Mayoristas rechazan nuevos “costos ocultos” en la paritaria de Comercio
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) rechazan nuevos “costos ocultos” en la paritaria de comercio y exigen una reforma laboral urgente
La CADAM manifestó un fuerte rechazo al nuevo acuerdo salarial de la actividad comercial, al denunciar que las subas pactadas vuelven a incrementar aportes obligatorios que, según el sector, elevan los costos laborales sin mejorar el salario real ni la competitividad empresaria. Los mayoristas advierten que estos mecanismos —como el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) y el seguro La Estrella— “promueven la informalidad” y “se trasladan inevitablemente a precios”, profundizando tensiones en un sector crítico para el abastecimiento.
Aumentos paritarios y mayor presión económica: el conflicto por los aportes obligatorios
El acuerdo firmado entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las entidades empresarias CAC, CAME y UDECA vuelve a encender la discusión sobre los denominados “costos ocultos” que acompañan cada recomposición salarial en la actividad que emplea a 1,2 millones de trabajadores, la más grande del país.
CADAM sostuvo que no se siente representada en la negociación y lanzó un mensaje directo:
“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”.
El principal punto de fricción es el aporte obligatorio al INACAP, equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que, según el sector mayorista, se redistribuye entre CAC y CAME “bajo el pretexto de capacitación”, aun cuando el trabajador nunca reciba formación.
CADAM cuestiona que, al pactarse cada aumento salarial, las cámaras firmantes —que integran la mesa paritaria— obtengan automáticamente una mayor recaudación.
En una resolución clave, el Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto 149/2025, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que “Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras (…) a cargo de no asociados o afiliados, salvo aceptación voluntaria”.
El decreto también prevé la revocación de esos aportes mediante simple notificación fehaciente.
Sin embargo, una medida cautelar presentada por el propio INACAP logró exceptuarse de la aplicación al argumentar que se trata de un instituto “independiente”. En esa causa, la institución declaró recaudar más de $30.000 millones al año.
Más cargas: el seguro La Estrella y la contribución COVID-19 que sigue vigente
A los cuestionamientos sobre INACAP se suma el impacto del Seguro Complementario Obligatorio La Estrella, cuya alícuota pasó al 1,6% del salario desde junio de 2025. CADAM advierte que se trata de otro componente que crece automáticamente con cada paritaria, sin correlato en mejoras de productividad.
Otro foco de conflicto es la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, aplicada desde el convenio de abril de 2021.
El aporte sigue vigente aunque la pandemia haya finalizado y aunque el trabajador no esté afiliado a OSECAC.
CADAM sostiene que esta estructura de cargas “distorsiona” el costo laboral, desalienta la formalidad y reduce la competitividad de las pymes:
“Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, reclamaron al exigir que esos importes “pasen al salario del trabajador” en lugar de financiar instituciones externas a la nómina.
Impacto económico y pedido de reforma: presión sobre pymes, precios y paritarias
Desde el sector mayorista advierten que la acumulación de cargos parafiscales genera tres efectos inmediatos. Aumento del costo laboral total, incluso por encima del incremento salarial pactado. Traslado a precios, que afecta a consumidores y deteriora la competitividad del sector formal. Incentivo a la informalidad, especialmente en pymes con baja capacidad financiera.
CADAM también reclama integrar la mesa de negociación colectiva. “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”, señalaron. El sector insiste en que sin representación efectiva, los acuerdos se diseñan sin medir el impacto real en estructuras comerciales que operan con márgenes ajustados.
La entidad exige una reforma laboral que proteja a empleados y pymes, permita eliminar cargas no salariales y transparente la composición real del salario, evitando lo que consideran “abusos institucionalizados”.
Un conflicto que tensará la agenda regulatoria y el sistema paritario
La controversia abre un nuevo frente en la agenda de desregulación del Gobierno y anticipa posibles litigios con cámaras y sindicatos que buscan preservar ingresos institucionales asociados a las paritarias.
El fallo cautelar que excluyó al INACAP del Decreto 149/2025 podría transformarse en un caso testigo para futuros planteos judiciales, mientras las pymes presionan por una reconfiguración estructural del sistema de aportes obligatorios.
El conflicto también podría tensar la política de ingresos: los trabajadores demandan actualizaciones salariales reales frente a la inflación, mientras las empresas reclaman una reducción de cargas indirectas que, según afirman, “se consumen cualquier margen de mejora”.
La discusión sobre quién debe financiar la estructura institucional de la actividad comercial promete instalarse como uno de los debates más sensibles del mercado laboral en 2026.
