Entre Ríos

Aduana dio luz verde a un nuevo depósito fiscal de más de 15.000 m² en Gualeguaychú

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó la prefactibilidad para la habilitación de un depósito fiscal general en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos. La decisión, formalizada mediante la Resolución 6/2026, habilita el avance de un proyecto logístico de más de 15.000 metros cuadrados estratégicamente ubicado sobre la Ruta Nacional 14, un corredor clave para el comercio regional y la operatoria aduanera del Litoral.

La decisión administrativa y el encuadre normativo

La medida quedó oficializada el 26 de enero de 2026 a través de la Resolución 6/2026 (RESOL-2026-6-E-ARCA-SDGOAI), dictada por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, en el marco del expediente EX-2024-01457230-AFIP-SEIOADGUAL#SDGOAI.

El acto administrativo aprueba la factibilidad del proyecto de habilitación de un depósito fiscal general presentado por la firma MOSTTO Depósito Fiscal Integral Gualeguaychú S.R.L. (CUIT 30-71842323-2), conforme a lo establecido en los artículos 3° y 9° de la Resolución General AFIP N° 4.352, sus modificatorias y complementarias.

La resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Disposición DGA N° 6/2018, la Disposición ARCA N° 234/2025 y el Decreto N° 953/2024, que regulan el esquema de habilitación, control y fiscalización de depósitos fiscales en el ámbito aduanero.

Características del proyecto y evaluación técnica

Según surge de la presentación aprobada, el depósito fiscal general estará ubicado en la Ruta Nacional 14, kilómetro 56, dentro del Parque Industrial de la ciudad de Gualeguaychú, bajo jurisdicción de la Aduana de Gualeguaychú.

El proyecto contempla una superficie total de terreno aproximada de 15.114,24 m², desagregada de la siguiente manera:

  • Superficie cubierta: 1.491,43 m²
  • Superficie descubierta: 13.441,40 m²
  • Superficie semicubierta: 181,41 m²

El depósito estará destinado al almacenamiento de mercadería general, incluyendo mercadería apilable, carga palletizada, bultos sueltos, contenedores, graneles y líquidos, ampliando las capacidades logísticas y operativas de la zona.

Durante el proceso de evaluación intervinieron múltiples áreas técnicas y operativas: la Sección Inspección Operativa y la División Aduana de Gualeguaychú, la Sección Riesgo Regional, la División Evaluación y Control Operativo Regional – Hidrovía y la Dirección Regional Aduanera Hidrovía, entre otras dependencias especializadas.

Un punto central del análisis fue la incorporación de tecnología de control no intrusivo. La División Análisis de Nuevas Tecnologías concluyó que el escáner de rayos X propuesto por la firma “reúne los requisitos mínimos establecidos” en las especificaciones técnicas vigentes del Micrositio “Depósitos Fiscales”, criterio que fue compartido por la Dirección de Reingeniería de Procesos Aduaneros.

Alcance económico y próximos pasos para la habilitación

Desde el punto de vista económico e institucional, la aprobación de la prefactibilidad constituye un paso clave para fortalecer la infraestructura aduanera y logística en un nodo estratégico del comercio exterior argentino. La localización sobre la Ruta 14 refuerza el rol del corredor como vía de integración regional, particularmente en el ámbito de la Aduana del Interior y la Hidrovía.

No obstante, la resolución aclara que la aprobación otorgada corresponde exclusivamente a la etapa de factibilidad. En su Artículo 2°, establece que la firma deberá cumplimentar el trámite formal de habilitación, conforme a la Resolución General N° 4.352, y acreditar todos los requerimientos documentales, físicos y tecnológicos, que no fueron objeto de análisis en esta instancia.

La norma ordena, además, la notificación al interesado a través del Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) y la intervención de la Dirección Regional Aduanera Hidrovía y la Aduana de Gualeguaychú, dando continuidad a los trámites administrativos de rigor.

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Santilli sumó el respaldo de Entre Ríos para la reforma laboral y busca un aval amplio en el Congreso

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El ministro del Interior, Diego Santilli, obtuvo el apoyo político del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. El respaldo se dio durante un encuentro en la Casa de Gobierno de Paraná y se inscribe en la estrategia oficial de construir un consenso federal que permita avanzar con una de las iniciativas centrales del presidente Javier Milei para la segunda mitad de su mandato, con impacto directo en el empleo privado, la productividad y el clima de inversiones.

Un apoyo político clave en la ronda con gobernadores

La reunión entre Santilli y Frigerio se realizó este jueves en la ciudad de Paraná, en el marco de la ronda de encuentros que el ministro del Interior mantiene con mandatarios provinciales para sumar adhesiones al proyecto de ley de reforma laboral. Durante el encuentro, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de que la iniciativa “obtenga un apoyo contundente” en el Congreso, condición que el Gobierno considera indispensable para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

Santilli destacó que la reforma apunta a “generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, y remarcó que, en ese sentido, “ningún gobernador puede estar en contra de una ley” con esos objetivos. La afirmación refleja la lectura política del Ejecutivo nacional, que busca alinear a las provincias detrás de una agenda económica orientada a la recuperación del empleo formal.

Por su parte, Frigerio expresó el “apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, al que definió como una iniciativa orientada a la “inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no lo tienen”. En un mensaje directo al ministro, el gobernador del PRO fue explícito: “Vamos a seguir trabajando en conjunto esa reforma. Te llevás un apoyo contundente a la reforma laboral”.

Reforma laboral: prioridad estratégica del Gobierno nacional

La reforma laboral figura entre las principales prioridades del presidente Javier Milei para la segunda mitad de su mandato. El oficialismo considera que el actual esquema normativo constituye un obstáculo para la creación de empleo formal y la atracción de inversiones, especialmente en las economías regionales.

En ese marco, el Ministerio del Interior cumple un rol político central al articular apoyos provinciales que luego se traduzcan en votos en el Congreso. La estrategia apunta a mostrar que la iniciativa no es solo una política nacional, sino un proyecto con respaldo territorial, capaz de impactar en el desarrollo productivo de las provincias.

El encuentro en Entre Ríos también sirvió para valorar las acciones conjuntas entre el Gobierno nacional y el provincial, en un contexto político sensible para la administración de Frigerio. La reunión se produjo un día después de que el gobernador revelara el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia, situación que derivó en denuncias penales ante la Justicia.

La gira federal y el mapa de apoyos

Con la visita a Entre Ríos, Santilli continuó esta semana su gira por las provincias en busca de respaldos para la reforma laboral. El miércoles había estado en Neuquén, donde obtuvo el compromiso del gobernador Rolando Figueroa de acompañar la iniciativa en el Congreso.

Hasta el momento, el ministro del Interior logró el apoyo de seis gobernadores:

  • Marcelo Orrego (San Juan)
  • Leandro Zdero (Chaco)
  • Gustavo Sáenz (Salta)
  • Alfredo Cornejo (Mendoza)
  • Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
  • Rolando Figueroa (Neuquén)

Este respaldo inicial configura un bloque político relevante para el oficialismo, que busca ampliar la base de adhesiones y reducir resistencias en el debate legislativo. Para las provincias, la discusión se vincula directamente con la dinámica del empleo privado, la competitividad regional y la posibilidad de atraer nuevas inversiones en un escenario económico desafiante.

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El Gobierno frena la subasta del predio Pro.Cre.Ar en Paraná y redefine la liquidación del fondo

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas, resolvió dejar sin efecto la subasta pública del inmueble conocido como Predio “Paraná”, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, que formaba parte de los activos del disuelto Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar. La decisión, formalizada mediante la Resolución 9/2026, se apoya en razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa vinculadas a la redefinición de prioridades en el proceso de liquidación del fondo y reconfigura la estrategia oficial sobre la administración y disposición de bienes heredados del programa habitacional.

La medida fue adoptada el 20 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero, sin que se hubiera perfeccionado el procedimiento licitatorio ni consolidado derechos subjetivos a favor de terceros, según consta en los considerandos.

Disolución del Pro.Cre.Ar y revisión de los activos inmobiliarios

El Predio “Paraná” estaba alcanzado por el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar), disuelto por el Decreto N° 1018 del 12 de noviembre de 2024, que puso fin al esquema creado originalmente por el Decreto N° 902/2012.

En ese marco, el artículo 2° del Decreto 1018/24 encomendó al Ministerio de Economía la realización de todos los actos necesarios para la liquidación del fondo fiduciario, de acuerdo con el contrato de fideicomiso del 18 de julio de 2012 y la normativa complementaria, incluyendo el Decreto N° 695/2024 y la Resolución N° 796/2024 del propio Ministerio.

Asimismo, el artículo 4° del decreto dispuso la celebración de un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para la administración, disposición y regularización dominial de los bienes muebles e inmuebles del ex Pro.Cre.Ar. En cumplimiento de ese mandato, el 4 de septiembre de 2025 se firmó el Contrato de Mandato para la Administración y Disposición de Inmuebles entre la Secretaría de Obras Públicas y el banco, estableciendo que el mandatario actuaría conforme a las instrucciones del mandante, representado por la Dirección Nacional de Gestión de Obras.

Dentro de esas tareas se incluyó el análisis de los desarrollos urbanísticos que se encontraban en ejecución al momento de la disolución del fondo, muchos de los cuales quedaron suspendidos a la espera de definiciones sobre su continuidad, entre ellos el predio ubicado en la capital entrerriana.

La subasta autorizada y luego anulada

El inmueble denominado Predio “Paraná” está ubicado en Avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Se trata de un terreno identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24, con una superficie total de 49.990,56 metros cuadrados.

La Resolución N° 500 del 17 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Obras Públicas había autorizado la convocatoria a la Subasta Pública N° 504-0002-SPU25 para su venta, bajo el régimen previsto en el artículo 24 del Decreto N° 1023/2001, que regula las contrataciones de la Administración Nacional. En esa misma norma se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las especificaciones técnicas y se delegaron facultades operativas para el desarrollo del procedimiento.

Sin embargo, apenas un mes después, la nueva Resolución 9/2026 dejó sin efecto esa autorización. Según el texto oficial, la decisión responde al ejercicio de la potestad discrecional de la Administración, sustentada en razones de interés público y en “las circunstancias actuales y sobrevinientes” relacionadas con el predio, en el contexto de la liquidación del fondo fiduciario.

El acto administrativo aclara que la subasta fue anulada antes de que se perfeccionara el procedimiento, por lo que no se generaron derechos adquiridos para eventuales oferentes.

Señales de la gestión sobre el Pro.Cre.Ar

La decisión de frenar la subasta del Predio “Paraná” se inscribe en un proceso más amplio de revisión de activos y redefinición de prioridades por parte del Ministerio de Economía en el cierre definitivo del Pro.Cre.Ar. En términos institucionales, refuerza el criterio de que la disposición de inmuebles no responde a un esquema automático de venta, sino a evaluaciones caso por caso en función de los objetivos de la gestión y del interés público comprometido.

Para el mercado y los actores vinculados a la obra pública y al desarrollo urbano, la medida introduce un factor de cautela respecto del destino de los inmuebles provenientes del ex programa habitacional, muchos de ellos con obras iniciadas o parcialmente ejecutadas. Al mismo tiempo, expone el margen de discrecionalidad que conserva el Poder Ejecutivo en los procesos de liquidación de fondos fiduciarios públicos, aun cuando ya se hayan iniciado procedimientos de contratación.

La Resolución 9/2026 fue dictada en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° inciso h) del Decreto N° 1030/2016, reglamentario del régimen de contrataciones, y por los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 764/2025 del Ministerio de Economía. Su publicación en el sistema COMPR.AR formaliza la anulación de la subasta y deja abierto el interrogante sobre el futuro uso o disposición del predio entrerriano dentro del proceso de liquidación del Pro.Cre.Ar.

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Frigerio celebró el inicio de obras de las Rutas 12 y 14

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó públicamente al presidente Javier Milei por la puesta en marcha de obras en las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos del litoral argentino y del Mercosur. Con máquinas ya operando en los tramos más críticos, la intervención marca un punto de inflexión tras años de deterioro, con impacto directo en la seguridad vial, la logística productiva, el turismo y la integración regional.

Rutas 12 y 14: inicio de obras tras años de reclamos y deterioro

Mientras persisten déficits de mantenimiento en otras rutas nacionales, como la 5 y la 151, en la región litoral se celebra el comienzo de obras trascendentes sobre las rutas 12 y 14, corredores clave para la conectividad de Entre Ríos y del país. Los trabajos apuntan a mejorar la transitabilidad, preservar la salud de las personas, cuidar el parque automotor y optimizar la fluidez del tránsito en pasos esenciales para la producción y el turismo.

Frigerio confirmó que las máquinas ya trabajan en los sectores más comprometidos y subrayó el carácter inédito del proceso: se trata de la primera concesión de rutas nacionales activada en el país. En su cuenta de X, el mandatario provincial afirmó: “Las rutas 12 y 14 vuelven a ponerse en marcha en Entre Ríos”, y atribuyó el avance a una gestión provincial firme y a un Gobierno nacional que escuchó, comprendió la urgencia y dio prioridad al pedido.

La Ruta del Mercosur y su impacto en la economía real

Las rutas 12 y 14 conforman la denominada Ruta del Mercosur, un eje neurálgico para el transporte de cargas, la logística internacional, las economías regionales y el turismo. Por estos corredores circula gran parte de la producción entrerriana y del litoral con destino a puertos, pasos fronterizos y mercados del Mercosur, especialmente Brasil, Uruguay y Paraguay.

En ese marco, Frigerio remarcó: “La Ruta del Mercosur es un eje clave para la producción, la logística y el turismo. Avanzar con esta intervención es empezar a saldar una deuda histórica y mejorar la circulación y la seguridad vial después de tantos años de abandono”. La mejora de la infraestructura reducirá tiempos de traslado y costos logísticos, fortaleciendo la competitividad del sector agroindustrial y exportador.

Concesiones, inversión privada y respaldo económico

El impulso a las obras se inscribe en la Red Federal de Concesiones – Etapa I, cuyos contratos fueron firmados el martes 6 de enero para la concesión de más de 700 kilómetros de rutas en todo el país, con financiamiento privado. En este esquema, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomó posesión de la Autovía del Mercosur (ex tramo oriental), gestionando no solo las rutas 12 y 14, sino también las rutas 135, A015 y 117, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respaldó la medida y subrayó que estos kilómetros “son parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio con Brasil y Uruguay, y conecta pasos fronterizos estratégicos”. Al repostear el mensaje de Frigerio, anticipó además que “próximamente, las etapas 2 y 3” del plan se harán realidad.

Caputo había señalado previamente que este proceso constituye “el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados”, destinada a reducir costos para el sector productivo y a reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro.

Seguridad vial, turismo y desarrollo regional

Entre los objetivos centrales de la intervención se destaca la mejora de la seguridad vial, con reducción de accidentes en tramos afectados por baches, deformaciones y falta de mantenimiento. La obra beneficiará tanto al transporte pesado como a los vehículos particulares, con un impacto positivo en el turismo entrerriano, especialmente en temporadas de alta circulación hacia destinos termales y recreativos.

En términos institucionales y económicos, la reactivación de estas obras refuerza el rol de Entre Ríos como nodo estratégico del comercio regional, impulsa la integración con el Mercosur y recupera infraestructura esencial para un desarrollo sostenible, con efectos concretos en la vida cotidiana de miles de usuarios.

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Entre Ríos recibirá $220.000 millones de la Nación para cubrir urgencias financieras

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El Gobierno nacional dispuso otorgar a la provincia de Entre Ríos un anticipo financiero por hasta $220.000 millones, con el objetivo de atender compromisos urgentes derivados de la ejecución presupuestaria y la amortización de deudas hacia el cierre del año. La medida fue formalizada mediante el Decreto 922/2025, firmado el 26 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y establece que los fondos deberán ser devueltos con intereses durante el ejercicio fiscal 2026, a través de retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.

Se trata de una asistencia financiera de carácter transitorio, que se instrumenta a cuenta de los recursos que la provincia recibirá el próximo año y que se inscribe en un esquema previsto por la normativa vigente para afrontar desequilibrios temporales de caja. Es la segunda vez en 2025 que una provincia accede a este tipo de adelantos de urgencia con fondos de la coparticipación: en marzo, la Provincia de Chaco había recibido asistencia para cumplir con obligaciones de deuda.

Fundamentos legales y encuadre fiscal del anticipo

El decreto se apoya en el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), que faculta al Ministerio de Economía a acordar con las provincias anticipos a cuenta de las participaciones en impuestos nacionales sujetos a distribución, en el marco del Régimen de Coparticipación Federal establecido por la Ley N° 23.548 y sus modificatorias.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que el Gobierno de Entre Ríos “se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”, lo que torna necesario “procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias” que atraviesa la provincia.

Si bien la ley establece que estos anticipos deben ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, también habilita al Poder Ejecutivo Nacional a ampliar el plazo de devolución, sin exceder el ejercicio fiscal en que se conceden. En este caso, se dispuso que la cancelación opere durante el Ejercicio Fiscal 2026, con devengamiento de intereses desde la fecha de desembolso hasta su efectiva devolución.

Condiciones de devolución e impacto sobre la coparticipación

El artículo 2° del decreto faculta a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación del anticipo, con más los intereses calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR). La devolución se realizará mediante la afectación de la participación de Entre Ríos en el régimen de coparticipación de la Ley N° 23.548, o el régimen que lo sustituya, así como de otros recursos coparticipables sin afectación específica.

Para instrumentar el mecanismo, la provincia deberá autorizar expresamente a la Secretaría de Hacienda a retener de manera automática los fondos coparticipables necesarios para cancelar el monto anticipado y los intereses correspondientes. Además, la Contaduría General de la Nación registrará la erogación como un anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación, imputando el importe a la cuenta de la provincia.

Desde el punto de vista fiscal, el esquema implica un adelanto de liquidez inmediata para Entre Ríos, pero también un compromiso financiero para 2026, dado que las retenciones futuras impactarán sobre los recursos de libre disponibilidad de la provincia durante el próximo ejercicio.

Repercusiones políticas y económicas

La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar un anticipo de esta magnitud refuerza el rol del Gobierno nacional como financiador de última instancia frente a tensiones de caja provinciales, especialmente en momentos críticos como el cierre del año, cuando se concentran obligaciones salariales y financieras, como el pago de aguinaldos y vencimientos de deuda.

Al mismo tiempo, el mecanismo pone en evidencia las limitaciones estructurales de las finanzas provinciales y la dependencia de los recursos coparticipables. Para Entre Ríos, el anticipo permite evitar un escenario de incumplimientos inmediatos, aunque traslada parte del ajuste al ejercicio siguiente, cuando deberá absorber las retenciones automáticas y el costo financiero asociado a la tasa TAMAR.

En el plano institucional, el decreto se inscribe dentro de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional previstas por la Constitución Nacional y la legislación presupuestaria, y vuelve a poner en agenda el debate sobre la sostenibilidad fiscal de las provincias y el uso de adelantos de coparticipación como herramienta de administración de crisis transitorias.

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