Las tarifas eléctricas y de gas profundizan la brecha regional y exponen el costo desigual de la quita de subsidios
La reconfiguración del esquema de subsidios energéticos y la actualización de tarifas impulsada por el Gobierno nacional consolidaron un mapa de fuertes asimetrías en el costo de la electricidad y el gas entre provincias argentinas. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, las diferencias entre jurisdicciones alcanzan niveles significativos incluso dentro de un mismo segmento de usuarios.
Los datos muestran que la combinación entre quita de subsidios, precios estacionales de la energía, costos de distribución y condiciones regionales generó un escenario de tarifas fragmentadas, donde el lugar de residencia se volvió determinante para el peso de los servicios públicos sobre los ingresos familiares.
La Patagonia concentra las tarifas más altas
En electricidad, Neuquén registró en mayo la factura promedio más elevada del país entre usuarios con subsidio: $88.924 mensuales. Detrás quedaron Río Negro ($84.549), Puerto Madryn ($76.823) y Salta ($69.343).
En el caso de usuarios sin subsidios, la diferencia se amplía todavía más. Neuquén volvió a liderar con boletas promedio de $153.580, seguida por Río Negro ($115.282), Puerto Madryn ($109.618) y Santa Fe ($101.213).
En contraste, las facturas más bajas se registraron en Formosa ($25.321), La Rioja ($27.191) y las áreas de Edenor y Edesur en el AMBA, donde las boletas subsidiadas rondaron entre $28.000 y $29.000.
El informe atribuye parte de estas diferencias al esquema de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que varía según cada provincia, y a la transición dispar hacia el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.
Gas: la brecha regional se vuelve todavía más marcada
La desigualdad tarifaria se profundiza en el servicio de gas por red, donde las diferencias climáticas y los criterios regulatorios generan una dispersión aún mayor.
Entre los usuarios sin subsidios, Tierra del Fuego encabezó el ranking con facturas promedio de $209.502 mensuales. Le siguieron Santa Cruz ($200.941), Chubut Sur ($128.359) y Neuquén ($104.503).
En el extremo opuesto quedaron Tucumán ($36.979), el norte bonaerense ($41.660), Salta ($44.004) y La Puna ($44.174).
Para los usuarios con subsidios, la lógica se mantuvo: Tierra del Fuego registró boletas promedio de $127.893 y Santa Cruz de $123.423, mientras que Tucumán mostró los valores más bajos, con $30.148.
El IIEP explicó que el nuevo esquema tarifario distingue entre usuarios con y sin subsidios. Los primeros reciben una bonificación del 50% más un 25% adicional sobre el costo de abastecimiento del gas hasta determinados umbrales de consumo regional.
El trasfondo político del nuevo esquema energético
La discusión excede lo técnico. La política tarifaria se convirtió en uno de los pilares centrales del programa económico del Gobierno de Javier Milei, que busca reducir subsidios para consolidar el equilibrio fiscal y corregir precios relativos.
Sin embargo, el informe también deja expuesta una tensión estructural: la transición hacia tarifas más cercanas al costo real impacta de manera desigual según ubicación geográfica, condiciones climáticas y estructura distributiva de cada provincia.
El esquema actual combina decisiones nacionales —como la Resolución 109/26 que fijó los precios estacionales de la energía desde mayo— con regulaciones provinciales vinculadas al VAD y a los cuadros tarifarios locales.
Ese entramado termina configurando un mapa energético donde los costos finales pueden duplicarse o triplicarse entre jurisdicciones.
El informe del IIEP vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica del sistema energético argentino: hasta qué punto el esquema de subsidios y tarifas puede sostener criterios homogéneos en un país con fuertes diferencias climáticas, demográficas y productivas.
Mientras el Gobierno avanza en la reducción del peso fiscal de los subsidios, las provincias continúan ajustando sus cuadros tarifarios y adaptando los mecanismos de segmentación.
La evolución de los precios de la energía, el ritmo de actualización del VAD y el impacto social de las facturas serán variables clave para medir hasta dónde puede sostenerse el actual proceso de reordenamiento tarifario sin profundizar tensiones regionales.
