Escocia, Gales e Irlanda del Norte desafían a Westminster y reclaman autodeterminación del Reino Unido
El mapa político del Reino Unido atraviesa una nueva etapa de tensión territorial. Los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto con la dirigencia nacionalista de sus respectivos espacios, firmaron un acuerdo para reclamar el derecho de sus naciones a decidir su futuro y advirtieron que “el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.
La declaración reúne por primera vez a gobiernos autonómicos de las tres naciones encabezados por dirigentes nacionalistas favorables a abandonar el Reino Unido. John Swinney, del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru en Gales; y Michelle O’Neill, del Sinn Féin en Irlanda del Norte, coincidieron en cuestionar la capacidad de Westminster para bloquear procesos democráticos de autodeterminación.
El documento firmado sostiene que ningún gobierno con sede en Westminster tiene derecho a impedir que las naciones decidan su propio futuro. Al mismo tiempo, reconoce que las estrategias constitucionales de cada territorio son diferentes y que cada una determinará su camino “a su manera y a su debido tiempo”.
Esa última precisión es clave. La alianza política no equivale a un calendario común para declarar la independencia ni implica que exista un proceso institucional inmediato para abandonar el Reino Unido. Escocia e Irlanda del Norte avanzan con demandas más explícitas de consulta popular, mientras Gales mantiene una estrategia de construcción política y debate interno.
Swinney y O’Neill reclamaron la posibilidad de celebrar referendos, mientras que Ap Iorwerth evitó fijar una fecha para una consulta galesa. Plaid Cymru ya había descartado impulsar un referéndum de independencia antes de las próximas elecciones al Senedd, previstas para 2030.
El dirigente galés planteó, en cambio, que las elecciones de mayo representaron un “punto de inflexión” y que existe un reconocimiento creciente de que el modelo de Westminster dejó de responder adecuadamente a las necesidades de Gales. Su gobierno pretende impulsar una comisión nacional que prepare las bases para futuras discusiones sobre la independencia y, en el corto plazo, busca ampliar las competencias de Gales en áreas como policía y justicia juvenil.
Escocia vuelve a poner el referéndum sobre la mesa
El caso escocés presenta una trayectoria diferente. El país ya votó sobre su independencia en septiembre de 2014, cuando el 55% de los electores optó por permanecer dentro del Reino Unido frente al 45% que apoyó la separación.
Sin embargo, el debate volvió a ganar espacio en Westminster. Andy Burnham, dirigente laborista, sugirió que un segundo referéndum podría ser considerado si existiera un apoyo público claro a la consulta, utilizando como referencia el mecanismo previsto para Irlanda del Norte en el Acuerdo de Viernes Santo.
La comparación generó una rápida reacción de Swinney, que interpretó las declaraciones como un cambio de tono. Posteriormente, Burnham aclaró que un nuevo referéndum escocés continúa estando “fuera de los límites”, dejando expuesta una de las principales tensiones del debate: la diferencia entre admitir que existe una demanda política y habilitar institucionalmente una nueva consulta.
El SNP considera que la decisión debe quedar en manos de los escoceses. Para Swinney, la elección de dirigentes nacionalistas en las tres naciones constituye una señal de que el escenario político de las islas cambió de manera estructural.
Irlanda del Norte y la cuestión de la reunificación
En Irlanda del Norte, el debate constitucional tiene una característica propia. El Sinn Féin sostiene que el futuro de la isla debe ser decidido por sus habitantes y vincula la discusión con la posibilidad de una futura reunificación de Irlanda.
O’Neill afirmó que los intereses de Irlanda del Norte no fueron suficientemente atendidos por Westminster y sostuvo que el Reino Unido debe estar preparado para una eventual reforma constitucional. La posición encuentra, sin embargo, una fuerte oposición del campo unionista.
La viceprimera ministra norirlandesa, Emma Little-Pengelly, del Partido Unionista Democrático (DUP), cuestionó la participación de O’Neill en las conversaciones. La estructura de gobierno de Irlanda del Norte refleja precisamente esa división: el primer ministro y el viceprimer ministro tienen competencias equivalentes y representan tradiciones políticas enfrentadas sobre la pertenencia al Reino Unido.
El Acuerdo de Viernes Santo establece mecanismos específicos para considerar una consulta sobre la frontera cuando exista evidencia suficiente de que la mayoría de la población podría apoyar un cambio constitucional. Ese antecedente es el que permitió trasladar parte de la discusión al caso escocés, aunque las situaciones jurídicas y políticas no sean idénticas.
Westminster frente a una demanda territorial creciente
El gobierno británico respondió reivindicando la unidad del Reino Unido. Downing Street sostuvo que el primer ministro está comprometido con impulsar cambios en las cuatro naciones, pero mantiene su defensa de la unión.
La disputa no se limita, sin embargo, a la independencia. También existe una discusión económica e institucional sobre cómo se distribuyen recursos y competencias entre Westminster y los gobiernos descentralizados.
Gales reclama desde hace tiempo una reforma de la fórmula Barnett, utilizada para determinar parte de la financiación de las administraciones autónomas. El argumento galés sostiene que el mecanismo perjudica al país, mientras que en Escocia existe una lectura diferente y se considera que la fórmula le resulta favorable.
Los gobiernos territoriales volverán a encontrarse con el primer ministro británico el próximo mes. Allí, además de las cuestiones constitucionales, se espera que aparezcan las demandas sobre financiamiento, competencias y autonomía política.
La reacción de los partidos unionistas muestra, entretanto, que el debate está lejos de resolverse. Desde el Partido Laborista acusaron a Plaid Cymru de utilizar su poder para “desmembrar Gran Bretaña”, mientras los conservadores galeses y Reform UK cuestionaron que el gobierno galés priorice la independencia frente a problemas como las listas de espera del sistema sanitario y el desempeño educativo.
La novedad política, entonces, no es que el Reino Unido esté a las puertas de una ruptura inmediata. Es que la discusión sobre su arquitectura constitucional dejó de estar concentrada en un solo territorio y comenzó a adquirir una dimensión simultáneamente escocesa, galesa y norirlandesa.
Por primera vez desde el inicio del proceso de descentralización, los tres gobiernos de estas naciones están encabezados por dirigentes que reivindican la autodeterminación. El acuerdo firmado frente a Westminster no establece cómo ni cuándo se producirá una eventual separación, pero sí instala una pregunta de fondo para la política británica: cuánto poder está dispuesto a ceder Londres para preservar una unión que enfrenta, al mismo tiempo, demandas crecientes de autonomía.
Con información de BBC Mundo