Fondo de Cese Laboral

Qué cambia con la nueva Reforma Laboral para empleados, pymes y freelancers

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La reforma laboral que impulsa el Gobierno tiene como uno de sus ejes centrales la regularización de relaciones laborales no registradas o mal registradas. Para ello, prevé incentivos como la reducción de aportes patronales en nuevas contrataciones y mecanismos que faciliten el blanqueo sin que el proceso derive automáticamente en multas o juicios.

Según el Ejecutivo, el objetivo es doble: ampliar el empleo formal y reducir la litigiosidad, un factor que históricamente elevó el costo de contratar en Argentina.

Menos “zona gris” y más previsibilidad

Uno de los problemas que busca atacar la reforma es el fenómeno de los trabajadores en “zona gris”: vínculos contractuales que comienzan como prestación de servicios y terminan siendo recalificados como relación de dependencia en sede judicial.

La nueva normativa intenta reducir ese riesgo, otorgando mayor reconocimiento al contrato de servicios cuando esté correctamente diseñado. Sin embargo, advierte que el empleo encubierto seguirá siendo pasible de reclamo: si existen horario fijo, exclusividad y subordinación, prevalecerán los hechos sobre la forma contractual.

En paralelo, se crea un fondo de cese laboral que reemplaza el esquema tradicional de indemnización “de golpe” por un sistema de capitalización progresiva. El Gobierno sostiene que aportará previsibilidad al costo de desvinculación, mientras que algunos especialistas consideran que podría garantizar cobros más automáticos si está bien financiado. No obstante, también abre el debate sobre el nivel real de protección y quién asume el mayor aporte.

Despidos, bloqueos y condenas en cuotas

La ley habilita el despido con justa causa en casos de bloqueos o tomas de empresas en el marco de reclamos sindicales. Además, permite el pago en cuotas de condenas e indemnizaciones en determinados esquemas, un punto que apunta a aliviar la carga financiera sobre las empresas.

Flexibilidad en horas extras y vacaciones

La reforma también busca regularizar prácticas ya extendidas en sectores como el gastronómico, comercial y tecnológico, donde existen esquemas de administración flexible de horas de trabajo.

Modalidades como el “viernes libre” o la compensación de jornadas especiales quedarían formalmente reconocidas, reduciendo el riesgo de judicialización. En materia de horas extras, se intenta dar marco legal a acuerdos que en muchos casos hoy se negocian por fuera de los convenios.

El foco en las pymes

Para las micro y pequeñas empresas, el “corazón” práctico de la reforma es el incentivo al blanqueo. Se crea la figura del “colaborador” para micro pymes, que permite contratar hasta cierto número de personas bajo un esquema distinto al de relación laboral tradicional.

Se trata de una herramienta pensada para tareas acotadas, aunque especialistas advierten que su uso como empleo encubierto podría derivar en conflictos judiciales.

Además, la reforma busca reducir el “miedo al costo de salida”, uno de los principales frenos a la contratación formal. Con un esquema más previsible, blanquear empleados dejaría de ser una decisión prohibitiva y pasaría a evaluarse en términos económicos.

Empresas con contratistas: más control y más compliance

En los casos de empresas que tercerizan servicios —seguridad, limpieza, logística u obras— se incorporan mecanismos para exigir comprobantes y retener pagos si el contratista incumple con obligaciones previsionales.

La reforma refuerza así un modelo de compliance laboral: si la empresa principal no controla, puede quedar expuesta a responsabilidad solidaria. Esto podría elevar costos administrativos, pero reducir riesgos futuros.

Autónomos y freelancers

Para profesionales independientes, la reforma amplía el reconocimiento del contrato de servicios. Un freelancer que factura a varios clientes, maneja sus horarios y trabaja por entregables tendría un marco más claro y menos riesgoso para las empresas contratantes.

Sin embargo, el esquema no protege situaciones de “monotributistas exclusivos” que cumplen horario fijo y reportan a un superior: en esos casos, la posibilidad de reclamo seguiría vigente.

Como independientes, aguinaldo y vacaciones quedarán librados a la negociación particular, no a la ley.

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CAME, APYME e IPA reaccionan al proyecto de reforma laboral del Gobierno: qué apoyan y qué rechazan las cámaras empresariales

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El proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno Nacional al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias abrió un frente de posicionamientos contrastados entre las principales cámaras empresariales del país. Mientras algunas entidades ven medidas que podrían mejorar la seguridad jurídica y reducir costos laborales, otras advierten que la iniciativa profundizará la recesión, deteriorará la masa salarial y agravará el cuadro social.

Un debate abierto: apoyos condicionados y cuestionamientos estructurales

El proyecto ingresó hoy al Senado de la Nación, lo que activó una rápida reacción de actores clave del entramado pyme. Consultados por Noticias Argentinas, referentes de CAME, IPA y APYME coincidieron en que la reforma implica un giro profundo en las reglas del mercado laboral argentino, aunque discreparon sobre sus efectos económicos, sociales y productivos.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero Vicente Lourenzo adelantó que la entidad todavía “analiza” el texto junto con su equipo legal y que aún no fijó una posición institucional. No obstante, señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo contiene “artículos positivos y otros muy negativos”, lo que anticipa un debate interno en el principal nucleamiento nacional de pequeñas y medianas empresas.

La reacción más crítica provino de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Su presidente, Julián Moreno, calificó el proyecto como “un tiro en el pie” para los trabajadores y alertó sobre el impacto directo en la demanda interna. “En esta relación desigual, sumada a la postura con la que viene amenazando el Gobierno Nacional, van a salir perdiendo los trabajadores y, por lo tanto, la masa salarial”.

Moreno enfatizó que el consumo interno, principal motor del sector pyme, depende del salario real, que —según advirtió— sufrirá una contracción si se aprueba la iniciativa. “Será algo que va a afectar a toda la sociedad más temprano que tarde”.

Además, alertó que la reforma formaliza vínculos laborales que no lo son, lo que consideró una forma de “disimular la pauperización del empleo”. Para APYME, el contexto recesivo agrava los riesgos. “Ninguna reforma aplicada en ningún lugar del mundo, en un momento recesivo como el actual, generó empleo, actividad o mercado interno. Nunca”.

El enfoque productivo: seguridad jurídica, fondos de cese y demandas de equilibrio normativo

En contraste con las advertencias de APYME, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó los aspectos del proyecto vinculados a la previsibilidad y protección jurídica, especialmente los referidos a sistemas alternativos de indemnización.

Rosato subrayó la relevancia del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos instrumentos que —según explicó— aportan certidumbre tanto para empleadores como para trabajadores. “El empleador tiene que hacer un aporte del 3% de la masa salarial a una caja, que puede ser la del ANSES, donde se va acumulando y que va a servir para pagar las indemnizaciones”.

Para IPA, estos mecanismos eliminan la necesidad de judicializar conflictos y garantizan que el empleado tenga “la indemnización siempre a su disposición”.

Sin embargo, Rosato aclaró que la reforma todavía requiere consenso con los gremios y normas que eviten desequilibrios. “Creemos que tiene que haber una ley equitativa, que genere armonía y que otorgue mayor seguridad jurídica”.

Desde esta mirada, una reforma equilibrada permitiría a las empresas “tomar gente cuando necesiten, sin problemas”, lo que en el mediano plazo apuntaría a dinamizar la inversión y reducir el temor a litigios laborales.

Un tablero político y económico en tensión: impactos posibles y escenarios en disputa

El debate se da en un contexto de recesión profunda, caída del consumo, alta capacidad instalada ociosa y un mercado laboral donde crece la informalidad. El Gobierno busca avanzar con una reforma que flexibilice condiciones y reduzca costos; sin embargo, las reacciones empresariales muestran que las pymes no son un bloque homogéneo.

Para las entidades más ligadas al mercado interno, la prioridad es proteger salarios y consumo para sostener la actividad.

Para los sectores industriales, la clave pasa por reducir litigiosidad y obtener reglas claras para contratar sin riesgo de juicios.

El desenlace legislativo —y particularmente el nivel de consenso que logre el Ejecutivo con sindicatos y bloques parlamentarios— será decisivo para determinar si la reforma se convierte en un factor de dinamización o en un nuevo frente de conflictividad laboral y política.

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