La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictó una nueva resolución en el juicio internacional por la expropiación del 51% de YPF en 2012, que complica la estrategia legal de Argentina. A menos de un mes de la audiencia de apelación fijada para el 29 de octubre, la magistrada exigió a la petrolera que entregue correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y documentación interna que podrían ser determinantes para establecer si la compañía opera de manera independiente o como un alter ego del Estado argentino.
La decisión pone en el centro del debate no solo el futuro del litigio –que involucra una indemnización de hasta u$s16.100 millones más intereses–, sino también la posible exposición de los activos de la principal empresa energética del país.
El trasfondo del litigio: de la estatización al juicio millonario
El conflicto se remonta a la estatización de YPF en 2012, cuando el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner expropió la participación mayoritaria del Grupo Petersen sin realizar la oferta pública de adquisición (OPA) prevista en los estatutos de la compañía.
Los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio tras la quiebra del grupo empresario, demandaron a Argentina y a YPF en Nueva York. En primera instancia, Preska condenó al Estado argentino a pagar u$s16.100 millones más intereses, aunque eximió de responsabilidad a la petrolera.
El caso escaló con medidas adicionales: en junio pasado, la jueza ordenó que el 51% de las acciones de YPF expropiadas fueran transferidas a un fideicomiso como garantía de pago. Esa orden fue apelada por el Estado argentino y su revisión quedó fijada para el 25 de septiembre, en vísperas de la audiencia central de octubre.
El nuevo fallo: Discovery y autonomía bajo la lupa
En su última resolución, Preska rechazó la participación de YPF como parte activa en el proceso de Discovery –etapa de recopilación de pruebas–, pero obligó a la compañía a entregar la documentación reclamada en un plazo de 15 días.
El objetivo es determinar si YPF mantiene independencia real respecto del gobierno argentino o si actúa como su extensión directa. Según explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors, “cuanto más autónoma se muestre YPF, menores serán las posibilidades de que los fondos demandantes convenzan a la jueza de que es parte del Estado”.
La definición sobre esta cuestión es crítica: si la Cámara considera que Argentina e YPF son lo mismo, la Justicia podría avanzar sobre los activos de la petrolera –incluidas sus operaciones en EE.UU. y activos estratégicos– para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
El litigio tiene consecuencias financieras de magnitud. Los demandantes insisten en un pago anticipado que contemple no solo la indemnización, sino también los intereses acumulados (aprox. u$s2,5 millones diarios) y los honorarios legales (estimados en u$s1.500 por hora).
Para Argentina, que enfrenta restricciones externas y una economía en crisis, el desenlace puede afectar su capacidad de acceso a financiamiento internacional y condicionar las políticas energéticas en torno a YPF, clave para el desarrollo de Vaca Muerta y la transición energética.
En paralelo, el caso tensiona la relación entre el Gobierno nacional, la petrolera y los mercados: mientras los fondos demandantes endurecen su presión, la dirigencia política argentina insiste en que el fallo de primera instancia fue “excesivo e injusto” y busca reducir el monto a través de la apelación.
Una audiencia decisiva y escenarios abiertos
El próximo 29 de octubre, tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York escucharán los argumentos de Argentina, YPF y los demandantes. La resolución podría:
Confirmar el fallo de primera instancia, obligando al país a pagar el total de u$s16.100 millones.
Reducir el monto, lo que daría un respiro a la estrategia de defensa argentina.
Revertir parcialmente la sentencia, aunque especialistas anticipan que esa opción es la menos probable.
En cualquiera de los escenarios, la presión sobre los activos de YPF se mantiene como amenaza latente. El desenlace no solo definirá la situación financiera inmediata del país, sino también el rol de la petrolera en el futuro energético argentino y su credibilidad frente a inversores internacionales.
