que los reemplacen.

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El endeudamiento privado escaló en 2025 y se concentró en industria, energía y comercio

By Redacción Economis 3 semanas ago
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La deuda externa del sector privado alcanzó los US$116.847 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que implicó un incremento de US$7.300 millones respecto del trimestre anterior y una suba cercana a los US$13.000 millones en comparación con igual período de 2024. Así lo informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su último relevamiento sobre deuda externa privada, un dato que vuelve a poner en foco la dinámica del endeudamiento corporativo y su impacto sobre el frente externo.

El aumento se explicó principalmente por el crecimiento de la deuda comercial, que se expandió en US$5.016 millones, y de la deuda financiera, que avanzó en US$2.284 millones en el trimestre. En términos de composición, el stock total estuvo dominado por la deuda por importaciones de bienes, seguida por los préstamos financieros y los títulos de deuda en manos de no residentes.

Composición de la deuda: importaciones, préstamos y títulos

Según el informe del BCRA, la deuda por importaciones de bienes totalizó US$39.055 millones, constituyéndose como el principal componente de la deuda externa privada. En segundo lugar se ubicaron los préstamos financieros, con US$29.581 millones, y luego los títulos de deuda en manos de no residentes, por US$16.011 millones.

Más atrás quedaron la deuda por exportaciones de bienes (US$15.191 millones), la deuda por servicios (US$13.631 millones) y, en último lugar, la categoría “otra deuda financiera”, con US$3.378 millones.

El incremento de la deuda comercial respondió, fundamentalmente, al aumento de la deuda por exportaciones de bienes, que creció US$5.428 millones, parcialmente compensado por cancelaciones de deuda por importaciones de bienes (US$57 millones) y por deuda de servicios (US$354 millones).

En el caso de la deuda financiera, el alza se explicó por el aumento de los préstamos financieros en US$2.401 millones y de los títulos de deuda en US$57 millones, compensados parcialmente por una reducción de US$174 millones en la categoría de otra deuda financiera.

Sectores más endeudados y concentración por actividad

En la deuda por importación de bienes, el financiamiento otorgado por empresas relacionadas alcanzó un stock de US$21.503 millones, con un retroceso trimestral de US$134 millones, mientras que el resto de los acreedores acumuló US$17.552 millones, con una suba de US$76 millones. A nivel sectorial, la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques concentró el 22% del total (US$8.472 millones), seguida por el comercio mayorista, con el 20% (US$7.936 millones).

En cuanto a la deuda por exportación de bienes, los acreedores relacionados sumaron US$8.304 millones, con un aumento trimestral de US$3.281 millones, mientras que el resto de los acreedores totalizó US$6.887 millones, con una suba de US$2.147 millones. El sector de elaboración de productos alimenticios, que incluye a cerealeras y oleaginosas, concentró el 76% del total (US$11.549 millones), con un incremento de US$4.843 millones en el trimestre. Le siguió el comercio mayorista, con el 13% (US$1.964 millones). Entre ambos sectores explicaron el 90% de la deuda por exportación de bienes.

La deuda por servicios cerró el trimestre con US$10.009 millones con acreedores relacionados y US$3.623 millones con el resto de los acreedores. Los sectores con mayor participación fueron servicios de programación y consultoría informática y actividades conexas y servicio de transporte aéreo, ambos con el 8% del total, seguidos por la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, con el 7%.

En el segmento de deuda financiera, los acreedores relacionados registraron una posición de US$21.946 millones, seguidos por los tenedores de títulos de deuda (US$16.011 millones) y el resto de los acreedores (US$11.012 millones). La extracción de petróleo crudo y gas natural concentró el 34% del total (US$16.781 millones), con un aumento trimestral de US$259 millones. Le siguieron las sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central, con el 8% (US$3.807 millones y un incremento de US$1.297 millones), y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con el 7% (US$3.618 millones y una baja trimestral de US$23 millones).

Vencimientos, plazos y origen de los acreedores

Al cierre del tercer trimestre, las empresas privadas enfrentaban vencimientos de capital de deuda comercial por US$64.146 millones, lo que representa el 95% del total de la deuda comercial. En el caso de la deuda financiera, los vencimientos ascendieron a US$20.965 millones, equivalentes al 43% del total.

El BCRA destacó que el perfil de la deuda mostró “un alargamiento en los plazos comparado con el año anterior, con un aumento del peso de los vencimientos a 5 años o más”, un dato relevante en términos de sostenibilidad financiera.

Por sectores, el mayor nivel de endeudamiento correspondió a la industria manufacturera, con US$45.367 millones, financiados en un 62% por empresas del mismo grupo. Le siguieron la explotación de minas y canteras, con US$26.021 millones, y el comercio mayorista y minorista, con US$13.939 millones. En conjunto, estos tres sectores concentraron el 73% de la deuda externa privada.

Respecto del origen de los acreedores, Estados Unidos se posicionó como el principal acreedor comercial, con el 19% del total (US$12.768 millones), seguido por Brasil (13%, US$8.664 millones) y Suiza (12%, US$8.034 millones). Los tres países concentraron el 44% de la deuda externa comercial. En la deuda financiera, el liderazgo también correspondió a Estados Unidos, con el 23% (US$7.599 millones), seguido por Países Bajos (13%, US$4.351 millones) y Uruguay (8%, US$2.633 millones), que en conjunto explicaron el 44% de la deuda financiera sin títulos de deuda.

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El Gobierno rechaza el antidumping y avala la importación de tubos para el gasoducto de Vaca Muerta

By Redacción Economis 4 semanas ago
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El Gobierno nacional descartó avanzar con una medida antidumping para frenar la importación de tubos de acero adjudicados a la empresa india Welspun, pese al reclamo del Grupo Techint, que había quedado fuera de la licitación para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. La decisión ratifica la orientación oficial hacia la apertura comercial, la baja de costos y el rechazo a esquemas de protección industrial, en una obra estratégica para las exportaciones de gas natural licuado (GNL) y la competitividad energética del país.

La definición fue confirmada por altas fuentes de la Casa Rosada, que fueron categóricas frente a las versiones de una eventual denuncia por dumping y competencia desleal impulsada por Techint. “No vamos a pagar más caros los caños”, señalaron desde el entorno presidencial, en línea con la postura pública expresada por el presidente Javier Milei y por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La controversia se desató luego de que Welspun ganara la licitación para proveer los tubos del gasoducto con una oferta 40% inferior a la presentada por Tenaris, la controlada del Grupo Techint que produce caños de acero en la Argentina.

Una licitación clave para Vaca Muerta y el debate sobre política industrial

La adjudicación del contrato marcó un hito: es la primera vez en décadas que una empresa extranjera se impone a un proveedor local en este tipo de proyectos estratégicos. El gasoducto que unirá Vaca Muerta con la zona de San Antonio Oeste, en Río Negro, es considerado una pieza central del plan exportador de GNL que impulsa el consorcio Southern Energy (SESA).

Ese consorcio está integrado por Pan American Energy (PAE), propiedad en un 50% de BP; YPF, con una participación del 25%; y otras compañías con participaciones menores como Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El proyecto abrió negociaciones por un crédito de USD 1.000 millones con bancos extranjeros para su financiamiento.

En la compulsa participaron más de 15 oferentes de distintos países, entre ellos Argentina, India, China, España, Japón, Grecia y Turquía. Welspun resultó adjudicataria al presentar el menor precio, lo que dejó fuera a Tenaris, que había ofertado un valor un 40% más alto, según el consorcio.

Desde Techint sostienen que esa diferencia no refleja condiciones de competencia leal y que la propuesta ganadora estaría basada en tubos fabricados con chapa de origen chino a precios subsidiados. La empresa incluso ofreció igualar la oferta extranjera “a cualquier costo” para que el proyecto se ejecute con producción local, propuesta que fue rechazada.

La postura oficial: costos, competencia y rechazo al antidumping

La respuesta del Gobierno fue inmediata y contundente. El presidente Javier Milei defendió el resultado de la licitación desde su cuenta oficial de X al afirmar: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”.

En la misma línea, un alto funcionario explicó que, aun si existieran subsidios en el país de origen, el beneficio de un menor precio se traslada al proyecto: “Si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros?”.

El ministro Federico Sturzenegger profundizó esa visión y volvió a cuestionar la lógica de las políticas antidumping. Recordó antecedentes recientes, como la eliminación de aranceles a la importación de termos, cuando sostuvo: “La protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección”. Y agregó que el argumento de “protegerse para evitar abusos futuros” carece de sustento en mercados globales con múltiples oferentes.

En un extenso mensaje público, Sturzenegger consideró “indefendible” adjudicar un contrato más caro solo por el hecho de que el proveedor sea local. “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, advirtió, y remarcó que el mayor costo podría haberse trasladado a precios más altos de la energía para empresas y consumidores.

Impacto en la industria local y tensiones de largo plazo

Desde Techint advierten que la decisión puede tener consecuencias estructurales para la industria nacional del acero. La compañía, que emplea a más de 26.000 personas en 17 países, produce tubos con costura para gasoductos en su planta de Valentín Alsina, donde trabajan más de 400 empleados, y cuenta además con instalaciones en Villa Constitución, Santa Fe.

Fuentes vinculadas a la empresa señalaron que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las cadenas productivas locales, algo que —según su visión— no se estaría cumpliendo en este caso. “Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional se financia el trabajo en la India y China, mientras las empresas argentinas operan con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y tasas municipales”, remarcaron.

El propio Paolo Rocca había advertido sobre la “actitud predatoria” de China, que produce cerca del 50% del acero mundial, y alertó que la sobreoferta global a precios bajos puede erosionar empleo, inversión y capacidad exportadora local. Según trascendió, la planta de Valentín Alsina tiene pedidos garantizados hasta junio, pero no hay definiciones claras para el segundo semestre.

Del lado oficial, sin embargo, el diagnóstico es opuesto. Sturzenegger sostuvo que la apertura y el acceso a insumos más baratos mejoran la competitividad general de la economía y que alterar una licitación después de conocidos los resultados dañaría la credibilidad del país. “Respetar los contratos y las reglas de juego es clave para que esta industria crezca competitiva y sana”, afirmó.

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