Nuevo fallo de la Corte contra tabacalera Sarandí

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una serie de cautelares dictadas a favor de Tabacalera Sarandí S.A., en el marco de los cuestionamientos efectuados por esa empresa sobre el impuesto interno al tabaco. Con esta decisión, el empresario deberá comenzar a pagar los tributos que exige la AFIP. Mientras tanto, el máximo tribunal debe definir si ese impuesto cuestionado por la empresa de Pablo Otero es inconstitucional, como dijeron en el fuero en lo contencioso administrativo.

La empresa había iniciado una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, la AFIP y la DGI, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, y que, por lo tanto, no le sean aplicables los montos mínimos por ellos establecidos para distintos tipos de productos que ella comercializa (toscanos, puros, cigarrillos y tabacos). Es que los montos mínimos fijados por las normas cuestionadas superaban los precios de comercialización de sus productos.

La decisión de la Corte alcanzó a cuatro recursos de queja. En uno de ellos, el máximo tribunal dejó sin efecto la cautelar que ordenó a AFIP abstenerse de requerir a la actora la liquidación del monto mínimo y de impedirle la utilización del aplicativo previsto en la RG 5113/21 para ningún trámite fiscal relacionado con lo allí decidido. Lo mismo para el planteo interpuesto por Massalin Particulares S.R.L.. En los otros dos recursos se cuestionaba es la prórroga de las cautelares.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti revocaron la cautelar remitiéndose a lo decidido en la misma causa, cuando se pronunciaron en 2021: alli sostuvieron que la compañía no demostró un perjuicio concreto y que una norma del Poder Legislativo no puede suspenderse con una medida cautelar. Vale recordar que Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir por “razones de decoro y delicadeza”. El juez había sido recusado por la tabacalera porque antes de asumir en la Corte había tenido tenido distintos vínculos con Philip Morris y British American Tobacco.

Que las circunstancias fácticas de la causa no han variado desde el dictado de la sentencia de fecha 13 de mayo de 2021 en la causa Tabacalera Sarandí S.A., por lo que corresponde remitir a lo decidido por esta Corte en dicho precedente. Por ello, se hace lugar a las presentaciones directas, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia apelada”, dijeron los ministros de la Corte.

“Tabacalera Sarandí” comercializa una serie de marcas, como Red Point, West, Master y Kiel, viene desde hace años reclamando en tribunales: cuestiona una reforma a la ley 24.674 de impuestos internos que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde se estableció un aumento del 70 por ciento en esos tributos. La compañía alegó que la medida significaba un incremento en el precio al público de sus productos que la ponían en desventaja frente a empresas internacionales.

Durante su paso por tribunales, la empresa consiguió cautelares que le permitian no pagar ese impuesto, ante los planteos de la firma que aseguraba que se ponía en una situación de secesión de pagos y perdidas de trabajo. La AFIP apeló esa decisión. Hace exactamente 3 años, en mayo del 2021, la Corte revocó esa cautelar y ordenó que se le cobraran. Pero la empresa inició una nueva batería de cautelares y hasta un planteo de inconstitucional contra el impuesto al tabaco.

Todo eso se puso en foco durante el debate de la Ley Bases. El propio Javier Milei llamó a Pablo Otero el señor del Tabaco. Durante el debate en el Congreso hubo un fuerte lobby sobre las condiciones de mercado que lo favorecen y que lo hizo conseguir gran parte del mercado de cigarrillos. Desde su empresa, en tanto, aseguraron que ellos son víctimas del lobby de las empresas multinacionales.

Lo cierto es que la Corte Suprema tenía bajo su estudio dos expedientes: la causa 56389/2015 en donde plantea la inconstitucionalidad del artículo 2° de la ley 26.467, que fijó el piso del impuesto en un porcentaje de la Categoría Más Vendida (que se determinaba trimestralmente). Y la causa 8093/2018, en donde sostiene la inconstitucionalidad de la ley 27.430 que establece un nuevo esquema de cálculo del impuesto, en el que se prevé un importe mínimo fijo.

Es en este segundo expediente en donde Tabacalera Sarandí S.A. había obtenido la cautelar que en 2021 volteó la Corte y en donde luego consiguió que tribunales inferiores resolvieron el fondo de la cuestión de forma favorable a la empresa: en octubre de 2023 la Sala IV en lo Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Según los jueces Jorge Morán y Marcelo Duffy, “el art. 103 de la ley 27.430 incorporó un ‘impuesto mínimo’ innominado y general que, en realidad, está destinado a aumentar el precio de aquellos cigarrillos menos consumidos (en términos de unidades vendidas), comercializados por Pymes, en un segmento con ventajas competitivas respecto a las grandes tabacaleras, quienes, además, vieron beneficiados la mayoría de sus productos con la disminución de la alícuota ad valorem; todo lo cual permite concluir sin hesitación que el impuesto mínimo representó un discriminación arbitraria y por ende inconstitucional para con la empresa actora”.

En el acuerdo de la Corte resolvió cuatro quejas y hoy dejó sin efecto esas nuevas cautelares que beneficiaban a la firma. Aún queda pendiente el pronunciamiento del máximo tribunal sobre la inconstitucionalidad del impuesto que critica Tabacalera Sarandi.

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Passalacqua y Sáenz cuestionaron que el capítulo tabacalero sea omitido en la nueva ley Ómnibus

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El gobernador Hugo Passalacqua respaldó a su par de Salta, Gustavo Sáenz, quien hizo una encendida defensa de los fondos tabacaleros, que están en riesgo por la elusión tributaria de una empresa fabricante de cigarrillos, que no tributa como el resto y afecta al Fondo Especial del Tabaco.

“Total apoyo a mi colega de Salta, y a las provincias hermanas del Norte Grande, junto a quienes siempre defenderemos una economía regional clave como es el tabaco y a sus sacrificados trabajadores. En el caso de Misiones son más de 11.000 productores a los que como Gobierno provincial tenemos el deber de cuidar y acompañar. Preocupa muchísimo que la familia tabacalera quede fuera del capítulo fiscal. Siempre hay tiempo de reflexionar (autoridades nacionales, empresarios y otros actores) y no decidir sobre estos temas económicos-sociales sin una mirada federal”, señaló Passalacqua.

Ambos gobernadores apuntan a la decisión del presidente Javier Milei de quitar el capítulo tabacalero del borrador de la nueva ley Ómnibus. El capítulo tabacalero proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos. Para el mandatario salteño, la decisión del Ejecutivo de no incluir esa modificación es “una vergüenza” que responde al lobby del “Señor Tabaco”.

Sin nombrarlo, Sáenz se refirió a Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.

“Me enteré por los medios de que habían sacado del capítulo fiscal la modificación de impuestos al tabaco, y recibimos el proyecto sin este capítulo. Y la verdad que estoy desconcertado, desorientado, desilusionado, un poco de todo”, afirmó Sáenz hoy.

Durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el mandatario describió que la empresa favorecida“se autopercibe como Pyme pero factura más de 800 millones de dólares; se dice nacional pero no compra un solo kilo de tabaco argentino porque todo lo importa desde Brasil, y desde 2018 no paga los impuestos, por artilugios legales o por lo que sea, y le debe al fisco más de 2000 millones de dólares”.

Sáenz aseguró que la decisión de quitar ese artículo de la Ley Bases la tomó “un grupo de diputados que no conocen las economías regionales, que no han visto en su vida una plantación de tabaco, la cantidad de puesto de trabajo que genera y la cantidad de gente que vive del tabaco y de las plantaciones”. Por eso, le pidió al presidente Javier Milei que introduzca el artículo en el proyecto para que esos legisladores “queden evidenciados en el Congreso”.

“Si acá estamos hablando de que algunos diputados presionan para que se saquen algunos artículos de la ley que de es de un privilegio vergonzoso hacia una persona o una empresa, nos pone a todos en una situación de indefensión total. Hay una persona que ha evadido al fisco más de 2000 millones de dólares, que ha perjudicado enormemente a aquellos que trabajan y apuestan a la Argentina, y nadie dice nada”, siguió el gobernador.

El gobernador contó además que ayer recibió el llamado de un funcionario nacional que le prometió que ese artículo de modificación del regimen impositivo del sector tabacalero se iba a tratar más adelante con un nuevo proyecto. Sin embargo, dejó en claro que descree de esa posiblidad: “Mañana no existe, no se va a tratar más este tema, va a seguir teniendo este privilegio este señor, va a seguir sin pagar y van a seguir los otros pagando lo que él no paga. Y van a seguir estos privilegios que afectan a la credibilidad de la política”.

Al respecto, esta mañana se expresó al respecto el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que precisamente se va a presentar un proyecto luego de la Ley Bases.

“No vamos a quedar presos de peleas entre lobbys, internacionales o locales, que entorpezcan el tratamiento de la ley que necesitamos todos los argentinos. Después vamos a evaluar qué es lo mejor para el país, para Massalin, para Sarandí, para sus voceros. No nos metemos con este debate que le hace mal a los argentinos. Se va a presentar más adelante una ley donde se termine con estos lobbys que no le hacen bien a nadie”, dijo en Radio El Observador.

La Corte Suprema ya falló en contra de Sarandí, pero el fallo no cambió la realidad. La tabacalera sigue sin tributar.

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Pagarán 268 millones a tabacaleros de Misiones

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A partir del martes 28 de marzo se realizará el pago correspondiente al anticipo por Pérdida de Competitividad 2023, con recursos provinciales.

Primer tramo acopio

– Del 16 de febrero al 3 de marzo, para los 3.829.957 kilos -a 70 pesos por kilo- que corresponden a los 2.373 productores y productoras que llevan adelante la producción de tabaco Burley.

El monto total a abonar es $268.096.990 pesos.

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Otro fallo a favor de Sarandí, pone en riesgo la sustentabilidad del Fondo Especial del Tabaco

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Un nuevo fallo de la Justicia Federal permite a la Tabacalera Sarandí SA quedar exenta de ser alcanzada por la Ley del Impuesto Mínimo, desoyendo incluso un fallo de la Corte Suprema de mayo de 2021, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del Fondo Especial del Tabaco, que se nutre con la recaudación tributaria. 

El juez federal Enrique Lavie Pico dictaminó la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo, que rige para la venta de cigarrillos. Esto habilitaría a toda la industria tabacalera a evitar el pago del mínimo de 151 pesos por paquete, accionar que afectará fuertemente la recaudación nacional y provincial proveniente de los impuestos al tabaco como también los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

De todos modos, el fallo puede ser apelado y va en contra de los dictados de la propia Corte Suprema, que el año pasado revocó una medida cautelar que beneficiaba a Tabacalera Sarandí y la obligó así a pagar un impuesto que no pagaba desde 2016. De este modo, la empresa bonaerense creció amparada por fallos que la eximían del llamado impuesto interno mínimo a los cigarrillos, lo que le permitió vender muy por debajo de los precios de sus competidores y pasar así de tener el 5% del mercado a alcanzar casi un cuarto de participación en las ventas. Todo ese proceso fue además en detrimento de los productores tabacaleros. 

Tabacalera Sarandí, que tiene un joint venture con la británica Imperial Brands, produce y comercializa en la Argentina las marcas de cigarrillos Red Point, West y Nevada, entre otras, dentro de lo que el mercado llama segmento de precios ultra bajos. Red Point es su marca fuerte, con la que ganó una participación en el mercado que ya la posiciona con el 20% del share, superando a British American Tobacco (BAT) y solo debajo de Philip Morris – Massalin Particulares.

El impuesto interno a los cigarrillos es, de los cinco impuestos que pesan sobre el producto, el que más impacta, con una alícuota del 70%. Sin embargo, ese impuesto no puede ser menor a un monto fijo que se actualiza cuatro veces por año por inflación.

Lo curioso es que la historia comenzó cuando Tabacalera Sarandí presentó una cautelar para dejar de pagar el impuesto interno mínimo. Inicialmente, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico rechazó la medida cautelar. Ahora le dio luz verde. 

La empresa estableció una telaraña de recursos judiciales para evitar el impuesto que -se estima- afectó la recaudación del Estado nacional por 1.650 millones de dólares en los últimos siete años y que, en 2022, la pérdida de recursos alcanzaría los 580 millones de dólares.

En mayo de 2021, la Corte Suprema falló a favor de AFIP y en contra de Tabacalera Sarandí, dejando sin efecto la medida cautelar y generando precedente en las causas de las demás empresas. 

Sin embargo, ninguna de estas compañías, entre las que se encuentra Tabes, pagó el impuesto mínimo obligatorio desde ese entonces. Para profundizar el conflicto, desde principios de 2022 Tabes, Bronway y otras empresas evasoras fueron solicitando a jueces nuevas cautelares para continuar eludiendo los impuestos reglamentarios. 

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La transferencia automática del 80% del FET permitió regularizar pagos a los productores

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Finalmente se están viendo en Misiones los resultados de años de tramitaciones, reclamos y gestiones para lograr la transferencia automática a las provincias tabacaleras de la recaudación correspondiente al 80% del Fondo Especial del Tabaco. La ley que posibilita esta transferencia automática se aprobó en el Congreso de la Nación a fines de 2020 a partir de un proyecto del diputado nacional por Misiones, Héctor Orlando “Cacho” Bárbaro (FdT-PAyS), acompañado por las entidades y asociaciones de productores de las siete provincias tabacaleras y los legisladores nacionales de estas jurisdicciones.

Gracias a la transferencia automática, los productores tabacaleros ya cobraron casi todo lo correspondiente al “retorno” o compensación de precios de la primera ronda de entrega del producto, compensación que se abonó en cuotas semanales, restando solo un pago para los próximos días.

En tanto el segundo retorno podría incluso abonarse en un solo pago porque los recursos están en la provincia, “ventaja que nunca antes tuvimos y que nos obligaba a mendigar las transferencias desde Buenos Aires”, señaló Bárbaro.

Antes de contar con estos fondos en Misiones, los pagos de la compensación eran tan espaciados que la inflación y la acumulación de deudas de los productores licuaban cualquier posible ventaja. “Contar con la plata una vez por semana como pasa ahora, y la posibilidad de cobrar montos importantes de una sola vez, les permite recuperar en parte el poder adquisitivo y hacer algunas proyecciones que antes eran imposibles porque no había previsibilidad” agregó.

Pérdidas por granizo y caja verde

Otra de las ventajas de contar con los fondos del 80% en la provincia en la medida en que se recaudan en Nación, es que se podrá abonar el monto correspondiente a las pérdidas por granizo en tiempo y forma, un resarcimiento que por lo general, terminaban cobrando un año después y sin actualizaciones.

Otro de los beneficios financiados por el 80% del Fondo Especial del Tabaco es la denominada “caja verde”, un prorrateo de los recursos excedentes que ayuda a los productores cada año, pero que los obligaba a los recordados cortes de ruta para presionar y conseguir  las transferencias.

Obras sociales al día

Finalmente, las obras sociales tabacaleras tampoco deberían tener problemas por la falta de transferencia de los fondos. Hasta el año pasado, los cortes del servicio por parte de los prestadores ahogados por las deudas eran moneda corriente. “Si las obras sociales rinden las partidas en tiempo y forma, esos inconvenientes nunca más vamos a tener” se entusiasmó el legislador.

“Estas son buenas noticias en un año difícil por la baja productividad a raíz de las sequías y factores climáticos. Logramos algo muy bueno, algo histórico, que quedará como derecho adquirido para las nuevas generaciones de productores y que debemos agradecer a la voluntad política del gobierno nacional y de la Cámara de Diputados de la Nación” finalizó.

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