florencia grillo

Operación: rescate del Mercosur

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Desde el terremoto electoral de septiembre, el gobierno argentino se estuvo reconfigurando y apareció un nuevo Canciller: el ex jefe de gabinete de ministros Santiago Cafiero, que lejos de desligarse de responsabilidades, estuvo a full desde que asumió el nuevo cargo.

Repasemos un poquito lo más importante.

En su viaje por Italia, tuvo 2 encuentros claves. Uno con la Directora General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okomjo-Iweala y con Rebecca Grynspan, secretaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Desde Cancillería ven la inserción de Cafiero como “positiva” porque logró en poco tiempo que Italia, un socio estratégico clave, apoye la iniciativa argentina en la renegociación con el FMI, se ratificó la pertenencia de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y estableció nuevos canales de diálogo con España y Estados Unidos.

Pero en el plano regional, Cafiero y su par brasileño, Carlos França, anunciaron los “consensos necesarios” para la revisión del Arancel Externo Común que rige el Mercosur, luego de una reunión que mantuvieron en el Palacio de Itamaraty, en la que se repasó también la agenda bilateral que incluyó temas como cambio climático (de cara a Glasgow y la COP26), la posible inserción de ambos países a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la situación de Uruguay (a la calle alegremente yo llamo Uru-bye).

La reducción de las tarifas de importación de productos fuera del Mercosur “contempla las distintas necesidades de los países miembros”, manifestó el comunicado conjunto, en el que también se indicó que la propuesta deberá ser presentada a los otros socios, Paraguay y Uruguay.

Plot twist: Paraguay lo va a ratificar porque Cafiero se reunió con su par paraguayo mientras escribía esta edición y así lo comunicó cancillería tras su reunión

El acuerdo entre Argentina y Brasil para reducir el Arancel Externo Común del Mercosur en un 10% no es tanto una disputa entre ambas potencias sino una derrota de los sectores más liberales del Gobierno brasileño y en especial su ministro de Economía, Paulo Guedes. Esa puja entre el Ministerio de Economía y Cancillería en Brasil, la está ganando hace meses Cancillería. 

Qué puede pasar: la letra chica de este acuerdo está llena de exenciones especiales (como cuando compras yogurt light y al final no es ni light ni yogurt), dado que las reglas del Mercosur autorizan a los países a tomar represalias con sus propias barreras proteccionistas si los miembros individuales encuentran formas de afectar la equidad del comercio dentro del Mercosur.

A cambio de su apoyo, es probable que Uruguay exija concesiones sobre su intento de abrirse de forma unilateral a China (ahora te cuento más sobre esto).

Antes de la reunión con Brasil, se formalizó el primer encuentro bilateral entre el canciller uruguayo Bustillo y Cafiero en el Palacio San Martín para calmar un poco las aguas y según un comunicado de la cancillería uruguaya, los ministros acordaron “acudir conjuntamente” a CAF-Banco de Desarrollo de América Latina con el objetivo de “solicitar la financiación del estudio de factibilidad para el puente binacional entre Bella Unión y Monte Caseros”, algo también informado por Argentina.

(Ese es el puente, cuyo financiamiento -entre otros tantos- Uruguay unilateralmente iba a negociar por fuera del Mercosur con China. Después de un par de reuniones con tono más amable, parece que Argentina logró calmar todo).

Lacalle Pou entiende que probablemente Bolsonaro pierda las elecciones en 2022, lo cual obstaculiza la liberalización que propone. ¿Te acordas de la carta que firmaron Henrique Cardoso y Lula juntos a principios de años? Fue contra la reducción unilateral de los aranceles del Mercosur. Así que si gana Lula (*se persigna y le reza a todos los santos en todos los idiomas posibles*), teniendo la presidencia pro tempore del Mercosur es muy difícil que esta situación sea favorable para Uruguay.

Pero…

¿De qué se trata el acuerdo entre Uruguay y China?

Si bien las relaciones entre estos dos países fueron tardías si se observa a sus países vecinos como Argentina o Brasil (salvo la excepción de Paraguay que aún reconoce a Taiwán) esto no ha sido un impedimento para que actualmente las mismas se encuentren en una etapa cuasi-óptima, en las dimensiones tanto política, económica-comercial, como de cooperación.

Esto se debe a que desde comienzos de este siglo aumentó exponencialmente el contacto bilateral: primero fue el comercio, China es el primer socio comercial de Uruguay desde 2012. China hoy es el principal destino de las exportaciones uruguayas y es clave para la recuperación económica post pandémica. En los primeros ocho meses del año, las ventas sumaron $1.568 millones de dólares, un 63% más que en el mismo período de 2020. 

El principal producto de exportación fue la carne vacuna, que creció 205% y representó el 60% de las exportaciones totales de Uruguay, según un informe de Uruguay XXI

El mes pasado, las exportaciones a China ascendieron a $233 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 52% respecto al mismo mes de 2020; motivo de gran parte del desarrollo de sectores alternativos, como el sojero y el de la celulosa, sumado a una balanza comercial equilibrada desde hace al menos tres años; luego la cooperación comenzó a aumentar hasta consolidarse; y posteriormente el acercamiento político entre ambos.

Este último se centró en tres temas claves y que todos ellos de una u otra forma repercuten en el entorno: la propuesta de un tratado de libre comercio (TLC),  una asociación estratégica (2016) y la firma del Memorando de Entendimiento sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) en 2018 al cual también adhirieron Bolivia, Chile y Ecuador y más tarde, se sumaría Perú en 2019.

Pero aunque China es el principal socio económico de las dos economías más desarrolladas de la región -Argentina y Brasil- éstos aún no avanzaron en negociaciones para entrar al proyecto de la Franja y la Ruta (todavía).

Este nuevo acuerdo entre China y Uruguay le está trayendo más de un dolor de cabeza al gobierno de Argentina, que hace unos meses le cedió la presidencia del bloque del Mercosur a Brasil. Bolsonaro en la conferencia de traspaso de mando declaró “no podemos dejar que el Mercosur siga siendo un sinónimo de ineficiencia y desperdicio de oportunidades”, sumando aún más tensiones entre los dos países.

Hay que recordar que el 26 de marzo, en un encuentro virtual al cumplirse 30 años de la fundación del bloque, Lacalle Pou había dicho que el Mercosur “no puede ser un lastre” que impida el avance comercial de su país, a lo que Fernández contestó que, si Argentina era considerado un lastre, “que tomen otro barco”. Lacalle Pou anunció en julio que su Gobierno buscaría acuerdos comerciales bilaterales por fuera del Mercosur, pese a una decisión adoptada en el año 2000 por la que los socios del bloque acordaron contar con la anuencia de sus contrapartes para sellar negociaciones con terceros países.

Hace algunas semanas, se designó a la comitiva encargada de profundizar las temáticas del acuerdo dijo el canciller uruguayo Bustillo y parece que todo avanza viento en popa.

¿Y el resto del Mercosur en qué anda?

Mientras tanto, Chile y Paraguay se acercaron cada vez más luego de la visita oficial de Piñera a Asunción (antes que explote todo el escándalo de los Pandora Papers que podría costarle el cargo). 

Tras reunirse con su colega paraguayo Mario Abdo Benítez, ambos mandatarios hablaron en conferencia de prensa para explicar los avances logrados durante las conversaciones.

Abdo dijo que los dos gobiernos trabajarán por el bien de la economía de Paraguay y Chile y que las relaciones bilaterales “se han convertido en un activo estratégico”. Añadió que espera que se pueda firmar un Tratado de Libre Comercio en breve.

Ambos mandatarios también abordaron la conectividad, en particular el Corredor Vial Bioceánico, que “permitirá a Paraguay ser un socio estratégico para acceder al mercado de una manera más competitiva para la producción de la región”, señaló Abdo. Esta iniciativa es clave para mantener al bloque regional unido, ya que participan de este megaproyecto Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.

Por otro lado, para potenciar el desarrollo económico de la región y encontrar nuevos mercados en Asia-Pacífico, se está llevando adelante el programa “Puerta Digital Asia-Sudamérica” a través de la construcción del cable de conectividad submarina llamado Humboldt que unirá a la región desde Chile con Asia y Australia, tema del cual se habló en la reunión entre ambos mandatarios.

Paraguay fue otra parada en la gira regional de Piñera que incluyó a Uruguay a principios de esta semana y a Colombia la semana pasada cuando discutió con el presidente Iván Duque el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico y Prosur, así como las medidas contra la pandemia del coronavirus.

Cabe recordar que hace poco, el saliente presidente de Chile, anunció la intención de su país de apropiarse de un sector de la plataforma continental Argentina, reviviendo las tensiones entre los países que habían sido selladas con el acuerdo de paz de 1984.

Piñera, que termina su mandato en marzo próximo, pretende reclamar ante la ONU una supuesta soberanía chilena sobre un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados, la llamada medialuna, que Argentina incluye en su plataforma y de un sector del espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Del otro lado de la frontera, el planteo de Alberto Fernández es bien claro, para la Argentina preservar la unidad del bloque regional es una política de Estado y está dispuesto a todo, incluso a negociar con Brasil para que Uruguay no termine siendo un nuevo “Brexit”. (Como sería el nombre de Uruguay? Urubye pensé yo, cual le pondrías vos?)

La relación entre ambos países está golpeada en el plano político por las diferencias ideológicas pero la balanza comercial está mejor que nunca, de hecho las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron su mejor número de los últimos 3 años en agosto y teniendo en cuenta que las relaciones en términos políticos pueden cambiar el año próximo con las elecciones presidenciales de 2022, no parece estar todo perdido para el bloque del Mercosur.

Otra noticia que estoy siguiendo de cerca es la posible caída del gigante inmobiliario chino Evergrande. En la actualidad, el grupo inmobiliario lleva años de préstamos para financiar el rápido crecimiento que tuvo con el boom inmobiliario de las décadas pasadas. Esto le está costando nada más y nada menos que más de 300 mil millones de dólares de pasivos, lo que hoy hace peligrar su existencia.

¿Por qué nos importa esto? Porque afectaría directamente las economías de Chile, Perú y Brasil, todos aliados claves de Argentina en la región y cómo sabemos, si alguien estornuda en China, la mitad del mundo se resfría.

Veamos rápidamente.

Chile es un gran exportador de cobre y de hierro, Perú también exporta cobre, y Brasil es uno de los mayores productores de hierro a nivel mundial. Estas son sin duda las economías que estarían más expuestas, ya que ambos materiales se utilizan para la construcción en China.

En Brasil preocupa especialmente porque China es el principal comprador de hierro. Las exportaciones brasileñas están más diversificadas, cabe aclarar. Además del hierro, la soja y el petróleo crudo también juegan un papel importante en las exportaciones, pero en 2020 China fue el destino de aproximadamente el 32,5% de todas las exportaciones brasileñas, lo cual una desaceleración podría causarle mucho daño. En cambio, en Chile y Perú, el cobre representa la mayor parte de sus exportaciones, casi un 30% de su PBI. 

Entonces, los 3 países (sin contar a Argentina) que probablemente más inestabilidad económica, política y social están sobrellevando en estos momentos, podrían verse afectados? Si, definitivamente Latinoamérica está embrujada.

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¿Por qué estalló Colombia?

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Los jóvenes de Colombia hoy están en la primera línea de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque. Son esos manifestantes los que han arrinconado al Ejecutivo, al punto de forzarlo a retirar la fallida propuesta de reforma tributaria que desencadenó las movilizaciones. 

Las encuestas coinciden en que Duque ha perdido decididamente el apoyo de los jóvenes. El 74 % de los consultados entre 18 y 25 años tenía una imagen desfavorable del mandatario en una encuesta de Cifras y Conceptos. 

A sus 44 años, Duque es el presidente más joven en la historia reciente de Colombia y, aunque llegó al poder con 42 años recién cumplidos, siempre ha exhibido, desde la propia campaña, sus credenciales conservadoras. Esa paradoja estuvo presente durante todo su mandato, y lo ha hecho, una vez más, durante la última semana de caos. 

Aunque el Gobierno se abrió a un proceso de diálogo político en busca de una nueva reforma consensuada, la movilización no cede y los jóvenes son un componente central del cóctel de descontento que cerca al Ejecutivo del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por Álvaro Uribe.

La estrategia del presidente colombiano Iván Duque durante los últimos días dista mucho de ser la adecuada para superar el impasse actual de conflictividad social. Mantiene un discurso beligerante, de categorías binarias y resuelto bajo el uso de la fuerza. Duque confía en que la mala prensa y la popularización de este tipo de lecturas pueden, per se, desescalar paulatinamente el conflicto.

Pero sucede todo lo contrario. 

Desde hace tiempo, Colombia es una bomba que en cualquier momento puede explotar. Y no lo es solo por el nivel de pobreza, la exclusión social y el abandono que sufren millones de personas y buena parte de la geografía del país. Lo es porque, una vez finalizado formalmente el conflicto armado, la movilización social tiene ante sí una serie de carencias y necesidades en términos de precariedad laboral, vulnerabilidad y desposesión de derechos que, sin el soporte del conflicto armado, tienen todo a su disposición para visibilizar, problematizar y politizar numerosas necesidades maltrechas durante décadas. 

Es decir, ahora más que nunca la conflictividad social juega con todo a su favor para hacer gravitar la agenda política por fuera del tradicional esquema paz/seguridad que durante décadas dominó las agendas de gobierno acontecidas en Colombia y que invisibilizó una marcada violencia estructural.

A estos jóvenes los une el desencanto, el rechazo a la clase política y un profundo malestar frente al Gobierno. En la oleada de protestas que ya habían sacudido al país a finales de 2019, los jóvenes de universidades públicas y privadas fueron destacados protagonistas.

Pero la actual oleada de movilizaciones marca diferencias. La pandemia y el confinamiento han contribuido al aumento de la desigualdad y han hecho más difícil acceder a la educación, la salud, e inclusive, el acceso a la vivienda -un problema que atraviesa a la generación millennial-, con protestas sociales muy difíciles de controlar.

La búsqueda de un modelo económico y una policía distintos tiene que ver con la idea de un país nuevo. La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los discursos completamente polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales, inclusión de minorías y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.

Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente —que para muchos requeriría una mayor democratización de la salud y la educación— está en el corazón de este movimiento.

También exigen el retiro de un proyecto que busca privatizar la salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y un salario básico acorde a la canasta de alimentos para paliar a uno de los países más desiguales del continente. Actualmente el desempleo en Colombia es del 16,8 por ciento y la pobreza alcanza al 42,5 por ciento de la población.

Las protestas actuales comenzaron con una huelga general por una reforma fiscal impopular contra un gobierno profundamente polarizador, en defensa de los líderes de derechos humanos amenazados, por un aumento de la red de seguridad social durante la pandemia y por la reforma policial.

Y las calles ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que fue tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aun así, ninguna de las medidas ha sofocado el descontento social.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento sumamente heterogéneo, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada. Más de 24 muertes, 89 personas desaparecidas, 140 denuncias de violencia según la Defensoria del Pueblo de Colombia y según la ONG Temblores, se reportaron más de 200 intervenciones violentas hacia mujeres, entre ellas, 10 denuncian agresión sexual. 

Desde la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresaron el martes pasado su profunda preocupación por la reciente actuación de las fuerzas del orden en la ciudad de Cali que finalizaron con varios muertos y heridos.

La actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demanda.

La reforma rural integral planteada en el acuerdo, suponía admitir la realidad de una violencia estructural de la cual el Estado fue corresponsable durante décadas. En Colombia, la reforma agraria resultó siempre una promesa incumplida por parte de las élites políticas, a lo que se sumaba una suerte de política territorial que siempre gravitó en torno a una “bogotanización” de la agenda pública. 

Es decir, la reforma rural implicaba reconocer que la periferia olvidada de Colombia necesitaba de mayores recursos e inversiones si verdaderamente se quería abordar un proceso de construcción de paz estable y duradero.

Y este fue el punto de partida del comienzo del desastre.

Desde el partido del presidente Ivan Duque, nunca aceptaron que la paz debía llegar al país por medio de una solución negociada y que, entre otras cuestiones, ello obligaba a repensar los límites de la democracia colombiana y de su Estado de Derecho.

Durante sus primeros años en el gobierno, Duque se ha encargado de deslegitimar el Acuerdo de paz. Homologando el término “paz” al término FARC. Ha instrumentalizado el Poder Judicial, evitó aumentar el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo, ha obstaculizado el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz y ha criminalizado, bajo la etiqueta de “guerrillera” o “terrorismo”, cualquier reivindicación o protesta social, por muy ajena que resulte a la cuestión del Acuerdo.

De nada sirve un Acuerdo de Paz si no se acompaña de medidas que transformen las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, y de intervenciones que resignifiquen un imaginario social colectivo, preparado para lo que supone, desde todos los extremos, un proceso de construcción de paz. Allí están los resultados a la vista: el quinto país más desigual del mundo, con unos niveles irresueltos en cuanto abandono territorial e institucional de las zonas con mayor presencia del conflicto armado, y en donde la necesaria presencia del Estado en aquellos lugares que abandonan las FARC para asumir el proceso de entrega de armas nunca se cumplió. 

Muchos esperaban que ese acuerdo, junto con el fin formal de cinco décadas de guerra civil que mató a más de 250 mil personas y obligó a más de 7 millones a huir de sus casas, abriría un nuevo espacio para la izquierda en el espectro político de Colombia, pero la realidad dista de ser así y los resultados están a la vista: crisis de representación, desconfianza hacia el sistema político en aumento y alta desconexión entre la juventud y la política.

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