En medio de la escalada en Medio Oriente,Irán endureció el discurso: lanzó advertencias sobre posibles ataques en destinos turísticos a nivel global y difundió un mensaje desafiante de su líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien aseguró que “el enemigo está derrotado”.
El pronunciamiento coincidió con el Año Nuevo persa (Nowruz) y se dio en una jornada marcada por nuevos intercambios con Israel y movimientos militares de Estados Unidos en la región, incluyendo el foco estratégico en el estrecho de Ormuz.
Amenaza global: Turismo en la mira
El vocero militar iraní, Abolfazl Shekarchi, lanzó una advertencia directa: los “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” del mundo podrían convertirse en objetivos.
“Los paseos y centros de ocio ya no serán seguros”, afirmó, en un mensaje que apunta tanto a funcionarios como a militares de Estados Unidos e Israel, incluso fuera de zonas de conflicto.
La amenaza refuerza un patrón histórico del régimen: extender la presión más allá de Medio Oriente mediante acciones indirectas o asimétricas.Khamenei: Mensaje cargado de fortalezas
En paralelo, Mojtaba Khamenei difundió un mensaje en el que sostuvo que Irán logró imponerse gracias a la “unidad nacional”.
“El enemigo ha sido derrotado”, afirmó, al tiempo que atribuyó los ataques de Estados Unidos e Israel a un intento fallido de desestabilizar el régimen eliminando a su cúpula.
Sin embargo, persisten dudas sobre su estado y paradero. Un video difundido por medios oficiales —sin fecha confirmada— lo muestra en una supuesta clase religiosa, sin despejar interrogantes.
Más ataques y tensión energética
El conflicto, iniciado el 28 de febrero, dejó múltiples bajas en la cúpula iraní y daños en infraestructura clave. Aun así, Teherán mantiene capacidad de respuesta.
Irán intensificó el viernes 20/03 ataques contra Israel y objetivos energéticos en el Golfo, incluyendo instalaciones en Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos. En particular, la refinería de Mina Al-Ahmadi reportó incendios tras ataques con drones.
En paralelo, Estados Unidos reforzó su presencia militar con el envío de buques de guerra y unos 2.500 marines adicionales.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el régimen iraní está “al borde de quedar diezmado”.
Golpes cruzados
Israel afirmó haber eliminado a figuras relevantes del aparato iraní, entre ellas Ali Mohammad Naini, vinculado a la Guardia Revolucionaria, y al jefe de inteligencia de la milicia Basij.Teherán confirmó la muerte de Naini y calificó el ataque como “terrorista”.
Impacto global
Más allá del frente militar, el conflicto toca la economía global. Los ataques iraníes afectan el flujo energético y elevan los precios del petróleo, con impacto directo en alimentos y combustibles.
A pesar de los objetivos declarados por Washington y Tel Aviv no hay señales de un desenlace cercano ni de un levantamiento interno en Irán.Explosiones en la Ciudad Vieja (Jerusalén)
La tensión también llegó a Jerusalén. Tras una alerta por misiles iraníes, se registraron explosiones en la Ciudad Vieja. Un proyectil impactó en el barrio judío, cerca de sitios sagrados como la mezquita de Al Aqsa y el Muro de los Lamentos.
El Ejército israelí denunció ataques indiscriminados contra zonas civiles y religiosas, mientras que el canciller israelí acusó a Irán de “atacar los lugares sagrados de las tres religiones”.
Gustavo Petro quedó bajo una nueva zona de riesgo político después de que trascendiera que dos fiscales federales de Estados Unidos lo investigan, en etapa preliminar, en el marco de pesquisas vinculadas al narcotráfico y al narcoterrorismo. La novedad, informada por The New York Times y confirmada por Reuters a partir de fuentes con conocimiento del caso, sitúa al presidente de Colombia dentro de expedientes que tramitan en las fiscalías de Manhattan y Brooklyn y que analizan posibles contactos con personas ligadas al narcotráfico, además de una eventual entrada de fondos ilícitos en su campaña presidencial de 2022. No aparece, por ahora, como objetivo principal. Pero su inclusión en el radar judicial estadounidense altera el clima político a semanas de la primera vuelta del 31 de mayo y vuelve a colocar la relación con Washington en el centro de la disputa de poder. La tensión de fondo ya está planteada: ¿se trata de una derivación judicial de investigaciones más amplias o de un factor que puede reordenar la campaña y condicionar el cierre del ciclo de Petro?
Una investigación preliminar con impacto político inmediato
El dato más delicado del caso no es sólo judicial, sino temporal. La revelación irrumpe cuando Colombia ya transita la campaña presidencial y con un calendario definido: la primera vuelta será el 31 de mayo, la segunda el 21 de junio si hiciera falta, y el nuevo presidente asumirá el 8 de agosto. En ese contexto, toda novedad que roce al jefe de Estado adquiere una dimensión superior a la estrictamente procesal.
Según el texto base, los equipos a cargo están integrados por fiscales especializados y agentes federales. La pesquisa examina dos ejes: posibles contactos del mandatario con personas vinculadas al narcotráfico y la posible entrada de dinero ilícito en la campaña de 2022. Las investigaciones siguen en una etapa preliminar y todavía no está claro si derivarán en imputaciones. Esa precisión importa. No hay una acusación formal ni un avance procesal concluyente. Pero sí existe una señal institucional fuerte: el presidente colombiano quedó mencionado dentro de investigaciones federales en Estados Unidos sobre una materia de máxima sensibilidad política.
También se remarca que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya intervenido en la apertura de estos procesos. Esa línea busca trazar una frontera entre el plano judicial y el político. Sin embargo, en una relación bilateral tan cargada de fricción como la que construyeron Petro y Donald Trump, la separación formal no alcanza para desactivar el impacto político.
El antecedente con Trump vuelve a pesar
La novedad llega, además, en un momento particularmente cargado. Petro y Trump habían acercado posiciones en un encuentro reciente en febrero, después de meses de confrontación pública. Ese deshielo parecía ofrecer una pausa en una relación marcada por acusaciones, sanciones y amenazas verbales. Pero la aparición de esta investigación vuelve a poner esa tregua bajo presión.
El texto recuerda que, antes del encuentro del 3 de febrero en la Casa Blanca, Trump había llamado a Petro narcotraficante, le había advertido que “debía cuidarse” e incluso afirmó que le “sonaba bien” una acción militar en Colombia similar a la emprendida en Venezuela. No se trata de un detalle menor. Es el antecedente político que vuelve inevitable cualquier lectura estratégica sobre la pesquisa.
A eso se suma que, a fines de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente colombiano, a su familia y a un miembro de su gobierno por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas. En ese momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que Petro había permitido que los carteles prosperaran y se había negado a detener esa actividad, aunque sin presentar pruebas específicas, según el texto base. Antes incluso de ese episodio, Estados Unidos ya le había revocado el visado después de que el mandatario pidiera a soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en un mitin propalestino en Nueva York.
Con ese historial, la nueva investigación no cae en terreno neutral. Se inserta en una secuencia previa de deterioro, sanciones y acusaciones cruzadas, aunque ahora bajo una forma institucional más sensible: la del expediente judicial.
La respuesta de Petro: rechazo frontal y defensa de su trayectoria
Petro respondió con rapidez y eligió una desmentida sin matices. En una publicación en X, afirmó que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes” y atribuyó esa situación a una razón tajante: “nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”.
La reacción no fue sólo defensiva. También buscó reconstruir un marco político sobre su propia biografía. Dijo haber dedicado diez años de su vida a denunciar vínculos entre narcotraficantes poderosos y políticos en el Congreso y en gobiernos locales y nacionales, una tarea que, según sostuvo, puso en riesgo su existencia y provocó el exilio de su familia. Además, aseguró que en sus campañas siempre indicó a los gerentes que no se aceptaran donaciones “ni de banqueros ni de narcos” y remarcó que no recibió “un solo peso” de los carteles.
Ese movimiento tiene una lógica clara. Petro intenta desplazar la sospecha desde el terreno penal al terreno político, presentándose no como un actor permeable al narcotráfico, sino como alguien que lo enfrentó. No responde únicamente a un expediente; también busca blindar su capital político frente a una narrativa que, en plena campaña, puede volverse expansiva.
La dimensión institucional: justicia, soberanía y campaña
Aunque la investigación se desarrolla en Estados Unidos, el efecto institucional se proyecta directamente sobre Colombia. El presidente no sólo enfrenta un cuestionamiento externo. También queda expuesto a una discusión interna sobre legitimidad, soberanía y capacidad de gobierno en el final de su mandato.
El propio Petro ya había acusado a Estados Unidos de violar la soberanía colombiana y de matar gente inocente en sus operaciones antidroga. Esa postura vuelve ahora con más peso potencial, porque cualquier avance de la pesquisa puede ser leído por sus aliados como una intromisión sobre la política doméstica colombiana, y por sus adversarios como una validación internacional de sospechas previas.
El texto además señala que el mandatario niega cualquier vínculo con carteles y sostiene que su administración combate activamente el comercio ilícito de drogas. Frente a las acusaciones por el aumento del tráfico de cocaína desde Colombia, argumentó que durante su gestión el narcotráfico se expandió a un ritmo menor y hubo más incautaciones que en gobiernos anteriores. Esa defensa busca inscribir la discusión en indicadores de gestión y no en imputaciones personales. Pero en una campaña polarizada, los tiempos judiciales y los tiempos políticos no necesariamente avanzan con la misma lógica.
Correlación de fuerzas: quién se fortalece y quién queda condicionado
La aparición de una investigación federal en Estados Unidos sobre Petro fortalece, ante todo, a los sectores que vienen construyendo una crítica dura sobre su relación con Washington y sobre su política frente al narcotráfico. Incluso sin imputaciones, el solo hecho de que su nombre figure en pesquisas de Manhattan y Brooklyn les ofrece un argumento de alto voltaje político en medio de la competencia electoral.
Al mismo tiempo, condiciona al oficialismo y al entorno del presidente, que quedan obligados a administrar una doble agenda: contener el impacto institucional de la noticia y evitar que el caso monopolice el debate público en la recta final hacia el 31 de mayo. La investigación introduce un factor de ruido sobre la campaña, pero también sobre la gobernabilidad del cierre de mandato, porque amplifica la fragilidad del vínculo con Estados Unidos en un momento en que esa relación ya venía tensionada.
Para Washington, el episodio también tiene costos potenciales. Aunque no haya evidencia de intervención de la Casa Blanca en la apertura de los procesos, el historial reciente entre Trump y Petro hace difícil que el caso quede encapsulado como un asunto exclusivamente judicial. La administración estadounidense puede verse empujada a responder, aclarar o tomar distancia según evolucione la investigación y según el impacto que esta tenga en la política colombiana.
Un expediente preliminar que puede alterar la campaña
Todavía no hay imputaciones. Tampoco hay, según el texto base, pruebas presentadas públicamente que permitan anticipar una derivación concreta. Pero en política, especialmente en un escenario electoral polarizado, el carácter preliminar de una investigación no neutraliza sus efectos. A veces apenas los inaugura.
Lo que habrá que mirar en las próximas semanas no será sólo el curso judicial en Manhattan y Brooklyn. También importará cómo usan esta revelación los distintos sectores en campaña, si la relación entre Petro y Trump vuelve a endurecerse después del acercamiento de febrero, y si el oficialismo logra encuadrar el caso como una presión externa o queda obligado a responder sobre el fondo de las sospechas.
La investigación abre una zona de incertidumbre que excede el expediente. Toca el vínculo entre Colombia y Estados Unidos, irrumpe en pleno calendario electoral y pone sobre la mesa una materia que en la región nunca es neutra: narcotráfico, financiamiento político y poder. Por ahora, más que una definición cerrada, lo que aparece es un nuevo frente en construcción.
Donald Trump sumó este viernes una nueva presión sobre el tablero internacional: mientras descartó la búsqueda de un alto al fuego con Irán y aseguró que Estados Unidos ya “ha ganado” la guerra, también cargó contra aliados de la OTAN por no aportar de inmediato los recursos necesarios para asegurar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica que sigue prácticamente cerrada y que ya impacta sobre los precios globales del petróleo, la gasolina en Estados Unidos y los mercados financieros. El dato no es menor. En medio de una ofensiva militar que la Casa Blanca presenta como decisiva, Trump abrió otro frente de disputa: el del reparto de costos, riesgos y responsabilidades con sus socios. La pregunta ya no pasa sólo por la evolución del conflicto con Irán, sino por si esta escalada consolida el liderazgo de Washington o expone una coalición bajo presión.
El movimiento combina guerra, energía y poder. Por un lado, Trump rechazó la lógica de una tregua. “No buscamos eso”, dijo al minimizar la posibilidad de un alto al fuego. Por otro, reconoció que Estados Unidos necesitará ayuda para una operación que hasta ahora había sugerido poder resolver sin asistencia externa. La reapertura del estrecho de Ormuz dejó así de ser un asunto meramente militar para convertirse en una prueba política sobre la capacidad de Estados Unidos de alinear aliados en una crisis que amenaza con desbordar el plano regional.
Ormuz se vuelve el centro de gravedad del conflicto
El estrecho de Ormuz concentra una parte decisiva de la tensión actual porque articula seguridad, comercio energético y credibilidad estratégica. Trump lo definió como una “maniobra militar simple”, aunque admitió que requiere “mucha ayuda”, con barcos y volumen operativo. Esa frase marcó un giro. Después de semanas de insistir en que Estados Unidos no necesitaba respaldo externo para asegurar la navegación, la Casa Blanca empezó a admitir que la apertura efectiva del paso exige una arquitectura multilateral.
Según fuentes citadas en el texto base, los aliados de Estados Unidos participan en discusiones activas para reunir los recursos necesarios en un esfuerzo “multicapa”. En esa planificación entran inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreo, barrido de minas, escoltas, capacidad antidrón y buques de guerra con misiles interceptores. No aparece todavía un pedido específico a países concretos, pero sí una constatación central: ningún país tiene por sí solo todos los recursos necesarios para garantizar una reapertura segura y sostenida.
Ese punto tiene una lectura política nítida. Trump cuestiona a los aliados por no actuar con rapidez, pero al mismo tiempo la propia operación confirma que Washington no puede ordenar unilateralmente un corredor seguro sin una coordinación amplia. La tensión entre discurso de autosuficiencia y necesidad de cooperación quedó expuesta en tiempo real.
El Reino Unido se mueve, pero la coalición sigue en construcción
Hasta ahora, el primer paso concreto informado llegó desde el Reino Unido, que anunció que permitirá a Estados Unidos utilizar sus bases militares para atacar sitios de misiles iraníes que amenazan a los barcos en el estrecho. Es una señal relevante, aunque todavía insuficiente para resolver el problema central: asegurar un paso libre y estable para la navegación comercial.
El texto deja claro que no existe un disparador automático para la entrada colectiva de los aliados. Las fuentes esperan que esa participación se active en un momento de “alguna cesación” de los combates que permita abrir la vía y proteger la navegación. Ese detalle importa porque introduce una limitación operativa y política. Aunque Trump acelera el tono y exige respuestas, los socios no parecen dispuestos a comprometer recursos plenos en medio del máximo nivel de hostilidad.
Ahí aparece una diferencia de tempos. La Casa Blanca busca exhibir control y capacidad de imponer condiciones. Los aliados, en cambio, miden riesgos, tiempos y costos. Esa brecha no supone una ruptura inmediata, pero sí muestra que la coalición que acompaña a Estados Unidos en Medio Oriente no actúa bajo automatismo político.
Sin alto al fuego y con retórica de victoria
Trump reforzó además la línea más dura de la administración al descartar públicamente un alto al fuego. Dijo que no busca una pausa en una guerra en la que, según su propia descripción, Estados Unidos está “aniquilando” al otro lado. En ese marco, afirmó que Irán ya no tiene marina, fuerza aérea, observadores, antiaéreos ni radar, y remató con otra definición de alto impacto: “Creo que hemos ganado”.
Esa narrativa busca instalar una idea de superioridad irreversible. También intenta justificar que la guerra entre en una fase más amplia sin necesidad de abrir una discusión sobre salida negociada. Sin embargo, el mismo texto muestra una tensión de fondo: si la victoria fuera políticamente consolidada y militarmente cerrada, la obstrucción del estrecho de Ormuz no seguiría condicionando precios, logística y despliegue internacional.
De hecho, miles de marines y marineros estadounidenses se dirigen hacia Medio Oriente, una señal de que la administración Trump no se prepara para un desenlace inmediato, sino para un conflicto prolongado. La distancia entre la retórica de victoria y la preparación para una guerra extendida es uno de los datos más sensibles del escenario.
Petróleo, inflación y mercados: el costo económico de la escalada
La guerra ya produce efectos concretos sobre la economía global. Los ataques dañaron infraestructura energética en Medio Oriente, el estrecho permanece prácticamente cerrado y el precio del crudo Brent subió 3,26% el viernes hasta cerrar en US$ 112,19 por barril, el nivel más alto desde julio de 2022. En Estados Unidos, los precios de la gasolina también profundizaron la suba.
La reacción de los mercados fue inmediata. El Russell 2000 cayó 2,7% y se encamina a cerrar en corrección, con una baja superior al 10% desde su máximo de enero. El Dow Jones perdió 447 puntos, equivalente a 0,97%. El S&P 500 retrocedió 1,51% y el Nasdaq cayó 2,01%. A la vez, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, con la tasa a 10 años en 4,39%, su nivel más alto desde julio.
No se trata sólo de volatilidad financiera. La suba de la energía vuelve a encender preocupaciones sobre inflación y complica las perspectivas de los bancos centrales. En ese punto, la guerra deja de ser una cuestión geopolítica acotada y pasa a intervenir de lleno en la agenda económica. Para Trump, eso implica una doble presión: sostener la ofensiva sin permitir que el costo energético erosione el frente interno.
Alianzas bajo estrés y gobernabilidad externa
La ofensiva verbal contra aliados de la OTAN agrega otra capa de complejidad. Trump no sólo reclama ayuda. También expone una visión transaccional de las alianzas: Estados Unidos protege, pero espera retribución, compromiso y respaldo operativo cuando lo necesita. Esa lógica, que ya formaba parte de su discurso político, ahora aparece aplicada en un contexto bélico de alta sensibilidad.
El efecto es ambiguo. Puede empujar a algunos socios a involucrarse más para evitar una ruptura con Washington. Pero también puede endurecer cautelas en gobiernos que no quieren quedar arrastrados por una guerra cuyo horizonte sigue abierto. La referencia a los aliados como “cobardes” no fortalece por sí sola una coalición; en todo caso, subraya que la relación entre liderazgo militar y obediencia política está lejos de ser lineal.
En ese marco, los sectores que aparecen más condicionados son los aliados que dependen del paraguas estratégico de Estados Unidos pero todavía no definieron hasta dónde acompañarán la operación en Ormuz. Al mismo tiempo, Trump intenta mostrar que Estados Unidos e Israel quieren “más o menos cosas similares”, un mensaje orientado a exhibir alineamiento en el núcleo duro de la guerra aunque la periferia aliada muestre reservas.
Una operación militar y un test político
La reapertura del estrecho de Ormuz ya opera como algo más que una misión táctica. Es un test sobre la capacidad de Estados Unidos para convertir supremacía militar en coordinación efectiva. También es una prueba para medir hasta dónde llega la obediencia de los aliados cuando la guerra exige recursos concretos y no sólo respaldo diplomático.
En las próximas semanas habrá que observar tres variables. Primero, si aparece una “alguna cesación” de los combates que permita activar el esquema multilateral de seguridad. Segundo, si los aliados pasan de las discusiones a compromisos materiales verificables. Tercero, si el alza del petróleo y la presión sobre los mercados obliga a recalibrar el discurso de victoria rápida.
Por ahora, Trump intenta administrar dos frentes a la vez: sostener una guerra que presenta como resuelta y construir una coalición que todavía no termina de ordenarse detrás de su estrategia. La fuerza militar parece fuera de discusión en su relato. Lo que sigue en disputa es otra cosa: la capacidad de transformar esa fuerza en control estable sobre una crisis que, por ahora, sigue expandiendo sus costos.
Los efectos prolongados de la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán y el alza persistente del crudo, que ha llegado a aumentar un 50 % en el último mes, se van a traducir en una caída del crecimiento económico y un aumento de la inflación a nivel mundial, según cálculos del FMI.
«Ya vemos perturbaciones significativas», reconoció la directora de Comunicación del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, en una rueda de prensa donde abordó la interrupción del flujo de crudo y gas por el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado por Irán, y los daños a infraestructuras en el golfo Pérsico.
¿Cuánto podría subir la inflación por la guerra en Irán?
Según Kozack, al analizar los ‘shocks’ energéticos, por regla general «cada aumento del 10 % en el precio del petróleo, si este persistiera, digamos, durante el resto de este año, podría derivar en un incremento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y en una caída de la producción global de entre el 0,1 % y el 0,2 %».
Vista de una refinería en República Checa, el 18 de marzo de 2026. EFE/Martin Divisek
«Cabe reiterar que se trata, nuevamente, de una regla general, aplicable a un aumento persistente en el precio del petróleo» que, en el caso del crudo Brent, ya ha superado los 100 dólares por barril, matizó.
El impacto económico, insistió, «dependerá de la duración, el alcance y la intensidad de la crisis. Nuestra evaluación preliminar indica que se prevé un debilitamiento del crecimiento», añadió.
En enero, el FMI elevó dos décimas su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, hasta el 3,3 %, pero advirtió entonces de que está expuesta a riesgos a la baja, como un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas o una caída de la inversión en tecnología.
El FMI actualizará sus previsiones con el impacto del conflicto
Kozack adelantó que el próximo abril el organismo internacional actualizará sus estimaciones con la publicación de un nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales, que recogerá los efectos del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán, extendido a otros países de la región con serias amenazas a la economía mundial.
La directora de Comunicación del FMI recordó que los precios de las materias primas también han aumentado, lo cual unido a la interrupción de los envíos de fertilizantes y la perturbación del transporte marítimo, eleva el riesgo de que se produzcan subidas en los precios de los alimentos.
«Estos aumentos podrían ser sustanciales, en función de la duración y la intensidad de la situación», agregó, al tiempo que se refirió al incremento de la volatilidad financiera en varios países, incluidas tanto economías avanzadas como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea (UE), como los países emergentes y en desarrollo.
De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo aparente per cápita se ubicó en 47,3 kilos anuales, lo que representa una caída del 2,5% interanual y el nivel más bajo de los últimos 21 años.
En paralelo, la industria frigorífica atravesó uno de los febreros de menor actividad en casi medio siglo. La faena alcanzó las 924,3 mil cabezas de hacienda vacuna, con una leve suba del 1,5% frente a enero —ajustada por días hábiles— pero con una caída del 10,7% en la comparación interanual, equivalente a unas 110 mil cabezas menos.
La menor actividad se reflejó también en la producción. En el primer bimestre de 2026 se generaron 457 mil toneladas res con hueso, lo que implica una contracción del 9,1% frente al mismo período del año pasado. En términos absolutos, la caída fue de 45,5 mil toneladas.
En el mercado interno, el consumo total mostró un deterioro aún más marcado. Según CICCRA, el consumo aparente descendió a un ritmo del 13,8% interanual en el acumulado del primer bimestre, con un volumen total de 332,7 mil toneladas. El promedio móvil de los últimos doce meses se mantuvo en 47,3 kilos por habitante al año, 1,2 kilos por debajo del nivel registrado un año atrás.
Precios en alza
La caída del consumo se da en un escenario de fuerte presión sobre los precios. Según datos del INDEC, en febrero el precio de los cortes vacunos aumentó 7,4% mensual, muy por encima de la inflación general, que se ubicó en 2,9%.
Entre los principales cortes, la paleta lideró las subas con un 8,1%, seguida por el cuadril y la nalga (ambos con 8,0%). La carne picada común registró un incremento del 7,1%, mientras que el asado subió 5,7%.
En valores absolutos, el kilo de asado promedió los $16.852,4, el cuadril alcanzó los $19.792,7 y la nalga llegó a $20.527,5. La paleta se ubicó en $15.817,9 y la carne picada en $9.521,4.
Exportaciones en crecimiento
A contramano del mercado interno, las exportaciones continúan mostrando dinamismo. En el primer bimestre del año, los envíos al exterior habrían alcanzado las 124 mil toneladas res con hueso, con un crecimiento del 6,6% interanual.
En enero, en tanto, se certificaron exportaciones por 43,6 mil toneladas peso producto, lo que implicó una suba del 13,5% respecto al mismo mes de 2025. La caída en los embarques hacia China fue compensada por mayores ventas a Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.
El precio promedio de exportación también mostró una fuerte mejora: la tonelada se ubicó en 7.362 dólares, un 30% por encima del valor registrado un año atrás. Según CICCRA, esta suba fue generalizada entre los principales destinos, impulsada en parte por la depreciación del dólar a nivel internacional, aunque con distinta intensidad según el mercado.
En este escenario, la cadena cárnica refleja una creciente dualidad: mientras el frente externo tracciona con mejores precios y volúmenes, el consumo interno continúa debilitándose, presionado por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento sostenido de los alimentos.
