energía y minería

Arriazu ve una oportunidad histórica para Argentina: “Los planetas están alineados si no chocamos la calesita”

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En medio de una de las etapas más complejas para la industria de la construcción, el economista Ricardo Arriazu eligió transmitir un mensaje que combinó diagnóstico duro y optimismo estratégico. Durante la 71° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), sostuvo que Argentina atraviesa una oportunidad histórica de crecimiento impulsada por el ordenamiento macroeconómico, el potencial exportador de la energía y la minería y una mejora sustancial de las cuentas externas. Sin embargo, dejó una advertencia que resume su mirada sobre el momento actual: “Los planetas están alineados si no chocamos la calesita”.

La exposición estuvo marcada por una fuerte diferenciación entre el presente y el futuro de la economía argentina. Arriazu reconoció que la construcción atraviesa una situación crítica luego del desplome de la inversión pública y la ausencia de mecanismos de financiamiento de largo plazo, pero consideró que el sector podría convertirse en uno de los principales beneficiarios de un escenario de estabilidad económica sostenida.

“La participación de la construcción en el PBI llegó a ser del 25%, ahora está en el 3%, cuando el promedio mundial es del 6%”, señaló el economista, al describir la magnitud del retroceso. Según explicó, Argentina enfrenta además un déficit estructural en materia habitacional y un mercado hipotecario prácticamente inexistente. “Estamos invirtiendo menos que la depreciación de las viviendas”, afirmó, reflejando la pérdida de capacidad de acumulación de capital en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

Para Arriazu, la recuperación de la construcción depende de una condición indispensable: la eliminación definitiva de la inflación. Sin estabilidad de precios, sostuvo, resulta imposible reconstruir el crédito hipotecario y desarrollar instrumentos financieros de largo plazo que permitan movilizar inversiones.

Mientras ese proceso madura, propuso avanzar con sistemas de financiamiento indexados, aunque reconoció las limitaciones actuales. “Hay que utilizar un sistema indexado, pero el salario no acompaña y los bancos no tienen fondeo”, explicó. En ese sentido, planteó la necesidad de crear mecanismos de compensación que permitan equilibrar la evolución de ingresos y cuotas.

El economista también apuntó contra la falta de instrumentos de ahorro de largo plazo, un problema que considera central para financiar el desarrollo. En particular, cuestionó el deterioro de herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los sistemas de seguros, históricamente utilizados para canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura y vivienda. Su propuesta fue reducir la exposición del FGS a títulos públicos y direccionar parte de esos recursos hacia la actividad constructiva.

Sin embargo, la parte más contundente de su presentación estuvo vinculada a las perspectivas macroeconómicas. Arriazu aseguró que el país atraviesa una transformación estructural que podría modificar décadas de restricciones externas recurrentes. A diferencia de otros ciclos de crecimiento que terminaron en crisis cambiarias, sostuvo que la expansión actual podría apoyarse en una oferta genuina de divisas proveniente de sectores altamente competitivos a nivel internacional.

En esa línea, corrigió significativamente sus propias estimaciones sobre el desempeño externo de la economía. Mientras inicialmente proyectaba un superávit comercial de 13.500 millones de dólares para este año, ahora estima que la cifra podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, acompañada incluso por un saldo positivo en la cuenta corriente.

La explicación se encuentra en el fuerte crecimiento de las exportaciones. Según sus cálculos, Argentina sumará este año alrededor de 20.000 millones de dólares adicionales por ventas al exterior, impulsadas principalmente por una cosecha agrícola récord y el avance de los complejos energético y minero.

Desde su perspectiva, el país está transitando un profundo cambio en la estructura productiva. Históricamente, explicó, el esquema económico argentino favoreció a determinados sectores mediante subsidios y protección, generando distorsiones que limitaron la competitividad general. La nueva etapa implica un proceso simultáneo de destrucción y creación de actividades económicas.

Allí aparece uno de los principales desafíos de la transición. Los sectores que actualmente generan dólares —energía, minería y agroindustria— demandan relativamente poca mano de obra, mientras que actividades intensivas en empleo como la construcción, el comercio y parte de la industria todavía enfrentan dificultades. “El problema es entrar en el péndulo del ajuste y salir de él. Hoy es clave cómo me adapto, cómo cambio hacia sectores que van a crecer”, planteó.

Respecto de la política cambiaria, Arriazu respaldó la estrategia oficial y consideró que una devaluación brusca hubiera puesto en riesgo todo el programa económico. “Devaluar hubiera tirado todo el programa al demonio”, afirmó, al tiempo que defendió la apreciación relativa del peso como una consecuencia natural de un proceso exitoso de estabilización.

Su argumento se basa en que los países que logran consolidar estabilidad macroeconómica suelen volverse más caros en términos internacionales. “Si Argentina tiene éxito, Argentina va a ser cara”, sostuvo. Para el economista, el principal obstáculo que aún persiste no es económico sino reputacional: “Tenemos los mejores números macro de América Latina, pero también el riesgo país más alto porque fuimos estafadores seriales”.

Esa referencia apunta directamente a la necesidad de reconstruir credibilidad institucional y financiera luego de décadas de defaults, reestructuraciones y cambios permanentes de reglas de juego. En su visión, la reducción sostenida del riesgo país será la llave para destrabar inversiones masivas en infraestructura, vivienda y producción.

La apuesta de largo plazo está puesta en el sector energético. Arriazu proyectó que para 2030 Argentina podría exportar más de 30.000 millones de dólares anuales únicamente por energía, una cifra que transformaría de manera estructural la disponibilidad de divisas y modificaría una de las principales restricciones históricas al crecimiento económico.

Por eso, más allá de los problemas coyunturales que enfrenta hoy la construcción, el economista llamó a los empresarios a mirar el horizonte estratégico. Su mensaje final fue una síntesis de advertencia y esperanza: Argentina cuenta con recursos naturales, capacidad exportadora y condiciones macroeconómicas que podrían abrir un ciclo de crecimiento sostenido. La incógnita, según planteó, no está en las oportunidades sino en la capacidad política y social para aprovecharlas.

“Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, concluyó.

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El RIGI ya supera los US$133.000 millones en proyectos y consolida a la energía y la minería como los grandes motores de inversión

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A menos de dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a exhibir la magnitud de la apuesta oficial para transformar la matriz exportadora argentina. Con proyectos presentados por más de US$133.000 millones, el esquema impulsado a través de la Ley Bases se convirtió en el principal vehículo para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, particularmente energía y minería, que concentran prácticamente la totalidad de los capitales comprometidos.

Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que más del 22% de las inversiones ya obtuvo aprobación administrativa, mientras el resto continúa atravesando distintas etapas de evaluación. El volumen involucrado coloca al régimen en el centro de la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca acelerar el ingreso de divisas y ampliar la capacidad exportadora del país mediante proyectos intensivos en capital.

Con foco en energía y minería, el RIGI suma más de US$ 133.000 millones en proyectos presentados (aprobados y en evaluación), con provincias protagonistas como Neuquén y San Juan. Un proyecto de “Súper RIGI” busca sumar inversiones en nuevas industrias.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en el marco de la Ley Bases es instrumento para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. Desde su implementación, las inversiones presentadas al régimen ya superan los US$ 133.000 millones, reflejando el interés de empresas nacionales e internacionales por participar en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital solicitante ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.

La composición sectorial de las inversiones muestra un marcado enfoque en actividades asociadas a la minería y energética. En conjunto, estos dos sectores explican más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen.

En particular, la energía concentra cerca del 64% del volumen de inversiones presentadas, con iniciativas por más de US$ 85.456 millones. Actualmente, el sector registra alrededor de US$ 66.353 millones bajo análisis, mientras que US$ 19.103 millones ya fueron aprobados. Por su parte, la minería lleva US$ 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a US$ 46.000 millones. El 22% del capital aplicado al RIGI en energía ya tiene aprobación administrativa, proporción que se ubica en el 21% en el caso de la minería.

Dentro de los proyectos mineros presentados en el marco del RIGI, las iniciativas vinculadas al cobre concentran la mayor parte de las inversiones, con montos comprometidos por aproximadamente US$ 31.500 millones. Este total surge de proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (MARA), Los Azules y San Jorge.

No obstante, gran parte de estas inversiones continúa en etapa de evaluación. Del total asociado al cobre, US$ 3.563 millones ya fueron aprobados, mientras que el litio presenta un mayor volumen de capital autorizado, con proyectos aprobados por más de US$ 4.528 millones. Por su parte, el oro y otros proyectos mineros completan el esquema minero del régimen, con inversiones aprobadas cercanas a US$ 1.861 millones.

Dentro del sector energético, los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente US$ 55.300 millones. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector. 

Por otro lado, el GNL aparece como el segundo segmento de mayor relevancia, con inversiones aprobadas por US$ 15.156 millones. Esta inversión se concentra exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, reflejando el interés por impulsar la capacidad de licuefacción y exportación de GNL en Argentina. Asimismo, los proyectos asociados a infraestructura midstream totalizan más de US$ 11.000 millones, combinando iniciativas ya aprobadas y otras aún bajo análisis. En menor medida, también se observan inversiones vinculadas a energías renovables, petroquímicas y procesamiento de gas, completando el mapa energético de proyectos presentados al régimen.

Distribución provincial de las inversiones presentadas al RIGI

Las inversiones presentadas en el marco del RIGI tienen varios protagonistas a lo largo del país. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente US$ 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. En segundo lugar, se ubica San Juan, con US$ 25.000 millones, seguida por Rio Negro con US$ 19.588 millones, concentrando estas dos provincias el 19% y 15% de las aplicaciones al RIGI respectivamente.

En conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de US$ 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen. La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones.

Por detrás aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a US$ 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, aquí con protagonismo de proyectos de litio. El resto de las provincias reúnen en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones, mostrando una participación significativamente menor dentro del total presentado al régimen. La distribución geográfica refleja el peso estratégico que poseen las provincias cordilleranas y patagónicas en materia de recursos naturales, infraestructura energética y proyectos exportadores de gran escala.

No debemos perder de vista que existen dos RIGIs muy relevantes para el agro argentino. Primeramente, ya se encuentra aprobada y en ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Asimismo, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el denominado proyecto Fertil Pampa podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico.

En paralelo al avance de los proyectos actualmente presentados bajo el RIGI, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”.

La iniciativa apunta a proyectos de gran escala, con un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones, y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente. Entre las actividades que podrían quedar alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y data centers abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos.

El nuevo esquema también busca incentivar industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado. A nivel fiscal, el Súper RIGI aplica una tasa del 15% en el impuesto a las Ganancias. En cuanto a la amortización, este esquema permite un beneficio acelerado: se deduce un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años posteriores.

En el ámbito del comercio exterior, el llamado Súper RIGI elimina los derechos de exportación desde el primer momento (a diferencia del RIGI, que lo hace recién a partir del tercer año). Además, libera de aranceles a todas las importaciones que sean indispensables para arrancar el proyecto, un marco más amplio que la limitación del RIGI, que solo aplica a bienes de capital e informática.

Por su parte, se elimina progresivamente la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones de productos adheridos al proyecto: será obligatorio liquidar el 80% de las divisas en el 1° año y el 60% en el 2° año. Finalmente, desde el 3° año no será obligatorio liquidar divisas por estas operaciones.

Por último, para que este nuevo régimen entre en vigencia a nivel local, los gobiernos provinciales y municipales deben adherirse bajo dos condiciones clave: limitar el cobro de Ingresos Brutos a un máximo del 0,5% y garantizar que las tasas municipales no se calculen en base al nivel de facturación.

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Banco Central cumple la meta anual de compra de dólares y acelera la acumulación de reservas

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La estrategia de acumulación de reservas del Gobierno alcanzó uno de sus principales objetivos antes de la mitad del año. Con una nueva compra de USD 43 millones realizada este miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó los USD 10.000 millones en adquisiciones de divisas durante 2026 y cumplió la meta anual originalmente prevista en el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dato no es menor. La autoridad monetaria logró encadenar 100 ruedas consecutivas con saldo comprador —con excepción de la primera jornada operativa del año— y consolidó un proceso de recomposición de reservas que se transformó en uno de los pilares de la estabilización macroeconómica impulsada por el equipo económico de Javier Milei.

Desde enero, el Banco Central acumuló compras por USD 10.020 millones entre operaciones realizadas dentro y fuera del mercado cambiario. La rueda más significativa se registró el 10 de abril, cuando la entidad adquirió USD 457 millones en una sola jornada.

Sin embargo, el objetivo oficial ya no es simplemente alcanzar la meta. El Gobierno comenzó a elevar sus propias expectativas. Durante su participación en el Cambras Business Day, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Banco Central podría cerrar el año con compras de entre USD 17.000 y USD 24.000 millones.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista pensábamos que el Central podía comprar USD 17.000 millones, pero si seguimos al ritmo actual podríamos llegar a USD 24.000 millones”, afirmó el funcionario.

Un cambio de paradigma en la acumulación de reservas

La acumulación de divisas se convirtió en una de las variables centrales del programa económico. A diferencia de ciclos anteriores, el Gobierno busca fortalecer las reservas sin recurrir a controles cambiarios más estrictos ni a emisiones monetarias descontroladas.

Durante los primeros meses del año, la estrategia combinó compras de dólares por parte del Banco Central con una activa participación del Tesoro en el mercado financiero. Mientras la autoridad monetaria adquiría divisas, el Ministerio de Economía absorbía liquidez mediante colocaciones de deuda en pesos para evitar presiones inflacionarias.

El resultado fue una mejora sustancial en la posición externa del país. Las reservas brutas cerraron la jornada en USD 48.414 millones, el nivel más alto en casi siete años y superior al máximo registrado durante febrero de la actual administración.

En paralelo, las reservas internacionales netas alcanzaron USD 5.013 millones al cierre de mayo, impulsadas por las compras de divisas, los desembolsos del FMI y nuevas colocaciones financieras.

El agro todavía tiene cartas para jugar

Uno de los factores que alimenta el optimismo oficial es que, según el Ministerio de Economía, todavía no ingresó al mercado la totalidad de las divisas provenientes de la actual campaña agrícola.

La cosecha récord de maíz y los elevados niveles de producción proyectados para varios complejos exportadores permiten anticipar un flujo adicional de dólares durante los próximos meses.

Sin embargo, algunos analistas advierten que la liquidación del sector podría estar avanzando a un ritmo más lento de lo esperado. Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit Capital Group, señaló que los datos de liquidación todavía no reflejan plenamente el volumen asociado a la cosecha actual.

Según su análisis, algunos productores podrían estar esperando una depreciación mayor del tipo de cambio oficial para mejorar sus márgenes antes de acelerar las ventas.

Hasta ahora, los principales abastecedores de dólares para el Banco Central no fueron los exportadores agrícolas, sino las emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales.

El rol creciente de la energía y la minería

Más allá del aporte del agro, el Gobierno apuesta a una transformación estructural de la balanza externa argentina basada en la expansión de los sectores energético y minero.

Caputo insistió en que el país se encuentra apenas en el comienzo de ese proceso. Según sus estimaciones, hacia 2031 la balanza comercial combinada de energía y minería podría aportar USD 60.000 millones anuales, unos USD 40.000 millones más que en la actualidad.

El ministro vinculó esas proyecciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concentra buena parte de los proyectos actualmente en desarrollo en Vaca Muerta, litio, cobre y otras actividades extractivas.

Para el equipo económico, esa expansión exportadora será clave para sostener un esquema de acumulación de reservas sin necesidad de generar tensiones cambiarias ni comprometer la competitividad de la economía.

La mirada del mercado ya apunta a 2027

Mientras el Gobierno celebra el cumplimiento anticipado de las metas de reservas, parte del mercado comienza a observar un horizonte más largo.

Las emisiones internacionales de deuda corporativa y provincial continúan creciendo. Según estimaciones privadas, podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas.

Desde GMA Capital destacan que, desde las elecciones legislativas, las colocaciones externas acumulan cerca de USD 11.900 millones. Ese flujo contribuye a fortalecer la disponibilidad de divisas en el corto plazo, aunque también abre interrogantes sobre la dinámica financiera futura.

La lectura de los inversores es que la consolidación de reservas durante 2026 fortalece la estabilidad macroeconómica y mejora la capacidad de pago de la Argentina. Sin embargo, la sostenibilidad del proceso dependerá de que el crecimiento de las exportaciones, particularmente de energía y minería, logre reemplazar gradualmente el protagonismo actual del financiamiento.

Por ahora, los números juegan a favor del Gobierno. El Banco Central ya alcanzó la meta anual pactada con el FMI cuando todavía queda más de medio año por delante. La discusión dejó de ser si el objetivo era posible y pasó a centrarse en cuántos dólares adicionales podrá acumular la Argentina antes de cerrar 2026.

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