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Corrientes: empresarios madereros revelan trabajo en negro y maniobras ilegales

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Crisis en la foresto–industria de Corrientes, denuncias cruzadas de empresarios madereros por trabajo informal, evasión y competencia desleal tras los cierres en Santa Rosa

Una entrevista a un referente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa detonó un conflicto interno sin precedentes: empresarios del sector se acusaron públicamente por prácticas laborales ilegales, evasión impositiva y maniobras con madera sin documentación. La reacción expuso una crisis estructural que va más allá de la coyuntura económica y revela fallas profundas en gestión empresarial, informalidad y ausencia de inversión.

Un testimonio que encendió la mecha: acusaciones inéditas dentro del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa

La entrevista publicada este miércoles por ArgentinaForestal al empresario Juan Ramón Sotelo —presidente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa, miembro de APEFIC y propietario de Todo Pallets SRL— abrió una grieta que el sector mantenía bajo silencio desde hace años. Lo que comenzó como un análisis sobre la caída del mercado interno, el aumento de costos y el impacto de las lluvias en la actividad derivó en una serie de denuncias cruzadas entre industriales de la zona.

A partir de esa publicación, diferentes referentes de la foresto–industria correntina señalaron que los problemas no responden únicamente a la coyuntura económica, sino a fallas estructurales de gestión. Según un empresario consultado, los inconvenientes de Sotelo “no tienen nada que ver con la crisis actual”, sino con “cuestiones internas de su administración”, una situación que —según señalaron— se repite en la mayoría de los aserraderos de la región.

La polémica escaló rápidamente. Los industriales comenzaron a exponer públicamente lo que describen como una “cultura de informalidad” en la zona de Santa Rosa: evasión tributaria, trabajo en negro, subdeclaración de horas, compra de madera ilegal y uso de guías adulteradas para trasladar la producción. Incluso algunos testimonios mencionaron vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región.

Trabajo informal, evasión y denuncias de madera ilegal: la estructura que los empresarios revelaron

Los testimonios coinciden en que la informalidad es la regla, no la excepción. La brecha entre los costos laborales formales y los pagos informales es uno de los puntos centrales.

De acuerdo con empresarios de la zona: Un empleador formal debería pagar cerca de $300.000 mensuales por operario en cargas sociales. Muchos aserraderos pagan solo $30.000 por trabajador, utilizando seguros u otros esquemas no registrados. La hora oficial de un operario maderero, fijada en $4.300, se paga en la práctica entre $2.500 y $3.000. Varias empresas declaran menos horas de las trabajadas para reducir su carga formal.

La consecuencia inmediata es una competencia desleal que perjudica a quienes operan en regla, profundiza la desigualdad de condiciones y deteriora el mercado.

Uno de los testimonios más duros fue el del empresario Hermann Rodolfo Karsten, quien escribió en redes sociales que: “Casi todos los ‘aserraderos’ de Santa Rosa no son industrias: no pagan aportes laborales, no pagan impuestos, compran materia prima en negro, venden en negro, trasladan la madera con guías truchas, compran madera robada y realizan fletes con sobrecarga.”

En otro tramo, redobló su denuncia al afirmar que algunos actores “de vez en cuando hacen de mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa”.

Karsten también remarcó que quienes cumplen las normas deben enfrentar una competencia que considera destructiva: “Yo vengo bancando la crisis de valor y volumen, poniendo la madera a valor cero, pagando todos los impuestos y teniendo todo el personal en blanco. Por mí que se ardan todos, así desaparece la competencia desleal.”

Las afirmaciones, lejos de ser aisladas, replican comentarios que habitualmente se escuchan “por lo bajo” entre industriales formales de la región.

Una crisis estructural: informalidad, falta de inversión y quiebre en la gobernanza sectorial

Más allá del impacto económico coyuntural —como la caída del mercado interno o la presión de costos—, los distintos actores coinciden en que la crisis tiene raíces más profundas.

Entre los factores estructurales señalados por empresarios y especialistas del sector se encuentran: Falta de capacitación de propietarios, mandos medios y altos directivos. Escasa inversión en tecnología, maquinaria y automatización. Dependencia de madera de zonas afectadas por eventos climáticos, como inundaciones. Problemas logísticos que encarecen la operatoria y afectan la competitividad.

Un productor forestal sintetizó así la contradicción central del negocio: “Las empresas que cumplen con todo son las más exitosas. Entonces, ¿por qué evadir? Se supone que evadiendo ganás más, pero la realidad muestra lo contrario”.

El conflicto escaló al plano personal cuando, tras el posteo de Karsten, varios empresarios expresaron su molestia. Según trascendió, incluso el propio Sotelo le pidió “mesura” para evitar tensiones crecientes en el sector.

Lejos de moderar su postura, Karsten desafió públicamente: “Invito a todos los empleadores y empleados a una audiencia pública en la plaza de Santa Rosa, a cara descubierta. Que digan quiénes están enojados y debatamos con nombre y apellido.”

La reacción dejó al descubierto una fractura interna que trasciende los aspectos económicos: enfrenta a empresarios que operan formalmente contra quienes trabajan por fuera del marco legal, pese a beneficiarse de un régimen provincial que promueve “impuestos cero” para atraer inversiones.

Paradójicamente, el estallido se produce en un contexto en el que el Gobierno de Corrientes sigue posicionando a Santa Rosa como modelo de radicación industrial, mientras el sector revela problemas de informalidad, fallas de gestión y un esquema productivo que muchos describen como “terminal” para cientos de aserraderos.

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El “Señor del Tabaco” habla tras ganar la pulseada a ARCA: “Vamos a ir por una reparación”

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Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”, decidió romper el silencio. “Mi competencia me empuja a responder. Si no lo hago, termino validando lo que esta gente acusa. Tengo que explicar mi versión de la historia. Ya es hora de que termine esta caza de brujas”, concluyó en un mano a mano telefónico con El Cronista. Desde su entorno, explican que el empresario tabacalero, renuente a la exposición mediática, aguardó el último fallo a su favor en su disputa con ARCA para salir a responder con “hechos”.

Ayer, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió revocar el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad del dictamen fiscal de archivo en la causa iniciada contra Pablo Otero y Tabacalera Sarandí S.A., a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con la decisión firmada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quedó firme la desestimación del caso y sin efectos la acusación que apuntaba a la empresa por presunto lavado de activos.

En rigor, se trata de la tercera causa que sigue el mismo camino: en las dos primeras, que giraban en torno a un presunto pago de coimas en el marco de la Ley Bases, el mismo juez, Daniel Rafecas, había determinado el sobreseimiento y archivo por la imposibilidad de conectar las denuncias con los hechos. Para Otero, forma todo parte de una misma “guerra comercial desleal” que se dirime en los tribunales y el Congreso a costa de recursos públicos y propios.

Hace cuatro meses, Pablo Otero dejó la presidencia del directorio de Tabacalera Sarandí. “Permanecer como presidente ya le hacía mal a la empresa”, explicó a este medio, atribuyendo su decisión a la erosión en su reputación que generaron las acusaciones a las que calificó de “falsas e inexactas”. Aunque abandonó la gestión diaria, Otero sigue como accionista mayoritario, compartiendo la titularidad con su hermano Adrián.

Renunciar no estaba en mis planes todavía, pero la presión fue tal que fue necesario para proteger a la empresa“, alegó Otero. Según su relato, la exposición mediática y las noticias que señalaban irregularidades buscaban condicionar el desarrollo comercial de su firma. Pese a ello, aseguró que la facturación de Sarandí permaneció relativamente estable.

“Puede haber subido o bajado un cinco por ciento según el mes, pero no es un cambio significativo. Sin embargo, el costo real se ve en los recursos dedicados a atender inspecciones y auditorías provocadas por estas denuncias”, comentó, describiendo un efecto más burocrático y de desgaste que económico directo.

Sobre las acciones legales que podría adoptar hacia adelante, Otero adelantó que evaluarán medidas para resarcir los perjuicios, apuntando contra quienes impulsaron las denuncias. “Tenemos pensado en el futuro ir adelante con alguna reparación financiera. El prejuicio es reputacional y económico-financiero, porque mi capacidad como empresario se vio limitada. Tengo decenas de proyectos detenidos o abandonados por estas denuncias”, explicó. Calculó en millones las pérdidas millonarias derivadas del daño que le provocaron las causas en su capacidad para generar recursos.

El fallo de Cámara se había originado en una presentación de ARCA que señalaba presuntos vínculos de la tabacalera con distribuidores de perfil fiscal irregular. Según el organismo, esa relación podía encubrir maniobras para legitimar fondos de origen ilícito. La fiscalía analizó en su momento los elementos recolectados, entre ellos testimonios de empleados y presentaciones de la propia empresa, y concluyó que no existían pruebas que permitieran sostener una hipótesis penal. En consecuencia, dictaminó el archivo de las actuaciones.

La jueza de primera instancia declaró la nulidad de ese dictamen, al considerar que carecía de fundamentación suficiente. Esa decisión fue celebrada por ARCA, que se constituyó como querellante, mientras que la defensa de Otero planteó la recusación de la magistrada y el Ministerio Público Fiscal apeló en defensa de la validez de su propio acto.

La Cámara entendió que la nulidad no estaba justificada. En su fallo, recordó que todo dictamen fiscal debe estar motivado, pero que solo puede declararse inválido si resulta arbitrario o carente de razones específicas. Según los camaristas, no se comprueba dicha situación con las evidencias sopesadas

También señalaron desde el tribunal que la fiscalía había explicado con claridad que no se habían identificado operaciones sospechosas concretas ni un delito precedente, condiciones necesarias para encuadrar un hecho en la figura de lavado prevista en el artículo 303 del Código Penal.

Uno de los puntos más relevantes en el fallo al que accedió El Cronista fue la consideración sobre las facturas electrónicas emitidas por Tabacalera Sarandí. Para la fiscalía, ese mecanismo constituía una señal de transparencia, dado que generaba trazabilidad y exposición al control de la AFIP. “Si el propósito real hubiese sido canalizar activos de origen delictivo, la empresa no habría dejado constancia formal y rastreable de tales operaciones”, razonó el dictamen, avalado por la Cámara.

Otro argumento fue la competencia de ARCA. El tribunal subrayó que corresponde a la agencia recaudadora verificar eventuales incumplimientos fiscales mediante procedimientos administrativos. Solo a partir de esos resultados podría configurarse una deuda tributaria cierta y exigible y, en su caso, derivar en una denuncia penal. En este expediente, esos pasos no se habían cumplido.

Los camaristas también remarcaron que la discrepancia entre el criterio de la fiscalía y las expectativas de la querella no puede usarse como fundamento de nulidad. “Los motivos que se esgrimieron para invalidar ese dictamen se encuentran en realidad anclados en un desacuerdo con la posición fijada. Eso no constituye un factor que incida en su nulidad, porque excede el control de legalidad que corresponde a la jueza”, afirmaron los magistrados.

En un voto concurrente, el juez Farah advirtió además que la denuncia de ARCA no cumplió con los requisitos básicos del artículo 176 del Código Procesal Penal, que exige una relación precisa de hechos, circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, así como la identificación de partícipes y elementos de prueba. Para el magistrado, la presentación se limitó a señalar de manera genérica operaciones de facturación dudosa sin describir cómo habrían operado las maniobras ni cuál sería el delito precedente.

La decisión de la Cámara dejó sin efecto la declaración de nulidad y confirmó la desestimación fiscal. De esta manera, la acusación por lavado de activos contra Otero y Tabacalera Sarandí queda sin sustento judicial, aunque el tribunal recordó que, de surgir en el futuro elementos concretos de delito a partir de la actividad de fiscalización de ARCA, siempre podría promoverse una nueva denuncia.

“La denuncia no tiene ningún asidero. Nunca se detalla cuál es el delito de la empresa. Incluso el organismo recaudador verificó que todo estaba en orden”, resaltó Otero a El Cronista. Para él, las causas fueron parte de una estrategia más amplia de presión: “Es una guerra comercial elevada a las instituciones, con fines de concentrar el mercado y limitar la competencia local”, explicó, refiriéndose al rol de tabacaleras internacionales y al lobby que pueden ejercer sobre organismos estatales y medios de comunicación.

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Evasión y peligro: desbarrancó un camión con 70 toneladas de soja

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En un procedimiento realizado en la noche del domingo, en San José, una patrulla que recorría los caminos de zonas de picadas y chacras que ingresan a la provincia, detectó un camión con acoplado abandonado sobre un barranco, con una carga de alrededor de 70 toneladas de soja, el cual ingresó a Misiones de manera irregular, con el doble del peso recomendable.

Cerca de las 22:30 de ayer, en el contexto de recorridas preventivas que realizaban los uniformados en distintos caminos rurales para disuadir cualquier actividad delictiva, al llegar al Paraje Romero Cué hallaron un camión abandonado, el cual luego se estableció que era procedente de Córdoba, y que tenía como destino a San Vicente. El mismo había ingresado irregularmente a Misiones, evadiendo un control de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM).

Debido a ello, la Policía interdicto a la carga de bolsas de soja, las cuales sumarían un peso aproximado de 70 toneladas. Momentos después se presentaron en el lugar dos hombres de 35 y 44 años, quienes manifestaron ser los dueños del tractor y del acoplado, pero cuando los efectivos pidieron las documentaciones de la carga, los mismos manifestaron no poseerla.

Finalmente, tanto el vehículo como la carga se encuentran a resguardo policial, a fines de continuar con las diligencias de rigor, a disposición de ATM.

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La Afip intensifica controles en agencias de cambio por evasión fiscal

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo un exhaustivo operativo de control en una reconocida agencia de cambio con 16 sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo principal de esta acción fue detectar posibles maniobras de evasión fiscal relacionadas con transacciones cambiarias, especialmente en la compra y venta de bonos y otros activos en dólares.

Participaron más de 300 funcionarios del organismo conducido por Carlos Castagneto entre la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Seguridad Social (DGRSS) y la Dirección General de Aduana (DGA) con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

Los agentes de la AFIP se desplegaron en diferentes ubicaciones del AMBA para llevar a cabo una investigación que previamente había identificado indicios de irregularidades en las operaciones de la agencia de cambio.

Los resultados iniciales de la investigación señalaban que el contribuyente no había declarado una cantidad adecuada de personal en relación con la envergadura de su actividad comercial. Además, los gastos operativos reportados no se correspondían con los ingresos declarados, y se habían detectado ingresos exentos significativos sin justificación.

Durante el operativo, se solicitó al contribuyente, en todas sus sucursales, documentación que respaldara la capacidad económica financiera de sus clientes para llevar a cabo operaciones de cambio. Esta información será incorporada a una matriz de riesgo gestionada por el área de investigaciones de la AFIP para detectar posibles inconsistencias fiscales.

En los casos en los que se verifiquen las irregularidades mencionadas, la AFIP llevará a cabo fiscalizaciones a aquellos contribuyentes que, según los registros informáticos de la entidad, no cuenten con los medios económicos necesarios para realizar las operaciones declaradas.

Además, la Dirección General de Seguridad Social detectó que el 92% de los empleados relevados en las sucursales de la agencia de cambio no se encontraban registrados ante la AFIP. Se han levantado actas correspondientes y se ha iniciado un proceso para que el contribuyente regularice la situación de su personal, pague las cargas sociales atrasadas y enfrente sanciones relacionadas con la seguridad social.

Estos operativos se suman a las acciones continuas de la AFIP destinadas a detectar incumplimientos de normativas fiscales por parte de entidades financieras y relacionadas. La administración tributaria busca garantizar la equidad y la legalidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, especialmente en el sector financiero.

La AFIP continúa trabajando incansablemente para proteger los intereses fiscales y asegurar el cumplimiento de las regulaciones tributarias en beneficio de la sociedad y la integridad del sistema fiscal.

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Reconocida mayorista de alimentos evadió impuestos por 500 millones

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que desarticuló una maniobra de evasión de una reconocida firma dedicada a la venta mayorista de alimentos y artículos de limpieza, a la que intimó a pagar $ 500 millones en impuestos omitidos, en concepto de IVA y Ganancias.

Las tareas de control de la Dirección General Impositiva (DGI), enfocadas en empresas con alta capacidad contributiva, permitieron detectar un mecanismo de evasión por el cual comercios minoristas evitaron declarar compras a la empresa fiscalizada por más de $1.000 millones, según informó el organismo que encabeza Carlos Castagneto.

En ese sentido, agentes de la DGI constataron que comercios minoristas de cercanía tenían instaladas terminales de pago a nombre de la compañía fiscalizada, lo que hacía que las operaciones se acreditaran en forma directa en cuentas del mayorista.

“Los saldos generados eran utilizados para la realización de nuevas compras por parte de los minoristas sin la emisión de las facturas correspondientes”, señaló la AFIP en un comunicado.

Del análisis preliminar de la información recolectada se advirtió que los comercios minoristas de las ventas originadas por las compras a la firma mayorista no contaban con respaldo documental.

De esta manera, se determinaron ventas omitidas por más de $1.000 millones, lo cual dio lugar a un ajuste impositivo de $500 millones e IVA y Ganancias.

“Por medio de estas acciones, la AFIP profundiza la lucha contra maniobras irregulares de comercialización informal de mercadería en las cadenas de valor que componen la economía argentina”, concluyó el organismo.

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