federalización

Reunión para intercambio colaborativo interinstitucional federal

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La presidente del Superior Tribunal de Justicia Rosanna Pía Venchiarutti Sartori junto a los ministros Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres recibieron a Martin Cardone, Director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA y a Jacqueline Jalabert, Directora Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil.
En el encuentro intercambiaron opiniones sobre la federalización y esta política que se viene impulsando desde el Ministerio de Justicia de la Nación de acercarse a las provincias para un trabajo conjunto en materia de capacitación y colaboración recíproca.

Los Ministros Misioneros pusieron en conocimiento el funcionamiento de la justicia de Paz en la Provincia, que cuenta con un juzgado en cada uno de municipios, a la que se le han ampliado las competencias ante el cambio en el indice de conflictividad que en los utlimos años implica que el acceso a la justicia sea más mediato.

También informaron sobre el trabajo que se viene realizando en la primera circunscripción para aliviar las detenciones presentando alternativas de trabajo comunitario bajo la consigna de “Construir Comunidad”.

La autoridades nacionales se mostraron interesadas con el trabajo realizado por la mesa convocada para la elaboración del  protocolo de actuación para la implementación del nuevo modelo penal juvenil que fue abordado con la mirada de los actores principales, jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares y equipos técnicos y que continuará su trabajo en la construcción de esta herramienta que aborda los desafíos que plantea la transición.

La Dirección Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como objetivo fortalecer los sistemas de justicia en todo el país mediante el desarrollo de políticas criminales basadas en evidencia y el trabajo articulado con las jurisdicciones locales. A través de un enfoque federal, la Dirección acompaña en la mejora de sus capacidades institucionales, promoviendo procesos más eficientes, modernos y orientados a resultados con la colaboración de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil La Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana que  tiene como objetivo fomentar la articulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil promoviendo la participación de la comunidad en el desarrollo de políticas públicas participativas, los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación se encuentran en la provincia  con el propósito de ofrecer una capacitación a los juzgados de paz debido al índice de conflictividad, teniendo en cuenta que son el principal acceso a la justicia y escuchar las inquietudes locales para establecer lazos de colaboración mutua.

También estuvieron presentes Laura Jacobacci, delegada regional de la UCP, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Aníbal Gustavo Gronda y César Lenzken, profesor del posgrado en Derecho Tributario de la UCP.

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El Gobierno impulsa una reforma estructural del sistema de pensiones

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El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para reemplazar la Ley 27.793 y rediseñar el sistema de pensiones por invalidez. La iniciativa propone abandonar el esquema de emergencia vigente y avanzar hacia un régimen permanente con criterios unificados, controles reforzados y financiamiento explícito.

El movimiento no es solo técnico. Apunta a corregir distorsiones acumuladas y a redefinir la arquitectura de la política social en un área sensible. En ese marco, surge una tensión de fondo: ¿se trata de un ordenamiento necesario o de un cambio que podría reconfigurar el acceso a las prestaciones?

De la emergencia a un sistema permanente con reglas más estrictas

El proyecto parte de una crítica central al esquema actual: la coexistencia entre invalidez laboral y discapacidad. Según la propuesta oficial, esa dualidad generó superposición de criterios y debilitó el objetivo original de las pensiones.

La reforma plantea unificar el sistema bajo una única pensión por invalidez laboral, basada en la imposibilidad de trabajar y en condiciones verificables de vulnerabilidad económica. Este punto redefine el universo de beneficiarios y establece un criterio más restrictivo en la admisión.

En paralelo, se introduce un sistema de control continuo. El nuevo diseño contempla auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, reempadronamiento obligatorio y la posibilidad de suspensiones preventivas sujetas a revisión. En términos institucionales, esto implica pasar de controles ex post a un monitoreo permanente.

Otro eje clave es el financiamiento. A diferencia del régimen actual, el proyecto fija partidas específicas y establece que los recursos provendrán del Ministerio de Salud y, eventualmente, del Tesoro Nacional. La definición explicita el costo fiscal y lo integra a la planificación presupuestaria.

También se modifica el funcionamiento del nomenclador: deja de fijar aranceles y pasa a garantizar un piso prestacional basado en estándares de calidad. Los valores serán definidos mediante acuerdos entre financiadores y prestadores, mientras que el Estado nacional los actualizará trimestralmente a través de la SENADIS.

Control, ajuste y disputa de competencias

El rediseño impacta en varios frentes. Por un lado, fortalece la capacidad del Estado para auditar y ordenar el sistema, lo que podría responder a cuestionamientos sobre irregularidades y fraude. Por otro, introduce un esquema más exigente que podría limitar el acceso o revisar beneficios existentes.

En el plano político, la iniciativa también redefine el rol de las provincias. El proyecto promueve la federalización mediante convenios de gestión y asignación de recursos según competencias. Esto reduce la centralización en la Nación, pero abre una nueva negociación sobre responsabilidades y financiamiento entre jurisdicciones.

La combinación de mayor control, redefinición de criterios y descentralización configura un cambio de lógica: el sistema deja de operar como respuesta excepcional y pasa a estructurarse como política pública permanente. Ese pasaje no es neutro y puede generar tensiones entre el objetivo de orden fiscal y la cobertura social.

Un nuevo esquema

El proyecto marca un punto de inflexión en la política de pensiones. La transición desde un régimen de emergencia hacia uno permanente reconfigura reglas, actores y criterios de acceso.

En las próximas semanas, el debate legislativo pondrá a prueba el equilibrio entre control, financiamiento y alcance social. También definirá hasta dónde el nuevo esquema logra consolidarse sin abrir conflictos en un terreno donde cada modificación tiene impacto directo sobre miles de beneficiarios.

El rediseño ya está planteado. Lo que resta ver es cómo se procesa políticamente y qué forma final adopta en el Congreso.

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