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Cuentas públicas: superávit primario de $1,7 billones y rojo financiero de $168.515 millones

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El Gobierno informó que las cuentas públicas tuvieron déficit financiero en julio por $168.515 millones a causa del pago de intereses de deuda y el aguinaldo de estatales, siendo el primero del año y el segundo en la gestión de Javier Milei, aunque se mantuvo el superávit primario en 1,7 billones de pesos.

El Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo, explicó que el rojo fiscal se debió a que “en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio”.

En este sentido, recordó que “dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses”.

Otro factor que juega un rol de peso habitualmente en el sexto mes del año es el pago del medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional (SPN), lo que también fue expuesto por la cartera económica para argumentar el resultado deficitario.

A pesar del mal dato, Caputo remarcó que “el resultado financiero de -$168.515 millones contrasta con el resultado de julio de 2023, donde el déficit había sido de $754.243 millones, equivalentes a más de $3.700.000 millones ajustados por inflación”.

El superávit primario, en tanto, se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024, lo que implica una mejora en términos nominales de $432.442 millones en la comparación interanual.

Al respecto, Economía, detalló que “el crecimiento de los ingresos de 2,8% interanual real, y la caída del gasto primario de -1,3% real interanual, aún preservando el gasto social que crece al 5,7% interanual en términos reales, siguen mostrando el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional con el equilibrio fiscal, sin descuidar la situación de los sectores más vulnerables”.

De esta manera, el SPN acumuló al séptimo mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB (superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB), “profundizando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.105.874 millones (+40,4% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +39,8% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación (+106,2% i.a.), los Derechos de Importación (+79,8% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+54,3% i.a.), Débitos y Créditos (+47,9% i.a.) y Bienes Personales (+336% i.a.).

Durante julio, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $11.356.489 millones (+34,8% i.a.), creciendo nuevamente a un ritmo menor al de los ingresos. En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $7.066.464 millones (+44,3% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24. 

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.693.146,3 millones (+22,8% i.a.) “producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas y las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos”, señaló el Ejecutivo.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.821.883,7 millones (+21,2% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$376.400,4 millones (+14,2% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en julio alcanzaron los $768.686,4 millones (+55,6% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $715.114 millones (-15,4% i.a.), donde los energéticos variaron -$1.186.078 millones (-34,0% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $525.999 millones (+49,9% i.a.).

Equilibrio fiscal en medio de la presión de la deuda

El informe difundido por el Ministerio de Economía confirma que, durante julio de 2025, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado primario positivo de $1.749.386 millones, en un mes marcado por la continuidad del ajuste del gasto y el crecimiento de la recaudación.

Sin embargo, los intereses de deuda —netos de las operaciones intra-sector público— ascendieron a $1.917.901 millones, lo que derivó en un resultado financiero negativo de $168.515 millones.

A pesar de ese rojo puntual, el acumulado de los primeros siete meses del año muestra un superávit financiero cercano al 0,3% del PIB, y un superávit primario del 1,1% del PIB, consolidando lo que el Gobierno define como “ancla fiscal” de su programa económico.

Según la información oficial, la mejora interanual en el resultado primario fue de 41% en términos reales, lo que implica un avance de $432.442 millones frente a igual mes de 2024.

Cifras clave: ingresos y gastos en julio

Los ingresos totales del SPN en julio sumaron $13,1 billones, con un crecimiento interanual de 40,4%. Dentro de ellos, los recursos tributarios avanzaron 39,8% i.a., con desempeños destacados en:

  • Derechos de Exportación: +106,2% i.a.
  • Derechos de Importación: +79,8% i.a.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +54,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +47,9% i.a.
  • Bienes Personales: +336% i.a.

En paralelo, los gastos primarios ascendieron a $11,35 billones, con un alza de 34,8% i.a., es decir, creciendo menos que los ingresos.

Las prestaciones sociales representaron la mayor partida, con $7,07 billones (+44,3% i.a.), impulsadas por la fórmula de movilidad (Ley 27.609) y el DNU 274/24.

Las remuneraciones del sector público sumaron $1,69 billones (+22,8% i.a.), en un contexto de incrementos salariales pactados y reducción de la planta de empleados.

Las transferencias corrientes totalizaron $3,82 billones (+21,2% i.a.), con un crecimiento moderado al sector privado (+14,2% i.a.) y una suba más marcada hacia el sector público (+55,6% i.a.).

En cuanto a los subsidios económicos, se registró una caída interanual de $715.114 millones (-15,4%). Dentro de este rubro, los energéticos retrocedieron 34%, mientras que los destinados al transporte aumentaron 49,9%, alcanzando los $525.999 millones.

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Finanzas adjudicó casi $3,8 billones en licitación de deuda en pesos

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La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de este jueves adjudicó $3,78 billones en instrumentos en pesos a tasa TAMAR, con vencimiento en noviembre de 2025. La operación se enmarca en la estrategia de absorción monetaria impulsada tras la reciente suba de encajes del Banco Central.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Pablo Quirno, anunció los resultados de la licitación realizada este jueves, en la que se recibieron ofertas por un total de $3,80 billones y se adjudicaron $3,788 billones, lo que representa prácticamente el 100% del monto ofertado.

El instrumento colocado fue una Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR, con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 (M28N5). La tasa de corte se ubicó en +1,00% TNA sobre TAMAR, consolidando la política de alineamiento de la deuda del Tesoro con el esquema de tasas de referencia del sistema financiero.

Desde Finanzas destacaron que esta licitación contribuye a “cumplir con el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central”, lo que refleja la coordinación entre la política fiscal y monetaria en el actual esquema de estabilización macroeconómica.

Detalle de la colocación: cifras y características

De acuerdo con los resultados oficiales:

  • Ofertas recibidas: 51.
  • Valor Nominal Ofertado (VNO): $3.799.250 millones.
  • Valor Nominal Adjudicado: $3.788.000 millones.
  • Valor Efectivo Adjudicado: $3.788.000 millones.
  • Margen de corte sobre TAMAR: +1,00%.
  • VNO en circulación post-licitación: $3.788.000 millones.

Con esta operación, el Tesoro convalida una fuerte demanda de instrumentos en pesos indexados a la tasa de política monetaria, que se ha transformado en la referencia central tras la eliminación de la tasa de plazos fijos y la migración hacia un esquema más transparente vinculado a la Tasa de Política Monetaria de Referencia (TAMAR).

La colocación refuerza la estrategia del equipo económico liderado por Luis Caputo, orientada a ordenar el frente financiero sin recurrir a emisión monetaria del Banco Central. Al mismo tiempo, permite canalizar liquidez del sistema bancario hacia instrumentos del Tesoro, en línea con la absorción derivada de la reciente suba de encajes.

El éxito de la operación confirma que los bancos y grandes inversores institucionales siguen encontrando atractivo en las letras ajustadas por TAMAR, lo que garantiza financiamiento al Tesoro y ayuda a descomprimir presiones inflacionarias.

De cara a los próximos meses, el desafío estará en sostener este esquema con vencimientos crecientes hacia fin de año y en mantener la confianza de los mercados en un marco de tasas aún elevadas y un proceso de apertura financiera en curso.

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El gobierno busca frenar las leyes cuyos vetos serán difíciles de defender

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Según la consultora Ecolatina, Milei sabe que ya pagó los costos de vetarle al Congreso todas las leyes que no desee. Ese anuncio se hizo el año pasado y fue metabolizado por la opinión pública como una necesidad que permitirá bajar la inflación y sanar la economía. Allí están depositadas las esperanzas de la gente, que son las que le permiten a este presidente sostener esta actitud autoritaria de mantener bloqueado el Congreso. Pero Milei sabe que hay dos leyes que serán difíciles de frenar, la de los gobernadores. Por eso, por primera vez busca una salida negociada (hizo una contrapropuesta) para evitar que las leyes salgan, y busca apoyo de gobernadores aliados. 

Se trata de las iniciativas que fueron presentadas por los 24 Gobernadores y que buscan obligar al Ejecutivo a no retener fondos que las Provincias consideran que son de ellas. Si bien no implican más erogaciones, sí implican una disminución en los recursos que se queda el Estado nacional para afrontar sus necesidades fiscales. Y si efectivamente son ratificadas por los mandatarios a través de sus legisladores, no habrá forma de defender el veto.

Por eso, el Gobierno está buscando, por primera vez, entablar algún tipo de negociación. Si bien no es directa (el gobierno no quiere dar el brazo a torcer y mostrar predisposición al diálogo) lo hace presentando una contrapropuesta a través de sus diputados. Y en buena medida, lo hace porque sabe que no podrá frenar esta ley con un veto. Por lo que habrá que ver si logra doblegar la voluntad de alguno de los gobernadores aliados.

La otra opción para el Gobierno es la de ralentizar todo lo que pueda el proceso, y aspirar a que todo quede para después de la elección (quedan dos meses y medio), y que un buen resultado lo fortalezca para evitar la imposición del Congreso. Pero suena desafiante, ya que quedan al menos 7 semanas en las que podrían tratarse la media sanción restante (que podría suceder las próximas), el veto y las insistencias.

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Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable en la demanda por la expropiación de la petrolera

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La Justicia de Irlanda rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso en ese país, que había sido solicitado por los demandantes

La semana comenzó con otro fallo favorable para Argentina en la causa por la expropiación de YPF: la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.

“En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, destacó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

Según la PTN, los demandantes pidieron acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. “Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, destacaron.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dijo que el país podía esperar a la próxima apelación por el pedido de Buford Capital –el principal demandante de este extenso juicio– de quedarse con las acciones de la empresa, en septiembre, sin poner ninguna garantía.

La jueza Loretta Preska, quien condenó en primera instancia al país, ordenó la entrega de las acciones. Ese medida puntual será analizada por la Corte en septiembre y luego, en octubre, después de las elecciones legislativas, se analizará la apelación de “fondo”. O sea, si el fallo multimillonario de Preska es correcto o no.

Argentina ya adelantó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en cada resolución negativa que tenga en este caso. “Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron en la PTN.

“Si bien el tribunal irlandés no se pronunció sobre la sustancia del caso, resulta sorprendente que Irlanda otorgue tan poca importancia a su papel en el sistema financiero global que deje en manos de los tribunales de Chipre, Luxemburgo y Francia la resolución de estos asuntos. Dicho esto, respetamos la decisión del tribunal irlandés de conservar sus recursos mientras se tramita la apelación del Segundo Circuito a finales de octubre”, destacó un vocero de Burford.

Parte de la estrategia de bufete de origen inglés consiste en intentar ejecutar la sentencia en múltiples jurisdicciones, incluyendo Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre, además de Irlanda, con el objetivo de presionar a Argentina y aumentar las posibilidades de cobro.

De hecho, Burford presentó en EEUU, en el tribunal de Preska, en julio pasado, un documento con el detalle de todos los pedidos de “enforcement” y como, según cree, el país dilata y demora las presentaciones para seguir ganando tiempo. El documento se titula “Cronología de los retrasos de la República en los trámites de reconocimiento en el extranjero”.

Cerca de Burford están convencidos de que la justicia de Irlanda no analizó el fondo de la causa, sino los tiempos; y esto no significa que vaya a pasar en otras jurisdicciones lo mismo.

Desde Irlanda

El fallo de The High Court Commercial de Irlanda, que firmó la jueza Eileen Roberts, tiene 77 páginas y se había iniciado por medido de dos de los demandantes –Petersen y Eton Park– en abril del año pasado.

Roberts fundamentó su resolución en que ni la República Argentina ni YPF poseen bienes en Irlanda susceptibles de embargo, salvo activos diplomáticos y consulares que, por su naturaleza, están protegidos de cualquier acción judicial. Además, la magistrada destacó que no hay evidencia de que el Estado argentino vaya a tener activos en el país en el corto o mediano plazo, por lo que permitir la ejecución solo supondría un uso innecesario de recursos judiciales sin impacto real para las partes.

“Este procedimiento no tiene absolutamente ninguna conexión con Irlanda. Además, no estoy convencida de que permitir la ejecución de la sentencia de Nueva York en esta jurisdicción suponga un beneficio práctico para los demandantes”, dijo la magistrada irlandesa.

La resolución analizó en detalle la jurisprudencia local sobre reconocimiento de sentencias extranjeras y concluyó que, si bien no es requisito indispensable la existencia actual de activos, sí debe haber una expectativa realista de obtener un beneficio práctico. En este caso, la ausencia de bienes y la duplicidad de procedimientos en otras jurisdicciones llevaron al tribunal a descartar cualquier utilidad concreta de la acción en Irlanda. La jueza también valoró que los demandantes ya disponen de mecanismos de investigación y ejecución en Estados Unidos y otros países, por lo que replicar esos procesos en Irlanda resultaría redundante.

El fallo irlandés evitó pronunciarse sobre cuestiones de fondo como la inmunidad soberana del Estado argentino o la doctrina del acto de Estado, señalando que estos temas podrían ser debatidos en un eventual juicio de fondo, pero no resultaban determinantes en esta instancia procesal.

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Tesoro coloca deuda exclusiva para bancos y apunta a captar $6 billones

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El Ministerio de Economía busca captar fondos no renovados en la última colocación, con un nuevo instrumento a tasa TAMAR exclusivo para bancos.

El Ministerio de Economía anunció una licitación extraordinaria para este lunes 18 de agosto, con el objetivo de absorber alrededor de $6 billones que no fueron renovados en la última colocación de deuda del Tesoro. En esa operación, de un total de vencimientos por $15 billones, el “rollover” alcanzó solo el 61%, con renovaciones por $9,1 billones.

La medida, confirmada por fuentes oficiales, apunta a evitar que los pesos sobrantes presionen sobre el mercado cambiario. El propio ministro Luis Caputo dejó en claro que “lo último que vamos a hacer es dejar que vayan pesos al mercado” en un contexto de volatilidad electoral.

La Secretaría de Finanzas licitará una Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 (M28N5), exclusiva para entidades bancarias y suscrita únicamente con cartera propia.

Características principales:

  • Fecha de emisión: 19/08/2025
  • Fecha de vencimiento: 28/11/2025 (plazo de 101 días)
  • Moneda: Pesos
  • Amortización: Íntegra al vencimiento
  • Intereses: Tasa efectiva mensual TAMAR, capitalizable mensualmente, más un margen a licitar.
  • Monto mínimo por oferta: VNO $200 millones, sin límite máximo.
  • Presentación de ofertas: Solo tramo competitivo, indicando margen sobre TAMAR en incrementos de 0,01 puntos porcentuales.

El director del BCRA, Federico Furiase, precisó que los pesos obtenidos serán absorbidos “mayoritariamente vía aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos”.

El resultado de la licitación previa reflejó la resistencia del mercado a instrumentos de muy corto plazo. Economía había buscado limitar la colocación de bonos con vencimiento menor a un mes para forzar una baja de tasas y alargar plazos, lo que derivó en una menor renovación de vencimientos.

En este nuevo llamado, no se fijará un monto máximo a adjudicar, buscando captar la totalidad de los fondos excedentes. La operación se liquidará el martes 19 de agosto, ya que el viernes previo será feriado.

Uno de los riesgos que intenta contener el Gobierno es que los pesos no absorbidos en la licitación anterior se canalicen hacia la compra de dólares, presionando sobre el tipo de cambio. La nueva estrategia combina emisión de deuda a medida de los bancos y uso de encajes remunerados como mecanismo de inmovilización monetaria.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó que la letra TAMAR ofrecerá la misma tasa que un plazo fijo mayorista, con un diferencial que dependerá del precio de corte, asegurando un incentivo financiero para las entidades.

La efectividad de la operación dependerá del grado de adhesión bancaria. Un alto nivel de suscripción permitiría al Tesoro esterilizar rápidamente la liquidez excedente y reforzar la señal de control monetario, clave para anclar expectativas inflacionarias y cambiarias en un contexto de ruido electoral y volatilidad financiera.

Analistas advierten que si la absorción es parcial, parte de esos pesos podría buscar cobertura en el dólar financiero, generando presión sobre las cotizaciones paralelas.

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