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Economía no logra el rollover total y libera $1,26 billones al mercado mientras valida tasas por debajo del 6% en dólares

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Economía refinanció el 93,32% de los vencimientos y colocó US$150 millones al 5,89%: señal de liquidez controlada en plena estrategia de estabilización

El Ministerio de Economía no consiguió renovar el 100% de los vencimientos en la última licitación de febrero y dejó en el sistema una inyección neta de pesos equivalente al 6,68% de lo que debía afrontar. En números concretos: adjudicó $6,74 billones frente a vencimientos que exigían un rollover total mayor, lo que implicó una tasa de refinanciación del 93,32%.

La decisión no parece accidental. En paralelo, el Tesoro convalidó tasas relativamente bajas en los instrumentos ajustados por CER y logró colocar US$150 millones del nuevo BONAR 2027 a una TIREA del 5,89% (5,74% TNA), por debajo del 6% que el mercado estimaba como referencia. El movimiento combina dos señales: más liquidez en pesos en el corto plazo y validación de rendimientos en dólares alineados con la curva del Banco Central.

El dato importa porque ocurre en un contexto donde el equipo de Luis Caputo busca consolidar la baja de tasas cortas y mejorar las dinámicas cambiarias sin resignar acceso al financiamiento. No es solo una licitación: es parte de una secuencia de administración fina de la liquidez.

Una licitación con instrumentos indexados y foco en dólares

La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por $8 billones y adjudicó $6,74 billones en instrumentos en pesos y dólares. La estrategia excluyó títulos a tasa fija y se concentró en papeles ajustados por CER, dólar linked y un bono en dólares con integración exclusivamente en moneda estadounidense.

En el tramo CER, el mayor volumen se concentró en la letra con vencimiento el 15 de mayo de 2026 (X15Y6 – nueva), que captó $3,82 billones a una TIREA de 1,91%. También se colocaron $0,95 billones al 5,06% (vencimiento 31 de julio de 2026) y $0,9 billones al 6,99% (30 de noviembre de 2026). Los bonos cero cupón con ajuste por CER a 2027 y 2028 se adjudicaron a 7,19% y 8,78%, respectivamente.

En el segmento dólar linked, el bono cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZV27 – nuevo) obtuvo USD 118 millones, con una TIREA de 7,81%. En cambio, el bono dólar linked a junio de 2028 fue declarado desierto, una señal de demanda más selectiva en plazos largos.

El dato más observado fue el BONAR 2027 (AO27 – nuevo). Recibió ofertas por USD 866 millones y adjudicó USD 151 millones (VNO USD 150 millones) a un precio de corte de USD 1.004,50 por cada VNO USD 1.000. La TIREA cerró en 5,89%, con un factor de prorrateo de 85,6860971428571%. Además, Economía habilitó una segunda vuelta por hasta USD 100 millones adicionales, por adhesión al mismo precio de corte.

La arquitectura de la licitación muestra una intención clara: sostener instrumentos indexados para cobertura inflacionaria en pesos y, al mismo tiempo, captar dólares en el mercado local para afrontar compromisos de julio.

Más pesos en circulación y tasas comprimidas: el efecto económico

El rollover del 93,32% implica que el Tesoro dejó sin absorber alrededor de $1,26 billones respecto de los vencimientos del día. Esa liquidez adicional puede aliviar tensiones en el mercado monetario y contribuir a la baja de tasas cortas, una dinámica que el Gobierno viene insinuando con intervenciones previas.

Desde el punto de vista financiero, la validación de rendimientos bajos en los tramos cortos CER refuerza la idea de que el mercado no exige primas crecientes para seguir financiando al Tesoro en moneda local ajustada por inflación. Esto ayuda a contener el costo cuasifiscal y ordena la curva en pesos.

En dólares, el resultado del AO27 es relevante. Colocar al 5,89% —por debajo del umbral del 6%— acerca el pricing a los instrumentos comparables del Banco Central y se despega de referencias más exigentes. Para el Gobierno, significa financiar vencimientos en moneda dura en el mercado interno sin tensionar reservas.

Sin embargo, el hecho de que el bono dólar linked 2028 haya quedado desierto sugiere que la demanda tiene límites cuando se extiende el horizonte temporal. El mercado acompaña, pero discrimina plazo y riesgo.

Una señal calibrada al mercado

El equipo económico eligió no forzar el rollover total. Esa decisión puede leerse como un gesto de confianza en la mejora de las variables cambiarias y en la capacidad de absorber pesos sin generar presión inmediata. Al mismo tiempo, evita convalidar tasas más altas para capturar el 100% de los vencimientos.

En términos políticos, la operación consolida el rumbo de financiamiento en el mercado local y la estrategia de buscar dólares domésticos para cubrir deuda en moneda extranjera. No corrige el esquema previo; lo ajusta. Introduce liquidez donde antes se priorizaba absorción plena.

El mensaje es doble. Hacia los inversores, que el Tesoro puede colocar deuda en dólares a tasas por debajo de lo esperado. Hacia el sistema financiero, que el Gobierno tolera una expansión moderada de pesos en un contexto de tasas descendentes.

Resta observar si esta combinación —rollover parcial y tasas comprimidas— se sostiene en próximas licitaciones o si responde a una ventana puntual de mercado. La señal ya fue enviada. El equilibrio entre liquidez, financiamiento y estabilidad cambiaria seguirá bajo examen.

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Paraguay emitió US$ 1.000 millones en guaraníes con doble grado de inversión y consolida su estrategia de deuda

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El Gobierno de Paraguay concretó una emisión histórica de bonos soberanos por US$ 1.000 millones íntegramente en guaraníes y a 12 años de plazo, en el marco de su reciente doble grado de inversión. La operación, liderada por el presidente Santiago Peña a través del Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay (MEF), marca un hito en la estrategia de financiamiento del vecino país y tiene impacto directo en el escenario regional, particularmente en provincias fronterizas como Misiones, donde el vínculo económico con Paraguay es estructural.

El propio mandatario destacó en sus redes sociales: “El Guaraní hace historia a nivel internacional. Con doble grado de inversión, emitimos por primera vez USD 1.000 millones en guaraníes a 12 años de plazo. Es confianza real en nuestra moneda nacional y nuestra gestión económica”. Y agregó que esa confianza “se transforma en obras: más rutas, más hospitales, más escuelas y más infraestructura para todos los paraguayos”.

Emisión histórica en moneda local y extensión de plazos

La colocación fue presentada por el equipo del MEF, encabezado por Carlos Fernández Valdovinos, como la primera emisión internacional con doble grado de inversión realizada íntegramente en moneda local. “Paraguay repite la operación del 2014 (operación por US$ 1.000 millones), pero ahora… ¡en Guaraníes! El mundo confía en nuestra moneda. Paraguay marca ahora la pauta. Seguiremos por el camino correcto”, afirmó el funcionario en su cuenta de X.

Desde el punto de vista financiero, la operación introdujo un elemento clave: la extensión del plazo de vencimiento a 12 años, algo inédito para instrumentos en guaraníes en el mercado internacional. Además, la tasa de interés obtenida fue del 8,5% en moneda local, inferior al 9,1% observado en la última colocación de bonos del Tesoro en el mercado interno para plazo similar, realizada en noviembre pasado.

El proceso incluyó una gira de presentaciones previas ante inversores en Londres y Nueva York. Para ello, el Gobierno paraguayo encomendó la organización de encuentros virtuales y presenciales a Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan, en una estrategia orientada a captar demanda institucional bajo el nuevo perfil crediticio del país.

El contexto fue favorable: Paraguay ya contaba con grado de inversión otorgado por Moody’s el año pasado y recientemente obtuvo el segundo grado de inversión por parte de Standard & Poor’s, lo que fortaleció la percepción de solvencia y disciplina fiscal ante los mercados internacionales.

Destino de los fondos y perfil de deuda

Según lo informado, de los US$ 1.000 millones emitidos, aproximadamente US$ 339 millones se destinarán a administración de pasivos —compra y venta de bonos o “bicicleteo”—, mientras que unos US$ 661 millones financiarán el presupuesto y proyectos de inversión.

Para el presente ejercicio, el MEF tiene autorización para emitir bonos del Tesoro por hasta US$ 1.303 millones, con el objetivo de financiar inversiones y gestionar la deuda pública. En este marco, la nueva emisión representa un componente central de la estrategia financiera anual.

Al cierre de diciembre de 2025, el saldo de la deuda pública paraguaya ascendía a US$ 20.409 millones, equivalente al 41,2% del producto interno bruto (PIB). A esa cifra deberá sumarse ahora la emisión de US$ 1.000 millones concretada en la fecha, lo que modificará el ratio deuda/PIB una vez incorporado el nuevo stock.

Desde una perspectiva institucional, la operación refuerza la política de desdolarización parcial del financiamiento, al trasladar riesgo cambiario hacia inversores externos y consolidar al guaraní como instrumento de referencia en el mercado internacional.

Impacto regional y señales para Misiones

Para Misiones y el norte argentino, la consolidación financiera de Paraguay no es un dato menor. La emisión en moneda local y a mayor plazo sugiere estabilidad macroeconómica y capacidad de planificación de inversiones en infraestructura, áreas directamente vinculadas al comercio transfronterizo, la logística y los flujos de servicios.

El mensaje político del presidente Peña apunta precisamente a ese eje: convertir la confianza financiera en obras concretas. “Y esa confianza se transforma en obras: más rutas, más hospitales, más escuelas y más infraestructura para todos los paraguayos”, sostuvo.

En términos de mercado, la tasa obtenida —8,5% en guaraníes a 12 años— y la colocación total del monto autorizado reflejan apetito inversor por activos paraguayos. Para el sector financiero regional, esto puede traducirse en mayor integración de capitales y en un fortalecimiento del perfil crediticio del país vecino.

Sin embargo, la evolución futura dependerá de la capacidad de sostener el grado de inversión, administrar el crecimiento del stock de deuda —que ya representaba 41,2% del PIB al cierre de 2025— y mantener disciplina fiscal en un contexto internacional volátil.

Lo concreto es que Paraguay logró una emisión inédita por su moneda, monto y plazo, consolidando una señal política y económica clara: posicionarse como un emisor confiable en los mercados internacionales y convertir esa credibilidad en financiamiento de largo plazo.

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En enero, las provincias solo emitieron deuda en pesos y acotaron el acceso al financiamiento en dólares

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La actividad del mercado de deuda subnacional arrancó 2026 con un perfil marcadamente conservador. Durante enero, solo dos provincias —Buenos Aires y Chaco— realizaron colocaciones de deuda, exclusivamente en pesos, por un total de $361.574 millones. El dato, relevado por la consultora Politikon Chaco, confirma la ausencia de emisiones provinciales en dólares en el primer mes del año y plantea interrogantes sobre el real apetito del mercado por riesgo argentino, en un contexto donde el Gobierno nacional sostiene que la demanda por activos locales está en expansión.

El comportamiento del financiamiento provincial no es menor: ocurre en un escenario de redefinición de la estrategia macroeconómica, con un Tesoro nacional que anticipó que no volverá a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo y con vencimientos relevantes por delante. En ese marco, el desempeño de provincias y empresas aparece como un termómetro clave para medir el flujo de dólares financieros y la profundidad del mercado de capitales local.

Emisiones provinciales: concentración, pesos y caída interanual

Según el informe de Politikon Chaco, Buenos Aires explicó el 74% del total emitido en enero, con colocaciones por $267.156 millones. Ese monto surgió de la emisión de tres Letras del Tesoro, todas a descuento. Chaco, en tanto, representó el 26% restante del mes, con $94.418 millones, correspondientes a un bono en pesos ajustado por TAMAR con margen y tres reaperturas de Letras de Tesorería.

En términos agregados, las emisiones provinciales mostraron una baja interanual del 21,7%, un dato que refuerza la lectura de cautela financiera y de restricciones en el acceso al crédito, al menos durante el primer mes del año. Aunque Córdoba anunció una colocación por u$s800 millones, esa operación se emitió con fecha 3 de febrero, por lo que no fue computada dentro de las estadísticas de enero.

El resultado parcial introduce límites a una de las hipótesis que circula en el Palacio de Hacienda: la idea de que existe una demanda creciente por deuda argentina. Al menos en el caso de las provincias, ese interés no se tradujo en colocaciones en moneda dura durante enero.

Vencimientos provinciales: predominio de pesos y amortizaciones

Del lado de las obligaciones, enero presentó un perfil exigente pero contenido. Los vencimientos de títulos públicos provinciales alcanzaron los $417.856 millones, con una variación real interanual del 0,5% y una fuerte caída del 60,1% respecto del mes previo.

El 78% de los pagos correspondió a amortización de capital y el 22% a intereses. Por tipo de instrumento, el 67% de los vencimientos estuvo vinculado a Letras y el 33% a Bonos. En cuanto a la moneda, el 63% de los pagos se realizó en pesos y el 37% en dólares.

Solo cuatro provincias enfrentaron vencimientos en moneda extranjera durante enero. Córdoba abonó u$s35,3 millones del CO32d y u$s10 millones del CO26. Chubut pagó u$s32 millones del PUL26. Neuquén canceló u$s26,6 millones del BNA26 y Tierra del Fuego desembolsó u$s5,8 millones correspondientes al TFU27.

Empresas más activas y el efecto de la estrategia oficial

Mientras las provincias mostraron menor dinamismo en el endeudamiento en dólares, el sector privado tuvo un rol más activo. De acuerdo con estimaciones de Cohen Aliados Financieros, las emisiones conjuntas de provincias y empresas sumaron u$s3.079 millones en enero, cifra que incluye la colocación de Córdoba registrada en febrero. Descontando ese monto, los privados habrían emitido alrededor de u$s2.279 millones en el primer mes del año, a lo que se agregan unos u$s1.100 millones en préstamos bancarios.

Este comportamiento se vincula directamente con la estrategia anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo. En declaraciones radiales realizadas el lunes, el funcionario afirmó que el Gobierno nacional no tiene previsto emitir deuda en dólares en los mercados internacionales, pese a los abultados vencimientos futuros. “Si el Gobierno Nacional no emite, los inversores van a buscar como alternativas empresas y provincias”, señaló, al explicar que esa dinámica permitiría el ingreso de dólares financieros.

Los datos recientes muestran, por ahora, una respuesta asimétrica: mayor actividad del sector privado y cautela en el ámbito provincial. La emisión más elevada se registró en noviembre de 2025, con u$s4.591 millones, mientras que en diciembre el monto descendió a u$s2.128 millones. En todo 2025, por esta vía ingresaron aproximadamente u$s19.100 millones.

El desempeño de los próximos meses será clave para evaluar si la estrategia oficial logra canalizar efectivamente la demanda de riesgo argentino hacia empresas y provincias, o si las restricciones macroeconómicas y financieras continúan limitando el acceso al crédito, especialmente en moneda extranjera.

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Finanzas superó los vencimientos y captó más de $10 billones en la licitación

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La Secretaría de Finanzas logró este martes un rollover del 124,2% en la licitación de deuda en pesos y dólares, al adjudicar $10,34 billones frente a vencimientos del día, tras recibir ofertas por $11,17 billones. El resultado refuerza la estrategia oficial de financiamiento en el mercado local y consolida la capacidad del Tesoro para cubrir compromisos sin recurrir a emisión monetaria, en un contexto de tasas reales elevadas y fuerte concentración de colocaciones a tasa fija y ajustadas por inflación.

Rollover positivo y fuerte demanda por instrumentos en pesos

Según informó oficialmente la Secretaría de Finanzas, en la licitación realizada el 28 de enero de 2026 se recibieron 7.325 ofertas, por un valor efectivo total de $11,17 billones, de los cuales se adjudicaron $10,34 billones, lo que implicó un rollover del 124,20% sobre los vencimientos del día.

Del total adjudicado, la mayor parte correspondió a instrumentos denominados en pesos, con un valor efectivo de $10,23 billones, mientras que los títulos en dólares estadounidenses sumaron el equivalente a $102.935 millones, calculados al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BCRA, que fijó el dólar en $1.441,3245.

En términos de estructura, el Tesoro volvió a concentrar la demanda en LECAP y BONCAP a tasa fija, que absorbieron más de $6,9 billones, con vencimientos escalonados entre marzo de 2026 y enero de 2027. La LECAP S16M6, con vencimiento el 16 de marzo de 2026, fue el instrumento más demandado, con adjudicaciones por $4,91 billones, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,99%, equivalente a una TIREA del 42,41%.

Le siguieron la S31L6, con vencimiento el 31 de julio de 2026, por $1,84 billones a una TEM de 2,75% y TIREA del 38,48%, y la S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, que captó $0,04 billones. En tanto, el BONCAP T15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027, sumó $0,19 billones.

CER, TAMAR y dólar linked: cobertura inflacionaria y cambiaria

Además de la tasa fija, la licitación mostró una participación relevante de instrumentos ajustados por CER, que en conjunto captaron más de $2,5 billones, reflejando la persistente demanda de cobertura frente a la inflación.

Entre ellos se destacó la LECER X30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, que adjudicó $1,07 billones a una TIREA del 8,35%, y la X31L6, con vencimiento el 31 de julio de 2026, por $0,44 billones a 7,83% TIREA. A plazos más largos, los bonos TZX27 y TZX28, con vencimientos en junio de 2027 y junio de 2028, sumaron en conjunto $1 billón, con tasas reales que oscilaron entre 8,13% y 8,75%.

Por su parte, el instrumento a tasa variable TAMAR, la LETRA M31G6 con vencimiento el 31 de agosto de 2026, adjudicó $0,75 billones, con un margen del 6,24%, consolidando su rol como alternativa para inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos de tasas.

En dólares, el Tesoro reabrió la Letra dólar linked D30A6, con vencimiento el 30 de abril de 2026, que adjudicó USD 72 millones, equivalentes a $102.935 millones, a una TIREA del 6,02%, manteniendo activa la oferta de cobertura cambiaria dentro del esquema de financiamiento.

Señal al mercado y sostenibilidad del financiamiento

El resultado de la licitación refuerza la señal de confianza del mercado en la estrategia de deuda del Tesoro, en un escenario donde el Gobierno busca sostener el financiamiento en pesos y evitar desvíos del ancla fiscal. La magnitud del rollover, superior al 120%, permite no solo cubrir los vencimientos inmediatos sino también generar un excedente de liquidez, clave para la administración de caja.

No obstante, el costo del financiamiento sigue siendo elevado, con tasas efectivas anuales que superan el 40% en los tramos cortos, lo que plantea desafíos hacia adelante en términos de sostenibilidad, especialmente si el contexto inflacionario y financiero no muestra una desaceleración significativa.

La combinación de instrumentos a tasa fija, CER, TAMAR y dólar linked confirma una estrategia diversificada, orientada a captar distintos perfiles de inversores y a extender, de manera gradual, el horizonte de vencimientos del Tesoro.

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Milei avanza con reformas sin financiamiento definido

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Cuando resta menos de un mes para la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei avanzó con dos proyectos de ley —la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil— que no detallan su impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento. Ambas iniciativas, incluidas en el temario de sesiones extraordinarias, no están contempladas en la “ley de leyes” y reavivan la tensión entre el discurso oficial del “no hay plata”, el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la sostenibilidad del superávit fiscal del 1,5% del PBI que el Ejecutivo exhibe como principal ancla del programa económico.

El contraste se vuelve más marcado si se lo compara con la decisión del Poder Ejecutivo de no cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada e insistida por el Congreso, bajo el argumento de que no especifica su financiamiento. Una justificación que, según surge de la redacción de las propias iniciativas oficiales, no se aplica con el mismo rigor cuando se trata de proyectos impulsados por la Casa Rosada.

Emergencia en Discapacidad: la ley vigente que el Ejecutivo se niega a ejecutar

Pese a pronunciamientos judiciales y a la insistencia del Congreso, el presidente Javier Milei continúa sin ejecutar la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Días atrás, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni reasignó los créditos presupuestarios del ejercicio en curso, no incluyó partidas para esta norma ni para la ley de Financiamiento Universitario, también reclamada por el Parlamento.

El argumento oficial se apoya en la Ley de Administración Financiera, que establece que los proyectos deben indicar el origen de los fondos. Según la interpretación del Presidente, la Emergencia en Discapacidad incumple ese requisito. Sin embargo, el artículo 19 de la norma es explícito:
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad (…) Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.

En los hechos, el Congreso dejó en manos del Ejecutivo —entonces bajo la jefatura de Guillermo Francos, hoy de Adorni— la definición de las partidas, siempre que no se afecten los créditos sociales. Un esquema similar al que el propio Gobierno utilizó durante sus primeros años, cuando administró con presupuestos heredados de la gestión de Alberto Fernández, ya desactualizados.

Además, al momento del debate parlamentario, el impacto fiscal de la emergencia sí fue estimado: el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), solicitó un cálculo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por lo que los legisladores contaban con una referencia sobre costos y financiamiento. Aun así, el oficialismo se negó a reasignar partidas, acusó a la oposición de intentar romper el equilibrio fiscal y, hasta hoy, mantiene la ley sin ejecución.

Régimen Penal Juvenil: una redacción idéntica, pero con trato diferente

La doble vara aparece con claridad en el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, reflotado por el oficialismo y sumado al temario de extraordinarias con Patricia Bullrich como principal impulsora política. El proyecto ya había sido promovido en 2024 y vuelve a escena tras el asesinato del joven Jeremías Monzón en Santa Fe.

El artículo 52 del dictamen firmado en mayo del año pasado establece: “Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes (…) el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes”.

La redacción es prácticamente idéntica a la de la Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en este caso, el Gobierno no cuestiona la validez del texto ni su compatibilidad con la Ley de Administración Financiera.

Más aún, durante el debate en comisión, Espert se negó a solicitar a la OPC un análisis del costo fiscal del régimen penal, pese a ser el único con facultad para hacerlo. En su lugar, presentó un cálculo elaborado por los ministerios de Justicia y Seguridad, que estimó el impacto en 0,34% del Presupuesto 2024, o 0,0042% del PBI. Ese número generó fuertes dudas entre los bloques opositores. “Hacen como si todo lo que implica el proyecto no saliera plata”, resumió un diputado que participó del debate. El pedido público de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, para girar el proyecto a la OPC nunca fue atendido.

Reforma laboral y Presupuesto 2026: el interrogante sobre el superávit

Un esquema similar se repite con la reforma laboral, cuyo dictamen fue firmado en el Senado a fines de diciembre. El texto tampoco especifica su financiamiento, a pesar de incluir bajas y derogaciones impositivas que impactan incluso en impuestos coparticipables, afectando las finanzas provinciales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), tampoco envió el proyecto a la OPC. El resultado es el mismo: se desconoce el costo fiscal y la fuente de recursos.

El punto crítico es el calendario. Tanto la reforma laboral como el Régimen Penal Juvenil se impulsan a menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026, por lo que sus eventuales costos no están contemplados en la “ley de leyes”. De aprobarse, el financiamiento quedará nuevamente en manos del jefe de Gabinete mediante reasignaciones presupuestarias.

El propio Milei celebró que el Presupuesto 2026 refleje un superávit fiscal del 1,5% del PBI. La pregunta que empieza a ganar espacio en el Congreso y en los mercados es cuánto de ese margen quedará en pie si ambas iniciativas avanzan sin una estimación clara de costos y sin partidas específicas. En ese interrogante se juega no solo la coherencia del discurso fiscal del Gobierno, sino también la credibilidad institucional del programa económico.

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