Estado de derecho

Por decreto el Gobierno declaró 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

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El Poder Ejecutivo Nacional declaró oficialmente al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina” mediante el Decreto 56/2026, publicado el 29 de enero de 2026 en el Boletín Oficial. La medida establece que toda la documentación de la Administración Pública Nacional deberá llevar esa leyenda y habilita al Gobierno a difundir activamente las políticas que, según fundamenta el texto, apuntan a consolidar la estabilidad macroeconómica, profundizar reformas estructurales y proyectar al país en una nueva etapa de desarrollo. El decreto funciona como una señal política e institucional que busca reforzar previsibilidad, confianza y horizonte estratégico.

Fundamentos del decreto: estabilidad, reformas y Estado de Derecho

En los considerandos, el Decreto 56/2026 sostiene que el Gobierno Nacional asumió el compromiso de “retornar a los principios fundacionales de la República Argentina” bajo los cuales fue sancionada la Constitución Nacional, garantizando “la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso” de los habitantes. En ese marco, destaca que durante 2025 la actual administración profundizó un proceso de reconstrucción institucional orientado a ampliar márgenes de libertad y corregir desequilibrios estructurales.

El texto subraya que las políticas públicas impulsadas tuvieron como eje la estabilización de la situación macroeconómica, junto con un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducción de “cargas improductivas” y reorientación de la actuación pública hacia sus “finalidades esenciales”. Según el decreto, la crisis institucional, económica y social acumulada durante décadas exige sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de derechos y libertades.

Desde esa perspectiva, el Ejecutivo considera que los avances logrados habilitan a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con el objetivo de “colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente”.

Alcance institucional y efectos administrativos de la medida

El decreto dispone que, durante todo el año 2026, la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, así como la de los entes autárquicos, deberá llevar la leyenda “AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA”. La obligación alcanza a todo el aparato administrativo nacional y constituye un lineamiento uniforme de carácter simbólico e institucional.

Además, el artículo 3° faculta al Poder Ejecutivo Nacional a realizar “las acciones pertinentes” para destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante con el objetivo de “engrandecer al país”. En términos prácticos, el decreto habilita una estrategia de comunicación gubernamental alineada con el mensaje central de consolidación, previsibilidad y desarrollo.

La norma también invita a los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la declaración, lo que abre la posibilidad de una adopción federal del lema, aunque sin carácter obligatorio. La medida entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Señal política, clima de inversión y proyección de escenarios

Desde el plano político e institucional, la declaración del “Año de la Grandeza Argentina” funciona como un marco narrativo que acompaña la agenda de reformas y busca reforzar la confianza en la continuidad del rumbo económico. El decreto enfatiza que la previsibilidad y la estabilidad son condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar un crecimiento sostenido, en un contexto global con “importantes oportunidades y retos”.

En términos de impacto, la iniciativa puede ser leída como una señal dirigida tanto al sector privado como a los actores institucionales, en la medida en que asocia la identidad del año calendario con la idea de consolidación del cambio estructural. Sectores vinculados a la inversión, la producción y la administración pública resultan directamente alcanzados por el encuadre simbólico y administrativo del decreto, mientras que la invitación a las provincias abre un escenario de alineamiento —o diferenciación— política a nivel federal.

El texto concluye que la grandeza de una Nación se refleja en “instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, una Administración eficiente y la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”, principios que el Gobierno coloca como eje ordenador del 2026.

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Preocupación por el DNU que modifica la Ley de Inteligencia y alerta por un retroceso institucional

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El Llamamiento Argentino Judío expresó una “honda preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, al advertir que la ampliación de facultades de los organismos de inteligencia, la opacidad en su funcionamiento y el debilitamiento de los controles democráticos configuran un grave retroceso institucional. El pronunciamiento, fechado el viernes 2 de enero de 2026, plantea objeciones de fondo sobre el impacto político, constitucional y democrático de la medida, y reclama la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional.

Según el documento, la modificación del régimen de inteligencia no responde a una emergencia concreta ni constituye una acción aislada, sino que se inscribe en una modalidad de gobierno que concentra poder en el Poder Ejecutivo y avanza sobre garantías democráticas en un contexto de deterioro social y económico.

Ampliación de facultades y debilitamiento de controles democráticos

En su declaración, la organización advierte que la ampliación de las facultades de los organismos de inteligencia, sumada a la falta de transparencia en sus mecanismos de funcionamiento, “no solo constituyen un retroceso institucional grave, sino que ponen en tensión principios elementales del orden constitucional y del Estado de derecho”.

El Llamamiento Argentino Judío remarca que la experiencia histórica demuestra que, cada vez que los servicios de inteligencia operaron sin límites claros ni control efectivo, fueron utilizados para la persecución política, el espionaje interno y la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, el comunicado señala que el DNU se vincula con procesos antidemocráticos de la historia moderna y compromete de manera directa la orientación ideológica del actual gobierno.

La entidad subraya que el uso sistemático de decretos para impulsar reformas de alto impacto institucional consolida una dinámica de concentración de poder que debilita los equilibrios propios del sistema democrático.

Reclamo de intervención del Congreso y la Justicia

Frente a este escenario, la organización considera “urgente la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional” para frenar lo que define como un “descalabro de la democracia” y resguardar el orden democrático que, a su entender, se encuentra en riesgo.

El documento sostiene que “no hay seguridad posible al margen de la Constitución, ni gobernabilidad legítima sin control, legalidad y respeto por los derechos”, y enfatiza que la defensa de la democracia no puede basarse en la vigilancia de la sociedad ni en la concentración de poder en el Ejecutivo.

En esa línea, el pronunciamiento también interpela a los distintos sectores de la oposición, a los que exhorta a “ocupar el lugar que les corresponde en los momentos álgidos del devenir ciudadano”, reforzando su rol institucional en la defensa de las libertades públicas y la división de poderes.

El planteo

El posicionamiento del Llamamiento Argentino Judío introduce un nuevo foco de tensión en el debate sobre el alcance del DNU que modifica la Ley de Inteligencia, con implicancias directas sobre el funcionamiento del sistema democrático, el control del poder estatal y la vigencia de los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva institucional, el planteo anticipa posibles escenarios de judicialización y discusión parlamentaria, al tiempo que pone en agenda el rol de los organismos de inteligencia y los límites de su accionar en un Estado de derecho. El documento reafirma que la democracia se fortalece mediante instituciones sólidas, controles efectivos y respeto por la legalidad, y no a través de mecanismos excepcionales que concentran poder y reducen la transparencia.

El comunicado lleva la firma de Elina Malamud, presidenta, y Marcelo Horestein, secretario, quienes ratifican el compromiso de la organización con la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.

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