Emergencia educativa: Herrera Ahuad propone redirigir ATN para recomponer salarios docentes y financiar infraestructura escolar
El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia salarial de la educación obligatoria en todo el país por un plazo de cinco años, con el objetivo de recomponer los ingresos docentes, garantizar el inicio regular del ciclo lectivo y fortalecer la infraestructura escolar sin alterar el equilibrio fiscal.
La iniciativa, impulsada desde Encuentro Misionero, plantea utilizar la totalidad de los recursos transferidos al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre enero de 2026 y diciembre de 2030 para financiar un suplemento salarial destinado al personal docente, directivo y no docente de los niveles inicial, primario y secundario de gestión estatal. Además, propone asignar por única vez los remanentes no distribuidos del mismo fondo hasta diciembre de 2025 para obras edilicias y educación técnico-profesional.
Según el proyecto, la declaración de emergencia se sustenta en tres indicadores concretos: la caída del 19% del poder adquisitivo del salario docente promedio nacional entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025; la reducción del gasto educativo consolidado de Nación y provincias en 1,5 puntos del PBI durante 2024 y 1,9 puntos acumulados hasta 2025 respecto de 2023; y la persistencia de conflictos laborales docentes que afectan el normal inicio de clases en al menos un tercio de las jurisdicciones del país.
En los fundamentos, Herrera Ahuad sostiene que “recomponer el salario docente no es un gasto, sino una inversión en el capital humano del país”, y advierte que un sistema educativo con docentes empobrecidos, escuelas deterioradas y conflictividad crónica no puede cumplir adecuadamente su función social.
El esquema propuesto establece que el 70% de los fondos distribuidos a cada provincia será destinado al denominado “Complemento federal”, una suma no remunerativa y no bonificable que se pagará por cargo docente y estará vinculada a la presencia efectiva en la institución y la participación en acciones de formación continua.
El 30% restante se canalizará a través de una “Compensación federal” para docentes que se desempeñen en escuelas de alta vulnerabilidad social, priorizando establecimientos con mayores dificultades socioeconómicas, peores indicadores de aprendizaje y mayores problemas de trayectoria escolar.
Para Misiones, el proyecto fija una participación transitoria del 3,09% en la distribución automática de los fondos salariales, mientras que en el reparto para infraestructura escolar la provincia recibiría el 3,68% y un 2,45% del Fondo de Educación Técnica.
El cálculo preliminar incluido en la iniciativa estima una incidencia fiscal mínima sobre la macroeconomía nacional: el monto proyectado asciende a 3.893 millones de pesos, equivalente a apenas 0,00056% del PBI nominal estimado para 2026.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las provincias adheridas no podrán reducir, en términos reales, su gasto educativo durante la vigencia de la emergencia. Es decir, los fondos nacionales no podrán reemplazar la inversión provincial, sino complementarla, evitando que se conviertan en un simple mecanismo de sustitución presupuestaria.
También se establece un fuerte sistema de control: las jurisdicciones deberán presentar declaraciones juradas mensuales con nóminas completas del personal alcanzado, rendición de cuentas sobre el uso de los fondos y certificación de las transferencias realizadas. La autoridad de aplicación deberá elevar informes trimestrales al Congreso sobre montos distribuidos, beneficiarios, evolución salarial y estado de ejecución de obras escolares.
En paralelo, el texto contempla que el 75% de los remanentes no distribuidos del ATN al cierre de 2025 se destine a infraestructura escolar —con prioridad para obras paralizadas o neutralizadas— y el 25% restante al fortalecimiento de la educación técnica, incluyendo talleres, laboratorios, aulas productivas e insumos para prácticas profesionalizantes.
Desde una mirada política, la propuesta busca reinstalar el debate sobre el financiamiento educativo federal y el rol del Estado nacional en la garantía de condiciones mínimas para la enseñanza obligatoria, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario y creciente tensión con los gremios docentes en varias provincias.
La iniciativa también reabre la discusión sobre el uso de los ATN, históricamente cuestionados por su discrecionalidad política. Herrera Ahuad propone convertir ese instrumento en una herramienta automática, transparente y con destino específico, vinculada directamente a la calidad educativa y al sostenimiento del sistema escolar argentino.