El FMI libera u$s10.800 millones pero pide al Gobierno nuevas medidas para lograr equilibrio fiscal

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El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la tercera revisión en el marco del Acuerdo Stand-By a favor de Argentina, donde aprobó desembolso de USD 10.800 millones pero solicitó nuevas medidas para asegurar el equilibrio fiscal
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy la tercera revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades girar el equivalente a DEG 7.800 millones (aproximadamente, USD 10.800 millones), lo cual eleva las compras totales desde junio de 2018 a DEG 28.013,71 millones (aproximadamente, USD 38.900 millones).
Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre el plan económico de Argentina, Christine Lagarde, Directora Gerente y Presidenta del Directorio Ejecutivo, realizó la siguiente declaración:
“Las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el FMI están dando fruto. El elevado déficit fiscal y en cuenta corriente —dos grandes vulnerabilidades que condujeron a la crisis financiera el año pasado— están disminuyendo. La actividad económica se contrajo en 2018, pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo, y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres. Sin embargo, la inflación sigue siendo elevada; las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar.
El gobierno argentino dio muestra de su determinación de asegurar que la relación deuda pública/PIB se encuentre en una trayectoria sostenible, reduciendo el déficit primario de 2018 por debajo de la meta fijada en el programa. No obstante, a la luz de un nivel inferior al esperado del ingreso tributario en el primer semestre del año, será crítico actuar continuamente con prudencia en la ejecución de los planes de gasto y tomar otras medidas para incrementar los ingresos fiscales a fin que la posición fiscal de 2019 llegue al balance primario. Es necesario redoblar los esfuerzos por mejorar el marco fiscal a mediano plazo y la gestión de deuda.
Tras unos meses de relativa estabilidad, la volatilidad financiera ha repuntado en las últimas semanas, dado que las condiciones financieras mundiales se han tornado menos favorables y los resultados en términos de la inflación han decepcionado. El BCRA reaccionó frente a esta situación recalibrando la política monetaria, manteniendo el crecimiento cero de la base monetaria hasta finales del año. Se ha elevado al Congreso una nueva carta orgánica del banco central que, de ser aprobada como ley, afianzará la credibilidad de la política monetaria.
Proteger a los más vulnerables del impacto de la recesión y de la elevada inflación sigue siendo una prioridad crítica. Las autoridades han tomado una serie de medidas para mejorar la cobertura de la red de protección social y proporcionar más recursos a los pobres. Se necesitará un trabajo continuo para abordar las brechas restantes en la cobertura de la red de protección social y para mejorar la eficacia de los programas sociales en la lucha contra la pobreza.
Las condiciones de mercado favorables le han permitido al gobierno refinanciar integralmente la deuda que vencerá durante los próximos meses. La tasa de interés pagada por esa deuda ha disminuido y las autoridades están redoblando los esfuerzos por prorrogar los vencimientos de la deuda recién emitida. Las autoridades también están implementando políticas para desarrollar los mercados de deuda en moneda nacional.
Las reformas del lado de la oferta son esenciales para lograr un crecimiento vigoroso, sostenible y equitativo y para mejorar los niveles de vida de la población argentina. Las prioridades incluyen esfuerzos adicionales por crear un sistema tributario menos distorsionador, promover una mayor competencia en los mercados internos de productos, eliminar las barreras al comercio internacional y a la inversión extranjera, afianzar la gobernabilidad, hacer frente a la corrupción y promover la equidad de género.
El éxito de los planes de políticas de las autoridades depende de una implementación continua y resuelta. Esto requerirá la construcción de un apoyo amplio a favor de políticas que mitiguen las vulnerabilidades económicas, incrementen el potencial de crecimiento de Argentina y promuevan la confianza del mercado.”

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Equilibrio fiscal de las provincias, o el unicornio azul

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Por Félix Piacentini. Aunque cuando se miran las cuentas fiscales de las provincias, uno se da con que hasta septiembre venían mostrando una situación bastante buena, la estimación oficial incorporada por el ministerio de hacienda en el presupuesto 2017 para el consolidado de las 24 provincias es tan pesimista que proyecta un déficit de $ 105 mil millones en 2016, duplicando por ende el rojo consolidado de $ 52 mil millones que se presentaba en 2015. De aquí se desprenden dos reflexiones. O el último trimestre del año pasado fue una catástrofe en las provincias en el plano fiscal, o los técnicos de hacienda erraron sus estimaciones. Como hay un delay importante en la publicación de la ejecución de algunas provincias, como por ejemplo de la más grande y la que más influye en el resultado final como es Buenos Aires, tendremos que confiar en la proyección oficial hasta que se demuestre lo contrario.

De esta forma el año pasado se habría alcanzado el mayor déficit de al menos los 12 últimos años, llegando a representar el 1,3% del PBI y superando el ahora viejo máximo del 0,9% presenciado en 2015. Este pésimo resultado se registró en un año no electoral, y cuando las provincias comenzaron a recibir 3 puntos de una devolución gradual de 15 puntos de coparticipación (en el caso de Córdoba, Santa Fe y San Luis por el fallo de la Corte la devolución fue completa), más 6 puntos extra en préstamos de Nación a tasa subsidiada. También ocurrió cuando las jurisdicciones pudieron volver a financiarse en el mercado de crédito internacional, emitiendo unos US$7.050 millones en colocaciones locales.

Es decir, un año en el que las provincias contaron con ingresos inéditos del 7,2% del PBI en concepto de coparticipación, no lograron contener el gasto y llegaron a este penoso récord. En cuanto al nivel de endeudamiento, las obligaciones en moneda extranjera mencionadas implican que el stock de deuda en pesos se expandió un 41% en 2016 sólo por ese concepto. Aunque este ritmo de endeudamiento asusta, el nivel total todavía no es preocupante y no hay riesgos en el corto plazo. Pero ciertamente hay provincias como Buenos Aires en donde el cociente Ingresos Totales sobre stock de deuda ya estaría en un 52% y otras como Jujuy, CABA y Mendoza donde se encontrarían en torno al 40%. Más que nada para éstas sería aconsejable moderar la trayectoria futura de financiamiento para evitar que el nivel de endeudamiento se convierta en un problema.

En la búsqueda de causas se encuentra que el deterioro fiscal de las provincias sigue siendo consecuencia de la práctica todavía vigente de nombrar personal muy por encima del crecimiento poblacional, lo que ha llevado a un exceso de personal del 34% superior al nivel óptimo y que tiene un sobrecosto fiscal de 2 puntos del PBI por año. En el año 2005 los Gastos Totales del agregado de las 24 provincias representaban 13 puntos del PBI y hoy se llevan 18 puntos. Esos 5 puntos de ampliación del gasto público se destinaron casi completamente a gastos de personal, que pasaron de 5 a 9 puntos del PBI. Mientras tanto la inversión pública permaneció estancada en 2 puntos del PBI, casualmente lo que gastan en exceso por empleo público. Es decir que si no se hubieran nombrado en demasía a unas 500 mil personas, las provincias podrían agregar el doble de infraestructura cada año. Desde el plano fiscal podrían haber tenido superávits ininterrumpidos desde 2004, en lugar de la mayoría de déficits.

¿Y para el 2017, año eleccionario, qué podemos esperar? La historia nos dice que en años eleccionarios es muy difícil contener el gasto, siendo usual que la obra pública explote y que los aumentos salariales a los 2,2 millones de empleados públicos provinciales superen la inflación. Por el lado de los ingresos las jurisdicciones subnacionales contarán con mayores recursos, ya que la devolución adicional de coparticipación ya será de 6 puntos porcentuales de los 15 detraídos para financiar al ANSES, lo que llevará a que si lo expresamos en porcentaje del PBI las transferencias automáticas lleguen a casi 8 puntos, otro pico histórico de las últimas décadas.

Pero claro, la cuestión es cuán capaces pueden ser de evitar un desborde electoral del gasto. Si aumentara en el mismo porcentaje que el gasto nacional previsto para este año, un 22%, el déficit consolidado de los 24 distritos podría rondar los $ 97 mil millones o el 1% del PBI. En esta hipótesis de “prudencia” fiscal el déficit sería menor al 1,3% del PBI que se habría registrado en 2016. Si por otro lado somos desconfiados, la experiencia nos avala, y el gasto se expandiera al 25% el déficit total ya redondearía $ 140 mil millones y sería mayor al de 2016, representando 1,4% del producto. El lector se preguntará porqué ni siquiera mencioné la posibilidad de un equilibrio presupuestario de las provincias en 2017. Para llegar a ese “unicornio azul” el gasto debería crecer a tan sólo el 15%. Físicamente imposible.

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