energía y minería

Milei defendió el rumbo económico y aseguró que hay un proceso de “destrucción creativa” de la estructura productiva

Compartí esta noticia !

El presidente Javier Milei cerró una nueva edición del Council de las Américas con una defensa enfática de su programa económico y un mensaje dirigido al establishment empresario y financiero: sostuvo que la Argentina ya atravesó un cambio estructural y que su mandato consiste en consolidar dos objetivos centrales: bajar la inflación y hacer crecer la economía. “Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, afirmó.

El discurso presidencial llegó después de una jornada en la que buena parte del equipo económico expuso ante empresarios, inversores y dirigentes políticos los argumentos oficiales para sostener el rumbo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno ocuparon previamente el escenario. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participó por problemas de salud.

Milei eligió comenzar con una crítica frontal a la interpretación de los indicadores económicos y cuestionó a quienes, según su visión, priorizan encuestas de opinión de muestras reducidas por sobre las estadísticas oficiales. Su argumento central fue que el debate económico debe partir de los datos y no de percepciones aisladas. En ese marco, aseguró que la inflación pasó de niveles superiores al 200% anual al asumir a una tasa cercana al 31,5%, lo que presentó como una reducción del 85%.

El Presidente también puso el foco en la inflación mayorista, a la que consideró una señal particularmente relevante para anticipar la dinámica futura de precios. Recordó que al inicio de su gestión había alcanzado niveles extraordinariamente elevados y sostuvo que actualmente se encuentra en registros sustancialmente menores. Incluso volvió a referirse a su promesa de realizar un recital si la inflación comenzaba con cero, una apuesta que convirtió en parte del relato político de su programa de estabilización.

El segundo eje de su exposición fue el crecimiento. Milei sostuvo que la economía argentina ya acumula una expansión significativa durante su gestión y que, si se elimina el efecto de arrastre heredado de la administración anterior, el crecimiento de los primeros dos años supera los diez puntos porcentuales. La comparación con los períodos anteriores buscó reforzar una de las principales tesis del Gobierno: que la recuperación no responde solamente a un rebote estadístico, sino a un cambio en las condiciones estructurales de la economía.

En esa línea, el Presidente rechazó la idea de un crecimiento “a dos velocidades” y calificó ese concepto como una interpretación insuficiente de los procesos de transformación económica. Su argumento fue que una economía que cambia no puede expandirse de manera homogénea: mientras algunas empresas y actividades pierden participación o desaparecen, otras surgen, crecen y absorben recursos. Esa reasignación, sostuvo, constituye parte del proceso de crecimiento y no necesariamente una señal de deterioro.

La explicación conecta con uno de los conceptos centrales de su discurso: la “destrucción creativa”. Para Milei, el progreso tecnológico y la competencia obligan a modificar permanentemente la estructura productiva. Una empresa que ofrece un producto mejor o más barato puede desplazar a otra, pero los recursos liberados no necesariamente desaparecen: migran hacia nuevas actividades. El desafío, desde esta perspectiva, consiste en contar con mercados suficientemente flexibles para que trabajadores, capital e inversiones puedan desplazarse hacia los sectores con mayor productividad.

Ese planteo fue utilizado también para defender la apertura comercial y la desregulación. Milei sostuvo que la Argentina continúa siendo una economía excesivamente cerrada y comparó esa situación con una “cárcel”. La apertura, argumentó, permitiría ampliar el tamaño del mercado, generar economías de escala y abaratar bienes, mientras que los recursos que hoy se destinan a productos más caros podrían canalizarse hacia otras actividades.

El Presidente puso como ejemplo los neumáticos para ilustrar su argumento. Según su razonamiento, si un producto puede conseguirse en el mercado internacional a un precio significativamente inferior al doméstico, la apertura genera un ahorro para los consumidores que luego puede transformarse en demanda para otros sectores. El costo de sostener estructuras productivas ineficientes, en cambio, recaería sobre el conjunto de los consumidores mediante precios más elevados.

La misma lógica aplicó a la política de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger. Milei sostuvo que la eliminación de normas y restricciones permite liberar recursos y mejorar la competitividad, aunque reconoció implícitamente que el proceso genera resistencia de sectores cuyos negocios dependían de determinadas regulaciones. En su interpretación, buena parte de la disputa política alrededor de las reformas responde precisamente a esa redistribución de beneficios y costos.

El equilibrio fiscal ocupó otro lugar central. Milei reivindicó el ajuste implementado desde el comienzo de su gestión y aseguró que permitió corregir un desequilibrio consolidado equivalente a unos quince puntos del PBI entre Tesoro y Banco Central. También destacó la reducción de impuestos y vinculó la mejora fiscal con una caída significativa de la relación deuda-producto y del riesgo país.

Para el Presidente, la estabilización constituye la condición necesaria para que aparezca una nueva etapa de inversión. En este punto coincidió con el mensaje previo del viceministro José Luis Daza, quien había afirmado que la Argentina dejó atrás la dependencia de los flujos de deuda de corto plazo y comenzó a atraer inversión directa. La apuesta oficial es que la estabilidad fiscal y monetaria, junto con reglas más previsibles, permita una acumulación de capital capaz de sostener un ciclo prolongado de expansión.

Milei también incorporó al diagnóstico el capital humano y el mercado laboral. Rechazó la idea de que el progreso tecnológico implique necesariamente una destrucción neta del empleo y recurrió a la experiencia histórica de la Revolución Industrial para sostener que los incrementos de productividad pueden ampliar la capacidad productiva y, simultáneamente, generar nuevas actividades.

El argumento adquiere especial relevancia frente a la transformación productiva que el Gobierno proyecta para los próximos años. Energía, minería, agroindustria, infraestructura y servicios asociados aparecen como sectores capaces de ampliar las exportaciones y generar una demanda creciente de trabajadores calificados. Daza había anticipado horas antes que la Argentina podría necesitar unos 18.000 ingenieros por año, además de soldadores, electricistas, mecánicos y otros perfiles técnicos.

La cuestión social apareció, aunque de manera secundaria, dentro de la exposición presidencial. Milei aseguró que durante su administración millones de personas dejaron de estar bajo la línea de pobreza y destacó especialmente la reducción de la indigencia. Sin embargo, reconoció que la situación social continúa siendo difícil. “La foto sigue siendo horrible”, admitió, aunque inmediatamente contrapuso esa imagen con lo que definió como “la mejor película de la historia argentina”.

Ese contraste sintetiza buena parte de la estrategia discursiva oficial: reconocer los costos inmediatos de la transformación, pero pedir que sean evaluados dentro de una perspectiva de largo plazo. El Gobierno sostiene que la caída de la inflación, la recuperación de la inversión y el aumento de la productividad deberían traducirse progresivamente en mejores salarios, mayor empleo privado y una ampliación de las oportunidades.

La apuesta más ambiciosa del discurso estuvo, precisamente, en el horizonte temporal. Milei planteó que la Argentina podría convertirse en una economía desarrollada en las próximas décadas si mantiene el proceso de reformas, incorpora tecnología y aprovecha sus recursos naturales y humanos. La inteligencia artificial aparece en esa proyección como un factor potencial de aceleración de la productividad, siempre que el marco regulatorio no termine funcionando como una barrera para la innovación.

El cierre del discurso trasladó la discusión económica hacia un terreno político y cultural. Para Milei, la transformación no depende solamente de medidas fiscales, monetarias o regulatorias, sino de un cambio en las reglas de funcionamiento de la sociedad. Libertad, propiedad privada, cumplimiento de los contratos, apertura y respeto por las instituciones constituyen, según su visión, las condiciones necesarias para construir un proceso de crecimiento sostenible.

Así, el mensaje ante el Consejo de las Américas fue más que una defensa coyuntural de los indicadores económicos. Milei buscó presentar la estabilización como la primera etapa de una transformación mucho más profunda, cuyo resultado debería medirse no solamente por la inflación o el déficit, sino por la capacidad de la Argentina para atraer capital, multiplicar productividad, generar empleos de mayor calidad y convertir sus ventajas en energía, minería, agroindustria y capital humano en un nuevo ciclo de desarrollo.

La principal incógnita ya no es solamente si el Gobierno puede sostener la estabilización. El desafío que emerge de su propio discurso es más exigente: lograr que la reasignación de recursos que reivindica como inevitable se traduzca en oportunidades concretas para trabajadores y empresas, que la inversión se convierta en empleo y que la apertura y la productividad lleguen finalmente a la economía cotidiana. Allí estará la verdadera prueba de la “película” que el Presidente asegura estar construyendo.

Compartí esta noticia !

Daza, en el Council de las Américas: “La Argentina ya cambió y el cambio es permanente”

Compartí esta noticia !

“La Argentina ya cambió”. Con esa definición, José Luis Daza condensó el mensaje que el Gobierno buscó transmitir ante empresarios, inversores y referentes políticos durante el Council de las Américas 2026. El viceministro de Economía reemplazó al ministro Luis Caputo, ausente por problemas de salud, y convirtió su exposición en una defensa del rumbo económico iniciado con Javier Milei, pero también en una apuesta por el impacto estructural que, según su visión, tendrá la transformación sobre el mercado laboral y la matriz productiva.

Para Daza, el cambio no se limita a una reducción del déficit o a la baja de la inflación. Se trata de una modificación cultural y política que atraviesa al conjunto de la sociedad. “El cambio creo que es permanente”, afirmó, al sostener que la Argentina ingresó en una etapa que considera inédita en comparación con otras transformaciones económicas que observó durante décadas de trabajo en Estados Unidos y Wall Street.

Su interpretación parte de una premisa política: la elección de Milei significó, según Daza, que una mayoría social aceptara la necesidad de reducir el tamaño del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal. “La Argentina cambia cuando decide elegir a un presidente cuyo símbolo es la motosierra”, sostuvo. Para el funcionario, allí se produjo un quiebre que excede la discusión ideológica tradicional y expresa un nuevo consenso sobre las restricciones fiscales del Estado.

Pero el segundo componente que Daza considera decisivo es la forma en que se implementó ese ajuste. El funcionario destacó que el Gobierno decidió reducir el gasto y avanzar hacia el equilibrio fiscal sin romper contratos ni reestructurar la deuda doméstica. “Todo lo que vamos a hacer en política económica, todo lo que vamos a hacer en el Gobierno es respetando el Estado de derecho, respetando la santidad de los contratos”, señaló al reconstruir el mandato recibido por el equipo económico.

La defensa de las reglas de juego ocupó buena parte de su exposición. Daza buscó presentar el cumplimiento de los contratos como una condición para reconstruir un mercado financiero de largo plazo y diferenciar el proceso argentino de anteriores episodios de default. En esa lógica, sostuvo que la estrategia permitió comenzar a sentar las bases de “la Argentina moderna” y que esa decisión ya empieza a producir resultados en materia de financiamiento y confianza.

El otro eje de su diagnóstico fue la inflación. Daza afirmó que el proceso de desinflación está asentado sobre “bases sólidas” y que continuará porque el programa no depende de una única variable. Destacó la combinación de equilibrio fiscal, cuentas externas positivas, bancos capitalizados y ausencia de descalces relevantes como parte de los fundamentos que, según el Gobierno, permitirían sostener la estabilización en el tiempo.

“Para mí personalmente no es un tema”, respondió al referirse a la inflación, en una de las definiciones más contundentes de su exposición. La afirmación apunta a transmitir que la dinámica de los precios dejó de constituir, para el equipo económico, una amenaza central al programa. Daza también vinculó el futuro de la estabilidad con la eventual aprobación de una nueva Carta Orgánica del Banco Central y consideró que una mayor independencia de la autoridad monetaria podría constituir “un shock de confianza” para la economía.

El cambio que todavía no se ve

Sin embargo, el aspecto más ambicioso del discurso no estuvo en los indicadores financieros sino en lo que Daza considera la transformación todavía subestimada: el cambio de la matriz productiva argentina.

El funcionario sostuvo que el país está transitando desde una estructura más dependiente de los sectores tradicionales hacia una economía donde energía y minería tendrán un peso creciente, junto con una expansión de la productividad agropecuaria. A su entender, la magnitud de esa transformación todavía no fue completamente incorporada por la sociedad porque los proyectos de inversión tienen tiempos de maduración diferentes a los de la percepción cotidiana.

“Se viene un cambio que la sociedad no ha podido percibir porque nunca ha visto un cambio en la matriz productiva como el que se nos viene en la Argentina”, planteó.

El punto relevante, según Daza, es que ese proceso no quedará circunscripto a las provincias productoras ni a las empresas directamente involucradas. La expansión energética y minera generaría una demanda creciente de infraestructura, servicios profesionales, transporte, tecnología, mantenimiento y proveedores industriales, con efectos sobre múltiples sectores de la economía.

La referencia a Chile funcionó como ejemplo de esa dinámica. Daza sostuvo que el desarrollo del cobre produjo allí una red de proveedores y servicios que se extendió mucho más allá de las regiones estrictamente mineras. Esa experiencia es utilizada por el Gobierno como una referencia para anticipar lo que podría ocurrir en Argentina si los proyectos de energía y minería alcanzan la escala prevista.

La consecuencia más concreta de esa transformación, y quizás una de las definiciones de mayor impacto social de su discurso, aparece en el mercado laboral. “Argentina va a necesitar por lo menos 18.000 ingenieros por año”, afirmó. A esa demanda sumó soldadores, electricistas, mecánicos, trabajadores vinculados a la infraestructura, contadores y otros perfiles técnicos y profesionales.

El dato funciona como una advertencia tanto para el sistema educativo como para empresas y gobiernos. Si la inversión esperada efectivamente se materializa, la restricción podría dejar de estar exclusivamente en la disponibilidad de capital para convertirse también en la disponibilidad de recursos humanos capacitados.

Argentina, según Daza, egresa actualmente alrededor de 6.000 ingenieros por año, por lo que el salto requerido sería de una magnitud considerable. La discusión sobre el modelo económico, en consecuencia, empieza a desplazarse hacia otra pregunta: ¿está el país preparado para formar a las personas que necesitará la economía que pretende construir?

De la macroeconomía al bolsillo

El funcionario insistió además en que el crecimiento de sectores como minería y energía no debería analizarse como un fenómeno aislado. “Esto se va a trasladar a toda la sociedad”, afirmó, al explicar que la expansión de las inversiones demandará trabajadores, proveedores y servicios en distintas regiones.

La lógica es conocida en economía: una inversión primaria puede generar efectos multiplicadores sobre cadenas de proveedores, logística, servicios financieros, software, profesionales y consumo. La diferencia, en el caso argentino, estaría en la escala potencial de los recursos involucrados y en la posibilidad de convertirlos en una plataforma exportadora.

Daza vinculó esa oportunidad con la teoría de la convergencia: una economía que incorpora capital, tecnología y productividad puede acercar su ingreso por habitante al de países que lograron sostener procesos prolongados de crecimiento. En ese punto comparó la trayectoria argentina con la uruguaya y la chilena y sostuvo que la apertura y la eliminación de restricciones permitirían recuperar parte del terreno perdido.

El optimismo del funcionario, sin embargo, fue presentado como una conclusión basada en experiencias internacionales y no como una expectativa coyuntural. “No estoy optimista de Argentina. Soy realista”, afirmó, al explicar que observó transformaciones similares en otros países y que considera que Argentina reúne una combinación particularmente favorable de recursos naturales y capital humano.

El desafío que queda fuera de los balances

En el tramo final de su discurso, Daza introdujo una dimensión social que resulta central para evaluar cualquier proceso de transformación económica. Reconoció que la pobreza continúa siendo “excesivamente alta” y que la fragilidad de las clases medias también permanece como un problema.

El funcionario reivindicó, en ese sentido, el esfuerzo del Gobierno por focalizar la asistencia sobre los sectores más vulnerables mientras avanza el ajuste fiscal. La cuestión resulta particularmente relevante porque el éxito de una transformación productiva no se mide únicamente por exportaciones, inversiones o equilibrio presupuestario, sino por su capacidad para generar empleo, mejorar ingresos y ampliar las oportunidades de movilidad social.

Ese es, precisamente, el punto donde el discurso económico encuentra su principal desafío. La promesa de una Argentina más productiva requiere que el crecimiento de energía, minería, agro y servicios se convierta efectivamente en empleos formales, mejores salarios, proveedores locales y nuevas capacidades profesionales.

La advertencia sobre los 18.000 ingenieros anuales puede leerse, entonces, como algo más que una proyección laboral. Es también un llamado a anticipar el cuello de botella de la próxima etapa. Si la Argentina pretende atraer inversiones de gran escala, deberá resolver simultáneamente problemas de infraestructura, formación técnica, capacitación profesional y articulación entre el sistema educativo y las nuevas demandas empresarias.

En esa transición, el cambio de matriz productiva puede ser una oportunidad, pero no constituye por sí mismo una garantía de desarrollo territorial equilibrado. El verdadero salto dependerá de cuánto valor agregado pueda capturar la economía local y de qué manera ese crecimiento llegue a trabajadores, pymes, profesionales y comunidades.

Daza cerró su exposición con una definición política que resume la estrategia oficial: “La Argentina ya cambió”. Para el Gobierno, el desafío ahora consiste en demostrar que ese cambio no se limita a la macroeconomía y que puede convertirse en una transformación productiva capaz de generar oportunidades concretas.

La próxima discusión, por lo tanto, no será solamente cuánto déficit queda, cuánto baja la inflación o cuánto capital ingresa. Será quiénes podrán participar de la nueva economía que el Gobierno proyecta y si el país logra formar, integrar y retener a los trabajadores que esa transformación va a necesitar.

Compartí esta noticia !

Arriazu ve una oportunidad histórica para Argentina: “Los planetas están alineados si no chocamos la calesita”

Compartí esta noticia !

En medio de una de las etapas más complejas para la industria de la construcción, el economista Ricardo Arriazu eligió transmitir un mensaje que combinó diagnóstico duro y optimismo estratégico. Durante la 71° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), sostuvo que Argentina atraviesa una oportunidad histórica de crecimiento impulsada por el ordenamiento macroeconómico, el potencial exportador de la energía y la minería y una mejora sustancial de las cuentas externas. Sin embargo, dejó una advertencia que resume su mirada sobre el momento actual: “Los planetas están alineados si no chocamos la calesita”.

La exposición estuvo marcada por una fuerte diferenciación entre el presente y el futuro de la economía argentina. Arriazu reconoció que la construcción atraviesa una situación crítica luego del desplome de la inversión pública y la ausencia de mecanismos de financiamiento de largo plazo, pero consideró que el sector podría convertirse en uno de los principales beneficiarios de un escenario de estabilidad económica sostenida.

“La participación de la construcción en el PBI llegó a ser del 25%, ahora está en el 3%, cuando el promedio mundial es del 6%”, señaló el economista, al describir la magnitud del retroceso. Según explicó, Argentina enfrenta además un déficit estructural en materia habitacional y un mercado hipotecario prácticamente inexistente. “Estamos invirtiendo menos que la depreciación de las viviendas”, afirmó, reflejando la pérdida de capacidad de acumulación de capital en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

Para Arriazu, la recuperación de la construcción depende de una condición indispensable: la eliminación definitiva de la inflación. Sin estabilidad de precios, sostuvo, resulta imposible reconstruir el crédito hipotecario y desarrollar instrumentos financieros de largo plazo que permitan movilizar inversiones.

Mientras ese proceso madura, propuso avanzar con sistemas de financiamiento indexados, aunque reconoció las limitaciones actuales. “Hay que utilizar un sistema indexado, pero el salario no acompaña y los bancos no tienen fondeo”, explicó. En ese sentido, planteó la necesidad de crear mecanismos de compensación que permitan equilibrar la evolución de ingresos y cuotas.

El economista también apuntó contra la falta de instrumentos de ahorro de largo plazo, un problema que considera central para financiar el desarrollo. En particular, cuestionó el deterioro de herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los sistemas de seguros, históricamente utilizados para canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura y vivienda. Su propuesta fue reducir la exposición del FGS a títulos públicos y direccionar parte de esos recursos hacia la actividad constructiva.

Sin embargo, la parte más contundente de su presentación estuvo vinculada a las perspectivas macroeconómicas. Arriazu aseguró que el país atraviesa una transformación estructural que podría modificar décadas de restricciones externas recurrentes. A diferencia de otros ciclos de crecimiento que terminaron en crisis cambiarias, sostuvo que la expansión actual podría apoyarse en una oferta genuina de divisas proveniente de sectores altamente competitivos a nivel internacional.

En esa línea, corrigió significativamente sus propias estimaciones sobre el desempeño externo de la economía. Mientras inicialmente proyectaba un superávit comercial de 13.500 millones de dólares para este año, ahora estima que la cifra podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, acompañada incluso por un saldo positivo en la cuenta corriente.

La explicación se encuentra en el fuerte crecimiento de las exportaciones. Según sus cálculos, Argentina sumará este año alrededor de 20.000 millones de dólares adicionales por ventas al exterior, impulsadas principalmente por una cosecha agrícola récord y el avance de los complejos energético y minero.

Desde su perspectiva, el país está transitando un profundo cambio en la estructura productiva. Históricamente, explicó, el esquema económico argentino favoreció a determinados sectores mediante subsidios y protección, generando distorsiones que limitaron la competitividad general. La nueva etapa implica un proceso simultáneo de destrucción y creación de actividades económicas.

Allí aparece uno de los principales desafíos de la transición. Los sectores que actualmente generan dólares —energía, minería y agroindustria— demandan relativamente poca mano de obra, mientras que actividades intensivas en empleo como la construcción, el comercio y parte de la industria todavía enfrentan dificultades. “El problema es entrar en el péndulo del ajuste y salir de él. Hoy es clave cómo me adapto, cómo cambio hacia sectores que van a crecer”, planteó.

Respecto de la política cambiaria, Arriazu respaldó la estrategia oficial y consideró que una devaluación brusca hubiera puesto en riesgo todo el programa económico. “Devaluar hubiera tirado todo el programa al demonio”, afirmó, al tiempo que defendió la apreciación relativa del peso como una consecuencia natural de un proceso exitoso de estabilización.

Su argumento se basa en que los países que logran consolidar estabilidad macroeconómica suelen volverse más caros en términos internacionales. “Si Argentina tiene éxito, Argentina va a ser cara”, sostuvo. Para el economista, el principal obstáculo que aún persiste no es económico sino reputacional: “Tenemos los mejores números macro de América Latina, pero también el riesgo país más alto porque fuimos estafadores seriales”.

Esa referencia apunta directamente a la necesidad de reconstruir credibilidad institucional y financiera luego de décadas de defaults, reestructuraciones y cambios permanentes de reglas de juego. En su visión, la reducción sostenida del riesgo país será la llave para destrabar inversiones masivas en infraestructura, vivienda y producción.

La apuesta de largo plazo está puesta en el sector energético. Arriazu proyectó que para 2030 Argentina podría exportar más de 30.000 millones de dólares anuales únicamente por energía, una cifra que transformaría de manera estructural la disponibilidad de divisas y modificaría una de las principales restricciones históricas al crecimiento económico.

Por eso, más allá de los problemas coyunturales que enfrenta hoy la construcción, el economista llamó a los empresarios a mirar el horizonte estratégico. Su mensaje final fue una síntesis de advertencia y esperanza: Argentina cuenta con recursos naturales, capacidad exportadora y condiciones macroeconómicas que podrían abrir un ciclo de crecimiento sostenido. La incógnita, según planteó, no está en las oportunidades sino en la capacidad política y social para aprovecharlas.

“Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, concluyó.

Compartí esta noticia !

El RIGI ya supera los US$133.000 millones en proyectos y consolida a la energía y la minería como los grandes motores de inversión

Compartí esta noticia !

A menos de dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comienza a exhibir la magnitud de la apuesta oficial para transformar la matriz exportadora argentina. Con proyectos presentados por más de US$133.000 millones, el esquema impulsado a través de la Ley Bases se convirtió en el principal vehículo para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, particularmente energía y minería, que concentran prácticamente la totalidad de los capitales comprometidos.

Los datos relevados por la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que más del 22% de las inversiones ya obtuvo aprobación administrativa, mientras el resto continúa atravesando distintas etapas de evaluación. El volumen involucrado coloca al régimen en el centro de la estrategia económica del Gobierno nacional, que busca acelerar el ingreso de divisas y ampliar la capacidad exportadora del país mediante proyectos intensivos en capital.

Con foco en energía y minería, el RIGI suma más de US$ 133.000 millones en proyectos presentados (aprobados y en evaluación), con provincias protagonistas como Neuquén y San Juan. Un proyecto de “Súper RIGI” busca sumar inversiones en nuevas industrias.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en el marco de la Ley Bases es instrumento para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina. Desde su implementación, las inversiones presentadas al régimen ya superan los US$ 133.000 millones, reflejando el interés de empresas nacionales e internacionales por participar en iniciativas vinculadas principalmente a energía, minería, infraestructura e industria. Del total relevado, más del 22% del capital solicitante ya obtuvo aprobación oficial, mientras que una porción significativa continúa en diferentes etapas de evaluación administrativa.

La composición sectorial de las inversiones muestra un marcado enfoque en actividades asociadas a la minería y energética. En conjunto, estos dos sectores explican más del 99% del monto total presentado al RIGI, consolidándose como los sectores de mayor relevancia dentro del régimen.

En particular, la energía concentra cerca del 64% del volumen de inversiones presentadas, con iniciativas por más de US$ 85.456 millones. Actualmente, el sector registra alrededor de US$ 66.353 millones bajo análisis, mientras que US$ 19.103 millones ya fueron aprobados. Por su parte, la minería lleva US$ 9.952 millones aprobados sobre un total cercano a US$ 46.000 millones. El 22% del capital aplicado al RIGI en energía ya tiene aprobación administrativa, proporción que se ubica en el 21% en el caso de la minería.

Dentro de los proyectos mineros presentados en el marco del RIGI, las iniciativas vinculadas al cobre concentran la mayor parte de las inversiones, con montos comprometidos por aproximadamente US$ 31.500 millones. Este total surge de proyectos de gran escala como El Pachón, Vicuña, Minera Agua Rica (MARA), Los Azules y San Jorge.

No obstante, gran parte de estas inversiones continúa en etapa de evaluación. Del total asociado al cobre, US$ 3.563 millones ya fueron aprobados, mientras que el litio presenta un mayor volumen de capital autorizado, con proyectos aprobados por más de US$ 4.528 millones. Por su parte, el oro y otros proyectos mineros completan el esquema minero del régimen, con inversiones aprobadas cercanas a US$ 1.861 millones.

Dentro del sector energético, los proyectos vinculados a petróleo y gas concentran la mayor parte de las inversiones comprometidas en el marco del RIGI, con montos por aproximadamente US$ 55.300 millones. Las recientes presentaciones de los proyectos LLL Oil y El Trapial por parte de YPF y Chevron apuntalaron fuertemente las solicitudes en este sector. 

Por otro lado, el GNL aparece como el segundo segmento de mayor relevancia, con inversiones aprobadas por US$ 15.156 millones. Esta inversión se concentra exclusivamente en el proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy, reflejando el interés por impulsar la capacidad de licuefacción y exportación de GNL en Argentina. Asimismo, los proyectos asociados a infraestructura midstream totalizan más de US$ 11.000 millones, combinando iniciativas ya aprobadas y otras aún bajo análisis. En menor medida, también se observan inversiones vinculadas a energías renovables, petroquímicas y procesamiento de gas, completando el mapa energético de proyectos presentados al régimen.

Distribución provincial de las inversiones presentadas al RIGI

Las inversiones presentadas en el marco del RIGI tienen varios protagonistas a lo largo del país. Neuquén lidera el ranking provincial con proyectos por aproximadamente US$ 62.434 millones, equivalente a cerca del 47% del total relevado. En segundo lugar, se ubica San Juan, con US$ 25.000 millones, seguida por Rio Negro con US$ 19.588 millones, concentrando estas dos provincias el 19% y 15% de las aplicaciones al RIGI respectivamente.

En conjunto, estas tres provincias concentran alrededor de US$ 107.000 millones, superando el 80% de las inversiones presentadas relevadas bajo el régimen. La composición sectorial explica buena parte de esta concentración, dado que en dichas jurisdicciones predominan proyectos vinculados a energía y cobre, que implican elevadas necesidades de capital y con una orientación fundamental hacia la generación de exportaciones.

Por detrás aparecen Catamarca, con inversiones cercanas a US$ 9.615 millones, y Salta, con aproximadamente US$ 8.748 millones, aquí con protagonismo de proyectos de litio. El resto de las provincias reúnen en conjunto alrededor de US$ 7.700 millones, mostrando una participación significativamente menor dentro del total presentado al régimen. La distribución geográfica refleja el peso estratégico que poseen las provincias cordilleranas y patagónicas en materia de recursos naturales, infraestructura energética y proyectos exportadores de gran escala.

No debemos perder de vista que existen dos RIGIs muy relevantes para el agro argentino. Primeramente, ya se encuentra aprobada y en ejecución la Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, una nueva terminal para el Gran Rosario, el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Asimismo, Pampa Energía espera ingresar al RIGI para construir una planta de fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Con el denominado proyecto Fertil Pampa podría incrementarse la producción nacional de urea en 2,1 millones de toneladas, aproximándose a duplicar la capacidad productiva del país para este fertilizante estratégico.

En paralelo al avance de los proyectos actualmente presentados bajo el RIGI, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen orientado a promover inversiones en actividades económicas sin desarrollo previo en el país, denominado informalmente “Súper RIGI”.

La iniciativa apunta a proyectos de gran escala, con un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones, y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios superiores a los del régimen vigente. Entre las actividades que podrían quedar alcanzadas se mencionan desarrollos de hidrógeno verde, plantas de GNL onshore, infraestructura vinculada a inteligencia artificial y data centers abastecidos con gas natural, además de iniciativas asociadas al agregado de valor de minerales críticos.

El nuevo esquema también busca incentivar industrias vinculadas a la electromovilidad, biotecnología avanzada, infraestructura digital y manufacturas tecnológicas de alto valor agregado. A nivel fiscal, el Súper RIGI aplica una tasa del 15% en el impuesto a las Ganancias. En cuanto a la amortización, este esquema permite un beneficio acelerado: se deduce un 60% durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años posteriores.

En el ámbito del comercio exterior, el llamado Súper RIGI elimina los derechos de exportación desde el primer momento (a diferencia del RIGI, que lo hace recién a partir del tercer año). Además, libera de aranceles a todas las importaciones que sean indispensables para arrancar el proyecto, un marco más amplio que la limitación del RIGI, que solo aplica a bienes de capital e informática.

Por su parte, se elimina progresivamente la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones de productos adheridos al proyecto: será obligatorio liquidar el 80% de las divisas en el 1° año y el 60% en el 2° año. Finalmente, desde el 3° año no será obligatorio liquidar divisas por estas operaciones.

Por último, para que este nuevo régimen entre en vigencia a nivel local, los gobiernos provinciales y municipales deben adherirse bajo dos condiciones clave: limitar el cobro de Ingresos Brutos a un máximo del 0,5% y garantizar que las tasas municipales no se calculen en base al nivel de facturación.

Compartí esta noticia !

Banco Central cumple la meta anual de compra de dólares y acelera la acumulación de reservas

Compartí esta noticia !

La estrategia de acumulación de reservas del Gobierno alcanzó uno de sus principales objetivos antes de la mitad del año. Con una nueva compra de USD 43 millones realizada este miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó los USD 10.000 millones en adquisiciones de divisas durante 2026 y cumplió la meta anual originalmente prevista en el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dato no es menor. La autoridad monetaria logró encadenar 100 ruedas consecutivas con saldo comprador —con excepción de la primera jornada operativa del año— y consolidó un proceso de recomposición de reservas que se transformó en uno de los pilares de la estabilización macroeconómica impulsada por el equipo económico de Javier Milei.

Desde enero, el Banco Central acumuló compras por USD 10.020 millones entre operaciones realizadas dentro y fuera del mercado cambiario. La rueda más significativa se registró el 10 de abril, cuando la entidad adquirió USD 457 millones en una sola jornada.

Sin embargo, el objetivo oficial ya no es simplemente alcanzar la meta. El Gobierno comenzó a elevar sus propias expectativas. Durante su participación en el Cambras Business Day, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Banco Central podría cerrar el año con compras de entre USD 17.000 y USD 24.000 millones.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista pensábamos que el Central podía comprar USD 17.000 millones, pero si seguimos al ritmo actual podríamos llegar a USD 24.000 millones”, afirmó el funcionario.

Un cambio de paradigma en la acumulación de reservas

La acumulación de divisas se convirtió en una de las variables centrales del programa económico. A diferencia de ciclos anteriores, el Gobierno busca fortalecer las reservas sin recurrir a controles cambiarios más estrictos ni a emisiones monetarias descontroladas.

Durante los primeros meses del año, la estrategia combinó compras de dólares por parte del Banco Central con una activa participación del Tesoro en el mercado financiero. Mientras la autoridad monetaria adquiría divisas, el Ministerio de Economía absorbía liquidez mediante colocaciones de deuda en pesos para evitar presiones inflacionarias.

El resultado fue una mejora sustancial en la posición externa del país. Las reservas brutas cerraron la jornada en USD 48.414 millones, el nivel más alto en casi siete años y superior al máximo registrado durante febrero de la actual administración.

En paralelo, las reservas internacionales netas alcanzaron USD 5.013 millones al cierre de mayo, impulsadas por las compras de divisas, los desembolsos del FMI y nuevas colocaciones financieras.

El agro todavía tiene cartas para jugar

Uno de los factores que alimenta el optimismo oficial es que, según el Ministerio de Economía, todavía no ingresó al mercado la totalidad de las divisas provenientes de la actual campaña agrícola.

La cosecha récord de maíz y los elevados niveles de producción proyectados para varios complejos exportadores permiten anticipar un flujo adicional de dólares durante los próximos meses.

Sin embargo, algunos analistas advierten que la liquidación del sector podría estar avanzando a un ritmo más lento de lo esperado. Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit Capital Group, señaló que los datos de liquidación todavía no reflejan plenamente el volumen asociado a la cosecha actual.

Según su análisis, algunos productores podrían estar esperando una depreciación mayor del tipo de cambio oficial para mejorar sus márgenes antes de acelerar las ventas.

Hasta ahora, los principales abastecedores de dólares para el Banco Central no fueron los exportadores agrícolas, sino las emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales.

El rol creciente de la energía y la minería

Más allá del aporte del agro, el Gobierno apuesta a una transformación estructural de la balanza externa argentina basada en la expansión de los sectores energético y minero.

Caputo insistió en que el país se encuentra apenas en el comienzo de ese proceso. Según sus estimaciones, hacia 2031 la balanza comercial combinada de energía y minería podría aportar USD 60.000 millones anuales, unos USD 40.000 millones más que en la actualidad.

El ministro vinculó esas proyecciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que concentra buena parte de los proyectos actualmente en desarrollo en Vaca Muerta, litio, cobre y otras actividades extractivas.

Para el equipo económico, esa expansión exportadora será clave para sostener un esquema de acumulación de reservas sin necesidad de generar tensiones cambiarias ni comprometer la competitividad de la economía.

La mirada del mercado ya apunta a 2027

Mientras el Gobierno celebra el cumplimiento anticipado de las metas de reservas, parte del mercado comienza a observar un horizonte más largo.

Las emisiones internacionales de deuda corporativa y provincial continúan creciendo. Según estimaciones privadas, podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas.

Desde GMA Capital destacan que, desde las elecciones legislativas, las colocaciones externas acumulan cerca de USD 11.900 millones. Ese flujo contribuye a fortalecer la disponibilidad de divisas en el corto plazo, aunque también abre interrogantes sobre la dinámica financiera futura.

La lectura de los inversores es que la consolidación de reservas durante 2026 fortalece la estabilidad macroeconómica y mejora la capacidad de pago de la Argentina. Sin embargo, la sostenibilidad del proceso dependerá de que el crecimiento de las exportaciones, particularmente de energía y minería, logre reemplazar gradualmente el protagonismo actual del financiamiento.

Por ahora, los números juegan a favor del Gobierno. El Banco Central ya alcanzó la meta anual pactada con el FMI cuando todavía queda más de medio año por delante. La discusión dejó de ser si el objetivo era posible y pasó a centrarse en cuántos dólares adicionales podrá acumular la Argentina antes de cerrar 2026.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin