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Delfina Rossi en Posadas: “El modelo de endeudamiento garantiza una distribución injusta de la renta”

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“¿Quién paga la cuenta?”. La pregunta que da nombre al conversatorio que la economista Delfina Rossi protagonizó este viernes en Posadas funciona también como síntesis de su lectura sobre la economía argentina. En diálogo con Economis antes de su exposición, sostuvo que el actual programa económico no constituye una experiencia aislada, sino la continuidad de un ciclo que, a su entender, combina endeudamiento externo, dólar apreciado, fuga de capitales y una transferencia regresiva del ingreso.

La economista, que llegó a Misiones para participar del encuentro “¿Quién paga la cuenta? El lado B del experimento económico argentino”, organizado con auspicio del PJ Misiones, ubicó el punto de partida de su análisis en el programa de endeudamiento iniciado durante la gestión de Mauricio Macri y su posterior continuidad durante el gobierno de Javier Milei. Su tesis central es que el endeudamiento no estaría funcionando como una herramienta destinada a financiar un proceso de inversión y transformación productiva, sino como un mecanismo que permite sostener determinadas condiciones financieras y cambiarias mientras una parte de los capitales se dirige nuevamente al exterior.

“Seguimos en el mismo programa que inició Mauricio Macri en 2018, con el Fondo Monetario y el experimento de Mauricio Macri, con la continuidad de Javier Milei”, planteó Rossi. En su interpretación, el esquema se sostiene sobre un “dólar relativamente barato” y el endeudamiento externo como ancla de las expectativas de inflación, una combinación que termina generando efectos diferentes según el lugar que cada actor ocupa en la economía.

Para la economista, el punto crítico no es únicamente cuánto se endeuda el Estado, sino qué ocurre con los dólares que ingresan y qué destino tienen. Rossi estimó que, desde el comienzo de la administración de Milei, el nuevo endeudamiento externo —incluyendo fondos del FMI, obligaciones negociables emitidas por empresas, deuda provincial y otros organismos internacionales— se aproxima a los US$40.000 millones y sostuvo que ese monto tendría una magnitud comparable con la formación de activos externos durante el período.

“Dólar que entra, dólar que se fuga”, sintetizó. Desde su perspectiva, ese circuito configura una dinámica en la que “la deuda le queda a todos los argentinos y argentinas, mientras que unos pocos disfrutan de llevárselo afuera”.

El planteo adquiere una dimensión particular en Misiones, donde las diferencias cambiarias con Paraguay y Brasil permiten observar de manera cotidiana los efectos de un tipo de cambio que Rossi considera apreciado. El fenómeno aparece en el comercio fronterizo, en la capacidad de compra de los consumidores y en la competencia que enfrentan las actividades económicas locales.

La economista cuestionó, en ese sentido, que la estabilidad nominal pueda ser considerada suficiente para evaluar el éxito de un programa económico. Para Rossi, el desafío consiste en determinar qué estructura productiva y distributiva queda detrás de esa estabilidad y quién absorbe los costos del proceso de ajuste.

“No hay un endeudamiento virtuoso para el desarrollo”, sostuvo, al cuestionar la idea de que la toma de deuda pueda justificarse únicamente por su capacidad para reducir el riesgo país y facilitar posteriormente un mayor acceso al financiamiento.

El Peronismo debería “pedir disculpas” por la inflación

Rossi reconoció que la inflación representa uno de los principales problemas económicos y sociales que enfrenta cualquier gobierno. Incluso planteó que el peronismo debería “pedir disculpas” por los niveles de inflación registrados durante la última gestión de esa fuerza política con Alberto Fernández como presidente. Pero inmediatamente buscó trasladar la discusión hacia sus causas y hacia el diseño institucional que, a su criterio, debería permitir recuperar capacidad de decisión económica.

“La inflación es muy nociva para toda la economía, para cualquiera que quiera planificar, pero sobre todo para aquel que trabaja y no sabe cuántas horas hay que trabajar hoy para ver si mañana puede comprar un litro de leche”, afirmó.

Su propuesta pasa por recuperar una moneda nacional capaz de funcionar como instrumento de política económica. En esa línea, cuestionó los cambios que el Gobierno impulsa sobre el Banco Central y advirtió que una economía sin moneda propia pierde capacidad para administrar los ciclos de expansión y contracción.

“Necesitamos recuperar una moneda”, sostuvo Rossi, y vinculó esa recuperación con un proceso previo de desendeudamiento. “No es serio pensar que vamos a poder generar una estabilidad macro con estos niveles de endeudamiento y fuga”, afirmó.

El planteo supone una discusión de fondo sobre la política monetaria: no se trata únicamente de controlar la cantidad de dinero, sino de preservar los instrumentos mediante los cuales el Estado puede actuar sobre la demanda, el crédito y la actividad cuando el ciclo económico lo requiere.

Rossi también cuestionó el funcionamiento actual del régimen cambiario, al que definió como un “Frankenstein” en el que conviven restricciones, mecanismos de acceso al mercado de cambios y diferentes grados de intervención sobre los flujos financieros. A su entender, esa arquitectura revela que el esquema todavía no constituye un sistema plenamente consistente y genera diferencias entre las propias empresas a la hora de invertir y acceder a divisas por la exportación de bienes o servicios.

El espejo de Paraguay y la advertencia sobre Misiones

La referencia a Paraguay apareció como uno de los puntos más vinculados con la realidad misionera. Rossi utilizó al país vecino como ejemplo de una economía que puede exhibir estabilidad macroeconómica bajo determinadas condiciones, pero cuya estructura distributiva considera incompatible con el modelo de movilidad social que históricamente reivindica el peronismo.

“Acá en Misiones tenemos el espejo”, planteó durante la entrevista, en referencia a la experiencia paraguaya y a las asimetrías que se observan en la frontera.

La discusión, según su interpretación, no debería reducirse a inflación versus estabilidad. El interrogante central es qué tipo de sociedad se construye detrás de cada configuración macroeconómica. Rossi cuestionó los modelos que, según su mirada, pueden garantizar previsibilidad para los sectores de mayor poder económico mientras restringen las posibilidades de movilidad social para amplios segmentos de la población.

Su crítica se extendió a la idea de que el sacrificio presente necesariamente garantiza bienestar futuro. “Tenés que sacrificarte ahora pero nunca más vas a tener inflación”, resumió, al describir el relato que, según su interpretación, acompaña a determinadas políticas de estabilización.

Frente a eso, planteó una alternativa basada en una macroeconomía equilibrada a partir de la producción y el trabajo. “Nuestro modelo es aquel que reconoce las debilidades macroeconómicas que tenemos, pero que necesita equilibrar la macroeconomía a partir de la producción y el trabajo”, sostuvo.

El Banco Nación como pieza de una estrategia productiva

La conversación también pasó por su experiencia en el Banco Nación y por el rol que, según Rossi, deberían asumir las entidades financieras públicas. En lugar de limitarse a criterios estrictamente financieros, propuso que sus directorios incorporen una mirada representativa de la diversidad productiva del país.

“El directorio tiene que tener los intereses de la economía nacional y su diversidad federal”, señaló. En esa concepción, el sistema financiero público debería contemplar las necesidades del sector agropecuario, las empresas petroleras, las pymes y las familias.

Rossi reivindicó además mecanismos de participación de los trabajadores en las instituciones financieras públicas y planteó la necesidad de reconstruir un esquema de diálogo social que permita compatibilizar esfuerzo, inversión y distribución.

Su crítica apuntó también contra la idea de meritocracia como principio ordenador de la política económica. Frente a ello, propuso recuperar una mirada centrada en “lo humano, la producción y el trabajo”.

“La preocupación no es quiénes son ellos, sino por qué el pueblo argentino se vio reflejado en ese relato”

La dimensión política apareció inevitablemente en el diálogo. Consultada por dirigentes que anteriormente la habían cuestionado y que hoy forman parte del oficialismo o se encuentran vinculados a su estructura, Rossi evitó concentrar su crítica en las trayectorias individuales.

“Mi preocupación no es quiénes son ellos, sino por qué el pueblo argentino se vio reflejado en ese relato y no se siente contenido por nosotros”, afirmó.

La frase contiene uno de los diagnósticos políticos centrales de su exposición: para Rossi, el problema del peronismo no se resuelve únicamente con la identificación de adversarios, sino con una revisión de sus propios errores y con la construcción de una propuesta capaz de volver a interpelar a una sociedad que cambió sus prioridades.

En ese sentido, planteó que el movimiento nacional debe reconstruir una alternativa política a partir de una discusión sobre el modelo de país y no únicamente sobre candidaturas. “Tenemos que reforzar lo que han sido nuestros errores y la propuesta alternativa que tenemos”, sostuvo.

La economista también vinculó esa reconstrucción con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se revise el fallo en la causa Vialidad, una posición que forma parte de su lectura política sobre el actual escenario argentino.

Más allá de la controversia partidaria, su argumento vuelve a colocar la cuestión distributiva en el centro: para Rossi, la discusión sobre deuda, moneda, Banco Central, tipo de cambio y política productiva termina desembocando en una pregunta esencialmente política: quién captura los beneficios de la estabilidad y quién absorbe sus costos.

Ese es, en definitiva, el sentido de la pregunta que llevó a Posadas: quién paga la cuenta de un programa económico no se define solamente en el resultado fiscal o en el balance del Banco Central. Se define también en los salarios, el crédito, el empleo, el precio de los alimentos, la actividad productiva, la capacidad de consumo y las oportunidades de movilidad social. Y es allí donde Rossi ubica el verdadero “lado B” del experimento económico argentino.

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Kristalina Georgieva cenó con empresarios del “círculo rojo” en el cierre de su primera jornada en la Argentina

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo este lunes por la noche una reunión con un grupo de destacados empresarios argentinos en el Palacio Duhau, en el barrio porteño de Recoleta, como cierre de su primera jornada de actividades en el país.

El encuentro fue organizado por el propio organismo internacional y no contó con la participación de funcionarios del Gobierno, sino que reunió a una decena de referentes del denominado “círculo rojo” empresario, convocados por la representación local del FMI.

La lista de invitados para la cena se manejó con absoluta reserva e incluyó a representantes de sectores estratégicos como energíafinanzastecnologíacomercio e inversiones.

Entre los asistentes estuvieron Eduardo Elsztain, presidente de IRSA; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE); Jorge Brito, presidente de Banco Macro y Genneia; Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina; Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá; Mariana Schoua, presidenta de AmCham; e Isela Costantini, asesora del directorio del Grupo ST, entre otros referentes empresariales.

A su vez, la titular del organismo estuvo acompañada por funcionarios que pertenecen a su equipo, como el jefe de Misión del FMI, Joyce Wong; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk y Luis Cubeddu.

La reunión se realizó después de una intensa agenda oficial que incluyó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una reunión de Gabinete ampliada y una actividad con estudiantes universitarios.

Durante la jornada, Georgieva volvió a destacar la marcha del programa económico argentino y expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno.

La agenda de la titular del FMI continuará este martes con una visita a Vaca Muerta, donde recorrerá el bloque Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín. La recorrida forma parte del interés del organismo por conocer el potencial energético argentino y uno de los proyectos que el Gobierno considera clave para incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas.

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ARCA endurece los controles sobre el Impuesto a las Ganancias y rechaza deducciones inconsistentes de trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzó los controles sobre las deducciones declaradas por empleados en relación de dependencia en el Impuesto a las Ganancias, luego de detectar inconsistencias en las presentaciones correspondientes al período fiscal 2025. La decisión se produce en un contexto de creciente presión por mejorar la recaudación tributaria y coincide con las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ampliar la base de contribuyentes alcanzados por el gravamen.

Las primeras fiscalizaciones apuntan especialmente a trabajadores de mayores ingresos que habrían incorporado como deducibles gastos que la normativa no contempla. Entre los casos detectados figuran importantes erogaciones en indumentaria, gastos vinculados a vehículos y aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), conceptos que, en muchos casos, no cumplen con los requisitos legales para reducir la carga tributaria.

Según pudo conocerse, ARCA comenzó a enviar notificaciones a empleados cuyos formularios SIRADIG y las liquidaciones anuales F1359 presentan diferencias o inconsistencias. En esos avisos, el organismo informa que, tras revisar la documentación presentada, detectó deducciones que podrían resultar improcedentes y solicita la rectificación correspondiente. De no corregirse, el efecto inmediato será una mayor retención del Impuesto a las Ganancias.

Vestimenta, vehículos y otros gastos bajo la lupa

Uno de los principales focos de control está puesto sobre las deducciones por gastos de vestimenta. La legislación únicamente admite este concepto cuando la indumentaria está directamente vinculada con la actividad laboral y siempre que el empleador no asuma ese costo, como ocurre, por ejemplo, con uniformes o ropa de trabajo específica.

Sin embargo, especialistas del ámbito tributario señalaron que algunos empleados, particularmente en cargos jerárquicos o gerenciales, habrían declarado gastos millonarios en ropa como mecanismo para reducir la base imponible del impuesto. Incluso trascendieron casos de deducciones por indumentaria que superarían los $31 millones.

También quedaron bajo revisión las deducciones por gastos de vehículos. La normativa establece que este beneficio corresponde exclusivamente a quienes desarrollan efectivamente actividades como corredores o viajantes de comercio, por lo que no puede aplicarse de manera generalizada a cualquier trabajador que utilice un automóvil en el ejercicio de sus funciones.

Otro de los conceptos observados corresponde a aportes realizados a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), cuya deducción también está sujeta a condiciones específicas previstas en la legislación vigente.

Un mayor control para elevar la recaudación

El endurecimiento de los controles se enmarca en una estrategia orientada a reducir prácticas consideradas abusivas dentro del sistema de deducciones personales.

Si bien el régimen permite descontar determinados gastos para calcular el impuesto, la utilización de conceptos que no cumplen con los requisitos legales implica una menor recaudación fiscal y aumenta el riesgo de ajustes posteriores por parte del organismo recaudador.

En este escenario, ARCA busca reforzar las verificaciones sobre la información declarada a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG), cruzando esos datos con las liquidaciones informadas por los empleadores en calidad de agentes de retención.

Qué gastos sí pueden deducirse

El régimen vigente contempla una serie de deducciones expresamente previstas por la ley para empleados en relación de dependencia.

Entre ellas se encuentran las cargas de familia, como hijos menores de edad o incapacitados para trabajar y el cónyuge o conviviente; una parte del alquiler de la vivienda; gastos educativos con topes establecidos; servicios médicos y honorarios profesionales; intereses de créditos hipotecarios destinados a vivienda única; donaciones efectuadas a entidades habilitadas; alquileres debidamente facturados y las remuneraciones y contribuciones correspondientes al personal de casas particulares.

Estas deducciones continúan plenamente vigentes, aunque el organismo reforzó las verificaciones para confirmar que cada una cumpla con los requisitos legales y cuente con la documentación respaldatoria correspondiente.

El FMI impulsa una ampliación del Impuesto a las Ganancias

La mayor fiscalización coincide con las recomendaciones incluidas por el Fondo Monetario Internacional en el último Staff Report sobre Argentina.

El organismo sugirió al Gobierno ampliar el universo de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias hasta recuperar niveles similares a los de 2019, cuando alrededor del 20% de los asalariados tributaba este gravamen.

Además, el FMI propuso avanzar en una convergencia gradual entre la carga tributaria del monotributo y la que afrontan los contribuyentes inscriptos en el régimen general de autónomos, como parte de una estrategia de fortalecimiento de los ingresos fiscales.

En ese contexto, la decisión de ARCA de intensificar los controles sobre las deducciones personales aparece alineada con el objetivo oficial de incrementar la eficiencia recaudatoria sin modificar, por el momento, las alícuotas del impuesto.

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Caputo redujo la deuda flotante en $1 billón y volvió a mínimos históricos

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l Gobierno nacional logró en abril una señal fiscal que el mercado venía observando con atención: redujo en más de $1 billón la deuda flotante —los pagos devengados pero todavía no cancelados— y devolvió ese indicador a uno de los niveles más bajos de la serie histórica en relación al Producto Bruto Interno (PBI).

El dato aparece en un momento clave para el equipo económico de Luis Caputo. Tras el salto registrado en marzo, que había despertado sospechas sobre un eventual “pisado” de pagos a proveedores y organismos públicos, abril mostró una fuerte corrección y reforzó la narrativa oficial sobre la sostenibilidad del superávit fiscal.

Sin embargo, detrás de la mejora contable aparece una discusión más profunda: cuánto margen real tiene el Gobierno para sostener el ajuste sin entrar en conflicto con leyes aprobadas por el Congreso, reclamos sociales y necesidades de financiamiento de las provincias.

Qué es la deuda flotante y por qué el mercado la sigue de cerca

La deuda flotante representa gastos ya comprometidos por el Estado pero todavía no pagados. Funciona como un termómetro sensible para detectar si un Gobierno está utilizando atrasos administrativos para mostrar un resultado fiscal artificialmente mejor.

En marzo, la cifra había escalado a más de $4 billones, generando ruido entre analistas. Pero en abril el stock cayó a $2,79 billones, una reducción superior a $1 billón en apenas un mes.

Medido contra el PBI, el indicador volvió a niveles cercanos al 0,3%, muy por debajo del promedio histórico argentino, que ronda el 1%.

Para el mercado, el dato tiene una lectura central:
el Gobierno estaría sosteniendo el superávit sin recurrir masivamente al diferimiento de pagos.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, resumió esa percepción al señalar que el nivel de deuda flotante “es mucho más bajo que el histórico” y que no se observa una situación donde el Ejecutivo esté ocultando problemas financieros mediante pagos postergados.

El corazón del ajuste: transferencias, obra pública y gasto operativo

El recorte se concentró principalmente en: transferencias, gastos figurativos, bienes y servicios, y erogaciones operativas del Estado. Solo en transferencias, la baja superó los $700.000 millones respecto de marzo.

Ahí aparece uno de los puntos más sensibles para las provincias y particularmente para el NEA Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa dependen en gran medida de: transferencias nacionales; programas específicos; financiamiento de infraestructura; y fondos discrecionales.

Cada ajuste en esas partidas impacta directamente sobre: obra pública, municipios, proveedores y actividad económica regional.

Por eso, aunque el mercado celebra la consolidación fiscal, en las provincias aparece otra lectura: el superávit nacional se construye parcialmente sobre una fuerte compresión del gasto territorial.

La baja de la deuda flotante refuerza además la estrategia económica central del Gobierno: mostrar que el equilibrio fiscal no es transitorio sino estructural. Ese punto es clave para sostener: la desaceleración inflacionaria; la baja del riesgo país; y la recuperación de activos financieros.

El problema es que la etapa más “fácil” del ajuste parece agotarse. El propio Fondo Monetario Internacional comenzó a advertir sobre presiones fiscales crecientes derivadas de leyes aprobadas por el Congreso y compromisos políticos pendientes.

El FMI pone el foco en las leyes que el Gobierno no quiere ejecutar

En el último Staff Report, el FMI identificó tres focos de presión potencial sobre la meta de superávit primario de 1,4% del PBI: Ley de Emergencia en Discapacidad; Financiamiento Universitario; y la Reforma laboral.

Según el organismo: discapacidad agregaría un costo de 0,15% del PBI; universidades otro 0,20%; y la reforma laboral 0,15%. La señal del Fondo es políticamente relevante porque expone un dilema creciente del oficialismo: cómo sostener el ancla fiscal sin profundizar tensión social e institucional.

El Gobierno ya comenzó a tomar decisiones defensivas. Una de ellas fue postergar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto originalmente para junio.

Para el interior argentino, la discusión fiscal tiene efectos mucho más concretos que en la City porteña. En provincias como Misiones, el ajuste repercute sobre: universidades nacionales; programas sanitarios; obras de infraestructura; subsidios al transporte; y financiamiento productivo.

La provincia logró amortiguar parte del impacto gracias a una estructura fiscal relativamente ordenada y mayor autonomía tributaria respecto de otros distritos del NEA. Pero aun así, la retracción del gasto nacional empieza a sentirse sobre sectores económicos sensibles.

Hay un dato político adicional: la estrategia fiscal de la Nación obliga a gobernadores e intendentes a absorber costos sociales crecientes con menos asistencia federal.

Eso explica por qué muchos mandatarios provinciales comenzaron a endurecer posiciones frente al Gobierno aun cuando acompañan parcialmente el ordenamiento macroeconómico.

Superávit versus actividad: el equilibrio delicado

El programa económico de Javier Milei logró algo que pocos gobiernos argentinos pudieron sostener:
superávit financiero consistente durante varios meses.

Pero ahora empieza otra discusión: si el ajuste puede convivir con recuperación económica sostenida. El mercado hoy premia equilibrio fiscal; acumulación de reservas; y baja del riesgo país. Sin embargo, la economía real todavía exhibe fragilidades como el consumo débil; la inversión selectiva; la caída de ingresos públicos provinciales; y tensión en economías regionales.

En Misiones, por ejemplo, sectores como yerba, forestoindustria y comercio fronterizo siguen operando con márgenes estrechos pese a la estabilización financiera nacional.

El recorte de la deuda flotante demuestra que el Gobierno mantiene capacidad de control financiero sobre las cuentas públicas. Pero también marca el inicio de una etapa más compleja.

Hasta ahora, el ajuste avanzó principalmente sobre obra pública; transferencias; subsidios; y gasto operativo. La próxima fase podría requerir decisiones políticamente mucho más costosas reformas estructurales, redefinición de programas sociales y mayor tensión con provincias y universidades.

El interrogante que empieza a recorrer tanto al mercado como a los gobernadores es si el Gobierno podrá sostener simultáneamente superávit fiscal; desaceleración inflacionaria; recuperación económica; y gobernabilidad política. Porque mientras los números fiscales muestran orden, el verdadero desafío pasa a ser otro: cuánto tiempo puede sostenerse el equilibrio macroeconómico sin que aparezcan nuevas fracturas en la economía real y en el entramado federal argentino.

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Caputo anuncia acuerdo con el FMI y asegura acceso a USD 1.000 millones para sostener el programa económico

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Argentina alcanzó un Staff-Level Agreement con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). El entendimiento, sujeto a aprobación del Directorio del organismo, habilitaría un desembolso cercano a los USD 1.000 millones.

El anuncio se produjo tras negociaciones entre el equipo económico argentino y técnicos del organismo en Washington. Según lo informado, el acuerdo forma parte del seguimiento del programa vigente y apunta a consolidar el proceso de estabilización macroeconómica iniciado por el Gobierno.

Revisión del programa y señales al mercado

El entendimiento técnico se inscribe dentro del acuerdo de 48 meses firmado con el FMI. La segunda revisión evalúa el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y externas, así como el avance de reformas estructurales.

De acuerdo al organismo, el proceso se dio en un contexto de fortalecimiento del “momentum reformista”, con la aprobación del Presupuesto 2026 y otras iniciativas legislativas vinculadas a formalización de activos, flexibilización laboral, acuerdos comerciales e incentivos a la inversión, particularmente en sectores estratégicos.

Además, el FMI destacó mejoras en el esquema monetario y cambiario, con compras de divisas por parte del Banco Central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año, lo que contribuye a reforzar las reservas.

Metas fiscales, reservas y política monetaria

El nuevo entendimiento incluye un paquete de políticas orientado a sostener la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y recuperar el crecimiento.

En el frente fiscal, el programa mantiene el equilibrio como ancla central, con un superávit primario proyectado de 1,4% del PBI. Este objetivo se apoya en el control del gasto público, aunque contempla márgenes para asistencia social focalizada.

En materia monetaria, se prevé continuar con una política contractiva, con medidas para reducir la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión del crédito. También se profundiza el esquema cambiario con bandas más amplias y mayor transparencia en los objetivos del programa.

En el plano externo, el compromiso oficial apunta a incrementar las reservas internacionales netas en al menos USD 8.000 millones durante 2026, a partir de compras sostenidas de divisas y financiamiento en moneda extranjera.

El esquema de financiamiento incluye emisiones de deuda en dólares bajo legislación local, utilización de activos estatales, operaciones del Banco Central y préstamos externos.

Respaldo internacional y disciplina interna

El acuerdo refuerza la posición del Gobierno en dos niveles. Hacia el exterior, consolida el vínculo con el FMI y envía una señal de continuidad del programa económico ante los mercados. Hacia el plano interno, ratifica el rumbo basado en ajuste fiscal, desregulación y apertura.

El respaldo técnico del organismo también se apoya en avances legislativos recientes, lo que sugiere un alineamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en aspectos clave del programa.

Al mismo tiempo, el esquema establece condicionamientos claros: el cumplimiento de metas y la implementación de reformas estructurales siguen siendo requisitos para sostener el financiamiento y avanzar hacia el acceso a mercados internacionales.

Reservas, crédito y acceso a financiamiento

El desembolso potencial de USD 1.000 millones se suma a una estrategia más amplia de fortalecimiento de reservas, un punto crítico para la estabilidad cambiaria.

Según el FMI, la mejora en los buffers externos y la recomposición del marco macroeconómico buscan facilitar el retorno a los mercados internacionales de crédito en condiciones más favorables.

En paralelo, la continuidad de una política monetaria restrictiva y el orden fiscal apuntan a sostener el proceso de desinflación, aunque con impacto en la dinámica del crédito y la actividad económica.

Efectos indirectos en economías del NEA

Para regiones como el NEA y Misiones, el acuerdo no tiene medidas específicas, pero su impacto puede sentirse de forma indirecta.

La estabilidad macroeconómica, el acceso a financiamiento y la evolución del tipo de cambio inciden en variables clave para las economías regionales, como el costo del crédito, la inversión productiva y la competitividad exportadora.

En particular, sectores vinculados a la forestoindustria, la agroindustria y la energía podrían verse condicionados por la disponibilidad de financiamiento y el ritmo de apertura económica.

Aprobación pendiente y cumplimiento de metas

El acuerdo aún debe ser aprobado por el Directorio del FMI, paso necesario para habilitar el desembolso. Además, el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y de reservas será determinante para las próximas revisiones.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las reservas, la dinámica inflacionaria y la capacidad del Gobierno para sostener el programa sin desvíos.

El entendimiento técnico marca un nuevo capítulo en la relación con el organismo, pero deja abierto el interrogante central: si el esquema actual logrará traducirse en estabilidad sostenida y recuperación económica.

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