Entre Ríos

Frigerio celebró el inicio de obras de las Rutas 12 y 14

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó públicamente al presidente Javier Milei por la puesta en marcha de obras en las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos del litoral argentino y del Mercosur. Con máquinas ya operando en los tramos más críticos, la intervención marca un punto de inflexión tras años de deterioro, con impacto directo en la seguridad vial, la logística productiva, el turismo y la integración regional.

Rutas 12 y 14: inicio de obras tras años de reclamos y deterioro

Mientras persisten déficits de mantenimiento en otras rutas nacionales, como la 5 y la 151, en la región litoral se celebra el comienzo de obras trascendentes sobre las rutas 12 y 14, corredores clave para la conectividad de Entre Ríos y del país. Los trabajos apuntan a mejorar la transitabilidad, preservar la salud de las personas, cuidar el parque automotor y optimizar la fluidez del tránsito en pasos esenciales para la producción y el turismo.

Frigerio confirmó que las máquinas ya trabajan en los sectores más comprometidos y subrayó el carácter inédito del proceso: se trata de la primera concesión de rutas nacionales activada en el país. En su cuenta de X, el mandatario provincial afirmó: “Las rutas 12 y 14 vuelven a ponerse en marcha en Entre Ríos”, y atribuyó el avance a una gestión provincial firme y a un Gobierno nacional que escuchó, comprendió la urgencia y dio prioridad al pedido.

La Ruta del Mercosur y su impacto en la economía real

Las rutas 12 y 14 conforman la denominada Ruta del Mercosur, un eje neurálgico para el transporte de cargas, la logística internacional, las economías regionales y el turismo. Por estos corredores circula gran parte de la producción entrerriana y del litoral con destino a puertos, pasos fronterizos y mercados del Mercosur, especialmente Brasil, Uruguay y Paraguay.

En ese marco, Frigerio remarcó: “La Ruta del Mercosur es un eje clave para la producción, la logística y el turismo. Avanzar con esta intervención es empezar a saldar una deuda histórica y mejorar la circulación y la seguridad vial después de tantos años de abandono”. La mejora de la infraestructura reducirá tiempos de traslado y costos logísticos, fortaleciendo la competitividad del sector agroindustrial y exportador.

Concesiones, inversión privada y respaldo económico

El impulso a las obras se inscribe en la Red Federal de Concesiones – Etapa I, cuyos contratos fueron firmados el martes 6 de enero para la concesión de más de 700 kilómetros de rutas en todo el país, con financiamiento privado. En este esquema, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomó posesión de la Autovía del Mercosur (ex tramo oriental), gestionando no solo las rutas 12 y 14, sino también las rutas 135, A015 y 117, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, respaldó la medida y subrayó que estos kilómetros “son parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio con Brasil y Uruguay, y conecta pasos fronterizos estratégicos”. Al repostear el mensaje de Frigerio, anticipó además que “próximamente, las etapas 2 y 3” del plan se harán realidad.

Caputo había señalado previamente que este proceso constituye “el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados”, destinada a reducir costos para el sector productivo y a reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro.

Seguridad vial, turismo y desarrollo regional

Entre los objetivos centrales de la intervención se destaca la mejora de la seguridad vial, con reducción de accidentes en tramos afectados por baches, deformaciones y falta de mantenimiento. La obra beneficiará tanto al transporte pesado como a los vehículos particulares, con un impacto positivo en el turismo entrerriano, especialmente en temporadas de alta circulación hacia destinos termales y recreativos.

En términos institucionales y económicos, la reactivación de estas obras refuerza el rol de Entre Ríos como nodo estratégico del comercio regional, impulsa la integración con el Mercosur y recupera infraestructura esencial para un desarrollo sostenible, con efectos concretos en la vida cotidiana de miles de usuarios.

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Entre Ríos recibirá $220.000 millones de la Nación para cubrir urgencias financieras

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El Gobierno nacional dispuso otorgar a la provincia de Entre Ríos un anticipo financiero por hasta $220.000 millones, con el objetivo de atender compromisos urgentes derivados de la ejecución presupuestaria y la amortización de deudas hacia el cierre del año. La medida fue formalizada mediante el Decreto 922/2025, firmado el 26 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y establece que los fondos deberán ser devueltos con intereses durante el ejercicio fiscal 2026, a través de retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.

Se trata de una asistencia financiera de carácter transitorio, que se instrumenta a cuenta de los recursos que la provincia recibirá el próximo año y que se inscribe en un esquema previsto por la normativa vigente para afrontar desequilibrios temporales de caja. Es la segunda vez en 2025 que una provincia accede a este tipo de adelantos de urgencia con fondos de la coparticipación: en marzo, la Provincia de Chaco había recibido asistencia para cumplir con obligaciones de deuda.

Fundamentos legales y encuadre fiscal del anticipo

El decreto se apoya en el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), que faculta al Ministerio de Economía a acordar con las provincias anticipos a cuenta de las participaciones en impuestos nacionales sujetos a distribución, en el marco del Régimen de Coparticipación Federal establecido por la Ley N° 23.548 y sus modificatorias.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que el Gobierno de Entre Ríos “se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”, lo que torna necesario “procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias” que atraviesa la provincia.

Si bien la ley establece que estos anticipos deben ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, también habilita al Poder Ejecutivo Nacional a ampliar el plazo de devolución, sin exceder el ejercicio fiscal en que se conceden. En este caso, se dispuso que la cancelación opere durante el Ejercicio Fiscal 2026, con devengamiento de intereses desde la fecha de desembolso hasta su efectiva devolución.

Condiciones de devolución e impacto sobre la coparticipación

El artículo 2° del decreto faculta a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación del anticipo, con más los intereses calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR). La devolución se realizará mediante la afectación de la participación de Entre Ríos en el régimen de coparticipación de la Ley N° 23.548, o el régimen que lo sustituya, así como de otros recursos coparticipables sin afectación específica.

Para instrumentar el mecanismo, la provincia deberá autorizar expresamente a la Secretaría de Hacienda a retener de manera automática los fondos coparticipables necesarios para cancelar el monto anticipado y los intereses correspondientes. Además, la Contaduría General de la Nación registrará la erogación como un anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación, imputando el importe a la cuenta de la provincia.

Desde el punto de vista fiscal, el esquema implica un adelanto de liquidez inmediata para Entre Ríos, pero también un compromiso financiero para 2026, dado que las retenciones futuras impactarán sobre los recursos de libre disponibilidad de la provincia durante el próximo ejercicio.

Repercusiones políticas y económicas

La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar un anticipo de esta magnitud refuerza el rol del Gobierno nacional como financiador de última instancia frente a tensiones de caja provinciales, especialmente en momentos críticos como el cierre del año, cuando se concentran obligaciones salariales y financieras, como el pago de aguinaldos y vencimientos de deuda.

Al mismo tiempo, el mecanismo pone en evidencia las limitaciones estructurales de las finanzas provinciales y la dependencia de los recursos coparticipables. Para Entre Ríos, el anticipo permite evitar un escenario de incumplimientos inmediatos, aunque traslada parte del ajuste al ejercicio siguiente, cuando deberá absorber las retenciones automáticas y el costo financiero asociado a la tasa TAMAR.

En el plano institucional, el decreto se inscribe dentro de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional previstas por la Constitución Nacional y la legislación presupuestaria, y vuelve a poner en agenda el debate sobre la sostenibilidad fiscal de las provincias y el uso de adelantos de coparticipación como herramienta de administración de crisis transitorias.

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El Gobierno activó el “Plan Paraná” para reforzar el control de la Hidrovía Paraná–Paraguay

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El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Paraná, un esquema integral de prevención, detección, neutralización e investigación de delitos complejos en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1307/2025 del Ministerio de Seguridad y apunta a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar actividades ilícitas en el principal corredor fluvial del país.

Una vía estratégica bajo presión: por qué se lanza el Plan Paraná

La resolución publicada en el Boletín Oficial destaca que la Hidrovía Paraná–Paraguay es “una vía de navegación de carácter internacional de vital importancia estratégica para la República Argentina”, ya que constituye el eje fluvial más extenso de Sudamérica y concentra un volumen significativo del comercio exterior del país y de la región.

En el tramo que va desde el Puerto de Asunción hasta el Puerto de Buenos Aires circulan hasta 300 barcazas por día, lo que convierte al corredor en un espacio logístico de altísima relevancia, pero también en un territorio altamente vulnerable a delitos complejos.

El texto advierte que organizaciones del crimen organizado transnacional aprovechan: La extensión geográfica del curso fluvial. La alta densidad de puertos públicos y privados. Las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales.

De esta manera, despliegan operaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos, actividades que representan “una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas”.

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad subraya la necesidad de profundizar la coordinación entre las Fuerzas Federales, organismos administrativos especializados, el Poder Judicial y agencias internacionales, para asegurar un nivel de control más eficaz.

Objetivos, herramientas y despliegue territorial

El Plan Paraná establece un conjunto de objetivos específicos orientados a fortalecer la capacidad estatal de control sobre toda la traza argentina de la Hidrovía:

  1. Desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones).
  2. Incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires).
  3. Fortalecer la cooperación interagencial, con participación de EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA.
  4. Implementar sistemas de monitoreo integral en tiempo real, mediante drones, radares, scanners y tecnologías de vigilancia avanzadas.
  5. Intensificar la inteligencia criminal y financiera, con foco en organizaciones criminales transnacionales y esquemas de lavado de activos.

Seis polígonos operativos

La estrategia se organizará en fases operativas delimitadas por polígonos territoriales de intervención, que estructuran el despliegue de las Fuerzas Federales:

  • Primer Polígono: Puerto Bermejo (Chaco), Ciudad de Corrientes (Corrientes), Resistencia (Chaco) e Itatí (Corrientes).
  • Segundo Polígono: jurisdicciones de Corrientes, Resistencia y Bella Vista (Corrientes).
  • Tercer Polígono: Bella Vista (Corrientes) – La Paz (Entre Ríos).
  • Cuarto Polígono: La Paz – Ciudad de Paraná (Entre Ríos).
  • Quinto Polígono: Ciudad de Paraná – San Nicolás (Buenos Aires).
  • Sexto Polígono: San Nicolás – Paraná Guazú.

Este ordenamiento permitirá identificar zonas críticas, optimizar recursos y establecer prioridades según niveles de riesgo, densidad portuaria y patrones de circulación detectados por los organismos de seguridad.

Perspectivas para la región y el comercio exterior

La implementación del Plan Paraná tiene implicancias directas para provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde la frontera fluvial concentra operativos y desafíos históricos vinculados al contrabando y el tráfico transnacional. Asimismo, en el tramo medio e inferior de la Hidrovía —desde Entre Ríos hasta Buenos Aires— se prevé un aumento de controles sobre terminales portuarias y flujos de carga, lo que podría reordenar prácticas operativas en empresas logísticas y exportadoras.

El reforzamiento tecnológico —con drones, radares y sistemas de vigilancia integral— anticipa una mayor trazabilidad en la circulación de embarcaciones y mercancías, lo que podría generar reacciones en sectores transportistas y operadores fluviales, aunque la resolución no consigna medidas de carácter económico o regulatorio más allá del enfoque de seguridad.

A nivel institucional, la participación de agencias internacionales como ONUDD, DEA y CICAD-OEA sugiere un alineamiento con estándares de cooperación global contra el crimen organizado, mientras que en el plano interno se espera que el esquema mejore la coordinación entre fuerzas y reduzca la fragmentación operativa que históricamente afectó los controles en la Hidrovía.

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Rescataron a tres misioneros que eran explotados y vivían en condiciones infrahumanas en Entre Ríos

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Dos personas mayores de edad y un adolescente, oriundos de la provincia de Misiones, fueron rescatados durante un allanamiento en un campo cerca de la localidad entrerriana de Los Charrúas, donde eran explotados laboralmente y estaban aislados en condiciones infrahumanas, informó hoy la Fiscalía Federal de esa jurisdicción.

La investigación comenzó cuando una de las víctimas alertó a un supervisor de AFIP, quien el jueves 2 de noviembre pasado realizó la denuncia en Gendarmería Nacional.

La fiscal Federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, inició las averiguaciones y al día siguiente, el juez federal subrogante Federico Martin, ordenó el allanamiento en el campo llamado “El Duraznal”.

Se trata de un predio aislado de la ruta principal, al que se accede luego de transitar unos 40 kilómetros de camino de tierra en mal estado, y de caminar otros tres kilómetros, atravesando arroyos y pequeños esteros.

Hasta ese lugar llegó el personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), AFIP, de la Justicia federal y profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Las víctimas, dos mayores de edad y un adolescente de 16 años, son oriundas de la provincia de Misiones y habían sido abandonados por un empleador dueño de aserraderos de la ciudad de Concordia que los convocó para trabajos de desmonte.

Sin embargo, una sola vez recibieron un pago por los trabajos, e incluso les descontaron el precio del viaje en remis que tomaron desde su provincia, para llegar a ese campo entrerriano.

Además, vivían en condiciones infrahumanas: en una carpa rústica hecha con pedazos de silo bolsa y maderas de 3×2 metros aproximadamente, dormían en tres camas hechas con troncos y tablas y sólo un colchón, que estaba mojado por las lluvias.

“Vivían a la intemperie, entre el barro y totalmente aislados, porque hacía más de una semana que el empleador había desaparecido”, explicaron hoy a Télam desde el Renatre.

Tampoco tenían alimentos ya que, a principio de mes, habían recibido un bolsón -que también se les descontó- con muy poca comida teniendo en cuenta la cantidad de personas.

En tanto, debían tomar agua de un arroyo y recolectar agua de lluvia porque no tenían agua potable; energía eléctrica ni grupo electrógeno para contar con luz.

Las personas fueron inmediatamente rescatadas y trasladadas al escuadrón de Gendarmería de la ciudad de Concordia para que puedan regresar a Bernardo de Irigoyen (Misiones), su pueblo de origen.

Por otra parte, la fiscal Minatta solicitó la detención del dueño del campo y quien los contactó para los trabajos.

“Fue este accionar conjunto y rápido entre la Fiscalía, el Juzgado Federal de Concordia y la Gendarmería Nacional, lo que permitió el rescate de estos trabajadores”, declaró el titular de Renatre en Concepción del Uruguay, Mario López.

Finalmente, comunicó que exigirán que se les abone todo lo adeudado; y avanzarán con controles en el departamento Concordia “donde está muy activa la forestación, revisando y actuando muy rápidamente cuando hay una denuncia”.

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Se inauguró la primera planta de reciclado de envases vacíos de fitosanitarios en Entre Ríos

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El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, participó en la inauguración de la primera planta de reciclado de envases vacíos de fitosanitarios de la provincia de Entre Ríos en la ciudad de Victoria. La inversión fue realizada por Daser Agro, una empresa con más de dos décadas de experiencia en la comercialización de productos para la actividad agropecuaria en la región mesopotámica y el centro sur de Santa Fe.

Esta instalación, con la capacidad de recuperar 1.300.000 kg de plástico de envases fitosanitarios en la provincia, se ha realizado en colaboración con autoridades municipales, provinciales y nacionales que han respaldado y promovido esta inversión.

Bahillo destacó la importancia de estas inversiones para que la agroindustria argentina sea competitiva y reconocida: “El ministro de Economía, Sergio Massa, tiene como uno de los pilares de gestión el impulso a la validación de nuestros sistemas productivos para ser más competitivos”.

Como parte del compromiso del Estado Nacional por trazabilizar la producción Argentina, el Secretario Bahillo celebró la iniciativa de Daser Agro que “ayuda a levantar las barreras para arancelarias que se imponen desde los países centrales por cuestiones ambientales”. “Esta es una forma de certificar la producción argentina como sustentable, de calidad”, destacó Bahillo.

Desde su fundación en el año 2001, Daser Agro se ha dedicado a servir a más de 2.500 productores de pequeña, mediana y gran escala en la provincia de Entre Ríos. La empresa manifiesta su compromiso de continuar trabajando de la mano de estas autoridades para incrementar la cantidad de plástico recuperado y fomentar prácticas sostenibles en la agricultura.

Del evento de inauguración participaron también la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta; el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Lucio Amavet; la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, María Daniela García; el presidente de Daser Agro, Javier Maini Cuneo; y el presidente de Corteva Cono Sur, Juan Lariguet.

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