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A2/AD en el Atlántico Sur: la estrategia militar que Argentina necesita (y no está usando)

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Hay una pregunta que la dirigencia argentina evita hace más de cuarenta años, desde que perdimos la guerra de 1982: ¿Con qué defendemos el mar que decimos que es nuestro?. La respuesta incómoda es que hoy, en términos de barcos, no tenemos con qué. Cuatro destructores diseñados en los años 80; media docena de corbetas que esperan modernización hace una década, y ni un solo submarino en condiciones de navegar: el último, el ARA Santa Cruz, se encuentra desde hace más de una década esperando su reparación en el astillero Tandanor.

Esa foto, lejos de mejorar, acaba de sumar una novedad: A fines de agosto de 2026 la ARA (Armada argentina) anunció el retiro definitivo de los cinco Super Étendard, los aviones más modernos con los que contaba la aviación naval, sin que exista todavía un reemplazo a la vista.

Frente a ese diagnóstico existen dos salidas: resignarse, o soñar con una flota que nunca vamos a poder pagar. Este artículo propone una tercera vía, que ya está probada en otras partes del mundo por países que tampoco pueden competir barco por barco con las grandes potencias.: No hace falta tener la marina más grande para defender el mar propio. Hace falta volverlo caro de invadir.

El error de pensar la defensa como espejo del enemigo

Desde Malvinas, buena parte de la conversación sobre defensa argentina quedó atada a una idea: recuperar soberanía plena sobre el Atlántico Sur significa reconstruir una flota que pueda pelear de igual a igual contra la Royal Navy británica. Es una idea noble, y también una trampa. Ningún presupuesto argentino previsible –y menos todavía en tiempos de ajuste, cuando hasta la compra de helicópteros navales quedó cancelada por falta de fondos– alcanza para igualar a una potencia que gasta en defensa lo que Argentina gasta en varios rubros del Estado juntos.

En el Golfo Pérsico, Irán –una potencia media, con un presupuesto de defensa muy inferior al de Estados Unidos– logró durante décadas que la marina más poderosa del planeta piense dos veces antes de operar libremente en sus aguas. No lo consiguió con acorazados ni con portaaviones. Lo consiguió con una combinación barata y descentralizada: cientos de lanchas rápidas armadas, dispersas y fáciles de reemplazar; minas navales; misiles antibuque lanzados desde tierra; y drones. Nada de eso, por separado, vence a una potencia naval. Pero Jjuntos, la obligan a operar con miedo, gastando fortunas en defenderse de un enemigo que no arriesga casi nada material cuando ataca.

Este mismo año ese sistema fue puesto a prueba en un enfrentamiento directo contra Estados Unidos e Israel, y –más allá de la valoración política que cada uno tenga sobre el régimen iraní– la lección estratégica quedó demostrada: se puede sostener una postura disuasoria seria sin tener una flota comparable a la del adversario.

Lanchas patrulleras rápidas de la IRGC

La palabra técnica para esto es doctrina de “anti acceso y denegación de área” (A2/AD, por su sigla en inglés). Suena complicado, pero la idea es simple, casi de sentido común: En vez de intentar ganar una guerra naval convencional, que ya sabemos que no podemos ganar, se trata de hacer que el enemigo ni siquiera quiera empezarla.

Lo que Argentina sí tiene, y no estamos usando

Lo interesante es que el principio iraní no es exclusivo de Irán ni del Golfo Pérsico. Funciona en cualquier lugar donde la geografía impone un cuello de botella. Un paso angosto por donde cualquier fuerza extranjera tiene que pasar sí o sí para llegar a destino. Y acá está lo que muchas veces se pasa por alto: Argentina tiene los suyos.

El Estrecho de Magallanes es el paso obligado entre el océano Atlántico y el Pacífico en el extremo sur del continente. El Mar de Hoces, mejor pero mal conocido como Pasaje de Drake, entre Tierra del Fuego y la Antártida, es la vía natural de aproximación hacia el continente blanco donde Argentina mantiene un reclamo de soberanía vigente y una presencia ininterrumpida desde hace más de un siglo. Ninguno de los dos tiene la importancia comercial global del Golfo Pérsico –por ahí no pasa el petróleo del mundo– pero ambos concentran el paso hacia y desde una región donde tenemos intereses soberanos concretos: Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y el sector antártico argentino.

Esa geografía, hoy está prácticamente desguarnecida. Y es, paradójicamente, uno de nuestros mayores activos estratégicos sin explotar.

La actualidad se encarga de recordarlo todas las semanas. El 24 de agosto de este 2026, hace apenas unos días, el petrolero VS Promise de bandera británica, amarró en el puerto de Ushuaia después de cargar crudo en una monoboya de la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. El episodio disparó un cruce político entre el gobierno provincial y la administración nacional, que interviene el puerto de Ushuaia desde enero. Pero lo más revelador no fue esa pelea, sino la contradicción de fondo: la misma provincia que después salió a denunciar el amarre como una afrenta a la soberanía había autorizado, a través de su propia Secretaría de Hidrocarburos y Energía, que ese buque británico cargara petróleo en la monoboya de Río Cullen, bajo jurisdicción provincial. Primero se habilita el negocio; después, cuando el barco toca puerto y hay cámaras, aparece el discurso soberano. Ese doble estándar es tan parte del problema como la falta de barcos. Mientras no haya una política sostenida y coherente, ni siquiera dentro de una misma provincia, cualquier reclamo de soberanía corre el riesgo de quedar en pose. Aclaro, este doble estándar no es nuevo ni exclusivo de la gobernación de Tierra del Fuego AIAS. La dirigencia política argentina hace décadas que tolera al Reino Unido cuando le conviene y se indigna sólo cuando es presionada a hacerlo.

Construir de a poco, sin repetir el error de siempre

El error más frecuente en la Argentina cuando se habla de rearme es discutir qué comprar —(el submarino, el misil, el avión de moda)— antes de discutir en qué orden y con qué continuidad se construye una capacidad real. La historia ya nos dio esa lección y la pagamos cara: en los años 70 y 80, Argentina desarrolló el programa de submarinos más ambicioso de Sudamérica, el TR-1700. Desarrollado a fines de la década de 1970 mediante un acuerdo con la empresa alemana Thyssen Nordseewerke, el plan original contemplaba la construcción de seis submarinos de ataque convencionales —dos en Alemania y cuatro bajo licencia en el astillero Domecq García, en Argentina—, con el objetivo no solo de dotar a la Armada de una capacidad submarina de última generación, sino de sentar las bases de una industria naval nacional capaz de diseñar y fabricar tecnología militar compleja de manera autónoma. Cuarenta años después, no queda ni una sola unidad operativa. Y no fue un fracaso de ingeniería, sino por el contrario, una desidia de la clase política que no pudo sostener la decisión en el tiempo, gobierno tras gobierno.

Con esa lección en mente, la reconstrucción debería pensarse en tres etapas, de la más urgente y barata a la más cara y lenta.

Primero ver. Sin capacidad de detección (radares en la costa, aviones de patrulla, satélites propios o compartidos con aliados) no hay nada que defender, porque no se sabe qué está pasando en el mar. Es la inversión más accesible y la que más avanzada se encuentra. En agosto de 2026 la Armada lanzó el “Plan Dédalo”, un programa de reestructuración de la Aviación Naval a cinco años que contempla, entre otras cosas, la llegada de los dos aviones P-3 Orión que todavía faltan –previstos entre octubre de 2026 y junio de 2027– para completar una flota de cuatro, dedicados justamente a patrullar el mar. Es un paso, todavía insuficiente, en la dirección correcta.

P3 ORION LLEGANDO A ARG

Segundo, estar presentes sin gastar de más. Acá es donde el ejemplo iraní enseña más: en vez de apostar todo a pocos buques carísimos –que si se pierden son un golpe militar y político devastador– conviene pensar en unidades más numerosas, más baratas y más fáciles de reponer. Los cuatro patrulleros oceánicos que ya se incorporaron a la Armada son un antecedente en esa línea, aunque hoy estén pensados más para vigilar la pesca ilegal que para disuadir a una fuerza militar. Astilleros Río Santiago y Tandanor, con presupuesto y preparación adecuada, estarían en condiciones, por antecedentes e infraestructura, de construir este tipo de patrulleros. 

Tercero, tener con qué decir que no. Misiles antibuque, que podrían ser de fabricación nacional ya que en algún momento la Argentina supo tener una industria de defensa capaz de lograrlo, y en el horizonte más lejano, una fuerza submarina propia. Esta es la etapa más cara y la más difícil de sostener en el tiempo, pero también la que puede cambiar la ecuación de poder en la región.

Acá conviene ser honesto con lo que pasó esta misma semana. El mismo Plan Dédalo que trae los P-3 Orión también confirma la baja definitiva de los cinco Super Étendard Modernisé que Argentina le compró a Francia en 2018: aviones que nunca llegaron a volar en la Argentina, porque el Reino Unido bloqueó por años la venta de los cartuchos para sus asientos eyectables. Siete años después de esa compra, y sin haber resuelto nunca el problema, la Armada los da de baja sin que exista un reemplazo equivalente.

Una doctrina de disuasión barata no depende de aviones de combate carísimos, sino de misiles, drones y minas navales, mucho más baratos y más difíciles de eliminar de un solo golpe. El problema no es que se retiren los Super Étendard. El problema es, otra vez, la falta de continuidad: se gastaron años y millones en un avión que terminó varado por un veto ajeno, sin que nadie asumiera el costo político de reconocer el fracaso a tiempo ni de definir con qué se lo reemplaza en esa función disuasoria. Sin eso, lo que hoy se presenta como una modernización puede terminar siendo, simplemente, otra capacidad perdida.

El verdadero enemigo no está en el mar

Hay que decirlo sin vueltas: lo que más amenaza esta estrategia no es la falta de plata ni la falta de tecnología disponible en el mundo para comprar. Es la falta de consensos políticos que perduren en el tiempo. Ningún plan de defensa, por bueno que sea en el papel, sobrevive a un país donde cada gobierno nuevo cancela lo que empezó el anterior, como acaba de pasar con la compra de helicópteros navales, frenada por un recorte presupuestario.

El propio Plan Dédalo es un buen ejemplo de las dos caras de esta moneda. Por un lado, plantea una reorganización territorial: a partir de 2027, la histórica Base Aeronaval Punta Indio —cuna de la Aviación Naval argentina desde 1916— pasará a llamarse simplemente “Estación Aeronaval”, con el taller central concentrado en la Base Espora, en Bahía Blanca. Cerca de trescientos puestos de trabajo, entre civiles y militares, quedaron en la incertidumbre sin mencionar el enorme perjuicio evidente para el pueblo de Punta Indio. Por otro lado, es también una muestra de que hay planificación a mediano plazo, algo poco frecuente en la defensa argentina de las últimas décadas.

La etapa de “ver” –radares, aviones, satélites– es la que más avanza justamente porque es la que menos depende de sostener una misma decisión durante quince o veinte años seguidos, que es lo que necesita un programa de submarinos o de misiles para llegar a buen puerto.

Ahí está, quizás, el primer paso realista: no esperar el gran anuncio de rearme naval, sino consolidar ya, con lo que hay, la capacidad de saber qué pasa en nuestro propio mar. Y sobre esa base, si en algún momento como país nos ponemos de acuerdo en sostener una política de Estado más allá de un mandato presidencial, recién ahí avanzar hacia una capacidad de decir que no, con hechos, a cualquiera que quiera pasar por el Atlántico Sur como si fuera tierra de nadie.

Ni ingenuidad ni resignación

Ningún ejemplo extranjero se traslada perfecto. El Golfo Pérsico no es el Atlántico Sur. Por ahí pasa una porción enorme del petróleo del mundo, lo que obliga a cualquier potencia a pensarlo dos veces antes de escalar un conflicto; nuestra región austral no tiene, hoy, ese mismo peso en la mirada del mundo, pero va camino a tenerlo. Y esta estrategia tampoco alcanza sola: no sirve de nada disuadir una invasión hipotética si al mismo tiempo no sostenemos presencia real, todos los días, en los espacios que reclamamos como propios, como recuerda, otra vez, la discusión por un petrolero británico amarrado a metros del memorial a los caídos de Malvinas en Ushuaia.

Pero ninguna de esas objeciones cambia lo esencial. La ARA no necesita ser la Royal Navy. Argentina necesita ser el país al que nadie quiere atacar porque sabe que va a sangrar. Esa estrategia no cuesta lo que cuesta un portaaviones. Cuesta lo que cuesta decidir. Y en eso, todavía estamos a tiempo.

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Netanyahu reconfigura el relato de guerra sin caída del gobierno de Irán y abre un frente político interno

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El gobierno de Israel activó en los últimos días un giro discursivo clave sobre la guerra con Irán. Sin confirmar un cambio de régimen en Teherán —objetivo que sobrevoló durante meses—, el primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo el 12 de marzo de 2026 que la ofensiva ya “cambió el equilibrio de poder en Medio Oriente”. El dato no es menor: la declaración, realizada en su primera rueda de prensa desde el inicio del conflicto, marca un desplazamiento político en pleno desarrollo de la guerra. La pregunta queda abierta: ¿se trata de una consolidación estratégica o del inicio de un repliegue narrativo frente a límites militares y presiones externas?

Un objetivo que se redefine sobre la marcha

La ofensiva contra Irán se presentó desde el inicio como una instancia decisiva. La construcción política fue clara: una “guerra existencial”, enmarcada dentro de lo que el propio Netanyahu denomina la “Guerra de la Redención”, iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. En ese esquema, el cambio de régimen en Irán funcionaba como horizonte máximo.

Sin embargo, la evolución del conflicto introdujo matices. Tras el ataque que eliminó al líder supremo iraní y los llamados públicos a una insurrección interna, el escenario no derivó en una caída del régimen. En paralelo, Estados Unidos —actor central en la operación militar— comenzó a dar señales de cierre del frente, en un contexto de presión económica global por el alza del petróleo.

En ese marco, el Gobierno israelí ajusta el encuadre: ya no se trata necesariamente de reemplazar al régimen iraní, sino de debilitarlo estructuralmente. Las propias fuentes militares sostienen que los daños infligidos a las capacidades armamentísticas —instalaciones, mandos, arsenales— tendrían efectos “permanentes y semipermanentes”. La traducción política es directa: transformar una victoria total en una ventaja estratégica prolongada.

Entre la narrativa de victoria y los límites operativos

El nuevo enfoque no elimina tensiones. Durante meses, la legitimidad interna de la guerra se apoyó en la promesa de neutralizar definitivamente la amenaza iraní y su red de aliados regionales. Ese objetivo incluía, implícitamente, a actores como Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza.

Hoy, ese esquema aparece más complejo. Persisten frentes activos: Hezbolá intensificó su accionar tras la muerte del líder iraní, mientras que en Gaza el control territorial sigue fragmentado. A su vez, Israel volvió a enfrentarse a Irán apenas ocho meses después de haber declarado una “victoria histórica” en 2025, lo que introduce un interrogante sobre la durabilidad de los logros militares.

En términos institucionales, esto reconfigura la lógica de seguridad: de guerras concluyentes a conflictos recurrentes. La idea de “guerras preventivas” comienza a instalarse como doctrina operativa, lo que implica una redefinición de la política de defensa con impacto directo en la estabilidad regional.

Presión externa y cálculo político interno

El tablero internacional también condiciona las decisiones. La posibilidad de un cierre anticipado del conflicto impulsado por Washington —en un contexto de tensión económica global— limita el margen de acción israelí. La coordinación militar con Estados Unidos fue central en la ofensiva, pero también establece un techo político.

En el plano interno, Netanyahu enfrenta un equilibrio delicado. Por un lado, la guerra mantiene un respaldo significativo en la opinión pública, incluso tras más de dos años de conflicto continuo. Por otro, el capital político del primer ministro está atado a los resultados.

El riesgo es evidente: si la guerra concluye sin una transformación estructural del régimen iraní, las promesas de “victoria total” pueden convertirse en un punto de vulnerabilidad. Más aún cuando persisten amenazas activas en múltiples frentes y cuando los conflictos previos —con Hamás y Hezbolá— siguen sin resolución definitiva.

En ese contexto, la posibilidad de adelantar elecciones aparece como una variable política latente. Capitalizar el momento antes de que se diluya el impacto de la ofensiva podría formar parte de la estrategia.

Un conflicto que no termina de cerrarse

El escenario que se abre es menos lineal que el planteado al inicio de la guerra. Israel podría optar por consolidar su ventaja militar y dejar que las tensiones internas en Irán evolucionen por sí solas. Sin embargo, esa decisión implica aceptar que el régimen continúe, al menos en el corto plazo.

Al mismo tiempo, la continuidad de operaciones en Líbano y Gaza introduce una dimensión adicional: la dificultad histórica de cerrar conflictos sin acuerdos políticos de fondo. La superioridad militar, por sí sola, no garantiza estabilidad.

Las próximas semanas serán clave para observar si el Gobierno israelí avanza hacia un cierre ordenado del frente iraní o si el conflicto deriva en una nueva fase de presión sostenida. También será determinante el rol de Estados Unidos y su disposición a sostener o limitar la escalada.

En ese cruce entre estrategia militar, narrativa política y condicionamientos externos, Netanyahu redefine su margen de acción. El resultado final todavía no está escrito.

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Milei oficializó una reestructuración clave en la cúpula del Ministerio de Defensa

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El Gobierno nacional oficializó una reconfiguración integral de la conducción del Ministerio de Defensa mediante el Decreto 60/2026, publicado el 29 de enero de 2026, que acepta tres renuncias clave y concreta cinco designaciones en áreas estratégicas. La medida, firmada por el presidente Javier Milei en uso de las atribuciones del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, ordena la estructura política y operativa del área desde el 10 y 11 de diciembre de 2025, con impacto directo en la planificación militar, la logística, la proyección internacional y la gestión administrativa del sistema de defensa.

Renuncias aceptadas y cierre de una etapa en la conducción civil

El decreto dispone, en primer término, la aceptación de las renuncias de tres funcionarios que ocupaban cargos centrales en el Ministerio de Defensa. A partir del 10 de diciembre de 2025, se hizo efectiva la salida del magíster Juan Erardo Battaleme Martínez del cargo de Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. En la misma fecha, también se aceptó la renuncia del licenciado Guillermo Patricio Madero, quien se desempeñaba como Subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

En tanto, desde el 11 de diciembre de 2025, se formalizó la renuncia de Facundo Benjamín Fernández Lagostena como Subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, una dependencia clave para la articulación entre planificación militar y sostenimiento logístico de las Fuerzas Armadas.

El artículo 4° del decreto expresa el agradecimiento del Poder Ejecutivo a los funcionarios salientes “por los servicios prestados”, cerrando administrativamente una etapa en la conducción del área y habilitando la nueva conformación del gabinete sectorial.

Nuevas designaciones y perfil estratégico de la conducción

En paralelo, el Decreto 60/2026 define una serie de designaciones que reordenan la estructura jerárquica del Ministerio de Defensa. A partir del 10 de diciembre de 2025, fue designado Secretario de Estrategia y Asuntos Militares el General de División Jorge Alberto Puebla, reforzando el peso del estamento militar en la definición estratégica del área.

Ese mismo día asumió como Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa el Teniente Coronel (R) licenciado Daniel Enrique Martella, en reemplazo de Battaleme Martínez, en un área clave para la vinculación externa, la cooperación internacional y la política de defensa en foros multilaterales.

Asimismo, desde el 11 de diciembre de 2025, el General de Brigada Carlos Horacio Martín fue designado Subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, concentrando la responsabilidad sobre la planificación operativa y el soporte logístico del instrumento militar.

El decreto también designa, a partir del 10 de diciembre de 2025, al Coronel Ariel Andrés Mira Peña como Subsecretario de Gestión Administrativa, función central para la administración presupuestaria y el funcionamiento interno del ministerio. Finalmente, se dispuso que el licenciado Guillermo Patricio Madero asuma como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores, reubicándolo dentro de la estructura ministerial tras su renuncia a la subsecretaría anterior.

Impacto del esquema adoptado

La reconfiguración formalizada por el Decreto 60/2026 consolida un esquema de conducción con fuerte presencia de oficiales superiores en áreas estratégicas, operativas y administrativas, y redefine el equilibrio entre conducción política y militar dentro del Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista institucional, la medida ordena las designaciones con efecto retroactivo a diciembre de 2025, aportando previsibilidad administrativa y respaldo normativo a decisiones ya operativas.

En términos funcionales, las áreas alcanzadas —estrategia militar, planeamiento operativo, logística, gestión administrativa y relaciones internacionales— concentran buena parte de las decisiones que inciden en la eficiencia del sistema de defensa, el uso de recursos públicos y la articulación con actores externos. El impacto se proyecta tanto sobre la planificación de mediano plazo de las Fuerzas Armadas como sobre la capacidad del ministerio para ejecutar políticas con coherencia interna y alineamiento institucional.

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