EVASION

El Señor del Tabaco también es enemigo de Milei: una relación de odio, entre acusaciones de lavado de dinero y evasión

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Martín Sivak. En febrero de 2024, el flamante presidente Javier Milei señaló a los supuestos responsables de impedir que se aprobara un ambicioso paquete de reformas liberales llamada Ley ómnibus que, en sus palabras, cambiaría el destino de la Argentina. “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y ‘persuaden’ políticos para defender sus intereses”, escribió en X y se reservó para sí el nombre del empresario al que había aludido.

Pablo Otero, que nació en 1970 como Milei, que estudió Economía en la Universidad de Belgrano como Milei, entendió que hablaba de él. Su empresa familiar —Tabacalera Sarandí, fabricante de cigarrillos de segunda marca que se ofrecían a mitad de precio de la empresa líder— facturaba 800 millones de dólares al año y ya concentraba más de un tercio del mercado. El crecimiento de Tabacalera Sarandí se había acelerado por medidas cautelares en la Justicia que impidieron la aplicación de una ley de 2017 que la obligaba a fijar un precio no menor al 75% del de la marca que más vendía. Hacia 2024, la agencia recaudadora de impuestos estimaba en más de 1.200 millones de dólares la deuda de Tabacalera Sarandí con el fisco por haber eludido esa norma.

El tuit de Milei de 2024 estimuló el interés sobre la vida y la obra de Otero, que desde entonces recibió denuncias por evasión fiscal y sobornos. En abril de este año, el Gobierno lo denunció por lavado de dinero por, entre otros cargos, haber vendido cigarrillos a distribuidores “con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa”.

—La campaña de desprestigio llegó a tal punto que renuncié como director de Tabacalera Sarandí y de Grupo Madero Sur [la empresa familiar que nuclea al resto de las empresas] por los problemas operativos y familiares que me ha generado —dice en entrevista con El PAÍS, la primera que da a un periódicoo y que continuó con un reenvío de correos electrónicos, audios y páginas escritas de puño y letra.

Otero afirma que esa campaña está dirigida desde la tabacalera Massalin Particulares (controlada por la multinacional Philip Morris y dueña de la mitad del mercado) y cuenta, según él, con ramificaciones en la embajada de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, la justicia argentina, organizaciones políticas y empresariales y los grandes medios de comunicación a quienes responsabiliza por el odio que ha ido incubando. Ante la consulta de EL PAÍS, desde Massalin Particulares prefirieron no responder a las acusaciones de Otero.

El viernes 7 de abril, Otero entró a un salón de reuniones de Grupo Madero Sur, en un piso de 10 de Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires, con un ordenador portátil y el grabador donde él también registraría las conversaciones. En la recorrida por el piso presentó obras del pintor pionero del ecologismo Nicolás García Uriburu, del neorrealista Antonio Berni, la réplica de una espada del prócer nacional José de San Martín, souvenirs de automovilismo y de sus viajes por el mundo y distintos elementos rupestres con la aclaración que prefería ver caballos a montarlos. En las cinco horas siguientes, Otero recibiría la asistencia presencial y virtual de uno de sus contadores, de uno de sus abogados y de un estratega de comunicación.

Otero explicó que Tabacalera Sarandí, que quedará a cargo de la abogada Claudia Romero Roura, representa el 95% de la facturación de todo el grupo. No quiso dar el nombre de la empresa financiera porque “lo más probable es que los inversores se vayan a otro lado”. Grupo Madero Sur también tiene una división de desarrollo inmobiliario; una división de espectáculos, llamada Punt Vermell, con la que coprodujo la películas No llores por mí, InglaterraLas Corredoras, que aún no fue estrenada, y obras de teatro y conciertos; una división de automovilismo con equipos de competición y una de reclutamiento de personal.

Pregunta. ¿Cuál es su patrimonio?

Respuesta. Qué sé yo, no lo sé. ¿Me dejás que pregunto? Tiene que estar cercano a los 10 millones. Entre 10 y 20.

Marcó el contacto de uno de sus celulares.

—Leandro, ¿cuánto dio mi última decla patrimonial? ¿10 o 15? ¿Después me lo pasás un poco más preciso? Pasame el monto solo, gracias, querido.

Al rato mostró la pantalla: 15,17 millones de dólares.

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A finales del siglo XIX, los Otero Rodríguez —un cruce de familias que llegaron de España e Italia— se establecieron en Avellaneda, una ciudad del sur del conurbano bonaerense para dedicarse a vender y distribuir tabaco. En 1979, José Otero, el padre de Pablo, empezó a producir tabaco de armar, cigarros hechos a mano y, sobre todo, tabaco en bruto, mientras participaba en la Cámara de Distribuidores de Tabaco. Su hijo trabajó con él desde su adolescencia en los repartos a kioscos y puntos de venta porque, inicialmente, le servía para lo que entonces más le importaba: manejar autos.

Por pedido de su padre estudió para ingeniero agrónomo, pero luego se pasó a Economía para entender el comercio, pero no terminó. Cuando murió su padre, en 1993, se hizo cargo de la empresa y se fundió al poco tiempo.

En su relato, volvió a empezar en 1998 con la compra de la empresa Brillant, en la que invirtió 50.000 dólares. Ahí tuvo su primer conflicto con Massalín. “Fabricábamos cigarritos pagando un impuesto de cigarrito, que es el 20%, contra el 60% o 70% que se pagaban en ese entonces los cigarros. Jugaba al fleje, como siempre hice en los negocios. Mi diferencial era el precio: 0,90 contra un 1,8 dólares”.

Otero apostó por segundas marcas y precio en un país de crisis cíclicas. “En los noventa, todo el mundo fumaba Marlboro. Con la caída del poder adquisitivo, las segundas marcas empezaron a crecer. Después la gente se dio cuenta de que son exactamente iguales, con lo bueno y lo malo, que la primera marca”. En su estimación, Red Point, el más importante de sus productos, en 2006 tenía el 0,5% del mercado y valía la mitad que Marlboro, fue decisivo para llegar al 33% casi 20 años más tarde.

P. ¿Desde cuándo le empezó a generar conflicto vender un producto que tiene consecuencias fulminantes para la salud?

R. Al principio, para mí, era una industria válida. La conciencia de que haya sido perjudicial vino de a poco y con los años. Tampoco creo que sea el peor producto. Nadie, por fumar, conduce un auto y mata a otra persona. Tiene muy mala prensa, pésima prensa.

P. No es mala prensa. Son estadísticas (45 mil muertes al año, el 14% de las muertes en Argentina, según un informe de Red de Hospitales Universitarios de la Universidad de Buenos Aires)

R. Es y no es, porque en realidad no se determina que sea por el tabaco el cáncer. El tabaco no es saludable, eso está clarísimo, pero es como cualquier otro abuso. Es probable que en 50 años sea una droga prohibida.

****

Otero contestó las preguntas de espalda a las copas de los árboles de los bosques de Palermo. Solamente pareció alterarse cuando el entrevistador apoyó la mochila en el suelo.

—Es malo para los negocios, para ganar dinero —dijo, y luego encendió un puro cubano H. Upmann, al que le encuentra el problema de la industria de la isla: sólo cuatro tipos de hojas y más interés en el envoltorio que en el gusto.

—El tabaco es apasionante. Como el vino, tenés toda una situación sensorial, organoléptica, de producción de algo que podés sentir y que podés comerciar. No hay muchos pibes que sepan de tabaco como yo en Argentina. Me gasté las rodillas en los aviones para conocer ese mundo.

En paralelo a Tabacalera Sarandí, intentó una carrera amateur en el automovilismo. “Es un deporte de autocontrol y de límites. He chocado un montón de autos, he hecho macanas contables y no contables con ellos. En 2008 me hice pedazos el cuerpo: me fracturé las dos piernas, me rompí los testículos, me rompí las costillas. Choqué a 190 kilómetros por hora y el auto se prendió fuego. Cuando me dieron el alta volví a correr”.

P. ¿A quién votó en las últimas elecciones?

R. En la última elección voté a Milei, antes al PRO de Mauricio Macri y nunca al kirchnerismo.El peronismo tradicional es un saqueador sistemático. Lo conozco de adentro: no me lo contó nadie.

P. ¿Por qué votó a Milei?

R. Con el Gobierno anterior [el de Alberto Fernández, 2019-2023] ya era imposible operar como empresa. No tenía dólares para importar y el primer ingreso del país era la emisión monetaria. Si no hacíamos un cambio, ibamos derecho a ser Venezuela. Con la baja de inflación de Milei estoy 100% conforme. Me parece que el ministro de Economía, Luis Caputo, es un crack. Argentina es un país imposible de gobernar con tantos actores. Sobre todo, la prensa: es lo más antidemocrático que hay y es absolutamente golpista todo el tiempo.

P. En su fallo de 2024, la Corte Suprema le indica al organismo recaudador que le puede reclamar la deuda impositiva por no haber pagado el impuesto mínimo desde 2017.

R: Yo no debo ese dinero. Nunca lo recaudé. Nunca lo pagó el consumidor tampoco. Yo no pagué el impuesto que quería Massalin. Y gané el juicio en el Contencioso administrativo.

P. La Corte es la última instancia. Es, además, una ley aprobada transversalmente que usted decidió no cumplir.

R. No estoy cumpliendo porque la justicia me dio la razón acerca de la inconstitucionalidad. Yo no tengo deuda con el Estado. No le debo nada al Estado. Lo que vendí y recaudé por impuestos ad valorem, o sea, en proporción a mi precio, está pagado.

P. Usted hizo lo que quiso.

R. No hice lo que quise.

P. Vendió al precio que quería vender desconociendo una ley nacional.

R. No, lo que yo hubiera querido que pase en 2017 es que no haya una ley que me sacara afuera del mercado. Tengo la obligación de hacer lo mejor posible para la empresa, de llevar al límite las posibilidades técnicas y legales para que la empresa opere. Además, el juicio me costó un montón de dinero y todavía tengo un final abierto. No hice lo que quise. Hice lo que ellos quisieron, los que Massalin quiso, que es distinto. No me hizo feliz todo esto.

P. Pero reconoce que creció exponencialmente.

R. Al triple de la venta, sí.

P. El año pasado contrató a un lobbysta para persuadir a los diputados en la llamada ley Ómnibus. ¿Cuáles eran sus argumentos?

R. Contratamos una empresa que había dejado de trabajar con Massalin dos meses atrás. Se llama Blapp y el líder es Esteban Bicarelli. El argumento básico es: dejen convivir a las multinacionales con las locales. ¿Cómo hace para sobrevivir una empresa teniendo que vender al precio de Marlboro? ¿Cómo haría FIAT para vender al precio de Mercedes-Benz?

P. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se ganó el apodo de Pucho por defender su posición. ¿Cómo hizo para persuadirlo? No se le conocía interés en la defensa de las empresas tabacaleras nacionales contra las multinacionales.

R. Sí, tenía interés. Ritondo es de la provincia de Buenos Aires, al igual que Tabacalera Sarandí. No va a cuidar los intereses de Salta [el gobernador de Salta, el peronista Gustavo Sanz, ha denunciado a Otero por importar tabaco de Brasil en detrimento de los productores del norte argentino].

P. Ustedes consiguieron sacar el capítulo tabaco de la ley que se terminó aprobando.

R. Massalin tiene una embajada atrás. Tiene una cámara que es AmCham [Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina] Y el capítulo no lo retiramos nosotros. Hicimos tanto batifondo que el Poder Ejecutivo decidió retirarlo. El tuit de Milei acerca de “el señor del tabaco” es en el tratamiento de la Ley Ómnibus, que cae por minoría parlamentaria. Después se reduce a la Ley Bases. Como ellos querían que se aprobara, retiraron este tema y otros temas.

P. En ese contexto, la cámara tabacalera lo denunció por pagar sobornos por cuatro millones de dólares.

R. Sí, CANET (Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras). Dicen que yo le di un sobre al exnúmero uno de la AFIP en la época del peronismo [en referencia al diputado nacional Carlos Castagneto]. Fijate si voy a ser tan tarado de darle un sobre a un funcionario de alto rango. Eso es todo un fake.

P. El Gobierno lo acaba de denunciar por lavado de dinero.

R. La denuncia, para empezar, no detalla un delito. Me acusan de generar dinero por lavado. Debería decir si es lavado, secuestro, extorsión o drogas o donde yo introduje ese dinero en facturas por las cuales se pagó el 85% del impuesto. No se lo cree nadie eso. Nadie va a lavar el 85% del impuesto.

P. Se publicó que, en la ley de sinceramiento fiscal, usted blanqueó 60 millones de dólares.

R. No lo puedo decir porque es un enorme peligro para mi seguridad personal y para mi familia.

P. Salió en el diario La Naciòn.

R. Pero no voy a decirte cifras. Lo hice para plantear un tapón fiscal, que es un reseteo de tus récords, de tus operaciones anteriores, a cambio de un impuesto o de una tasa. Lo hice por desconfianza. Si Argentina fuera un país serio, no me hacía falta hacerlo.

Otero recibió hace poco una alerta de sus abogados en los Estados Unidos. Si intenta entrar al país el Departamento de Seguridad Nacional lo podría detener. Su próximo destino empresarial es Uruguay.

—La idea es ir a Uruguay con tres puntas: fabricar autos de competición, negocios inmobiliarios y servicios financieros. En Uruguay hay zonas francas para fabricar autos. Podés traer lo que sea, cualquier componente del mundo sin impuesto y sacarlo también sin impuesto. También se pueden traer servicios financieros a la zona franca. Y estamos viendo de construir algo ahí. Mi país me está echando.

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Secuestran 507 toneladas de soja a granel en distintos procedimientos

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Durante la última semana, efectivos de los Escuadrones 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra”, 47 “Ituzaingo”, 48 “Corrientes, 49 “San Vicente” y 57 “Santo Tomé, realizaron distintos procedimientos relacionado a infracciones al Régimen Penal Tributario sobre rodados provenientes de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.

En todos los casos, se pudo constatar que no coincidía la documentación presentada por los conductores de los camiones y el cargamento traslado.

Ante esa situación, intervino personal de AFIP-DGA que dispuso el secuestro de la mercadería debido a que no poseían ningún justificativo legal para transportar la carga.

Los gendarmes secuestraron un total de 507.360 kilos de soja a granel.

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La Afip detectó faltantes de granos en una aceitera de Córdoba por 174 millones

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) detectó faltantes de granos en una aceitera de la provincia de Córdoba por 174 millones de pesos. Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto realizaron una fiscalización presencial en una firma agroindustrial y constataron que las existencias de materias primas eran inferiores a las informadas en los registros, con una diferencia de más de 1.000 toneladas.

Las acciones de control de los inspectores desplegados por la DGI consistieron en el cubicaje de los silos de almacenamiento de la mercadería utilizada como insumo para la producción de productos alimenticios. Por medio de este mecanismo, se logró desarticular una presunta maniobra para ocultar ventas y evitar declarar el stock remanente de años anteriores para, de esta manera, disminuir el pago de impuestos correspondiente por sus operaciones.

El establecimiento, ubicado en el departamento de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, poseía existencias por 2.740 toneladas de porotos de soja, lo que arrojó como resultado faltantes por 1.059 toneladas en relación a lo que figuraba en los registros. El valor de la mercadería, según la cotización actual de la Bolsa de Cereales, asciende a 174 millones de pesos.

Las tareas de fiscalización y control continuarán con la determinación de los ajustes del impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), a partir de las diferencias de cubicaje constatadas, y los estudios de existencias, producción y ventas de granos, aceite y expeller de soja de este operador de la cadena agrocomercial.

Por medio de estas acciones, las áreas especializadas en actividades agropecuarias de AFIP, focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, evitando que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores genuinos.

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La Afip denunció penalmente a una minera por evasión impositiva agravada

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), denunció penalmente a una minera con operaciones en la provincia de Catamarca por evasión fiscal agravada. El organismo conducido por Carlos Castagneto desarticuló maniobras fraudulentas por parte de la empresa para disminuir sus pagos en el impuesto a las ganancias por casi 200 millones de pesos.
Las áreas especializadas de la DGI habían detectado que la firma declaraba abultados costos no contemplados para su deducción en la ley del impuesto a las ganancias, así como también gastos carentes de su documentación correspondiente. Estos artilugios  le permitían ahuecar la base imponible sobre la cual se estima el tributo.
Las tareas de fiscalización y control sobre la minera dieron lugar a una denuncia por evasión agravada, en el marco de la ley penal tributaria. Al haber presentado declaraciones juradas engañosas para ingresar un monto inferior al real del impuesto, se considera configurado el delito.
En ese sentido, el resultado de los controles efectuados originaron una determinación del impuesto evadido por más de 198 millones de pesos.
La optimización de las acciones sobre el sector minero permitieron recuperar recientemente otros 1.000 millones de pesos de una compañía multinacional que extraía oro en Argentina y eludía pagos en Ganancias mediante maniobras con su casa matriz.

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La Justicia falló a favor de la Afip en una causa que investiga millonaria apropiación de IVA y Ganancias

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El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 condenó a Enrique Juan Blaksley Señorans a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de apropiación indebida de tributos en 14 oportunidades, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social en 20 ocasiones. Se trata de una causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos que denunció a la firma por haber practicado retenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no fueron ingresadas a término ante el organismo.

En términos impositivos, las inconsistencias detectadas por la AFIP corresponden a los períodos fiscales comprendidos entre abril de 2015 y mayo de 2016, inclusive. Se estima que la maniobra le provocó al fisco un perjuicio de $3.113.400, más intereses y multas, que deberían haber sido ingresadas a las arcas del organismo.

En atención a que el imputado resultaba ser parte de una reconocida causa judicial que investiga la denominada mayor estafa de la historia argentina, que incluye delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo, e insolvencia fraudulenta, la AFIP ya había asumido el rol de parte querellante. Ahora, la Justicia condenó a Blaksley y a la firma Hope Funds S.A. a la suspensión total de sus actividades por 3 años, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales por tres años, y a la pérdida de todos los beneficios estatales de los que gozara.

La reciente resolución judicial se suma a otra sentencia de marzo del corriente año que condenó al mismo Blaksley y otros imputados a la pena de 8 años de prisión y multa de cuatro veces el monto de las operaciones, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en su calidad de jefe, en concurso real con el delito de lavado de activos, en concurso real con el delito de insolvencia fraudulenta, estafas y lavado de activos causas donde la AFIP también se desempeña como querellante.

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