Fondo del Conurbano: Los Fiscales de Estado se reúnen hoy para definir como harán los planteos contra Vidal
Provincias, sin fórmula única para ir a la Corte contra juicio de Vidal
Con divergencias en la letra chica de las defensas individuales, los Fiscales de Estado de 22 provincias volverán a darse cita hoy a las 12 en el Consejo Federal de Inversiones, en el centro porteño, donde terminarán de pulir criterios para la catarata de contestaciones de cada distrito a la Corte nacional -que ya arrancó- en resguardo de los recursos propios, frente a la demanda de María Eugenia Vidal en pos de la actualización del Fondo del Conurbano.
La cumbre albergará a enviados de estados peronistas, de Cambiemos y de fuerzas provinciales, todos en alerta ante la amenaza de que un fallo pro Vidal -que podría elevar el congelado techo de $ 650 millones a unos $50 mil millones anuales- derive en millonarias quitas de coparticipación.
Aunque con matices según el caso, algunos ejes conceptuales de fondo se repetirán en las argumentaciones de los gobernadores, bajo el espíritu de rechazar nuevas detracciones sobre sus recursos coparticipables. En esa línea se anota la advertencia sobre el duro impacto que recibirán las arcas locales ante un potencial tijeretazo.
Sin embargo, según un sondeo desplegado ayer por Ámbito Financiero sobre despachos provinciales, los primeros datos que trascendieron muestran en cambio una disparidad de criterios -algunos, incluso, contradictorios- en la letra chica de la defensa. Veamos:
* Por caso, tal como lo anticipó este diario, el Gobierno del justicialista salteño Juan Manuel Urtubey elevó ya su presentación ante el máximo tribunal, en la cual sostuvo que las asignaciones específicas que operan sobre la recaudación del Impuesto a las Ganancias son constitucionales -incluyendo el tope de $ 650 millones que cuestiona Vidal- y que sólo una nueva ley de asignación específica, vía discusión en el Congreso, podría modificar el escenario actual, que vence en diciembre de 2019. Reclama así una “salida política” a la encrucijada.
* En cambio, en Entre Ríos, la gestión del peronista Gustavo Bordet aducirá que las asignaciones específicas son inconstitucionales, y pedirá que sean dejadas sin efecto todas las que corresponden al artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, para que se distribuya en cambio el 100% de su recaudación a las provincias, vía coparticipación. De prosperar, por caso, la ANSES dejaría de percibir el 20% de la percepción de ese impuesto, que este año rondaría los $ 106 mil millones.
* Por una senda de ese tenor marcharía la administración del peronista sanjuanino Sergio Uñac. “Creo que la mejor solución es declarar inconstitucional el artículo 104 y que vaya todo a masa coparticipable: lo que va a la ANSES, el 4% que se distribuye por Necesidades Básicas Insatisfechas, el 10% del Fondo del Conurbano y el 2% de ATN”, señaló el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. Según el funcionario, así “Buenos Aires se vería beneficiada sensiblemente, y no nos veríamos perjudicadas el resto de las provincias”. Perdería, bajo este escenario, la ANSES.
* Por su parte, en Córdoba, Juan Schiaretti concretará su contestación la semana que viene, con hincapié en que el perjuicio para Buenos Aires por el congelamiento del Fondo del Conurbano es menor que la lluvia de subsidios a los servicios públicos que recibe.
Según el Ejecutivo, por caso, mientras que en 2016 los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires recibieron per cápita un promedio de $8.850 en subsidios de Nación, ese monto cae a $5.085 para el resto del país.
“El uso de fondos nacionales para subsidiar los servicios prestados en Buenos Aires, por encima de los del interior, supera en más del 40% el perjuicio que le estaría infligiendo el tope del Fondo del Conurbano”, sostienen.
* En tanto, el escrito de la catamarqueña peronista Lucía Corpacci se acercaría a las posiciones entrerriana y sanjuanina, aunque con eje en un tema procesal: que las provincias no pueden concurrir a este juicio en calidad de “terceras”, porque eso limita su capacidad de defensa.
“Si uno revisa la historia de los juicios ante la Corte planteados por las provincias, éste tal vez sea el más importante de todos por el volumen de las pretensiones: una demanda que involucra $53 mil millones para este año, una cifra mayor para el año que viene y $300 mil millones retroactivos”, enfatizó ante este diario el Fiscal de Estado de Entre Ríos y vicepresidente del Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado de la República Argentina, Julio Rodríguez Signes.
