FONDO DEL CONURBANO

Ideas y derechos

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A una semana de las elecciones, Misiones se convirtió en escenario del desfile de funcionarios nacionales, encabezado por el propio presidente Mauricio Macri, quien busca extender la hegemonía amarilla en todo el país. En la tierra colorada, sin embargo, las encuestas indican que el resultado no será demasiado distinto al de las primarias. Un resultado general a favor de la Renovación y algunos triunfos focalizados para Cambiemos.

Por eso mismo el interés en reforzar la presencia territorial. El presidente Mauricio Macri vino en un viaje relámpago a conocer las Cataratas del Iguazú para saludar a los guardaparques en su día y después a un mitín político en el polideportivo de esa ciudad. En un discurso metódicamente cuidado, no hubo una sola promesa de campaña ni alusión a las demandas de los misioneros. Proyecciones genéricas sobre el desarrollo del turismo y el cuidado del medioambiente como ejes de la generación de empleo.   

En el tradicional escenario 360, Macri apuntaló especialmente a Humberto Schiavoni, su hombre de confianza en Misiones, presidente del PRO y candidato a senador. En él, el presidente deposita sus esperanzas para que Cambiemos sea competitivo en 2019.

Pero Macri se cuida bien de no dañar el frágil equilibrio de “gobernabilidad” que mantiene con Misiones. “Yo hoy estoy trabajando junto a Humberto y al gobernador, aunque sea de otro partido, porque no hay política que pueda separarnos a la hora de trabajar por ustedes”, dijo el Presidente, en un discurso con el que buscó achicar la grieta.

Ese mensaje es repetido por todos los lugartenientes de Macri para enojo de los candidatos locales de Cambiemos, que quisieran un poco más de beligerancia para desmarcarse.

De visita de campaña, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, también destacó el trabajo conjunto con la Provincia. Pero en la práctica, las diferencias son pronunciadas.

Peña ratificó que el Gobierno nacional apoya el reclamo de María Eugenia Vidal para engordar el Fondo del Conurbano Bonaerense a costa de las arcas provinciales y utilizó un dudoso paraguas legal para justificarlo: “La ley está para ser cumplida”, dijo sin aclarar que la ley que está vigente es la que le puso un techo de 650 millones de pesos al financiamiento a Buenos Aires. Ese techo fue impulsado por los gobernadores que presentían que el diez por ciento del impuesto a las Ganancias iba a resultar una monstruosidad que acentuaría la desigualdad entre las provincias y el viejo puerto unitario.  

No se equivocaron. Este año sería una suma superior a los 53 mil millones de pesos para Vidal y nada para las provincias.

La Provincia se plantó ante la demanda de Vidal y respondió a la Corte Suprema. Pero no todos piensan defender los recursos provinciales. En una jugada que marcó su despedida como diputado provincial, Héctor “Cacho” Bárbaro dejó al desnudo que quienes representan a Cambiemos en la Legislatura provincial, avalan la demanda de Vidal en contra de Misiones.

El chacarero candidato a senador presentó un pedido de repudio a la maniobra de Vidal, que no fue aceptado por Cambiemos. En soledad. “No vamos a repudiar una decisión tomada por otro gobierno. La ley del Fondo del Conurbano Bonaerense fue una ley que estuvo vigente durante el kirchnerismo y no la modificaron (¿?). Ahora este Gobierno debe resolver, la gobernadora recurre a la Corte porque se siente perjudicada”, justificó sin demasiados argumentos Gustavo González, el vocero más radicalizado de la alianza gobernante, incluso por encima de los representantes del PRO puro, que prefieren un disimulado silencio cuando se produce algún choque de intereses. La necesidad de pertenecer expone a González -que busca su reelección- y desnuda la pérdida de identidad del radicalismo misionero como no parece suceder en otras latitudes.

Triunfante, el gobernador electo de Corrientes, Gustavo Valdés, también de sangre rojiblanca pero integrante de Cambiemos, le dijo al propio Macri que “está bien que lo pida la gobernadora, pero nosotros vamos a defender lo que es nuestro”.

“Cuando hablamos de una asimetría entre el país central y el país del norte, decimos que nosotros vamos a defender nuestros recursos. Vamos a estar acompañando al gobierno nacional, pero apostamos a un federalismo maduro, donde se respeten las autonomías provinciales, donde cada provincia reciba lo que tenga que recibir para lograr desarrollarse”, argumentó con una diferencia abismal con sus primos misioneros.      

El Presidente acompaña el pedido de su gobernadora. Pero sabe que un fallo a favor en la Corte Suprema, desatará la furia de los gobernadores que hasta ahora, con mayor o menor intensidad, han sido garantes de la gobernabilidad que necesita con un Congreso en el que es minoría. Por eso busca calmar la ansiedad de los mandatarios con la promesa de que sea como fuere, ninguna provincia perderá dinero. ¿Cómo resolver ese dilema? Vaya uno a saber.

Por las dudas, para después de las elecciones Macri convoca a los gobernadores a una cumbre en Olivos para analizar el caso y acercar posiciones. No se sabe si estará Vidal, pero una cosa es segura, la foto con los jefes provinciales servirá para mostrar una imagen de convivencia política apenas culminado un proceso electoral.

El federalismo que se declama en el discurso, generalmente no se practica. No es un problema apenas de este gobierno, sino que es una falla de origen desde los tiempos de unitarios y federales. Pero se nota mucho más cuando hay escasez de recursos y cuando se premia en exceso los favores políticos.

Vidal argumenta que exige más recursos para hacer obra pública, pero la realidad indica que es la provincia más beneficiada por el “cambio” iniciado en diciembre de 2015.

Un estudio de Gómez Nieto Consultores indica que en septiembre, Buenos Aires fue receptora del 52 por ciento de la obra pública licitada con fondos nacionales.

En lo que va del año recibió nada menos que 71 mil millones de pesos. La segunda es Córdoba, con 33.283 millones –menos de la mitad-, después la ciudad de Buenos Aires con 21.565 millones, cuarta Santa Fe, con 21.052 millones y quinta, Mendoza, con 14.650 millones. Casualmente, son cinco distritos pintados de amarillo. Misiones aparece en el puesto 16, con apenas 2.696 millones de pesos licitados, seis veces menos de lo que invierte la Provincia, que para este año tiene  presupuestados 11.185 millones en obra pública. La proyección presupuestaria para el año que viene no es mejor.

Misiones entiende que la discusión del Fondo del Conurbano Bonaerense debe dirimirse en el Congreso, que tiene la potestad de discutir el reparto de los fondos federales.

En la creación de Pozo Azul, el flamante municipio 76 de Misiones, se practica esto que se reclama. La comuna recibirá todos los servicios y una coparticipación que saldrá de las arcas generales sin afectar a los demás municipios hasta tanto no se sancione una nueva ley, que inevitablemente dependerá de una nueva ley federal.

La alegría de los habitantes de Pozo Azul fue indescriptible en la noche del jueves, cuando coronaron una lucha que llevó más de dos décadas. La creación del municipio es un reconocimiento de los derechos. La Constitución establece que en Misiones la tierra cumple una función social.  

Sin embargo, no fue una lucha fácil ni exenta de sinsabores, que incluyeron una represión para alejarlos de sus precarias viviendas. Desde mediados de la década de los 90, cuando el Estado había retrocedido a la mínima expresión, un pequeño grupo de colonos empezó a luchar por la propiedad de la tierra que habitaba y en la que producía. Muchos de los dueños de esas grandes extensiones, siquiera vivían en Misiones.

En el Jubileo de la Tierra, en 2000 se hizo visible la pelea que mantenían los pobladores de esa zona alejada de todo. Son numerosos los vecinos que trabajaron en el proyecto de municipio. Otro tanto de funcionarios. En 2003 recién se pusieron en marcha los mecanismos institucionales que derivaron en el reconocimiento como municipio. Fue el entonces gobernador Carlos Rovira el primero en atender las demandas. Varios años después, Maurice Closs anunció que se iba a crear el municipio y Hugo Passalacqua, en enero de este año, después de concluidos todos los estudios preliminares, fue quien envió el proyecto de ley de municipalización. Rovira, ahora como presidente de la Legislatura, cerró el círculo de un símbolo de política de Estado que se sostuvo con la Renovación.

Esa línea política marcada en Misiones, siempre fue por más derechos, más servicios y mayor igualdad. No es común ver a lo largo de los años ver una continuidad en las políticas que buscan una mayor inclusión desde distintos ángulos. El presupuesto provincial marca a las claras el rumbo de un Gobierno que prioriza a la educación y las áreas sociales.

En el país, después de una década en la que algunos derechos fueron fomentados, se vive un páramo que amenaza con derrumbar algunas conquistas.

En el coloquio de IDEA, uno de los principales think thanks de los grupos económicos más poderosos, comenzó a germinar la idea de reformas laborales y fiscales que maximicen ganancias para “fomentar inversiones”. El propio presidente Mauricio Macri, uno de los principales oradores les pidió a los empresarios que “asuman su liderazgo”. Esto es, que insistan, empujen y respalden las reformas. Es decir, no me dejen solo. El costo político de una reforma laboral que cercene derechos de los trabajadores no será solo del Gobierno si hay un operativo clamor. Las voces empresarias son repetitivas.

Paolo Rocca, el dueño de Techint sentó las bases al advertir “condiciones” para “instalar una agenda de largo plazo”. A su lado, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín le puso palabras a esa agenda: “Viendo la reforma laboral brasilera, Argentina puede:

1) imitarla;

2) salirse del Mercosur;

3) resignarse a perder millones de empleos a Brasil”

El CEO de la empresa argentina vale más de USD 10.000 millones compartió panel con Rocca en el coloquio empresario. Ahí buscó “humanizar” sus argumentos. “No digo que hay que bajar el costo salarial, no se puede tocar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero no nos podemos quedar a mirar lo que hacen nuestros vecinos y no hacer nada. Hay que hacer algo con el costo laboral”, comenzó. Brasil comienza a ser un espejo que devuelve la imagen que se quiere imitar.

A una semana de las elecciones, son pocas las cosas que pueden modificar el escenario. La grieta fomentada hasta el hartazgo para sostener la antinomia que alimenta por igual a Cambiemos y al kirchnerismo, arrastra consigo una pesada mochila que afecta mucho más que los intereses concentrados en Buenos Aires y sus zonas aledañas.

El próximo domingo Misiones debe decidir su propio futuro. La grieta no debe nublar el pensamiento a la hora de emitir el voto. Un ejercicio para la definición debería ser analizar quienes se juegan por los intereses misioneros por encima de las apetencias partidarias.  

 

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Fondo del Conurbano: la alianza Cambiemos avaló la embestida de Vidal en contra de Misiones

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El desafío había sido planteado la semana pasada y en la sesión de este jueves, el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro cumplió con la presentación de un pedido de repudio a la decisión de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal de recurrir a la Corte Suprema para quitarle al resto de las provincias recursos para engrosar el fondo del Conurbano Bonaerense.

Como era de esperar, los diputados de la alianza Cambiemos rechazaron la iniciativa que fue aprobada por 32 diputados. “No vamos a repudiar una decisión tomada por otro gobierno. La ley del Fondo del Conurbano Bonaerense fue una ley que estuvo vigente durante el kirchnerismo y no lo modificaron. Ahora este Gobierno debe resolver, la gobernadora recurre a la Corte porque se siente perjudicada. Lo que hizo la Corte fue convocar a los fiscales de Estado de las distintas provincias y dice que esta eventual decisión va a afectar derechos de otras provincias y los insta a defender sus derechos”, defendió el radical Gustavo González, como vocero de Cambiemos.

Bárbaro advirtió que si la Corte le da la derecha a Vidal, Misiones, junto al resto de las provincias, perderían 300 mil millones de pesos y la provincia en particular, más de 3.200 millones de pesos solo este año.

El proyecto de Bárbaro insta a los representantes parlamentarios nacionales por Misiones, y a los candidatos a estos cargos, a realizar los planteos legislativos correspondientes para la resolución de la demanda de Buenos Aires en el ámbito del Parlamento Nacional, donde todas las provincias y todas las expresiones políticas del país tienen representación.

El Ejecutivo bonaerense presentó una demanda contra el Estado Nacional en la Corte Suprema por considerar “inconstitucional” el tope de 650 millones de pesos de la recaudación del Impuesto a las Ganancias en lo destinado a la provincia de Buenos Aires. El tope fue establecido por la ley 24.621, sancionada el 27 de diciembre de 1995 y promulgada el 3 de enero de 1996, que además ordenó que el excedente de la recaudación fuera repartido entre el resto de las provincias (con excepción de la Ciudad de Buenos Aires) de acuerdo con los coeficientes de la Ley de Coparticipación.

“El presidente del Pro y candidato a Senador por Cambiemos, Humberto Schiavoni, quien sostiene públicamente un preocupante “doble discurso” respecto de este tema, puesto que mientras anuncia tibiamente su apoyo a la posición misionera, también desmintió al propio gobernador al señalar que “es mentira que Misiones perderá tres mil millones”, advirtió.

 “Según se señala insistentemente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se conocería antes del 22 de octubre (fecha de las elecciones), pero sí saldría a la luz después de dicha fecha. En diferentes medios de prensa nacionales se señala que tal detalle ayudaría al gobierno nacional a especular con un fortalecimiento del espacio oficialista en el Congreso Nacional, con legisladores de las provincias que respondan a Cambiemos y debiliten la clara posición de los Estados provinciales en contra de esta arremetida centralista”, acusó Bárbaro.

Los gobernadores, incluido el primer mandatario misionero Hugo Passalacqua, plantearon su postura contraria a resignar fondos que son imprescindibles para el funcionamiento de los respectivos Estados. Esta misma postura se fundamentó legalmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Después de esta iniciativa, el partido Agrario también impulsó un repudio “a la privatización encubierta de la Dirección Nacional de Vialidad” dispuesta por decreto presidencial a través de la creación de Corredores Viales S.A. que asumirá las funciones de Vialidad Nacional y estará compuesta por un 51 % de capital accionario por el Ministerio de Transporte, por el 49 % por la Dirección Nacional de Vialidad, y permitiendo la incorporación de socios de carácter privado que puedan ganar espacio en dicha Sociedad.

 

 

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Giménez planteó que hasta que el Congreso sancione una nueva ley, no se afecten recursos coparticipables de las provincias

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La senadora Sandra Giménez presentó un proyecto de ley que establece que hasta que el Congreso sancione un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, no podrá realizarse una modificación de la normativa vigente en materia de distribución de impuestos entre la Nación y las Provincias así como entre las provincias, que perjudique a alguna/s y/o todas las jurisdicciones provinciales resultando en una percepción menor o una menor participación en la distribución de fondos distribuidos entre las jurisdicciones.

Asimismo, el proyecto establece que el cumplimiento de fallos judiciales que afecten fondos coparticipables se hará efectivo, exclusivamente con fondos del Tesoro Nacional.

Este proyecto ha sido presentado en el contexto de los reclamos que han surgido, tanto en el plano político como judicial, en torno a la distribución de los ingresos entre la Nación y las provincias, afectando la distribución primaria y secundaria del producido de los impuestos cuya recaudación las jurisdicciones han delegado en la Nación, porque es necesario recomponer la afectación de fondos a las provincias a fin de hacer lugar a sus reclamos ante la Nación de manera equitativa y garantizar esos recursos sin condicionamientos.

“Hasta hoy no hemos podido encontrar un régimen que tenga el nivel de consenso necesario para alcanzar la unanimidad en el Senado de la Nación y por ello proliferan parches en el plano político y judicial que evidencian el límite que hemos alcanzado en materia de federalismo fiscal”, explica Giménez.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el año pasado la inconstitucionalidad del Artículo 76 de la Ley N° 26.078, respecto de su aplicación a las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe, por lo que el presidente Mauricio Macri decidió disponer “el cese de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables, extendiendo la doctrina de los fallos de la Corte por lo que se entendió necesario ajustar la conducta del Estado nacional a los fines de evitar futuros pleitos, gastos e intereses; disponiendo, en base a ello, el mencionado cese de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables.

Esto derivó en un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobernadores que establecieron un cronograma escalonado para la devolución del referido 15% de la masa coparticipable hasta 2019 en un documento de validez política en virtud de la representatividad política de los mandatarios que refrendaron los convenios, pero que no resuelve la validez jurídica del esquema federal fiscal de la Argentina.  

La Corte Suprema de Justicia recientemente citó a todas las provincias del país para que comparezcan y tomen intervención en defensa de sus derechos, en la demanda que Buenos Aires promovió contra el Estado Nacional por el Fondo del Conurbano, una demanda que fue presentada por el Ejecutivo bonaerense el 1 de agosto de 2016.

El máximo Tribunal tomó la medida luego que su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz concluyeran que “la controversia resulta común a los demás estados provinciales”.

La provincia de Buenos Aires promovió la demanda contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de un inciso del artículo 104 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias, que establece un tope de 650.000.000 de pesos anuales a la participación de 10 por ciento en el producido de dicho gravamen. Ese porcentaje tiene como destino al originariamente llamado “Fondo del Conurbano  Bonaerense”, hoy unidad ejecutora de la cuenta especial Reconstrucción del Gran Buenos Aires.

El Estado bonaerense también pretende que se declare la inconstitucionalidad de otros incisos de ese artículo de la ley que la excluyen de la distribución del excedente del 10 por ciento del producido del tributo entre el resto de las provincias y del reparto del 4 por ciento del impuesto a las ganancias.

La provincia de Buenos Aires solicitó además que se condene al Estado nacional a reintegrarle las sumas que dejó de percibir por aplicación de esas normas.

En fin, los reclamos políticos en relación a la cuestión de la coparticipación federal de impuestos y el avance de la discusión en el ámbito de los poderes del Estado, refleja que hay un nivel de consenso en la política respecto de la necesidad de discutir esta cuestión de una manera muy profunda con el objetivo de arribar a una ley convenio con todo el consenso que eso implica.

“Pero en el período en el que llevamos adelante ese proceso y podamos alcanzar los niveles de consenso necesarios debemos ir dando al sistema una mayor orientación hacia el federalismo, desandando el centralismo en el que fueron resultando las modificaciones al esquema de reparto, garantizando el flujo de ingresos con una mayor orientación a las provincias en un pie de equidad y sin condicionamientos coyunturales. De esta manera, todas las provincias podrán recomponer los ingresos provenientes de la coparticipación y reforzar sus presupuestos provinciales sin que esto deba resultar en un convenio y/o un acuerdo político con el Poder Ejecutivo Nacional sino por derecho adquirido. De esa manera, la discusión política en torno al federalismo fiscal no estará apremiada por la necesidad de arribar a un acuerdo por la acumulación de reclamos interjurisdiccionales ni por la situación fiscal de las cajas, sino por la necesidad genuina de alcanzar un equilibrio fiscal con justicia y equidad como establece la Constitución Nacional”, enumeró.

“Como senadora de la Nación no puedo avalar estas maniobras políticas orientadas a modificar la distribución de recursos coparticipables alteando los canales institucionales establecidos en la Constitución Nacional. Como Misionera, con la responsabilidad que implica el rol institucional que llevo adelante con profunda responsabilidad histórica no puedo asistir sin reacción a la implementación de este mecanismo de presión política a las provincias que no lleva más que a una concentración de los recursos en el área Metropolitana (primero fue la devolución selectiva del 15% a Córdoba y Santa Fe, después la elevación de la participación de la CABA en la distribución de recursos y ahora es el reclamo de la Provincia de Buenos Aires, todas maniobras que no tienen más objetivo que garantizar resultados electorales futuros sin guardar relación con la equidad, a solidaridad y la justicia distributiva”, puntualizó.

“En fin, el gobierno busca implementar una maniobra de concentración de recursos en la región Central del país salteando mecanismos institucionales establecidos en la Constitución Nacional ante la falta de consenso, apelando a la presión política a las provincias. Invito a las Provincias a resistir y revertir esta tendencia por el bien de nuestros comprovincianos porque la Unión hace a la Fuerza”, concluye Giménez.

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Fondo del Conurbano: Valdés reconoció el reclamo de Vidal pero dijo que “vamos a defender lo que es nuestro”

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El Gobernador electo de Corrientes fue recibido por el Presidente Mauricio Macri, al salir de la reunión habló con los medios porteños y dijo que “no digo que no sea legítimo lo que reclama la provincia de Buenos Aires pero nosotros vamos a defender lo que es nuestro”.

La pelea por los fondos coparticipables es un tema que tiene en vilo a las provincias, sobre todo ante el reclamo de la Provincia de Buenos Aires para eliminar el tope de $ 650 millones que recibe por el Fondo del Conurbano.

En ese contexto, el gobernador electo de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró a ámbito.com que va a “defender” los recursos de la provincia litoraleña. Ante la consulta de este medio, el flamante mandatario litoraleño señaló: “No digo que no sea legítimo lo que reclama la provincia de Buenos Aires pero nosotros vamos a defender lo que es nuestro”.

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el sucesor de Ricardo Colombi señaló que una actualización de Fondo del Conurbano significa “un ajuste de $ 3.000 millones para Corrientes”.

Sin embargo, Valdés aseguró: “vamos a estar acompañando al Gobierno, pero apostamos a un federalismo maduro en el que cada provincia reciba lo que tenga que recibir para logar desarrollarse”. “Cuando hablamos de que hay una asimetría entre el país central y el país del norte, nosotros vamos a defender nuestros recursos”, agregó el gobernador electo.

Valdés y su predecesor fueron recibidos por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada para analizar el triunfo del oficialismo el pasado domingo en la provincia litoraleña. En el encuentro, llevado a cabo en el Despacho Presidencial, también estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el coordinador del Plan Belgrano, Carlos Vignolo.

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Repudian “doble discurso” de Schiavoni sobre el Fondo del Conurbano Bonaerense

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“Los candidatos al Senado debemos hacer un compromiso público con los misioneros que deje bien en claro cómo vamos a votar en el Congreso sobre los temas que nos perjudican”, disparó el candidato a Senador Héctor “Cacho” Bárbaro al plantear su repudio al “doble discurso” del presidente del Pro y candidato a Senador por Cambiemos en Misiones, Humberto Schiavoni, respecto del fondo del Conurbano Bonaerense y el reclamo de la gobernadora Vidal que podría derivar en un recorte de tres mil millones de pesos de la coparticipación misionera.

“Schiavoni dice tibiamente que apoya el reclamo de Misiones para no perder esos recursos, pero frente a su jefe Pinedo, y frente a toda la prensa, la semana pasada contradijo a Passalacqua y dijo que es mentira que Misiones va a perder esos 3 mil millones. Esa posición claramente contradictoria y favorable a la provincia de Buenos Aires es una clara prueba de cómo va a votar en el Congreso si llega al cargo y le toca definir éste y otros temas que nos afectan como provincia” disparó Bárbaro.

El líder del Pays recordó que la semana pasada estuvo en Posadas el presidente del Senado, Federico Pinedo, para apoyar la candidatura del misionero Schiavoni. En esa circunstancia, “ambos minimizaron totalmente el reclamo de la provincia por este tema y le restaron importancia”, actitud que “no sorprende por parte de Pinedo, que responde a la posición del presidente abiertamente a favor del planteo de la gobernadora Vidal; pero sí debe llamarnos la atención por parte de Schiavoni, porque pretende ser un representante institucional de Misiones, pero de arranque juega para Buenos Aires”.

El candidato del Pays también reclamó que el autor del IETE e impulsor de la privatización de 17 empresas misioneras, defina públicamente y antes del 22 de octubre su postura sobre otros temas importantes para la provincia y sus habitantes, como el anunciado avance en la construcción de Garabí, la privatización encubierta de Vialidad Nacional (hoy debiera estar aclarándonos qué pasará con las obras, los recursos y el personal de la dependencia en Misiones, quiénes van a ser los privados que se queden con el negocio, dijo Bárbaro); el pase a la Nación de las obras sociales provinciales, “y cómo votaría en caso de que le toque definir temas sensibles como la reforma laboral, la suba de la edad jubilatoria y los recortes en la atención social”, finalizó.

 
 
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