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Industria fueguina: Economía suspendió el aporte al FAMP por pérdida de competitividad

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El Ministerio de Economía resolvió reducir al 0% el aporte obligatorio que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), en el marco del régimen de promoción de la Ley 19.640. La medida, formalizada mediante la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, busca recomponer la ecuación económico-financiera del sector ante cambios tributarios y arancelarios que afectaron la competitividad, y tiene impacto directo sobre la inversión, el empleo y la continuidad productiva en la provincia.

La resolución fue firmada el 20 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires por el Secretario de Coordinación de Producción, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, y publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero de 2026.

El régimen fueguino, la prórroga hasta 2038 y el rol del FAMP

La decisión se inscribe en el entramado normativo del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, establecido por la Ley N° 19.640, cuyo objetivo original fue reafirmar la soberanía nacional mediante un esquema fiscal y aduanero especial que impulsara el desarrollo económico en la entonces jurisdicción nacional.

Ese régimen permitió la radicación de empresas industriales generadoras de empleo directo e indirecto y, con el Decreto N° 727 del 22 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre de 2038 la vigencia de los derechos y obligaciones de las firmas con proyectos vigentes, otorgando previsibilidad a largo plazo. Como contrapartida, ese mismo decreto estableció que las empresas debían realizar aportes mensuales obligatorios equivalentes al 15% del beneficio obtenido en concepto de IVA, destinados al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP – Fueguina), creado por el Decreto N° 725/21.

El FAMP fue concebido como un fideicomiso de administración orientado a financiar proyectos productivos que ampliaran la matriz económica provincial y mejoraran la competitividad. Sin embargo, el artículo 5° del Decreto N° 727/21 ya preveía que, ante modificaciones en las condiciones tributarias o arancelarias que alteraran la competitividad, la Autoridad de Aplicación pudiera reducir el porcentaje del aporte, hasta tanto se restablecieran las condiciones originales.

Pérdida de competitividad y pedido del sector industrial

Según los considerandos de la Resolución 20/2026, las empresas que integran la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) presentaron formalmente su reclamo en el expediente administrativo, advirtiendo que la plena vigencia del Decreto N° 333 del 19 de mayo de 2025 y el conjunto de medidas de desregulación económica en curso generaron una pérdida crítica de competitividad para el sector.

El planteo sostuvo que el impacto no se limitó a un segmento específico, sino que alcanzó a toda la actividad productiva de la provincia, comprometiendo la continuidad operativa y el sostenimiento del empleo. En ese marco, y conforme al procedimiento previsto en el artículo 5° de la Resolución N° 228/2022, se realizó la consulta al Comité Ejecutivo del FAMP – Fueguina, que dictaminó favorablemente sobre la afectación de los proyectos vigentes y recomendó hacer lugar a la reducción solicitada.

Los informes técnicos incorporados al expediente concluyeron que se verificaron modificaciones en las condiciones tributarias y arancelarias vigentes al momento del dictado del Decreto N° 727/21, configurándose el supuesto legal que habilita la reducción del aporte. En función de ello, se dispuso llevar el aporte obligatorio a CERO POR CIENTO (0%), con aplicación extensiva a todas las empresas adheridas a las prórrogas establecidas por los Decretos N° 727/21 y N° 594/23.

Alcances, límites y efectos sobre el empleo y la inversión

La resolución aclara que la reducción del aporte no libera a las empresas del cumplimiento de los proyectos productivos que hubieran sido aprobados por el Comité Ejecutivo del FAMP en los términos del artículo 6° bis del Decreto N° 727/21. En caso de incumplimiento, las firmas deberán integrar al fondo los aportes retenidos, más los intereses correspondientes.

Asimismo, se establece que el Comité Ejecutivo del FAMP – Fueguina será el encargado de fijar las pautas para operativizar esta previsión, y que la medida rige desde el día de su suscripción y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su dictado.

Desde el punto de vista económico e institucional, la decisión representa una señal de alivio fiscal para el entramado industrial fueguino en un contexto de cambios regulatorios y de presión sobre costos. Al mismo tiempo, reabre el debate sobre el equilibrio entre la necesidad de financiar políticas de diversificación productiva y la urgencia de preservar la competitividad, la inversión y el empleo en una provincia altamente dependiente del régimen promocional.

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Economía asegura la continuidad de obras provinciales financiadas por el ex Fondo de Infraestructura Regional

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El Ministerio de Economía oficializó este lunes la continuidad de los contratos y convenios que mantenía el disuelto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) con las provincias y sus entidades descentralizadas. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1121/2025, busca garantizar que las obras y proyectos financiados con recursos fiduciarios no se interrumpan mientras se realizan las adecuaciones presupuestarias necesarias.

El decreto 463/2025, firmado el pasado 7 de julio, dispuso la disolución del FFFIR, organismo creado en 1997 para financiar obras de infraestructura provincial a través de préstamos y convenios con entes descentralizados. A partir de esa decisión, el Ministerio de Economía pasó a ser el continuador legal de todos los contratos y obligaciones vigentes del fondo.

En línea con ese decreto, la Resolución 1121/2025 delimita el proceso de transición, delegando en la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio la continuidad de los convenios y contratos vigentes.

Contenido técnico: ejecución y financiamiento transitorio

La norma establece que las obligaciones en curso se financiarán transitoriamente con los recursos disponibles en las cuentas fiduciarias del FFFIR, tal como lo permite el artículo 8 del decreto 463/2025.

Asimismo, instruye a la Secretaría Legal y Administrativa para que coordine con la Jefatura de Gabinete de Ministros las acciones necesarias para:

  • Continuar la cobranza y ejecución de los contratos.
  • Avanzar en los procedimientos posteriores a la disolución del fondo, según lo previsto en la Resolución 796/2024 y sus modificatorias.

El texto también faculta a la Secretaría Legal y Administrativa para dictar medidas complementarias y aclaratorias que garanticen la continuidad operativa.

Según los considerandos, el objetivo es evitar la interrupción de proyectos estratégicos de infraestructura mientras se completan los trámites de reasignación presupuestaria y contractual. “Es necesario garantizar la continuidad de las obligaciones asumidas con las provincias y sus organismos descentralizados”, señala el documento.

El Ministerio de Economía asume así el rol de organismo ejecutor en reemplazo del fondo, incluso en los contratos de préstamo suscriptos con organismos internacionales de crédito, que deberán ser adendados para reflejar el cambio.

Repercusiones: impacto en provincias y proyectos estratégicos

La medida evita un parate en el financiamiento de obras y proyectos provinciales, clave en áreas como infraestructura vial, energética y social. Para las provincias, la continuidad administrativa permite mantener vigentes los flujos de recursos comprometidos, especialmente en convenios cofinanciados con créditos internacionales.

Sin embargo, la transición plantea desafíos en materia de gestión y coordinación, ya que el Ministerio deberá integrar los procesos fiduciarios en su estructura administrativa, lo que podría requerir ajustes normativos adicionales.

En el corto plazo, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete deberán definir el mecanismo operativo para la cobranza y ejecución de los convenios, además de realizar las adecuaciones presupuestarias que permitan absorber las obligaciones del fondo.

A mediano plazo, se espera una revisión integral de los proyectos vigentes, priorizando aquellos de mayor impacto económico y social. La reasunción por parte del Ministerio también podría facilitar una mayor centralización y control del uso de los recursos destinados a la infraestructura regional.

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