Discapacidad: el Gobierno actualizó un 2,1% los aranceles de las prestaciones
La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una nueva actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Desde agosto de 2026, los aranceles aumentan un 2,1%, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC, y se mantienen los adicionales del 20% para las prestaciones brindadas en la Patagonia. La medida alcanza a centros de día, rehabilitación, transporte, integración escolar, hogares, residencias y servicios de apoyo contemplados en la Ley 24.901.
La Resolución 2775/2026 continúa el esquema de actualización mensual que el Ministerio de Salud aplica desde este año, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor del mes anterior. Después del incremento del 1,9% otorgado en julio, ahora los valores vuelven a ajustarse un 2,1% para preservar el financiamiento del sistema de prestaciones básicas.
La actualización impacta en todo el sistema de prestaciones
El aumento alcanza a todas las modalidades incluidas en el nomenclador nacional, sin diferencias por tipo de prestación. Esto significa que los nuevos aranceles serán la referencia para las obras sociales, prepagas y otros agentes financiadores obligados a cubrir las prestaciones previstas en la Ley 24.901.
Entre los valores que comienzan a regir en agosto se destacan la estimulación temprana, que pasa a $415.173,74; el módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE), que asciende a $757.171,66; y el maestro de apoyo, cuyo valor se actualiza a $16.068,31 por módulo. También se incrementan los valores de rehabilitación, transporte y alimentación.
Las prestaciones de rehabilitación muestran uno de los mayores impactos económicos del nomenclador. La internación de rehabilitación pasa a $5.882.161,86, mientras que el módulo integral intensivo alcanza $180.816,83 y el módulo simple $108.762,98. El valor del transporte también se ajusta a $900,01 por kilómetro, una variable especialmente sensible para usuarios que deben trasladarse largas distancias para acceder a tratamientos.
Qué cambia para las familias y los prestadores
La actualización no representa un nuevo beneficio ni modifica el alcance de las coberturas. Lo que cambia es la base arancelaria sobre la cual se liquidan las prestaciones que integran el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
Para las familias, el impacto más relevante es indirecto: la actualización busca reducir el desfasaje entre los costos de atención y los valores reconocidos por el sistema, una demanda sostenida por instituciones, profesionales y organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.
Para los prestadores, la continuidad de los ajustes mensuales aporta mayor previsibilidad en un contexto donde los costos de funcionamiento —salarios, transporte, alimentación, medicamentos y servicios— evolucionan de manera permanente. El desafío sigue siendo que la actualización arancelaria se traduzca en pagos efectivos dentro de plazos compatibles con la sostenibilidad de los centros y profesionales.
Un sistema que sostiene educación, salud y cuidados
El nomenclador incluye servicios que atraviesan distintas etapas de la vida de una persona con discapacidad. Los nuevos valores alcanzan centros educativos terapéuticos, centros de día, hogares permanentes, residencias, formación laboral, aprestamiento laboral, escolaridad especial, rehabilitación y apoyos para la integración escolar.
Esa amplitud explica por qué el nomenclador tiene un impacto social que va más allá del sistema sanitario. Los valores regulan prestaciones vinculadas con educación inclusiva, rehabilitación física y cognitiva, cuidados permanentes y procesos de inclusión laboral, servicios que permiten sostener la autonomía y la participación de miles de personas en sus comunidades.
La resolución también ratifica el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas, un reconocimiento previsto por la Ley 24.901 para compensar mayores costos de prestación en esas jurisdicciones.
El desafío sigue siendo la sustentabilidad del sistema
La actualización automática por inflación busca aportar previsibilidad, pero no resuelve por sí sola uno de los principales problemas del sistema: la brecha entre la actualización de aranceles y los tiempos de pago de los financiadores.
Instituciones que brindan atención integral, centros terapéuticos y profesionales independientes vienen señalando que la sustentabilidad depende tanto del valor reconocido como de la velocidad con la que esos recursos llegan a quienes prestan el servicio. En provincias del NEA, donde muchas familias deben recorrer grandes distancias para acceder a tratamientos especializados, esa ecuación también incorpora el costo del transporte y la disponibilidad de prestadores.
El esquema de ajustes mensuales representa un mecanismo para evitar que los aranceles queden congelados durante largos períodos. La discusión hacia adelante será si esa actualización acompaña efectivamente la evolución de los costos del sector y contribuye a garantizar la continuidad de las prestaciones sin afectar el acceso de las personas con discapacidad.
Anexo 1 Resolución 2775/2026 Discapacidad by CristianMilciades