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China respalda a Irán y pone el foco en Ormuz: energía, soberanía y disputa global

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Beijing expresó su “profunda preocupación” por la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel en Irán, exigió el cese inmediato de las operaciones militares y respaldó la soberanía iraní. En paralelo, evacuó a más de 3.000 ciudadanos desde territorio persa y advirtió que el estrecho de Ormuz es un canal clave para el comercio de bienes y energía. El posicionamiento no es solo diplomático: más del 80% del combustible que consume China transita por ese corredor.

La reacción china introduce un actor central en la escalada de Medio Oriente. Mientras Washington y Tel Aviv avanzan con operaciones militares, Beijing elige una combinación de respaldo político a Teherán y defensa explícita de sus propios intereses estratégicos. La pregunta que sobrevuela es si se trata de una advertencia preventiva o del inicio de una disputa más amplia por el equilibrio regional.

Energía, comercio y soberanía: el eje del posicionamiento chino

China respalda a Irán en un punto sensible: la protección de su soberanía e integridad territorial. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, transmitió a su par iraní que Beijing “valora la amistad tradicional” entre ambos países y apoya la defensa de sus “derechos e intereses legítimos”.

La definición no ocurre en el vacío. China es uno de los mayores compradores de combustible iraní. La estabilidad del golfo Pérsico, por lo tanto, no es una abstracción diplomática sino una variable estructural de su seguridad energética.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, remarcó que los ataques “no contaron con autorización del Consejo de Seguridad” y que violan el derecho internacional. Además, advirtió sobre el riesgo de expansión del conflicto hacia países vecinos, con impacto directo en la estabilidad regional.

El estrecho de Ormuz concentra la mayor preocupación. Según Beijing, se trata de un canal internacional fundamental para el comercio de bienes y energía. Más del 80% del combustible que consume el gigante asiático pasa por ese corredor hoy tensionado por la escalada bélica. Cualquier alteración en la navegación podría repercutir en el mercado internacional de hidrocarburos.

Movimiento diplomático y presión en la ONU

En el plano institucional, China y Rusia impulsaron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la crisis. Beijing reclamó que ese organismo cumpla su papel en el mantenimiento de la paz y subrayó que no recibió información previa sobre las acciones militares estadounidenses.

La estrategia combina denuncia jurídica y presión multilateral. Al cuestionar la legitimidad de la ofensiva, China busca encuadrar el conflicto dentro de la arquitectura internacional existente. No anuncia medidas económicas ni militares, pero eleva el tono diplomático.

El episodio del petrolero Skylight, alcanzado en el marco de la escalada, refuerza la narrativa de riesgo para el tránsito marítimo. Autoridades chinas citaron además advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el tráfico en la zona, lo que amplifica la preocupación por la seguridad de los buques petroleros.

Evacuación masiva y señal interna

El conflicto ya tiene consecuencias directas para Beijing. Más de 3.000 ciudadanos chinos fueron evacuados desde Irán desde el inicio de la ofensiva. El Gobierno confirmó la muerte de un nacional en Teherán y emitió recomendaciones urgentes para que sus ciudadanos abandonen el país “lo antes posible”.

Embajadas y consulados activaron protocolos de emergencia y enviaron equipos de apoyo a pasos fronterizos para facilitar la salida terrestre. La evacuación masiva no solo busca proteger vidas; también envía una señal interna de control y previsión en un contexto de alta exposición internacional.

Un equilibrio delicado

China camina sobre una línea fina. Respaldar a Irán fortalece una alianza energética y geopolítica, pero también la posiciona frente a Estados Unidos en un conflicto de escala mayor. La defensa de Ormuz sintetiza esa tensión: Beijing habla de estabilidad global, aunque el núcleo del problema es el suministro que sostiene su economía.

En las próximas semanas habrá que observar dos variables. Primero, si la escalada militar altera efectivamente el flujo energético por el golfo Pérsico. Segundo, si el Consejo de Seguridad logra instalar un canal diplomático que contenga el conflicto.

Por ahora, China mueve sus piezas con prudencia calculada. El tablero regional se redefine y el corredor energético más sensible del planeta vuelve a quedar en el centro de la disputa. El desenlace todavía no está escrito.

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Milei viaja a Nueva York para blindar su plan económico y seducir al mercado con el RIGI

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El Presidente Javier Milei encabezará Argentina Week junto a gobernadores y ministros para mostrar respaldo político y atraer inversión

Javier Milei volverá a poner el foco en Wall Street. Entre el 9 y el 11 de marzo, el Presidente encabezará la Argentina Week en Nueva York con un objetivo explícito: atraer inversiones y consolidar el respaldo financiero internacional a su programa económico. La señal no será solo económica. También será política. Invitó a diez gobernadores —varios de ellos aliados legislativos— para exhibir volumen institucional en medio de la implementación de su agenda de reformas.

El evento se desarrollará en las sedes del JPMorgan Chase Tower y el Bank of America, dos epicentros del sistema financiero global. Allí, Milei hablará el martes 10 entre las 9 y las 10 hora local, en una jornada que abrirá Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. El mensaje es claro: la administración libertaria busca mostrar que su plan no es solo un experimento doméstico, sino una estrategia alineada con los grandes jugadores del mercado internacional.

La apuesta no es menor. Tras el respaldo legislativo obtenido en el Congreso en las últimas semanas, el oficialismo intenta traducir ese apoyo político en señales de previsibilidad hacia el exterior. En esa clave, el viaje funciona como una extensión de la estrategia económica: estabilización interna y validación externa.

Un despliegue institucional con foco en regulación e inversión

La Argentina Week reunirá a referentes financieros, tecnológicos y energéticos de Estados Unidos. El Gobierno cursó invitaciones a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros mandatarios provinciales. Aún no confirmaron asistencia.

La presencia de gobernadores responde a una lógica concreta: gran parte de los proyectos de inversión —sobre todo en energía, minería y economía del conocimiento— dependen de jurisdicciones provinciales. Mostrar coordinación política en esas áreas busca despejar dudas sobre eventuales conflictos regulatorios o tensiones fiscales.

El programa incluye exposiciones de alto contenido económico. Luis Caputo hablará en el Bank of America y participará de un panel sobre economía y mercado de capitales junto a Santiago Bausili, titular del Banco Central. Federico Sturzenegger, responsable de Desregulación y Transformación del Estado, también tendrá intervención. José Luis Daza, secretario de Política Económica, cerrará el bloque técnico.

El eje transversal será el RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que el oficialismo presenta como herramienta central para captar proyectos de gran escala. El esquema apunta a ofrecer estabilidad regulatoria y condiciones específicas para sectores estratégicos. En la narrativa oficial, el RIGI funciona como puente entre la reforma estructural interna y la llegada de capital externo.

El canciller Pablo Quirno expondrá bajo el título “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”, lo que confirma que la agenda excede lo financiero y se inscribe en una redefinición del posicionamiento internacional.

Energía, minería y tecnología: dónde se juega el impacto económico

El perfil de las empresas participantes anticipa los sectores apuntados. Ejecutivos de Chevron, Dow, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes compartirán agenda con representantes de YPF, Pan American Energy, Mercado Libre y Globant. Energía, minería, industria farmacéutica y economía del conocimiento aparecen como las áreas prioritarias.

En términos económicos, la apuesta oficial combina tres vectores: atraer inversión directa de gran escala, fortalecer el mercado de capitales y consolidar la estabilidad macro como condición de entrada. El RIGI se presenta como catalizador para proyectos intensivos en capital, particularmente en hidrocarburos y litio, donde las provincias invitadas concentran activos estratégicos.

Si el esquema logra tracción, podría impactar en exportaciones, generación de divisas y empleo calificado. También podría redefinir el mapa productivo en regiones específicas. Sin embargo, el desafío pasa por convertir la expectativa en decisiones concretas de inversión, algo que depende no solo del marco regulatorio sino de la consistencia macroeconómica en el tiempo.

En paralelo, la exposición ante bancos internacionales y fondos de inversión apunta a mejorar el acceso al financiamiento y reducir la percepción de riesgo país. El Gobierno busca instalar la idea de que la Argentina dejó atrás la lógica de controles y discrecionalidad regulatoria.

Una señal política hacia adentro y hacia afuera

Más allá de la agenda económica, el viaje tiene una dimensión política explícita. Milei intentará mostrar que su programa cuenta con respaldo provincial y que no enfrenta aislamiento institucional. En el contexto de reformas estructurales y debates parlamentarios, esa foto puede funcionar como mensaje al sistema político local.

Hacia el exterior, el alineamiento estratégico con Estados Unidos en materia comercial, energética y geopolítica refuerza un giro en la inserción internacional. La participación de autoridades de la Cámara de Comercio estadounidense y organismos financieros internacionales apunta en esa dirección.

La pregunta de fondo no es solo cuántas inversiones se anuncien, sino qué grado de confianza logra construir el Gobierno en un mercado que observa tanto la macroeconomía como la estabilidad política. Argentina Week se presenta como vidriera. El desafío será sostener la narrativa más allá del evento.

La administración libertaria apuesta a que la combinación de desregulación, disciplina fiscal y respaldo político funcione como ancla de expectativas. El mercado, como suele ocurrir, evaluará resultados más que discursos.

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Ucrania necesitará casi tres PBI para reconstruirse: nuevo informe del Banco Mundial y la UE

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Cuatro años después de la guerra con Rusia, la nueva Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5) estima que la recuperación y reconstrucción de Ucrania demandará casi USD 588.000 millones en la próxima década. La cifra —equivalente a más de EUR 500.000 millones— representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y expone la magnitud fiscal, económica e institucional del desafío.

La evaluación, publicada de manera conjunta por el Gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, releva 46 meses de impacto —entre febrero de 2022 y diciembre de 2025— y actualiza el mapa sectorial de daños, pérdidas y necesidades. El informe no sólo cuantifica destrucción física: también delimita prioridades de política pública, reformas estructurales y condiciones para movilizar inversión privada.

Daños acumulados y sectores críticos: energía, transporte y vivienda concentran el impacto

Al 31 de diciembre de 2025, los daños directos superan los USD 195.000 millones (EUR 166.000 millones), frente a los USD 176.000 millones (EUR 150.000 millones) estimados en la RDNA4 de febrero de 2025. Es decir, en menos de un año el daño relevado aumentó en casi USD 19.000 millones.

Los sectores más afectados son:

  • Transporte: más de USD 96.000 millones (EUR 82.000 millones) en necesidades de reconstrucción.
  • Energía: casi USD 91.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Vivienda: casi USD 90.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Comercio e industria: más de USD 63.000 millones (EUR 54.000 millones).
  • Agricultura: más de USD 55.000 millones (EUR 47.000 millones).

Además, la gestión del riesgo de explosivos y la remoción de escombros demandan casi USD 28.000 millones (EUR 24.000 millones).

En el frente energético, el informe registra un aumento aproximado del 21% en activos dañados o destruidos desde la RDNA4, incluyendo generación, transmisión, distribución y calefacción urbana. El transporte también se deterioró: las necesidades crecieron alrededor del 24% por la intensificación de ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025.

En vivienda, al cierre de 2025, el 14% del parque habitacional resultó dañado o destruido, afectando a más de tres millones de hogares. La concentración geográfica de daños se mantiene en provincias de primera línea y grandes áreas metropolitanas.

“Cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, el costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania se estima en casi 588.000 millones de dólares durante la próxima década, casi el triple del PIB nominal proyectado para 2025”, afirmó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Y agregó: “La asistencia nos ayuda a reparar urgentemente nuestra infraestructura crítica para mantener el país en funcionamiento, así como a continuar con las actividades de recuperación sistemáticas”.

Financiamiento inmediato y rol del sector privado: reformas como condición para la inversión

Para 2026, el Gobierno de Ucrania prevé ejecutar más de USD 15.000 millones en proyectos de inversión pública y programas esenciales, incluyendo financiamiento de viviendas destruidas, desminado y apoyo económico multisectorial. Desde febrero de 2022, ya se habrían cubierto al menos USD 20.000 millones mediante reparaciones urgentes y recuperación temprana en sectores estratégicos.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo excede con creces la capacidad fiscal doméstica. En este punto, el informe enfatiza el papel del sector privado y la necesidad de reformas estructurales. La RDNA5 sostiene que liberar el potencial de inversión —nacional e internacional— dependerá de:

  • Mejoras en el entorno empresarial.
  • Fortalecimiento de la competencia.
  • Ampliación del acceso al financiamiento.
  • Superación de restricciones laborales.
  • Alineamiento con estándares verdes y digitales de la Unión Europea.

Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, subrayó: “El Grupo Banco Mundial mantiene su firme compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania y de ayudar a su población a progresar con empleos, oportunidades y esperanza en una economía resiliente, moderna y competitiva”.

La dimensión institucional aparece como eje transversal. La evaluación complementa la agenda de reforma e inversión del Mecanismo para Ucrania y el proceso de adhesión a la UE, integrando programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. La estrategia económica posguerra —denominada Economía Ucraniana del Futuro (UEF)— se centra en estabilidad macrofiscal, gobernanza, estado de derecho, dinamismo privado e inversión en capital humano.

Reconstrucción, convergencia europea y resiliencia social

El volumen de USD 588.000 millones redefine cualquier parámetro comparativo regional. Representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y consolida a Ucrania como el mayor programa de reconstrucción en Europa en décadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desafío es doble. Por un lado, sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales en contexto de conflicto. Por otro, diseñar una arquitectura financiera que combine ayuda multilateral, financiamiento concesional, inversión privada y reformas estructurales.

La dimensión social tampoco es marginal. Matthias Schmale, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, afirmó: “El recurso más importante de Ucrania es su gente. El retorno de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en la fuerza laboral determinarán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura”.

En consecuencia, la reconstrucción no se limita a infraestructura física. Implica reconstruir capital humano, fortalecer instituciones y garantizar sostenibilidad fiscal y ambiental. La convergencia con la Unión Europea aparece como ancla estratégica de mediano plazo, tanto para reformas regulatorias como para la atracción de inversión.

En síntesis, la RDNA5 no sólo actualiza cifras: redefine el mapa de prioridades económicas y políticas para la próxima década. El desafío financiero es monumental, pero el componente institucional —reformas, gobernanza y confianza— será determinante para transformar destrucción en oportunidad de convergencia y modernización.

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Ahora Gas actualiza precios: la recarga sube a $14.000 desde el 9 de febrero

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Durante febrero, el programa Ahora Gas continúa con los operativos semanales que acercan a distintas localidades la posibilidad de recargar garrafas de GLP de 10 kg a precio bonificado. A partir del lunes 9 de febrero, el valor de la recarga -que actualmente es de $11.500- pasará a $14.000. Aun con la actualización, el precio se mantiene muy por debajo del que se observa en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, donde ronda entre $17.000 y $18.000, e incluso más alto en algunos puntos de venta.

En febrero, el operativo funcionará en el Mercado Concentrador de Posadas los martes 3, 10 y 24 de febrero, y el miércoles 18. También habrá jornadas en Garupá (miércoles 4), San José (martes 10), Apóstoles (miércoles 11), Azara (jueves 12), Concepción de la Sierra (jueves 5), Andresito (miércoles 18), San Pedro (jueves 19), Puerto Esperanza (martes 24), Wanda (miércoles 25) y Puerto Libertad (jueves 26).

El programa Ahora Gas, creado en 2018 durante el primer mandato del gobernador Hugo Passalacqua, continúa siendo una herramienta clave para garantizar el acceso a un servicio esencial. Su importancia se refuerza al considerar que Misiones es la única provincia del país que aún no cuenta con acceso a la red de gas natural en ninguna de sus localidades.

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Biocombustibles: Energía actualizó los precios mínimos de bioetanol y biodiesel para febrero

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La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijó los nuevos precios mínimos de adquisición del bioetanol y del biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles para las operaciones de febrero de 2026, en el marco del Marco Regulatorio de Biocombustibles (Ley 27.640). Las medidas fueron formalizadas a través de las Resoluciones 25/2026 y 24/2026, publicadas en el Boletín Oficial el 2 de febrero de 2026, y constituyen una nueva adecuación del esquema de precios regulados que impacta de forma directa en la estructura de costos de la industria energética, el complejo agroindustrial y la formación de precios en surtidor.

En concreto, la Secretaría estableció un precio mínimo de $1000,868 por litro para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de $917,323 por litro para el bioetanol elaborado a base de maíz, mientras que para el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil fijó un valor de $1.842.796 por tonelada. Todos los valores rigen para febrero y hasta que una nueva resolución los reemplace.

Marco regulatorio y fundamentos de la actualización de precios

Las resoluciones se inscriben en el esquema normativo inaugurado por la Ley 27.640, que derogó las disposiciones de las Leyes 23.287, 26.093 y 26.334, y concentró en la Secretaría de Energía la potestad de definir metodologías y precios de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con naftas y gasoil. En ese marco, la autoridad de aplicación aprobó procedimientos específicos para la determinación de precios del bioetanol y del biodiesel, con el objetivo de reflejar costos reales de elaboración, transporte y una rentabilidad determinada, evitando distorsiones en el mercado energético.

Para el caso del bioetanol, la Resolución 25/2026 se apoya en los criterios establecidos por la Resolución 373/2023, modificada por la Resolución 709/2023, que habilitan ajustes excepcionales cuando los valores resultantes puedan generar desfasajes con los costos reales o impactos no deseados en el precio del combustible fósil en surtidor. En ese sentido, la Secretaría destacó la necesidad de revisar precios ante el contexto económico vigente y la dinámica del mercado de combustibles.

En el biodiesel, la actualización se fundamenta en el procedimiento aprobado por la Resolución 963/2023, que define la metodología de cálculo del precio de adquisición para su mezcla obligatoria con gasoil. La última adecuación había sido dispuesta por la Resolución 612/2025, vigente para enero, y la autoridad consideró que las condiciones actuales del mercado ameritan un nuevo valor para febrero.

Detalle de los valores y condiciones comerciales

De acuerdo con la Resolución 25/2026, el precio mínimo del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $1000,868 por litro, mientras que el bioetanol de maíz quedó establecido en $917,323 por litro. Ambos valores son considerados precios mínimos obligatorios para las operaciones en el mercado interno y se aplican a la mezcla con nafta.

La norma también estableció que el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de la factura correspondiente, introduciendo una referencia temporal clave para la relación comercial entre productores y compradores.

En paralelo, la Resolución 24/2026 fijó el precio del biodiesel en $1.842.796 por tonelada para su mezcla obligatoria con gasoil. A diferencia del bioetanol, el plazo máximo de pago para el biodiesel se estableció en 7 días corridos, una condición que impacta de manera directa en el flujo financiero de las empresas productoras.

Ambas resoluciones entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, consolidando un nuevo cuadro de precios regulados para el mes de febrero.

Impacto económico y reacciones sectoriales esperadas

La actualización de precios tiene repercusiones directas en el complejo agroindustrial, especialmente en los sectores vinculados a la producción de caña de azúcar, maíz y oleaginosas, que abastecen la cadena de biocombustibles. Al mismo tiempo, incide sobre las refinerías y empresas obligadas a cumplir con los cortes obligatorios, que deben incorporar estos valores en su estructura de costos.

Desde una perspectiva macroeconómica y regulatoria, las medidas buscan equilibrar la sostenibilidad de los productores de biocombustibles con la contención de impactos en el precio final de los combustibles fósiles, un aspecto sensible para la inflación y el consumo. El esquema reafirma el rol activo de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación y regulador de precios, en un contexto de revisión permanente del marco energético.

En este escenario, el sector seguirá de cerca la evolución de los costos y la periodicidad de las próximas actualizaciones, dado que los valores fijados rigen solo hasta la publicación de nuevos precios que los reemplacen.

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